Comenzando por Kuznets (1955), cuya teoría sostiene que cuando una economía comienza a crecer, también lo hacen las disparidades, hasta llegar a un cierto punto de desarrollo, donde a pesar del mayor crecimiento económico, las desigualdades van disminuyendo, tomando la forma de una U invertida. Por su lado, la Nueva Geografía Económica plantea que las desigualdades entre regiones pueden mantenerse en el tiempo e incluso crecer junto con la economía de un país, al existir un centro que aprovecha los mayores beneficios del crecimiento, mientras que las regiones de la periferia pierden esa oportunidad (Merchand, 2009). Los estudios empíricos mostraron por años una relación negativa entre desigualdad y crecimiento, como por ejemplo el trabajo de Alesina y Rodrick de 1994. Sin embargo, en 2000 Kristin Forbes publicó un artículo donde encuentra evidencia de una relación positiva entre desigualdad y crecimiento económico, esgrimiendo como argumento a favor de sus resultados el uso de una mejor base de datos que las utilizadas por sus predecesores. Este hallazgo dio sustento a la thought que se existe una solución de compromiso entre equidad y crecimiento.
Los datos regionales, como años de escolaridad promedio y analfabetismo, se obtienen a partir de la Encuesta CASEN. Pero no solo existe una concentración económica en Chile, sino también política, poblacional, de los recursos y del sector industrial. En consecuencia, el país se encuentra en una época de constantes protestas sociales de diversa índole y es cada vez más frecuente que las regiones se manifiesten en contra de un Gobierno central, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de un territorio tan heterogéneo como Chile (Mieres, 2015). Es imperativo que la distribución de la riqueza en Chile sea más equitativa; que el crecimiento económico sea más inclusivo y que se facilite la movilidad económica y social de la población chilena. Para alcanzar este mayor nivel de desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la población, es necesario que el proceso hacia la equidad considere las diferencias territoriales del país.
El reporte precisa que la demanda por un sistema fiscal más progresivo es alta, en línea con la «creencia generalizada de que un gran porcentaje de la renta nacional va a parar al 10% más rico de los hogares, y que hay bajas posibilidades de que los ciudadanos pobres lleguen a la cima». Basándose en su libro Unequal Democracy (2008), el académico norteamericano reflexiona en torno a esta vinculación a partir de un detallado estudio de las últimas seis décadas de desarrollo económico y las tendencias políticas que derivaron de aquellos procesos democráticos en Estados Unidos. Esa percepción de injusticia se expandió durante la última década alimentada por la alta desigualdad que tiene Chile (ver OCDE 2019) y pareció explicar el estallido social de 2019.
La situación económica de Chile se caracteriza por la mediocridad; no está en crisis, pero tampoco avanza, situación que no proviene solo del bajo precio del cobre. La comunidad empresarial de Chile tendrá acceso a orientación sobre como promover los DDHH, así como las metas y objetivos de la Agenda desigualdad globalizacion 2030, como parte integral de la conducta empresarial responsable. El ministro también destacó que está escuchando las opiniones de las distintas organizaciones y actores sociales sobre el proyecto de Reforma Tributaria, que la Presidenta Bachelet informó que enviará a Congreso el próximo 31 de marzo.
A nivel territorial, el (Gráfico 5) expone las diferencias interregionales en ambos tipos de pobreza. Las regiones con menos personas en situación de pobreza, tanto por ingresos, como multidimensional son Magallanes, Antofagasta y Aysén. Las regiones con mayor pobreza por ingresos son La Araucanía, Maule y la región del Biobío.
El economista establece tres razones importantes para considerar esta faceta de la desigualdad, aún asumiendo que se ha establecido igualdad de oportunidades en primer lugar. Es decir, que habiendo garantizado que las particularidades de cada individuo no influyeran en el resultado final de cada uno, todavía existirían factores que causen la desigualdad entre ellos. La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable desigualdad en el mundo actual nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial.
Por su lado, la Región Metropolitana, como no es de extrañar, ostenta los mejores resultados junto con regiones del norte como Antofagasta y Tarapacá. Las regiones que más han mejorado su nivel de escolaridad promedio son Los Ríos, Aysén y Coquimbo, mientras que las regiones de menor avance han sido Atacama, la Región Metropolitana y Antofagasta. En general, las regiones con menores años de escolaridad al comienzo del período, son aquellas que han tendido a mejorar más este indicador. De acuerdo con la Encuesta CASEN, los años de escolaridad promedio en Chile son superiores a los presentados anteriormente por Barro y Lee y el PNUD.
