Si desde afuera del barrio la etiquetación cayó sobre toda la población en su conjunto, a su interior los habitantes claramente distinguen mejores y peores lugares dentro de La Caro. Según Caldeira (2000), esta es una distinción cotidiana para continuar viviendo en un contexto desafiante de violencia, pobreza y marginalidad, y opera como un mecanismo simbólico de distinción que configura las practicas diarias. A través de distinguir mejores o peores lugares las personas se desapegan de sus vecinos o conocidos y reproducen el discurso de la culpa ejercido sobre ellos, dirigiéndolo hacia las personas con menos recursos cerca de ellos (Caldeira, 2000). Finalmente, es una forma de introyección del estigma de lugar y su reproducción al interior del barrio. En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres.
Esta exclusión política marca una separación entre la democracia formal y la participación de la ciudadanía. El resultado, siguiendo a Holston (2008), es una profunda deslegitimación del sistema democrático y una sensación de desamparo y de olvido que sienten los habitantes del barrio. Durante el período democrático se han producido cambios graduales pero la sociedad chilena como un todo ha profundizado sus rasgos individualistas, de ser una sociedad de emprendedores, flexibilidad e inseguridad laboral (Mayol, 2012). Esto también ha introducido un nuevo modelo de democracia basada en un concepto individualista de las personas y la sociedad (Arias y Goldstein, 2010). A su vez, las relaciones sociales se mantienen torcidas por los intereses del capital y los intereses hegemónicos (Barton, 2004). Desde la perspectiva de las colonias, se aprecia que en la mayoría de ellas, cuatro en lo particular poblacion pobre en el mundo, más del 60% de la población ocupada gana menos de dos salarios mínimos, con lo cual estas colonias se colocan por debajo de la línea de pobreza.
Si analizamos la distribución espacial de los grupos pobres, su patrón territorial nos muestra varios tipos característicos. En primer lugar identificamos los barrios o colonias pobres, que se localizan sobre todo en el norte del DF, en el oriente y en el sur, en delegaciones que presentan desarrollos urbanos periféricos y zonas de topografía accidentada, como Gustavo A. Madero, Iztapalapa o Magdalena Contreras. En segundo término sobresalen franjas de pobreza que se han desarrollado a lo largo de ejes de comunicación en zonas de marcadas carencias; es el caso del sur de la delegación de Xochimilco y su conexión con la delegación de Tláhuac. En tercer lugar se observan manchones urbanos en la periferia más lejana, como es el caso de la Delegación de Milpa Alta, y Tlalpan. Y finalmente, enclaves urbanos de pobreza, que se refieren a zonas de pobreza de menores dimensiones que se pueden ubicar en localizaciones urbanas centrales y suburbios interiores que se han mantenido por muchos años en esas condiciones (figura 1). A su vez, en un proceso de continuidad de cambio, la violencia emanada desde los miembros de la propia comunidad quiebra la distinción entre violencia desde arriba y violencia desde abajo.
Puesto que ya no es una decisión ethical sino económica, parece que el marco cultural neoliberal hace que sea más complejo tomar una posición respecto a lo que realmente es la desviación social. Este ascendiente provenía de su agresividad y de la actitud desafiante frente a cualquier eventualidad. Sin embargo, también su ascendiente provenía de que cuidaba a sus vecinos y vecinas, los protegía de otros maleantes en una suerte de buen ladrón. Esto es parte de lo que se denomina la violencia directa, y se refiere al uso físico de la fuerza para dañar a otros (Heitmeyer y Hagan, 2003).
Sin embargo, dicho informe señala también que en ese mismo período los hogares del quintil de mayores ingresos fueron los únicos que aumentaron su nivel de consumo, lo que verifica que su ajuste se ha concentrado en los hogares de menores ingresos. En cambio, los establecimientos pagados tienen pnud pobreza un promedio superior a los 610 puntos, lo que evidencia problemas tanto en calidad como estructurales. La más significativa contribución de Velasco y Hunneus son las propuestas de políticas públicas que hay que implementar a futuro para atacar en su raíz el tema del desigual acceso al empleo.
«En Chile existe una división de larga knowledge entre un reducido número de empresas grandes y productivas y una larga cola de micro, pequeñas y medianas empresas con unos resultados modestos en términos de productividad», se lee en el documento, que advierte que probablemente las empresas de menor tamaño sean las más afectadas por las medidas para contener la pandemia. «La meta ambiciosa de tener a 5 millones de chilenos y chilenas vacunadas hasta el invierno es importante de cumplir», afirma el experto, quien destaca que una inoculación masiva permitiría evitar problemas como los que viven Europa o EEUU durante los meses de frío, además de disminuir las restricciones. Adicionalmente, persiste la impunidad en los casos de abuso, violencia, y vulneración de derechos, y no existe propuesta alguna de reparación a niños, niñas y adolescentes que han víctimas de estos delitos, ni a las familias de aquellos que han muerto estando al cuidado del Estado. Es incuestionable que el Estado no debe ser autor de violencia contra quienes se encuentran bajo su protección, pues esta se constituye en acciones aberrantes y contrarias a todos los compromisos internacionales. Cuando esta violencia es dirigida contra poblaciones vulnerables, como es el caso de niños, niñas y adolescentes, es aún más deleznable, especialmente al provenir del Estado, el cual debiese asumir un rol de garante y protector de la infancia y adolescencia en su respectivo país. Aprovechándose de las deficiencias de nuestros sistemas legales y explotando sus áreas grises, la industria ha impulsado agresivamente un tecnosolucionismo chauvinista, abrazado irresponsablemente por una clase política con ganas de figurar a la sombra de una thought tristemente reducida de progreso.
