Y otros (2009), Fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil, Alternativas y Capacidades, A. C, México D.F. En tal sentido, una opción a discutir en profundidad es que el referido Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil disponga de una división cuya autonomía, objetividad y probidad se asegure institucionalmente y que se encargue de la gestión superior del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Al efecto, coincidimos en que una estrategia integral de fortalecimiento de la sociedad civil, como la que el mencionado Programa de gobierno propone, implica la redefinición de los objetivos, los montos y formas de asignación del actual Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, creado por la Ley 20.500, de 2011.
Ahora bien, el tiempo demostrará que, aun a finales del siglo XIX y sobre todo, en relación con las Comisiones fluviales, el fenómeno de la Organización internacional presentaba ciertas inestabilidades en la sociedad internacional. En efecto, aunque con el tiempo, la Comisión Europea del Danubio, instituida como una Organización provisional con grandes limitaciones, llegaría a convertirse en una verdadera Organización internacional, permanente y con personalidad jurídica propia, la Comisión del Congo no correrá, sin embargo, la misma suerte, quedándose como un proyecto que, finalmente, no verá la luz en la sociedad internacional. En este sentido, como lo sostiene Boisson De Chazournes (2013, p. 436) “dans le contexte colonial de l’époque, l’Acte général de la conférence de Berlin de 1885 avait prévu la création de la Commission internationale de la navigation du Congo, toutefois celle-ci n’a jamais fonctionné”. En efecto, la llegada de las Organizaciones al orden internacional supuso una amenaza a la consideración clásica del Estado-nación. El nuevo fenómeno que acontecía en la sociedad internacional de principios del siglo XIX era desconocido para los Estados que vieron peligrar su soberanía. En este sentido, no debemos olvidar que el grado de desarrollo que algunas Organizaciones internacionales lograron en la sociedad internacional de la época llevó a que la doctrina iusinternacionalista se plantease la posibilidad de la existencia de un ente superior a los Estados con competencias para establecer disposiciones generales que vinculasen a todos los actores que participaban en la vida internacional.
Salvo la Unión Postal de las Américas y España […], los textos de base por los que se rigen las Uniones postales restringidas no contienen disposición alguna que les confiera personalidad jurídica para el correcto ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos (p. 523). El manejo de gastos filantrópicos permite identificar si dentro de la organización existe una tendencia hacia la inversión responsable (Council of Foundations, 2017). Está afectado por la política de gastos adoptada por el directorio, las restricciones de donantes, las regulaciones estatales y la gestión de fondos administrativos. Los resultados son medios necesarios, pero no suficientes, para alcanzar una mejor capacidad organizacional a través del manejo financiero.
Esta área de administración existirá siempre en todo emprendimiento y estará presente por lo tanto en las empresas sociales. Especial atención merece en todo caso el modelo del referido Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recoge en buena medida las recomendaciones de Naciones Unidas sobre instituciones autónomas de derechos humanos como factor fundamental que asegura el control sobre la acción de los gobiernos. La analogía que puede establecerse es que la noción de derechos humanos, de modo comparable a la de “sociedad civil”, es irreductible a su absorción, mimetización o manipulación dentro o por el Estado sin que se produzca su inmediata desnaturalización y consecuente deslegitimación. Aunque las concreciones institucionales suelen estar lejos de la perfección, cabe aspirar a que en materia de expresión genuina de la sociedad civil ocurra lo que también se espera, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pueblos indígenas, deportes, ciencia o cultura, esto es, que el Estado no desnaturalice o corrompa su desarrollo autónomo. La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal ha reconocido la dimensión constitucional de esta participación a través de la ejecución directa de acciones en colaboración con el Estado, incluso con la posibilidad de financiamiento público de las OSCs para la realización de servicios de relevancia pública. De este modo, se afirma el deber del Estado brasileño de relacionarse con las OSCs, garantizando su libertad de existencia, de acción y de expresión, al mismo tiempo de su deber de crear espacios para la práctica de la ciudadanía y difundir las buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad.
En este sentido, no debemos olvidar que, precisamente, son las Uniones Administrativas las que aportan el elemento de los órganos permanentes en la formación evolutiva de las Organizaciones internacionales. A diferencia de los Estados que tienen reconocidas competencias generales y plenitud en los derechos y obligaciones, las Organizaciones internacionales nacen con objetivos concretos a los que dar solución. De las necesidades a las que haya que dar respuesta mediante estos entes internacionales dependerán los derechos y obligaciones que se les reconozcan. Tal es así que, incluso, en los casos de las Organizaciones con vocación universal y competencias en diversos ámbitos, como las Naciones Unidas, estas Instituciones tienen el mandato de cumplir con un determinado objetivo internacional. Por lo que sería necesario atender, siempre, al fin y al objeto de las Organizaciones internacionales cuando nos movemos en el marco de la subjetividad internacional de estos entes.
En explicit, en este caso, podríamos distinguir entre dos periodos históricos al hilo de los que se gestará la creación de una Organización internacional propiamente dicha. En este sentido, cabe recordar que algunos autores sitúan los proyectos del Libertador, Simón Bolívar, en el origen de Organizaciones internacionales con vocación de universalidad tal y como la Sociedad de Naciones. Con independencia de que los esfuerzos finales para constituir la Sociedad de Naciones se atribuyan al Presidente Wilson, el movimiento panamericano de principios del siglo XIX habría tenido una importancia significativa en esta materia. Así, “aparte de que la thought básica de la Liga de Naciones se encuentra en el Congreso de Panamá de 1826, en la época contemporánea el primero en proponer la formación de una asociación política de las naciones americanas fue el Presidente Wilson” (Organización de una Asociación de las Naciones Americanas, s. f., p. 254). En este sentido, cabe recordar que, en determinadas ocasiones, el órgano internacional permanente se transforma en la propia Organización internacional, estando dotado de derechos y obligaciones para el correcto ejercicio de sus funciones.
