A lo largo de este informe, salvo indicación en contrario, las medidas de pobreza y pobreza extrema se refieren a las medidas regionales absolutas calculadas por la CEPAL. Como vimos en el artículo anterior, formalmente todos y todas somos iguales ante la ley, pero está claro también que se requieren normas que tornen operativo ese concepto, que hagan real esa igualdad formalmente declarada. Y aquí la discusión es amplia, porque las causas de la desigualdad son varias y bastante profundas y están determinadas por cuestiones no menores como la familia en la que nacemos, el territorio que habitamos, los elementos propios de la cultura con la que nos identificamos, incluso nuestras creencias o visión del mundo.
Las dos ediciones anteriores del plan de barrios tenían un presupuesto de 150 millones mientras que en la presente edición serán 200 a los que el Consistorio suma one hundred más de inversión prevista en los presupuestos para estos 27 barrios. 19Realidad que contrasta aún más con la de países como Uruguay, donde las cifras señalan que incluso dentro de los grupos muy ricos, el nivel de riqueza no parece ser extremadamente alto, lo que es parte de la explicación de por qué no hay uruguayos en las listas de ricos publicadas por Forbes (De Rosa, 2019b, p. 34). Refiriéndose al caso chileno, Undurraga (2011) y Álvarez (2015) sostienen que los buenos resultados en los negocios y la gestión privada de las empresas se constituyeron, tras la transición a la democracia, en fuente de autoridad, entregando un nuevo estatus político a la élite económica emergente. En este marco -coinciden ambos autores-, las asociaciones empresariales se transformaron en un punto de referencia para los gobiernos democráticos, sin contrapeso de otros actores de la sociedad, como asociaciones sindicales o movimientos sociales, escenario inimaginable en décadas previas. En la sección 4, mediante la revisión de un conjunto diverso de fuentes, se presentan análisis preliminares de algunos recursos de poder oligárquicos. Estos indicadores resultan útiles en tanto entregan información comparable no solo entre realidades nacionales, sino también entre cortes temporales, sobre la proporción de las dotaciones materiales totales de cada país concentradas en manos de un pequeño segmento de la población -oligarcas-, así como el poder material relativo que ello les reporta en comparación con el de la población promedio.
Así, la diferencia es un término descriptivo, mientras que la igualdad alude a esa forma construida de organización social que hace que todas las personas podamos (o no) ser tratadas como iguales respecto de algo, como criterio de justicia y de distribución, situándose en el plano prescriptivo, normativo, en el mundo de los valores, de los criterios de justicia, de los principios, de los derechos. Goza de cierto consenso en la literatura la afirmación de que la libertad y la igualdad son prerrequisitos de la autonomía, pero el acuerdo comienza a hacerse más complejo cuando continuamos sosteniendo que la fortaleza de la autonomía que las personas ostenten estará conectada de manera directamente proporcional a los niveles de igualdad y libertad realmente disfrutada por los sujetos. Y más aún cuando ponemos en contexto la calidad de vida de la humanidad actualmente, con niveles altísimos de desigualdad que condenan a cada vez mayor cantidad de seres humanos a malvivir en condiciones de pobreza1. Las mujeres y niños sin acceso a asistencia sanitaria mueren cada día de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tuberculosis o durante el parto.
Pobreza, redistribución e injusticia social, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010. A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados. El objetivo era no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas. Una restricción adicional a la vivienda pública se introdujo mediante la Enmienda de Faircloth a las más amplias reformas de asistencia social implementadas en la Acta de Calidad de la Vivienda y Responsabilidad Laboral de 1998.
Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género, y el origen étnico. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad. Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre zero y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país.
Asumo que puede haber preferencias que estén muy arraigadas en las personas y muy extendidas socialmente y que sólo pueden ser modificadas con altos costos personales, mientras que otras pueden ser modificadas fácilmente; pero, por más arraigada que esté, su privación no pone en riesgo la vida y las necesidades básicas de las personas y, si así lo hiciera, dejaría de ser una preferencia43. En las necesidades derivadas de satisfactor adecuado, la relación entre la necesidad y el satisfactor está vinculada a la explicit situación de la persona que lo necesita y que le impide prescindir de estos satisfactores sin producir daño en su vida o en su salud. De manera imprescindible, el vínculo que une el satisfactor en concreto y la necesidad es no volitivo, responde a particulares situaciones que no le son imputables a las personas en términos de voluntad, sino que responden a características biológicas, naturales o de capacidades de los humanos que muestran la misma diversidad humana y las diferentes circunstancias socionaturales que viven, aunque puede existir algún vínculo de responsabilidad42.
