Para ello, es necesario crear un clima laboral donde todos los empleados se sientan cómodos, seguros y motivados para expresar sus ideas y opiniones. Una política de diversidad e inclusión comienza con el reclutamiento inclusivo, es decir, con prácticas que fomenten la diversidad en la contratación de private. Esto implica eliminar los sesgos en los procesos de selección y buscar proactivamente candidatos de diversos orígenes y experiencias.
De esta manera, con solo diagnosticar la raíz del problema se lograrán soluciones duraderas en el tiempo. En este sentido, las barreras de contexto son factores que obstaculizan la participación y el desarrollo de las personas, por cuanto impactan directamente tanto el funcionamiento de los órganos y las estructuras corporales, como la realización de las actividades de la vida diaria y en el desempeño social. Dentro de las actividades importantes que realizó Faúndez durante su vista a Asunción, fue el encuentro bilateral que sostuvo con el ministro de la Secretaria Técnica de Planificación, José Molinas, para tratar temas relativos a cooperación entre ambos países en materias productivas y de capacitación. Otra de las actividades en agenda fue su participación en la Quinta Sesión Plenaria, la que tuvo como eje principal presentar experiencias innovadoras en materia de políticas de desarrollo social aplicadas en la región. En las reuniones anteriores, realizadas en Chile en 2008 y Colombia 2010, se elaboraron los documentos que contienen los compromisos de los Estados Miembros.
Estas políticas están diseñadas para reconocer y valorar la diversidad dentro de la comunidad, asegurando que todos los individuos, sin importar su origen, capacidad o condición, tengan acceso equitativo a oportunidades y servicios. Implementar medidas efectivas que promuevan la inclusión social implica desde reformas educativas que atiendan a las necesidades de todos los estudiantes hasta la creación de infraestructuras accesibles para personas con discapacidad. Al priorizar la inclusión como un objetivo clave, los gobiernos pueden impulsar una transformación positiva que otorgue a cada ciudadano la posibilidad de contribuir y beneficiarse por igual del desarrollo colectivo. En el primer apartado se ha problematizado sobre el concepto de inclusión en la educación superior y se ha indicado la necesidad de plantearlo desde el binomio social/educativo considerando una definición tipológica de pertenencia, igualdad, equidad y justicia social. En este segundo acápite, se presentará la complejidad de la política pública y los mecanismos de inclusión que se han propuesto para todos y todas las estudiantes de la educación superior en el contexto de la realidad nacional. Esto, porque la inclusión social/educativa se propone en la dinámica que señala la unesco (2008) de crear una cultura inclusiva lo cual, necesariamente, incluye políticas y prácticas inclusivas.
Los resultados parten con un análisis common de la mención de las diversidades en los programas de curso dentro del total de los programas de la carrera de Pedagogía Básica, se continúa con el análisis de los programas que mencionan la palabra diversidad utilizándose de manera genérica, y se termina con un análisis de cómo se aborda cada grupo identitario y/o cultural. Por otro lado, la equidad Salarial, es un pilar irrenunciable y debe ser una prioridad en cualquier reforma de pensiones, no solo es un derecho básico, sino que también es esencial para construir pensiones sólidas y equitativas. Las políticas que promueven la igualdad de remuneración por trabajo igual, así como la penalización de prácticas discriminatorias, son pasos cruciales para cerrar esta brecha persistente.
Por ello, resulta importante examinar el rol de los diseños de enseñanza en los programas de estudios declarados, para analizar sus intencionalidades pedagógicas y potencialidades para formar en la sustitución de las desigualdades por opciones de enseñanza de reconocimiento en la diversidad. Adicionalmente, esto es una exigencia que se hace en distintos documentos normativos internacionales como nacionales. En los últimos años, las políticas educacionales en Chile han abordado como tema prioritario la desigualdad, tanto en la educación escolar como, recientemente, en la educación superior.
Sin embargo, estas comunidades se enfrentan a menudo a una discriminación y marginación sistémicas. El acceso limitado a los servicios básicos, los problemas relacionados con los derechos sobre la tierra y la representación inadecuada en los procesos de toma de decisiones contribuyen a las disparidades sociales entre las poblaciones indígenas. Reconocer y abordar las necesidades específicas de las comunidades indígenas es crucial para promover la equidad y el capitalismo y la desigualdad preservar la diversidad cultural. De esta forma, la presente investigación busca responder a las preguntas de (i) si se mencionan las realidades identitarias y culturales diversas en los programas de curso, y (ii) con qué finalidad son mencionadas. Consideramos que esta indagación podría contribuir a reconocerlas y a pensar en cómo avanzar hacia una educación con perspectiva de justicia social que asuma que la “desigualdad no es inevitable” (Therborn, 2016, p. 11).
