Pero esas ventajas no podrán sostenerse si no se reduce la desigualdad, asegura el informe. Marta Roig, autora del informe, señaló en una entrevista con Noticias ONU que más allá de la globalización o la revolución derechos humanos y pobreza tecnológica, “la causa mayor de la tendencia hacia la desigualdad son las políticas de los Gobiernos”. El 1% más rico de la población tiene cada vez más dinero, mientras que el 40% más pobre obtiene menos de un 25% de los ingresos.
Es en parte debido a que no está a la altura del desafío en lo que respecta a todas y cada una de sus tareas autoasignadas, que el movimiento de derechos humanos ha sido condenado a no ofrecer una alternativa significativa, y ciertamente no representar una amenaza seria, para el fundamentalismo de mercado. El éxito y el prestigio de los derechos humanos en nuestros días, y la falta de otros enfoques políticos, ha fomentado el error del hombre que a falta de otra herramienta que no sea un martillo, trata todo como si fuera un clavo. El drástico desajuste entre la disaster igualitaria y el recurso de derechos humanos no requiere un reemplazo sino un complemento. Por qué se produjo la victoria práctica del “neoliberalismo” en ese momento y de esa manera es el tema de debates apasionados hoy en día.
A medida que la brecha entre ricos y pobres se amplía, las personas en situaciones de vulnerabilidad enfrentan mayores obstáculos para acceder a sus derechos fundamentales. Así pues, la seguridad social también se vuelve un mecanismo útil para cerrar las brechas de desigualdad que enfrentan distintas poblaciones en el acceso a una vida digna. Esto fue una realidad durante el siglo pasado en México, en el que la seguridad social cerró las brechas en el acceso a vivienda, salud y escuelas a personas de distintos gremios y actividades productivas. Hoy, no obstante, la seguridad social sigue teniendo este sentido ecualizador para otros sectores de la población.
De estas, 28.1% ha sufrido algún tipo de rechazo laboral [1], es decir, 10% más que las personas con una OSIG [2] normativa. El 58% de los ciudadanos españoles cree que los jóvenes van a vivir peor a lo largo de sus vidas que sus padres, según se desprende de la encuesta ‘Desigualdades y tendencias sociales’ llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y publicada este martes. Todo ello, repercute además en la salud, tanto por las condiciones de la vivienda como tal, incluida la exposición a altos niveles de contaminación atmosférica, especialmente donde la energía limpia es inaccesible o la regulación es insuficiente, como por los entornos alimentarios deficientes y el acceso limitado a zonas verdes para el ejercicio físico y el ocio.
Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Una serie de importantes oportunidades estratégicas han surgido para intensificar estos esfuerzos. La reducción de la desigualdad dentro de los países y entre ellos es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recientemente aprobados. El objetivo 10 obliga a todos los Estados a reducir progresivamente la desigualdad de ingresos para 2030, con medidas que incluyen adoptar políticas fiscales, salariales y de protección social, y mejorar la regulación de las instituciones y los mercados financieros mundiales. A medida que se conciben los planes nacionales para la implementación de los ODS en todo el mundo, la comunidad de derechos humanos debe desempeñar un papel importante para garantizar que realmente se implementen programas sólidos para la reducción de desigualdades, y que estos estén afianzados en los compromisos existentes de derechos humanos y no discriminación. Los líderes políticos de todo el mundo y los organismos de gobernanza económica internacional, como el Banco Mundial y el FMI, expresan cada vez más su preocupación por las consecuencias perjudiciales de la desigualdad extrema, aunque como señala Alston, aún no se han generado cambios de política significativos.
Un fifty six,9% cree que la educación es el principal elemento que afecta a la movilidad social, un forty five,5% asegura que es el esfuerzo personal y el trabajo duro, y un 31,9% opina que el principal factor es la familia. Preguntados por su nivel de vida, un sixty four,5% de los encuestados afirma sentirse «muy o bastante satisfecho» con el mismo, frente a un 30,6% que asegura sentirse «poco o nada satisfecho» y un three,3% que piensa que su situación personal es «regular». Respecto a las expectativas de futuro, el 47,2% cree que su vida mejorará durante los próximos cinco años, un 33,6% opina que su vida empeorará y un 14,5% que su vida seguirá igual.