Concretamente, con el Congreso de Viena aparece la Comisión Central para la Navegación del Rin (CCNR), que durante algún tiempo será la única Organización propiamente dicha de la sociedad internacional. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, surgirán otras muchas Comisiones fluviales internacionales de carácter técnico. Ahora bien, como ocurrirá en el caso de las Uniones administrativas y con el fenómeno de las Organizaciones internacionales en common, no todas estas Comisiones contribuirán del mismo modo a la formación del principio del reconocimiento de la personalidad jurídica a las Organizaciones internacionales (Cruz Miramonte, 1978, p. 114). Los temas relacionados con la gestión y operación de las entidades filantrópicas en que la mayor parte de la literatura internacional se enfoca son financiamiento, alcance sectorial y de poblaciones objetivo, gestión de recursos humanos, evaluaciones y alcance de interno de información, y diversidad de mecanismos de intervención. Fundación Trascender trabaja para fortalecer a organizaciones sociales a través del voluntariado profesional y el desarrollo comunitario, estableciendo alianzas de colaboración con el sector privado, servicios públicos y redes de la sociedad civil.
Es uno de los principales impulsores de la transferencia de información y de atención, por parte del Estado hacia los ciudadanos. Además, difunde los programas del Ministerio Secretaría General de Gobierno y de la División de Organizaciones Sociales. Las Cuentas Públicas Participativas son procesos de diálogo en los que una autoridad informa a la ciudadanía causas desigualdad social sobre la gestión realizada, recoge las preguntas y planteamientos de los participantes y da respuesta a éstas. Cada organismo de la Administración del Estado establecerá los plazos para la realización de las cuentas. Usted puede participar de las cuentas de los distintos Ministerios y servicios asistiendo a ellas o siguiéndolas vía streaming.
interés para reunir, priorizar y abordar los problemas planteados y los requerimientos clases de desigualdad indicados por las comunidades para ofrecer iniciativas acordes.
Constituyen una instancia que pretende incorporar la opinión de la ciudadanía respecto de una determinada política, plan, programa de gobierno o proyecto de ley. • Contribuir a hacer más eficientes los mecanismos de vinculación, interlocución y comunicación entre el Gobierno y las organizaciones sociales, favoreciendo el fortalecimiento de la sociedad civil. Estos aspectos fundamentan la imperiosa necesidad de administración que presentan las organizaciones de salud. Con tal propósito se utiliza la función administrativa de control que compara los valores obtenidos de una variable determinada con un estándar prefijado.
fundaciones y universidades para implementar programas y proyectos, con foco en iniciativas de educación y capacitación, creación de empleo e inversión social. – Coordinar con instancias públicas o privadas; locales o centrales el desarrollo de programas específicos implementados en la Comuna.
La integración sistémica de esta normativa se puede comprobar toda vez que se consideran como “actividades de interés general”, requisito esencial para el referido reconocimiento, las previstas en el artículo four de la Ley Nº 6, de 1996, del Voluntariado. Tanto la Comisión del Rin como la Comisión del Danubio se han definido en numerosas ocasiones por parte de la doctrina iusinternacionalista como las dos instituciones por excelencia de la sociedad internacional de mediados del siglo XIX. Sin embargo, la primera de ellas, a diferencia de la segunda, no supondrá un avance inmediato, al menos en aquel momento histórico, en lo que se refiere al reconocimiento de la personalidad jurídica de las Organizaciones internacionales. Esto se explica tanto por el carácter prematuro con el que aparece la Comisión Central para la Navegación del Rin, constituida en el Congreso de Viena de 1815, como por la falta, en aquel momento histórico, de una definición generalmente aceptada de lo que se entendía por personalidad internacional de las organizaciones y la limitada estructura que caracterizaba a esta Comisión fluvial. Entre estas, podríamos señalar a la Comisión Europea del Danubio (CED) y también a la finalmente inoperante, Comisión del Congo (Reinalda, 2009, p. one hundred ten; Bowett, 1982, p. 7; Bovard, 1950, p. 45).
Con experiencia anterior como jefatura del Departamento de Relaciones Institucionales del Hospital Clínico Universidad de Chile, Directora del Diario Digital en la dirección de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, jefatura de Responsabilidad Social y Administración en la Gerencia de Asuntos Corporativos – Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial de la Caja Los Andes. A partir del año 2017, asumió el cargo de «Encargada de Comunicaciones» en la SEREMI RM del Medio Ambiente. Tendrás la oportunidad de hacer networking con gerentes de diferentes áreas empresariales y aprender de profesionales destacados en su sector.
Como veremos, fuera del marco de las comisiones fluviales, el continente americano, junto al europeo, será pionero en celebrar Conferencias internacionales destinadas a impulsar la cooperación institucionalizada entre los Estados americanos. Las organizaciones de interés público son aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad es la promoción del interés common en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurren al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro. El diagnóstico se fundamentó en la dispersión de los fondos existentes, generalmente dirigidos a iniciativas de corto plazo, la mayoría de ellos entre seis meses y un año, que implicaban ejecución de programas estatales predefinidos y el consecuente acotamiento de las OSCs participantes a un rol de provisión de servicios públicos por encargo o delegación estatal. Muchos han calificado esta modalidad como simple terciarización de servicios estatales, agravada por los bajos aportes y subvenciones determinados como contraprestación, y por la digital restricción, si no anulación, del potencial participativo, innovador y de gestión y formulación autónoma de las OSCs.