En 2018, el 24% de los empleados del grupo analizado trabajaban 60 horas semanales o más en el cómputo global de sus trabajos (el porcentaje oscila entre el 45,8% de México y el 5,8% de Chile, Gráfico 2.16, panel B), lo cual viene a multiplicar por seis la tasa media de la OCDE, que es del 4,2%. Estas tendencias medias enmascaran el hecho de que los salarios de los trabajadores situados en el extremo inferior de la distribución han aumentado en basic a un ritmo muy superior en América Latina durante las dos últimas décadas (Messina and Silva, 2017[18]). Ello ha provocado un descenso appreciable tanto de la desigualdad salarial como de la pobreza activa (Gráfico 2.14, paneles C y D).
A la vez, se ven influidas por las posibilidades de recursos económicos de otras sociedades próximas, con lo están muy relacionadas con la división de las posesiones dentro de una sociedad y con las sociedades próximas. La desigualdad por razón de ingresos, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, raza, clase, etnia, religión, así como la desigualdad de oportunidades, sigue persistiendo en todo el mundo. Es imposible lograr un desarrollo sostenible y mejorar el planeta si se priva a la gente de la oportunidad de tener una vida mejor. La tasa de empleo relativamente elevada de los países analizados enmascara problemas más profundos en cuanto a la calidad y la disponibilidad de oportunidades laborales en la región. Por ejemplo, en los ocho países analizados con series temporales comparables, en 2019, en promedio, el 9,2% de los trabajadores tenían empleos que no les proporcionaban horas de trabajo suficientes (Gráfico 2.eleven, panel B).
La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Estas tres necesidades, las únicas que son objetivables y universalizables porque resultan insoslayables e imprescindibles para la vida humana, desigualdad un análisis de la in felicidad colectiva pdf no están ordenadas jerárquicamente, sino que se relacionan estrechamente de manera interdependiente, por lo que pueden ser reconducidas a la necesidad de salud adecuada, que debe entenderse como comprensiva de todas las exigencias anteriores, especialmente si se les analiza desde los condicionantes sociales de la salud41. Las necesidades básicas lo son por comprometer su satisfacción o insatisfacción una esfera relevante de la vida humana vinculada al mantenimiento de la vida o de lo que se considera vida humana y vida social.
Estos Derechos se crean para buscar el adecuado desarrollo de la infancia, la cooperación internacional en esta materia y que los derechos se apliquen de manera global. Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje. El ausentismo y deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, que afectan el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, otro issue contribuyente a la desigualdad. Distancia, falta de transporte, enfermedades frecuentes, vestimenta inadecuada, falta de útiles escolares, inadecuadas en las poblaciones vulnerables.
A partir de 2014, aproximadamente, el ingreso y el consumo de los hogares se estancaron, y la región comenzó a registrar un descenso de la satisfacción con las condiciones de vida. Aunque hasta 2019 los niveles de desempleo fueron relativamente elevados en la región, datos recientes muestran que la disaster del COVID-19 tuvo efectos negativos sobre el empleo y el desempleo. En el conjunto de América Latina, más de la mitad de todos los trabajadores están empleados en el sector casual y no suelen tener acceso a programas sociales o protección contra el despido improcedente. Por lo que se refiere a la calidad de la vivienda, en promedio y en relación con los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, solo aproximadamente la mitad de los hogares tenía acceso a servicios de saneamiento, y únicamente el 70% tenía acceso a agua potable limpia.
Los datos administrativos también pueden contribuir a la mejora de la calidad de la medición de los ingresos en el extremo inferior de la distribución del ingreso. Muchos países de la región, por ejemplo, han introducido en las últimas décadas las transferencias monetarias condicionadas, si bien no siempre se declaran debidamente en las encuestas sobre ingresos de los hogares.10 Complementar las encuestas de hogares con datos administrativos de las transferencias monetarias condicionadas podría dar acceso a información más precisa sobre la situación de los hogares que cumplen los requisitos. Los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19 van a provocar un deterioro del nivel de vida material en la región, lo cual podría echar por tierra años (o décadas) de avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y seguir ralentizando la convergencia con los países con ingresos más altos.
Garantizar la participación de los grupos e individuos marginalizados en los procesos de desarrollo a gran escala ayuda a reducir las desigualdades sociales. De manera inversa, a menos que se preste la atención necesaria al acceso igualitario, a las oportunidades de aprendizaje y a la calidad de los resultados desigualdad social y derechos humanos del aprendizaje, la educación puede perpetuar las desigualdades existentes o crear otras nuevas. Como consecuencia de la incapacidad tanto del mercado inmobiliario formal como de las políticas públicas para hacer frente a esta situación, cada vez más habitantes urbanos viven en barrios marginales.