Así, el eighty three,3% está en desacuerdo con la idea de que «las personas pobres no saben gestionar bien su economía»; el 88,8% cree que «la pobreza infantil necesita una acción urgente y decidida del Gobierno»; y el seventy four,5% está a favor de que «el Gobierno debe garantizar que la riqueza se distribuya de forma justa entre todos los españoles». Sobre la identificación de clase, un forty two,6% considera que pertenece a la clase media-media y un 23,8% a la trabajadora. Para el sixty two,4% de encuestados, su clase social ha cambiado respecto a la de sus padres. Además, el fifty one,9% asegura que ahora tienen «muchas más o más» oportunidades económicas que las que tuvieron sus padres, frente al 37,3% que afirma que ahora hay «menos o muchas menos». Lorena Rodríguez León, titular de la Facultad de Economía, dijo que hablar de la trata de personas es referirse a una violencia extrema que lesiona y socava los derechos humanos más fundamentales; implica la explotación y el abuso de personas en estado susceptible, a quienes se les priva de la libertad y se les arrebata la dignidad. Además, la pobreza afecta tanto a las perspectivas de salud a largo plazo de las personas como a sus perspectivas económicas, debido a sus repercusiones en el desarrollo del niño.
Bachelet aseveró que garantizar la independencia del sistema de justicia es esencial para asegurar el pleno goce de los derechos humanos y el combate a la corrupción y la impunidad. “El 2019 estuvo marcado por las elecciones generales que se llevaron a cabo sin incidentes. Sin embargo, retrocesos en la independencia judicial, y en la lucha contra la corrupción y la impunidad, siguieron ocurriendo”, señaló Bachelet al referirse a Guatemala, país donde, según ella, las nuevas autoridades tienen una oportunidad clave para abordar los retos existentes y proteger los derechos humanos.
Una de cada cinco personas afirma haber sido discriminada por al menos un motivo de discriminación prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. Una de cada seis personas en el mundo ha sufrido algún tipo de discriminación, afectando de forma desproporcionada a mujeres y personas con discapacidad. La discriminación tiene múltiples formas interrelacionadas, desde la religión y la etnia hasta el género y la orientación sexual. Por ello, es urgente adoptar medidas contra todo tipo de prácticas discriminatorias y discursos de odio. La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas. En la mayoría de los países, los ingresos del forty % más pobre de la población aumentaron con mayor rapidez que la media nacional.
Otro de los hallazgos del informe se refiere al hecho de que las desigualdades concentran la influencia política entre quienes tienen mejores condiciones de vida, lo que tiende a preservar e, incluso, agrandar las diferencias. Esto no solo socava la dignidad humana, sino también el estado de derecho y la realización de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Hace más de 30 años, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo reconocía que la desigualdad estaba socavando los derechos humanos de manera inherente. Es vital que en los próximos meses podamos avanzar hacia el establecimiento de una Oficina de país, según mi mandato global de promoción y protección de los derechos humanos”. Urgió también al respeto pleno de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho a la consulta, así como a fortalecer la protección y evitar los retrocesos en la esfera de los derechos humanos.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Haciendo un llamamiento para un desarrollo más equitativo a nivel internacional y nacional, la Declaración destaca la importancia de asegurar la distribución justa de los beneficios del desarrollo y la igualdad de oportunidades para todos en su acceso, entre otros capítulos, a la educación, los servicios de salud, los alimentos y la vivienda. Sin embargo, esto sigue siendo una declaración de aspiración para una gran parte de la población mundial. Por último, la comunidad de derechos humanos en general necesita reconocer que la política fiscal es, en muchos aspectos, una política de derechos humanos, un concepto defendido desde hace tiempo por organizaciones de vanguardia como el Centro por los Derechos Económicos y Sociales.
Por CC.AA., según el 41% de los encuestados, las diferencias entre comunidades han aumentado, el 29,8% cree que han permanecido «más o menos iguales» y un 20,6% han tendido a disminuir. En cuanto a los próximos años, 38,8% cree que tenderán a aumentar, el 40,2% que estarán más o menos iguales y un 15,3% que tenderán a disminuir. El PNUD está implementando enfoques transformadores para abordar las desigualdades de género en América Latina y el Caribe a través del trabajo de sus Laborator… Este trabajo se procura profundizar en las diferencias existentes entre mujeres pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos, de manera de identificar d…
Por ello importa destacara que, de acuerdo con el INEGI, 10% de la población con más altos ingresos del país percibe 50 veces más que el 10% más pobre; el ingreso promedio cayó poco más de 3% entre 2012 y 2014. Los niños nacidos en familias pobres tienen menos acceso a la sanidad, la vivienda y la educación que los de los hogares más acomodados. Los autores que han participado en este debate hasta el momento son algunos de los cada vez más numerosos analistas y profesionales de derechos humanos que están rompiendo el definicion de organizacion sin fines de lucro silencio. A partir de los hilos del debate, este artículo propone cuatro tareas esenciales para el movimiento de derechos humanos conforme enfrenta los desafíos conceptuales, normativos, estratégicos y metodológicos derivados de lidiar con la desigualdad económica. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.