También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». En Chile, si consideramos las contribuciones para la seguridad social como parte de los impuestos al ingreso, este grupo de impuestos representa un 36,9% de la recaudación whole del año 2016. El promedio de la OCDE para el mismo periodo fue de un 59%.[13] Por lo tanto, el sistema tributario desigualdad social y medio ambiente chileno no solo recauda poco en términos comparados, sino que además le da mucha importancia a los impuestos al consumo y una menor importancia relativa a los impuestos al ingreso. Además, existen razones para pensar que la progresividad nominal del impuesto al ingreso está mermada por una masiva práctica de elusión tributaria por parte de los grupos más ricos (ver aquí y aquí). Primero, los percentiles de mayores ingresos concentran una parte sustantiva de los ingresos.
No se trata simplemente de pasar de la violencia a la paz, sino de las desigualdades injustas a la paz, la cual comporta el desarrollo integral de todos en América Latina. Por lo visto, la lectura teológico-cultural de Medellín, puesta de relieve mediante la investigación, desgraciadamente sigue siendo pertinente en América Latina y en Chile, en particular. Digo “desgraciadamente”, porque parece que hemos avanzado poco; digo, “pertinente”, porque este discurso teológico-pastoral inculturado nos muestra un camino e itinerario aún por recorrer. [18] La evidencia disponible sugiere que considerando la suma de los impuestos corporativos y el impuesto a la renta, el 2009 el 1% más rico pagaba en promedio una tasa efectiva de 15%. [6] Esto no significa que el gobierno no pueda intervenir la distribución de ingresos de mercado. Un ejemplo donde el gobierno puede afectar los ingresos de mercado es el salario mínimo.
María Luisa Méndez, académica de la Universidad Católica e investigadora principal de Centro de estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), señala que el trabajo de PNUD muestra las bases históricas de la desigualdad. Un fenómeno que parte en las haciendas, se dio en el desarrollo de la minería y posteriormente se profundiza con la instalación del modelo neoliberal. «Va mostrando que hay una configuración histórica estructural que involucra distribución de recursos, una institucionalidad, un marco normativo y uno legal que le da forma a esta distribución altamente desigual de ingresos y de representación política». Sin embargo, un punto del que se sabe menos es si la desigualdad tiene un impacto en el día a día de las personas, más allá de las consecuencias macro que esta puede tener en términos de estabilidad social y de aprovechar el potencial del capital humano de un país. En basic, no existe mucha evidencia causal sobre la relación entre desigualdad y bienestar, y es posible que se esté confundiendo con el malestar que genera la pobreza.
Hacer frente a las desigualdades o inequidades que hieren la convivencia humana y destruyen nuestro planeta, requieren de la promoción de valores tan evangélicos como, la justicia, la libertad, la inclusión… Luego del breve recorrido teológico, propongo algunas reflexiones finales que quieren ser una contribución al debate en torno a las desigualdades que hieren la convivencia humana, a nivel global y native, y que demandan una urgente respuesta que nos conduzcan a una paz basada en la justicia. Vemos, pues, que la igualdad como derecho humano fundamental ha hallado “carta de ciudadanía” y un desarrollo teológico en el discurso social de la Iglesia. No es posible presentar aquí la evolución teológica y ethical que ha tenido, en la enseñanza o doctrina social de la Iglesia (DSI), la comprensión del valor de la igualdad y su contracara, la desigualdad. [17] Por ejemplo, en Estados Unidos, los actuales precandidatos presidenciales del partido demócrata Bernie Sanders y Elizabeth Warren han propuesto impuestos a la riqueza con tasas máximas de hasta 8% y 6%, respectivamente para fortunas del orden de 1 billón de dólares (es decir, fortunas con una cantidad importante de ceros).
Es elementary reconsiderar las políticas basándose en los derechos humanos para evitar futuras calamidades en una región que, según muchos indicadores, es la más desigual del mundo. A pesar de los niveles alarmantes de desigualdad y pobreza en América Latina y el Caribe, en los últimos decenios los gobiernos no han recaudado suficientes ingresos por impuestos ni lo han hecho de una manera que permita combatir la desigualdad, ni siquiera en épocas de expansión económica. Esto ha dado lugar inevitablemente a un escaso gasto en servicios de atención de la salud y protección social —incluidos desempleo, pensiones y apoyo a la infancia—, que son indispensables para una vida digna y para defender de verdad los derechos humanos para todas las personas.