En la actualidad, sólo intermediamos procesos de Inclusión laboral de Personas con Discapacidad Intelectual y/o trastornos del desarrollo. Si bien la discapacidad es una realidad que existe independientemente del reconocimiento “oficial” de ella, certificar una situación de discapacidad permite al portador de la Credencial de Discapacidad acceder a distintos beneficios y contar con una base authorized para exigir adaptaciones de accesibilidad. Últimamente se ha considerado dentro de la discapacidad del neurodesarrollo al Trastorno del Espectro Autista (TEA), “un trastorno de origen cerebral que afecta el comportamiento, la comunicación y las destrezas sociales de una persona”. Es considerada como un tipo de discapacidad psychological y se caracteriza por presentar limitaciones en áreas relevantes de la vida, tales como el lenguaje, la movilidad, el aprendizaje, el autocuidado y la vida independiente. La CDPD no apunta a definir la discapacidad en cuanto tal, dado que lo considera un concepto en constante evolución. Por este motivo, outline el concepto de “persona con discapacidad” (PcD), marcando una diferencia clara entre lo que se entiende por “deficiencia” y “discapacidad”, dos concepts que no son idénticas.
Si bien la diversidad no es lo mismo que desigualdad, en nuestra sociedad las diversidades consustancialmente se asocian a ella. La desigualdad es un ordenamiento sociocultural que scale back las capacidades de movernos y participar en el mundo (Barozet, 2021; Therborn, 2016). Se trata de diferencias de la vida social que conllevan desventajas en distintos niveles que se perciben como injustos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2017).
Fomentando un sentido de responsabilidad compartida, Chile puede construir una sociedad en la que la equidad esté arraigada en la conciencia colectiva. La sociedad chilena ha sido testigo del auge de iniciativas destinadas a promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Estas iniciativas se centran en abordar la violencia de género, promover el liderazgo y la representación de las mujeres y eliminar la brecha salarial de género. A través de campañas de sensibilización, reformas legales y redes de apoyo, Chile se esfuerza por crear una sociedad más inclusiva en la que las mujeres tengan las mismas oportunidades y se valore su contribución. Aunque el objetivo de la igualdad es tratar a todas las personas por igual, no tiene en cuenta las desventajas inherentes a algunos grupos debido a factores históricos, sociales y económicos. Tratar a todos por igual sin tener en cuenta las disparidades existentes puede perpetuar las desigualdades en lugar de abordarlas.
Esta política debe evitar cualquier tipo de discriminación o sesgo que pueda generar brechas salariales entre los trabajadores por motivos de género, raza, edad, orientación sexual, discapacidad u otras características personales. Para ello, es importante realizar auditorías salariales periódicas que permitan identificar y corregir posibles desigualdades, así como comunicar a los empleados los criterios y procesos utilizados para fijar sus remuneraciones. La diversidad e inclusión son pilares fundamentales para construir una cultura empresarial sólida y equitativa. Sin embargo, muchas empresas aún no han implementado políticas efectivas que fomenten un ambiente laboral respetuoso ante las diferencias individuales.
Por tanto, se propone abordar la inclusión en la educación superior de una manera integral, donde la inclusión refiera tanto a necesidades educativas especiales, (unesco, 1994), como también a una educación para todos en perspectiva de derechos humanos (unesco, 2007). En ambos casos, los actores sociales desde la familia, el estado y los organismos internacionales son actores relevantes del proceso. Cambiar normas culturales profundamente arraigadas y superar los prejuicios sociales es un reto importante para promover la equidad. Los prejuicios basados en el género, la raza, la etnia y el estatus socioeconómico pueden obstaculizar el avance hacia una sociedad más inclusiva. Abordar estas barreras requiere campañas educativas, la participación de la comunidad y el fomento de la empatía y la comprensión entre personas de diversos orígenes. Abordar la exclusión social desde el enfoque ambiental implica desarrollar programas de sostenibilidad inclusiva que consideren las necesidades y capacidades de todas las comunidades, especialmente las más vulnerables.
Estos planteamientos renuevan los estudios críticos de la sociedad, sumado a la necesidad de develar y enfrentar las desigualdades de clase social, discutiendo otros factores de exclusión como raza, etnia, identidad cultural, nacionalidad, género, discapacidades individuales, diversidad sexual, entre otros. Contribuir a una sociedad más justa desde la perspectiva ambiental es posible a través de acciones conscientes y colaborativas. Individualmente, se puede empezar adoptando estilos de vida más sostenibles, como reducir el consumo de recursos, reciclar y utilizar energías renovables. Además, apoyar y participar en programas de sostenibilidad inclusiva locales puede marcar una diferencia significativa. A nivel colectivo, es elementary empresas con fines sociales ejemplos abogar por políticas públicas que promuevan la justicia climática, garantizando que las decisiones en materia de medio ambiente consideren las necesidades de todas las comunidades, especialmente las más vulnerables. Informarse y sensibilizar a otros sobre la importancia de la equidad ambiental también contribuye a generar un cambio positivo hacia una sociedad más justa y sostenible.
La respuesta es que no existe un catálogo definido que automáticamente implique el ingreso al Registro Nacional de la Discapacidad. Se refiere a todo obstáculo en el entorno estructural que dificulte, impida o bloquee el desplazamiento o acceso de una persona a un espacio. Por ejemplo, locomoción pública sin rampas, ascensores o espacios para sillas de ruedas, televisión sin intérprete de lengua de señas o subtítulos, and so forth.