El forty three,1% de las personas se encuentra bajo la línea de la pobreza en Argentina al tercer trimestre de 2022, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (ODSA-UCA) difundido este martes, lo que implica una suba de 0,7 puntos porcentuales respecto de 2021. 2 Estas cifras representan la suma complete de la población que se encuentra en pobreza alimentaria, pobreza patrimonial y pobreza de capacidades. Ante esta falta de correspondencia en los valores, a continuación se explicarán los resultados del método de medición de NBI aplicado a cada una de las variables en las siete colonias. Somos un centro de investigación y acción, que busca generar conocimiento crítico y acciones para potenciar las luchas
“Una particularidad del ciclo económico actual (posterior a la pandemia) es que coexiste un importante crecimiento del empleo, pero no se recuperan los ingresos laborales”, agrega el informe. “No es que los pobres sean más pobres”, sino que “son sectores de la clase media baja los que han pasado a conformar una nueva capa de nuevos pobres”, explica el informe. Antes de la pandemia de covid-19 el piso de la pobreza había llegado al 35% en Argentina, pero pasado lo peor de la crisis económico-sanitaria y más allá de la reactivación económica, la proporción subió a cuatro de cada diez personas. 7 La medición de la capacidad de compra de la canasta básica integral consistió en sumar los ingresos percibidos al mes por familia, y el total se dividió entre los integrantes de la familia. En primer lugar, el crédito/préstamo en su gran mayoría fue destinado a mejorar la vivienda; en segundo lugar, a comprar ropa o cosas personales; y en tercer término, hay que destacar que la población usó el dinero del crédito para pagar otras deudas.
Sin embargo, la existencia de servicios no significa que sean de mejor calidad, ni que las viviendas se encuentren terminadas. La lejanía de la ciudad, la lejanía de los lugares de trabajo, la ruptura de los antiguos lazos de amistad y de redes de los antiguos lugares, produjo en muchos un sentimiento de orfandad y de abandono. En otro lugar he discutido (Ruiz, 2012) como las condiciones de llegada de los primeros habitantes no contemplaban viviendas terminadas, servicios básicos o conectividad mínima (ver Figura 3). Detrás de esta forma de construir y emplazar la vivienda social en las décadas de 1950 y 1960 se encontraba la idea de que el espacio, la distancia y la ciudad eran fuerzas automáticas y deterministas que redibujan el mundo social y económico (Graham y Healey, 1999). Estas políticas espaciales implican y mantienen hasta hoy un sentido de planificación urbana racional y tecnocrática libre de valores, sin una mínima idea de los lazos sociales o las relaciones de poder (Eckstein, 1990; Graham y Healey, 1999), lo que ilustra la manera en que La Caro fue planificada y desarrollada por el Estado chileno a fines de la década de 1960. Hoy en día La Caro está ubicada en el pericentro de la ciudad (ver Figura 2), y reúne varias condiciones singulares que hacen interesante su estudio desde la perspectiva planteada.
Que no exista a su vez una preocupación por los derechos de niños, niñas y adolescentes, concordante con instrumentos vigentes en toda la región, da cuenta de un problema más profundo. Aunque en este caso el sistema haya sido desarrollado por una universidad privada local, nuevamente se trata de una iniciativa invasiva de recolección de datos sensibles de menores de edad que conlleva gran riesgo de profundizar situaciones de prejuicio y estigmatización hacia grupos históricamente vulnerables. Además, estos procesos implican la transferencia de datos personales a terceros y la posibilidad de que esos datos sean usados para fines distintos a los que permitieron su recolección; sin bases legales ni garantías de que la información generada no será utilizada a futuro con otros propósitos, como iniciativas de policiamiento predictivo por ejemplo. Lo anterior da cuenta del debilitamiento del apoyo social, de la falta de solidaridad o de mecanismos de ayuda recíproca, lo cual se considera como una desventaja importante de la población y muestra su vulnerabilidad económica. Lo anterior parece indicar que el hecho de ayudar a otro vecino implica un gasto extra que se resta al ingreso del hogar, y que la falta de solidaridad social no motiva a destinar algún ingreso a la ayuda de terceras personas fuera del hogar, Io que de forma parcial o temporal también implicaría un empobrecimiento del hogar. El cuadro 9 contiene la relación de las formas de contratación con el tipo de ocupación, y en él se reflejan varios aspectos.
Sin embargo, este período exitoso respecto a sus principales objetivos, fue incubando desajustes y desequilibrios que se han hecho presentes con specific intensidad en los últimos meses. Es una clase media que está sobre- endeudada, que tiene enormes dificultades para pagar la educación de sus hijos o para costearse un plan privado de salud. Por un lado, el narco es uno de ellos, parte de sus trayectorias y biografías, el hermano, primo o tío de alguien. Por otro lado, el narco de alguna manera introyecta la violencia externa y por encima al barrio. La violencia actual en La Caro rompe antiguos patrones de identificación entre la violencia externa y desde arriba de aquella violencia interna y desde abajo.
Por otro lado, si ha habido un cambio en las políticas espaciales dirigidas a La Caro ya que apelan a lógicas estatales distintas de acuerdo con la época en que fueron aplicadas. Un ejemplo de ello es que la planificación urbana racional realizada en la década de 1960 no aceptaba las formas de participación que si permitieron modificaron el plan regulador comunal en los años 2000. La desigualdad económica, social y cultural atraviesa transversal y estructuralmente el problema. Las instituciones no se coordinan ni articulan debidamente, no existe seguimiento y monitoreo efectivo de los planes de intervención, no se trabaja con las familias de origen para así restituir el derecho del niño a vivir en familia. Como lo indica el Comité, “una visión de ayuda subsidiaria está muy lejos de la obligación jurídica de poner los recursos necesarios para garantizar los derechos”.