Asumiendo las consecuencias del anómalo proceso de desarrollo chileno, una de las misiones que desde sus inicios han asumido las universidades regionales, ha sido luchar contra las desigualdades regionales, siendo el área de la salud uno de los ámbitos de mayor preocupación. En efecto, los profesionales que ellas han formado son los que integran una parte significativa del private de salud que se desenvuelve en hospitales y consultorios de la vasta geografía chilena. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que las personas con discapacidad tienen el riesgo de morir antes que las personas sin discapacidad, en ocasiones hasta 20 años antes, debido a la desigualdad sistémica y persistente en el acceso a la salud. Roberto Aceituno, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, e Irma Palma, profesora de esta misma unidad académica, fueron los protagonistas del último episodio de «Los expertos responden», sección de la campaña de salud mental desigualdad estructural ejemplos #Conversemos, nuestra salud mental importa, iniciativa impulsada por la Universidad de Chile, el Colegio Médico y la FECH. En esta oportunidad, ambos académicos conversaron sobre los resultados del estudio #VidaenPandemia, investigación longitudinal e interdisciplinaria que monitoreará la forma en la crisis ha afectado la vida cotidiana de las personas. A nivel nacional, existen four,2 enfermeras por cada mil habitantes, siendo que el promedio de la OCDE es de eight,eight enfermeras cada mil habitantes.
Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial.
No obstante, también los hombres pueden ejercer un rol de género que implique ejercer el cuidado. Esto vuelve necesario articular respuestas de acompañamiento en procesos de salud-enfermedad, independientemente del sexo del sujeto de derechos. Objetivo Identificamos en la literatura nacional e internacional, brechas de acceso a la atención de salud en la mujer derivadas de disparidades de género y/o ejercicio del rol de género, en un conjunto priorizado de problemas de salud.
Esto quedó de manifiesto en las protestas ocurridas en un sector de la comuna de El Bosque, en que la comunidad levantó demandas en relación al derecho básico de alimentación. Sin embargo algunos cotizantes de FONASA (los de mayores ingresos) a través de la “Modalidad libre elección” (MLE) también pueden acceder a prestadores privados; el seguro público cancela una parte de la prestación y la otra es cubierta por el afiliado (Copago). Creada en 1985 y potenciada durante los gobierno de la Concertación la MLE eleva el gasto de bolsillo y traspasa grandes cantidades de recursos públicos al sistema privado. Por ejemplo, en la “consulta médica de especialidades”, a los privados (MLE) se les paga US$ 25 de los cuales US$ 15 lo paga FONASA y US$ 10 es copago del paciente. La misma consulta en un hospital público se obtiene a US$ 10, monto que paga FONASA al hospital y donde sólo los afiliados de mayores ingresos pagan un copago mínimo de no más de US$ 2.
El informe de Salud Un Derecho indica que la OCDE considera como parte del “gasto público” los fondos recaudados por cotizaciones legales (1,4% PIB) que los trabajadores aportan a los seguros privados de salud. Esto implica que la cifra last de gasto público reportada por la OCDE es en efecto mayor de lo real, tal como se pudiera entender si se restara este aporte a fondos privados. La suma de estos financiamientos representa aproximadamente el 7% del PIB de Chile, y el informe concluye que la principal fuente de financiamiento de la salud proviene del gasto de las familias. Otra fuente de financiamiento del gasto en salud en Chile son los aportes directos que hace el Estado tomando recursos recaudados por impuestos generales. En 2019 las universidades regionales tenían 127 carreras de la salud, congregando a 43 mil estudiantes de pregrado y aportando el 27.4% del complete nacional.
Entonces entendí que la salud pública no iba a resolver los problemas de salud de la población, ni revertir las desigualdades en esta materia a través de un mensaje de conductas saludables o de la transferencia del cuidado a las mujeres sin un entorno que habilite esas prácticas. Se necesita una mirada más amplia y estructural sobre cómo hacemos sociedad, desigualdad en la salud cómo hacemos ciudad, entregamos cuidados, organizamos el trabajo y la educación. Se requiere de un entendimiento profundo entre territorios, actores sociales y procesos de salud-enfermedad. El modelo de determinantes sociales de la OMS no lo considera así, ya que entiende a la población como un conjunto de entes sin historias, geografías y culturas.
