La Región Metropolitana es por excelencia la región que más produce en el país, por sí sola aporta el 42% al PIB nacional, sus principales ingresos provienen del sector de servicios financieros y empresariales y del comercio (Ver Anexo B). Las principales conclusiones de este trabajo, revelan la gran heterogeneidad que existe entre las regiones de Chile, siendo consistente con los trabajos de Agostini y Brown (2007; 2010), Ramírez et al. (2009) y Mac Clure y Calvo (2013), quienes avalan la importancia de trabajar a distintas escalas territoriales2. Se observa que las regiones más desiguales a nivel social y económico, son igualmente aquellas con menor PIB y desarrollo económico. Además, a nivel geográfico, suelen ser las regiones del sur del país las perdedoras en materia de desarrollo y desigualdad. La metodología de investigación consiste en un análisis descriptivo y comparativo de las regiones del país, así como de un análisis de convergencia regional. La información recopilada para el desarrollo de este trabajo, se ha obtenido de fuentes secundarias, desde distintas bases de datos mundiales y nacionales.
Actualmente en Chile, el 20% de mayores ingresos lo es 10 veces más que el 20% más pobre (OCDE, 2018). En marzo del año 2010, bajo el segundo mandato de la presidente Michelle Bachellet, Chile se convirtió en el miembro número 31 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el primero a nivel Sudamericano. En su discurso, Angel Gurría (Secretario General de la OCDE), declara que la experiencia chilena enriquecerá el acervo de la OCDE en cuestiones clave, siendo un ejemplo al combinar crecimiento económico y mayor bienestar social. Gurría comentó que Chile ocuparía un lugar que le pertenece por mérito propio, cuyo objetivo es que comparta sus buenas prácticas y políticas públicas con los demás países de la OCDE. Además enfatizó que Chile sería parte de este conjunto de países que ayudan a que la economía mundial sea más fuerte, limpia y justa (informa oecd.org, el día 11 de Enero de 2010, a través del titular “Chile, primer país sudamericano miembro de la OCDE”). La discriminación estructural que caracteriza el acceso a los derechos sociales ha sido reclamada por décadas y especialmente, durante el estallido social de 2019, a pesar de los avances, hasta 2020, en la reducción de la pobreza y pobreza extrema.
No se puede negar que durante el último cuarto de siglo a nivel mundial ha habido un importante progreso en muchos ámbitos del desarrollo humano. La esperanza de vida es mayor; hay más personas que se escapan de la línea de la pobreza y la pobreza extrema; menos personas afectadas por la malnutrition, entre otros. Si bien es claro que estos avances han mejorado la calidad de vida de las personas, se debe asumir que no en la misma proporción e incluso ha dejado mucha gente marginada de este gran avance (PNUD, 2016). Es por lo anterior que el último informe del PNUD está dedicado a este tema “desarrollo humano para todos”, considerando, igualmente, que en 2015 los dirigentes nacionales se comprometieron a “no dejar a nadie atrás”, compromiso que dejaron plasmado en la Agenda 2030. Mayores ingresos son consecuentes con mejores oportunidades de acceso a un sistema educacional y de salud de calidad14. Una persona de mayores ingresos irá a mejores escuelas, podrá asistir a clases particulares y extracurriculares, tendrá mejor asistencia dental, podrá ir a mejores centros médicos e incluso tomar mejores medicinas, que una persona pobre.
Desde un enfoque de derecho, y tomando uno de los principios de la CDN, la participación de niños, niñas y adolescentes es basic, y el derecho de ser oídos es asimismo un derecho catalizador de otros derechos. El informe destacó con fuerza la situación de comunidades amenazadas por conflictos ambientales como Freirina y trató también la discriminación que viven mujeres, migrantes, las personas privadas de libertad, los adultos mayores, discapacitados, entre otros. En ese sentido, reconoció la Ley Antidiscriminación como un avance, pero apuntó a la necesidad de legislar medias de acción afirmativas para acelerar el camino a la igualdad.
Es imperativo que la distribución de la riqueza en Chile sea más equitativa; que el crecimiento económico sea más inclusivo y que se facilite la movilidad económica y social de la población chilena. Para alcanzar este mayor nivel de desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la población, es necesario que el proceso hacia la equidad considere las diferencias territoriales del país. Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen desigualdades en el mundo ejemplos siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Asimismo, se aplica la misma metodología, pero para estudiar la convergencia de la desigualdad del ingreso regional. Se analiza el índice de Gini al inicio del período frente a la variación promedio anual del Gini.
El ausentismo y deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, que afectan el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, otro factor contribuyente a la desigualdad. Distancia, falta de transporte, enfermedades frecuentes, vestimenta inadecuada, falta de útiles escolares, inadecuadas en las poblaciones vulnerables. La nueva metodología, a diferencia de la anterior utiliza el hogar como unidad de análisis (no las personas) y se dejan de considerar los individuos que no reportan ingreso alguno. Grafico 5 Personas en situación de pobreza y pobreza multidimensional (con entorno y redes) 2015.