Para este artículo, se analizaron 27 de las 28 acciones públicas presentadas en el reporte realizado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre el ODS 10, específicamente, entre los años 2015, el inicio de la agenda y el año 2018, año de la publicación del único informe presentado a la fecha. El análisis realizado contempló, primeramente, la identificación de los componentes de cada una de las acciones públicas, los cuales fueron examinados detalladamente, para luego determinar cómo estas ayudan a reducir las desigualdades económicas. Es decir, que se estudió la forma en cómo se encuentran planteadas estas acciones públicas, y así, determinar si estas buscan reducir las desigualdades económicas desde la perspectiva ex-ante, ex-post, o ambas. Aquí, es importante destacar que el análisis no incluye un estudio sobre el impacto que estas acciones públicas han tenido, o bien tendrán, sobre el tema en cuestión, sino que busca determinar si estas mismas responden o no al concepto multidimensional de las disparidades. Igualmente, se determinó a qué meta o metas del ODS 10 respondían particularmente y se indicó si estas acciones públicas eran anteriores o posteriores a la Agenda 2030.
Durán (2018) plantea que, al hablar de desigualdad, existen diferentes enfoques normativos sobre que entendemos por ella, así como formas de medición, incluyendo la desigualdad de riqueza, ingreso y salarios, para los cuales existen diferentes indicadores utilizados por la literatura económica. Respecto del Índice de Gini, el autor plantea que Chile ha tenido históricamente un valor elevado, con solo ocho años, de un whole de 161, con un valor bajo 0,45. Además, que este indicador permite analizar el impacto de las políticas fiscales, evidenciando que Chile es uno de los países de la OCDE con menor impacto, pues para el año 2003, el valor del Índice de Gini para los ingresos autónomos fue de 0,5 y al incluir transferencias y subsidios solo cae a 0,49. Si bien los valores actuales serían estarían dentro de los mejores resultados alcanzados por el país (Le Fort, 2017), del análisis histórico de Durán (2018) es posible apreciar un comportamiento cíclico de este indicador, por lo que no necesariamente existe evidencia que permita sostener que la actual reducción sea permanente en el tiempo four . Hemos evidenciado en este mismo medio ciertos aspectos de nuestra desigualdad económica que resultan fundamentales para tener un debate razonable dentro de la futura Convención Constitucional que se nos avecina.
Por ello es esperable que Chile, con su forma de capitalismo extremo, tenga también una concentración extrema del poder, a pesar de que su democracia cumple con los estándares mínimos para considerarla como tal. Por ejemplo, Onrubia y Rodado (2014) afirman que la evolución de la desigualdad de las rentas de mercado muestra que el funcionamiento de la economía, sin mecanismos redistributivos, genera un aumento en el tiempo de la desigualdad de la renta. De este modo, la ausencia de un sistema fiscal redistributivo, corrector de esta desigualdad antes de la intervención estatal, agravaría esta situación.
Además, esto permite que este ODS quede weak a las interpretaciones u obstaculizaciones de otras instituciones ( Donald, 2017). Actualmente, el Banco Mundial es quien se ha hecho cargo de promover la “prosperidad compartida”. La Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile se convierte en el epicentro del debate sobre preferencias sociales y equidad con la realización de un simposio que congregará a expertos nacionales e internacionales.
La misma encuesta ratifica que la desigualdad se mantiene constante, algo que damos por descontado como un muy mal resultado. Otra crítica que ha recibido este objetivo tiene que ver con que no cuenta con un organismo temático o institución a nivel internacional para dirigir acciones en pro de este mismo, como tampoco para financiarlo ( Donald, 2017). Por lo tanto, se corre el gran riesgo de quedar rezagado al no existir muchas herramientas a nivel internacional para abordarlo (Donald & Lusiani, 2016).
En el país se están llevando a cabo algunos de los proyectos más innovadores de IFC, que incluyen autobuses eléctricos, productos especiales diseñados para promover la inclusión financiera, e hidrógeno verde. En el ejercicio de 2023, los nuevos compromisos de IFC alcanzaron un monto récord de USD 1700 millones, un aumento de casi el 200 % en comparación con el ejercicio anterior. Durante más de 75 años, hemos trabajado en conjunto en soluciones innovadoras para desafíos complejos, contribuyendo al progreso de Chile y de otros países que enfrentan retos de desarrollo similares. El eight de octubre 2019 en el programa matinal Mucho Gusto, el presidente Sebastián Piñera expresaba que «en medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, nuestro país, es un verdadero oasis con una democracia estable, el país está creciendo». Diez días después ocurre el popularmente llamado “estallido social”, siendo una de las principales banderas de lucha la desigualdad social. Primero, existe una distancia abismal entre las ideas políticas de la ciudadanía y de la elite económica.
La ciudadanía quiere mayoritariamente que el Estado se haga cargo de un conjunto de temas claves para la sociedad, mientras que la elite económica, por el contrario, prefiere un Estado que no asuma tal responsabilidad. En síntesis, en Chile tenemos una desigualdad alarmante en cuanto a la seguridad con que ciertos grupos sociales pueden enfrentar los riesgos propios de la vida y del mercado laboral. Una desigualdad que se conecta con nuestros miedos más profundos y que, por lo mismo, puede generar indignación.