Como diría un viejo filósofo, “un nuevo fantasma recorre Chile, es el fantasma del regionalismo”. En efecto, la llegada de autoridades regionales electas y las prioridades que marca la Convención Constitucional anticipan que muchas inequidades territoriales debieran enfrentarse. Y en ese propósito la experiencia, conocimientos y aportes de las comunidades universitarias regionales serán fundamentales. Así avanzaremos en cumplir el mandato constitucional, proveyendo a todas las personas los mismos deberes y derechos, con independencia del lugar donde vivan. La Constitución de la República de Chile, artículo 19º, asegura a todas las personas igualdad ante la ley.
El sector salud debería apuntar a reconocer que, dado el ejercicio de los distintos roles de género, es necesario consolidar desde la seguridad social modelos y enfoques terapéuticos integrales, apuntando a fórmulas efectivas de priorización, aseguramiento en salud y resolución de brechas. La diabetes y la hipertensión están directamente relacionadas con las condiciones y estilos de vida, eso quiere decir con las posibilidades materiales de existencia y con lo que puedo hacer en base a eso, en este caso, la pauperización de las comunidades mapuche y la relación con la ciudad. Hoy en día todas las comunidades mapuche se relacionan con la ciudad, al menos en la provincia de Cautín, porque tienen que ir a comprar a la ferretería o alimentos, también ir a buscar los remedios para enfermedades crónicas o ir a cobrar una pensión, lo que es un determinante social.
La brecha de género va a disminuir cuando termines con la brecha de género estructural socioeconómica a nivel nacional. Los autores plantean que la esperanza de vida coincide con un patrón geográfico claro al inside de la ciudad, evidenciando la segregación socioeconómica y de nivel de salud en Chile. Se observó que la mayor esperanza de vida se concentra desde el centro y hacia el oriente de Santiago, con una expectativa de hasta 17,7 años más en estas zonas favorecidas. El sistema de seguridad social en salud de Chile ha sido históricamente un sistema fragmentado. Este sistema logró mejoras notables en los indicadores de morbimortalidad, sobre todo materno infantil.
En este contexto, la pandemia intensificó brechas de género ya presentes en la salud mental y en el mercado laboral. Esta disparidad está fuertemente asociada a la mayor fragilidad económica de las mujeres, y al aumento en las tareas en el hogar y cuidado de niños. Estos resultados apuntan a una acumulación de vulnerabilidades, ya que los roles tradicionalmente asociados a cada género y la fragilidad económica se combinaron creando mayores desafíos para las mujeres durante la pandemia en 2020. El deterioro de la salud mental y del bienestar, así como también los problemas relacionados al sueño están relacionados a la fragilidad económica de las mujeres en Chile. Comparando mujeres y hombres que estaban empleados previo a la pandemia, encontramos que las mujeres han perdido más sus empleos y han experimentado más frecuentemente caídas en su ingreso.
Por ejemplo, la depresión y esquizofrenia aumentan entre forty y 60% la probabilidad de morir prematuramente por suicidio o problemas de salud física, tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes o infección por VIH (OMS, 2013). A su vez, las condiciones neurológicas y psiquiátricas son el grupo de enfermedades que más impacto tienen en la pérdida de años de vidad saludable (AVISA; MINSAL 2007) en Chile, ya sea porque la persona que la padece vive con discapacidad o porque muere de forma prematura. Un ejemplo de ello es que previo a la crisis actual las enfermedades mentales ya ocupaban el primer lugar entre las razones de licencias otorgadas y, tanto en el sistema público como el privado, representaban más del 20% del costo total de licencias médicas (MINSAL, 2017).
De lógica solidaria, FONASA se financia con recursos provenientes de impuestos generales además de las cotizaciones individuales. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado.
Sin embargo, la académica e investigadora de la Facultad de Odontología de la UV advierte de un fenómeno completamente opuesto en lo referido a la conservación de la dentadura. Al respecto, explica que al evaluar la información disponible se observa una descomposición de la desigualdad en pérdida dentaria por género. “No es justo que haya países en los que se vacuna a jóvenes saludables, mientras en otros de rendimientos medios o bajos ni siquiera los sanitarios tienen acceso al antiviral”. Respecto a al plan de inmunización mundial y el efecto rebaño que se espera alcanzar en 2022, la OMS ha declarado que distribución igualitaria de las vacunas contra el Covid-19 es fundamental tanto por cuestiones “morales como económicas. No se trata solo de un imperativo ethical; se trata también de que es clave para la recuperación global económica. Estos Derechos se crean para buscar el adecuado desarrollo de la infancia, la cooperación internacional en esta materia y que los derechos se apliquen de manera global.