Junto con lo anterior, tenemos el triste récord de ser uno de los países con la educación escolar más segregada socioeconómicamente, lo cual genera una fuerte inequidad educativa. Este mismo organismo destaca de Chile que “La productividad y la desigualdad se ven afectadas por el sistema educativo, cuyos resultados son débiles y desiguales, y reflejan en gran medida los antecedentes socioeconómicos de los alumnos”. En mayo de 2014, Christine Lagarde se dirigió a un grupo de líderes mundiales en una conferencia en Londres. Uno de los focos de su discurso fue la preocupación por los altos niveles de desigualdad que se observaban en el mundo. La excesiva desigualdad económica, argumentó, entorpece no solo el desarrollo del potencial de un grupo importante de personas, sino que, además, puede menoscabar la democracia y enlentecer el crecimiento económico para todos.
De acuerdo a un informe de la organización, la paridad en la fuerza de trabajo no se logrará hasta dentro de a hundred and forty años y es probable que se necesiten 40 años para lograr una representación equitativa en los parlamentos de todo el mundo. Asimismo, se estima que para finales de este año habrá 383 millones de mujeres y niñas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. «Los hombres y las mujeres de esa comuna, como de otras de altos ingresos de la capital, indudablemente tienen mayores posibilidades de, entre comillas, tener éxito en la vida o que les vaya mejor que a alguien que vive en una comuna periférica o alguien que viene de región», señaló el parlamentario.
Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos. Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter universal, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa.
La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Se privatizó la educación y se estableció la subvención, lo mismo pasó con la salud, y lo más dramático fue lo que ocurrió con el sistema de seguridad social. Chile ha informado en la OCDE sobre la mejora las condiciones de enseñanza y se comprometió a suministrar administradores y docentes escolares competentes a las escuelas para implementar mejoras. Ha priorizado desarrollar las capacidades de administradores educativos, docentes y otros profesionales de la educación para promover la inclusión y la diversidad de los/as estudiantes.
Entonces, para las capas medias esto fue muy difícil, y para las capas más pobres lo que ocurre es que fueron saliendo de la extrema pobreza, del 40% de pobres en el año 1990 se pasó a un 8% en el año 2017. En la mayoría de esa serie estamos hablando de pobreza de ingresos, es decir, la capacidad que tiene la gente de consumir alimentación y bienes básicos. Recién el año 2011 empezamos a medir la pobreza agregando otros asuntos más intangibles como la trayectoria en la educación, el estándar sanitario, la calidad de la vivienda, etc.”. Con ocasión de la crisis o “estallido social” que afectó a Chile con inusitada intensidad a partir de octubre del 2019, diversos análisis políticos, sociales y económicos han puesto la atención en la desigualdad como una de las principales causas del fenómeno. Es decir, los países de Latinoamérica representan un clúster o un conjunto anómalo caracterizado por altos niveles de desigualdad económica y social, independientemente del modelo de desarrollo adoptado por los diversos países.
Por ejemplo, respalda fuertemente un rol en salud y educación, pero no así en el caso de las telecomunicaciones. Esta comparación contrasta con el discurso de la –poco pluralista– prensa chilena, que suele poner las demandas de la ciudadanía como un ejemplo de irracionalidad, mientras que sitúa el pensamiento empresarial como ejemplo de cordura y pragmatismo. [3] Los datos tributarios, si bien representan una mejora sustantiva en relación a las encuestas de hogares, tampoco desigualdades materiales son perfectos. En contextos en donde existe mucha evasión y elusión, éstos también subestiman los ingresos de las personas de más altos ingresos. Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva. Diremos que una política es progresiva si es que ésta mejora la distribución de ingresos, es decir, si los impuestos y transferencias conllevan a distribuciones más igualitarias que las que se observan en el mercado.
Por ejemplo, como detallamos más abajo, en Chile el 10% más rico se apropia de más de la mitad de los ingresos totales. A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados. El objetivo era no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas. Una restricción adicional a la vivienda pública se introdujo mediante la Enmienda de Faircloth a las más amplias reformas de asistencia social implementadas en la Acta de Calidad de la Vivienda y Responsabilidad Laboral de 1998. Esta enmienda prohibió el financiamiento federal para las autoridades de vivienda (organismos públicos) que buscaban ampliar su volumen de viviendas públicas. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos.
También, apoyamos a niñas y niños para que crezcan no sólo como sujetos de derechos, sino como ciudadanos/as globales capaces de compartir y empatizar con sus vecinos/as. Para lograr estos objetivos, adoptamos cuatro enfoques en la ejecución de nuestros programas educativos. En el segundo puesto de ese listado está Julio Ponce Lerou, quien tomó el control de SQM (Soquimich), una de las mayores productoras mundiales de litio, yodo y fertilizantes, una vez privatizada por Pinochet, su suegro.