Dado que las cifras iniciales de desigualdad en Chile son muy altas, los avances han sido lentos y se necesitaría de un mayor esfuerzo por parte del Gobierno para someter todas aquellas fuerzas que amplifican las desigualdades. El gobierno del Presidente Gabriel Boric Font ha establecido como uno de sus principios centrales, fundar las bases de un gobierno feminista. Esto quiere decir que las necesidades diferenciadas de toda la población están en primera línea estratégica y son tomadas en consideración en todas las decisiones del Estado. Las políticas de Educación y el rol que ha asumido el Estado en su provisión, financiamiento y revisión de la calidad también fueron uno de los temas principales. Según el documento, estas mostrarían un tratamiento limitado en su condición de Derecho, como lo devela, por ejemplo, la falta de fiscalización del lucro a las Universidades. En este punto difirió con fuerza el Gobierno que, por primera vez en los 3 años de entrega del informe, estuvo presente a través del Ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien afirmó que Carabineros siempre tiene la disposición de revisar sus procedimientos y añadió que la citada ley tiene una vigencia democrática plena y no es discriminatoria.
Al respecto, la representante de la comisión organizadora y académica de la Escuela de Trabajo Social PUCV, Yesika Herrera, señaló que “las situaciones de desigualdad del país y cómo estas se agudizan en periodos de pandemia, definimos un gran eje que se relaciona con la resistencia y la emergencia que se generan en contexto de disaster. Resistencia porque se relacionan con las acciones de los movimientos sociales y también organizacionales para hacer frente a esta disaster y emergentes en el sentido de que en este contexto de disaster surgen iniciativas que apuntan a cambios que afecten los elementos más estructurales que sostienen la desigualdad. Hemos evidenciado cómo el aumento de la pobreza y violencia apuntan a factores estructurales, sociales y económicos. Estamos trabajando para apuntar a una sociedad más justa, donde la garantía de derechos fundamentales pueda ser una realidad”. La desigualdad educativa es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida a futuro. La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad.
Sin embargo, igual como pasa con el crecimiento, estos logros no benefician a toda la población de la misma manera, existiendo diferencias a nivel regional. Este tipo de desigualdad suele crear malestar por parte de la ciudadanía y descontento hacia las autoridades públicas, a quienes se exige salud de calidad y para todos. Actualmente, en Chile el gasto total en salud representa el 7,2% de su PIB, por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, 9,3% (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016), por lo que en materia de salud aún quedan muchos desafíos para el país y para la equidad en el territorio.
A nivel de territorio chileno18, resulta interesante evaluar el IDH por regiones, lamentablemente, estos datos solo se encuentran disponibles para el año 2003 gracias al PNUD y Mideplan (2005). En la (Tabla 6) se puede apreciar que para el año 2003 los IDH más bajos correspondían a las regiones del Maule y La Araucanía, con un valor de 0,675 y 0,679 respectivamente. Resultados que actualmente podríamos comparar con los obtenidos por Bolivia y el Salvador, países con un nivel de desarrollo humano medio. Por su parte, las regiones con mayor desarrollo humano, como period desigualdad socioeconómica ejemplos de esperar, fueron la Región Metropolitana y la región de Magallanes, con resultados comparables actualmente con México y Santa Lucía respectivamente, países con alto nivel de desarrollo humano. Por su lado, mantienen su posición relativa, las regiones Metropolitana, de Los Lagos, de La Araucanía, del Biobío y del Maule. Mientras que bajan de posición relativa las regiones de Tarapacá (aunque continúa dentro de las con mayores logros de desarrollo humano), Atacama, O’Higgins y Valparaíso.
Por lo tanto, estudiar solo el comportamiento nacional no es un análisis completo, ya que oculta cambios significativos a nivel regional. Conocer la dinámica de desigualdad regional será un punto importante en el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo diferenciadas, muy necesarias en un país con regiones tan heterogéneas como Chile. Ya se estudió uno de sus componentes, el ingreso, por tanto, en esta sección se estudiarán otros dos, la educación y la salud. En este apartado se examina el desarrollo económico del país, evaluado a través de índices de desarrollo humano (PNUD) y el índice de desarrollo regional (Vial, 2017) y a continuación se evalúa la desigualdad social en dos aspectos muy controversiales actualmente en el país, educación y salud.
“Dada a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos”. La desigualdad social es un problema en Chile, ya que según estudios del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 28.6% de las personas adultas en Chile carecen de educación primaria y secundaria y según la Encuesta Nacional de Hogares del INE, sólo el forty seven.3% de las personas mayores de 18 años tienen educación universitaria. Por lo tanto, existe una brecha entre quienes tienen un nivel educativo bajo y las personas que cuentan con educación media o universitaria. La desigualdad social tiene gran influencia sobre la calidad de vida, ya que, dependiendo de la crianza y la experiencia de primera infancia, ello prepara para obtener mejores resultados dentro del sistema educativo formal, así como para la vida private y profesional. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–.
En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un zero,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. Para terminar la Sección 4, se revisará la dinámica de distintas variables del área de la salud en Chile y sus regiones. La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados, de acuerdo con Wagstaff (2002) la pobreza provoca una salud deficiente por distintas carencias a las que se ven enfrentadas las personas más pobres y, a su vez, existe pérdida de ingresos cuando se cuenta con mala salud.