La auto percepción de Chile como un país diferente y superior en la región tiene un arraigo muy fuerte en el imagionario nacional. Como fue explorado en una columna anterior, la apelación a que Chile constituye un ejemplo de país ordenado y bien gobernado donde no… En cuanto a la estructura de ingresos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) de 2006, 83,5% del ingreso monetario de los hogares proviene de ingresos por trabajo, compuesto por 64,3% de trabajo subordinado y 19,2% de trabajo independiente. Solo 4% deriva de renta de la propiedad, mientras que 12,4% corresponde a transferencias (jubilaciones, remesas, becas, donativos y regalos).
“Tasas bajas y mediocres de crecimiento hacen muy difícil, por no decir imposible, promover la transformación productiva, reducir la pobreza, reducir la informalidad, crear empleos de alta calidad y generar los ingresos fiscales para políticas sociales de impacto. La teoría de la transición sostenía que la democratización de los regímenes políticos conduciría a la prosperidad económica, lo cual a su vez contribuiría a consolidar las instituciones democráticas. Pero este círculo virtuoso, elaborado sobre la base de la experiencia de los países desarrollados, no se concretó en la práctica. América Latina es una región plenamente democratizada que, sin embargo, mantiene niveles críticos de pobreza y desigualdad.
Lo cual, según expertos, supone un avance y una mejora en la calidad de vida de los más vulnerables del país. En este sentido, recuerdan que, desde la década de 1980, la carga tributaria sobre los ingresos del capital ha disminuido constantemente en las economías avanzadas, mientras que la carga sobre los ingresos laborales ha aumentado. Llevamos eleven años defendiendo un periodismo que dependa sobre todo de las socias y socios, y actualmente es nuestra primera fuente de ingresos. Actualiza tu información para renovar la cuota y evitar la baja de tu suscripción a infoLibre. Por su parte, también hubo un salto en la brecha entre los ingresos de los varones del 24,2% al 27,2% en relación a los ingresos de las mujeres. Silva señaló que desde la fundación trabajan articuladamente con empresas, para lograr que las familias también se alfabeticen, y generar así, una salida laboral.
Sus supuestos metodológicos básicos, como la concepción lineal de los procesos de democratización hasta llegar a un modelo last estático, se encuentran en cuestión. En este contexto, es necesario replantear los enfoques metodológicos y teóricos de la democracia asumiendo el desafío de redefinir las interdependencias entre la política y las variables socioeconómicas. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros.
Los tres productos establecidos podrán complementarse con materiales audiovisuales o piezas destinadas a las redes sociales. El objetivo de estos tres productos (que son requisito mínimo de cumplimiento de los objetivos de la Convocatoria) será promover los diálogos sociales, multiactorales y multisectoriales acerca de los temas abordados por cada equipo. “Sin embargo, esto implica una acción positiva y orientada de su papel legislativo que, a causa de cuestiones ideológicas o de reparto de poder, no siempre se produce o no se hace con intensidad suficiente”, añade, para aclarar que los parches son insuficientes y que es necesario construir un sistema que realmente ponga a las personas en el centro. La desigualdad nos habla de una falta de equilibrio que tiene muchas facetas, al igual que muchas causas y consecuencias. Desde la década de 1980, el abismo existente entre los que tienen y los que no ha crecido en casi todo el mundo desarrollado, incluidas América del Norte, Australasia y Escandinavia, así como en economías en rápida expansión como India. De los latinoamericanos dijo que sus países estaban gobernados en interés de los poderosos, el número más alto desde 2004.
Así, el análisis de las democracias latinoamericanas realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a comienzos del siglo XXI llegó a la conclusión de que la falta de atención a la dimensión social de la democracia erosiona su legitimación. Los primeros intentos de explicar estos déficits llevaron a un esfuerzo entusiasta para describir las democracias asignándoles distintos atributos. Así, se llegaron a constatar no menos de 550 subtipos de democracias (Collier/Levitsky 1995; Carreras) para los apenas 120 regímenes formalmente democráticos existentes en el mundo a fines del siglo XX. Las evidencias empíricas obtenidas por la teoría de la transición demostraron que las democracias latinoamericanas presentan déficits visibles en comparación con las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Burchardt). La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico.
Sin embargo, al concentrarse solo en los actores centrales, su capacidad de explicación de los esquemas de acción que subyacen a los procesos de interacción resulta sumamente limitada. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado.
En el contexto de crisis socio-sanitaria en el cual nos encontramos a raíz de la pandemia por covid-19 observamos como otra vez la pobreza, o más bien, el empobrecimiento que afecta a vastos sectores de la población, vuelven a irrumpir con fuerza en la agenda pública y el debate nacional. Problema y debate público que sin embargo no se agota en la pandemia, sino que se complejiza en el marco del proceso constituyente que vive el país, y de las demandas por mayores niveles de igualdad y justicia social a la base de las movilizaciones sociales de los últimos años, especialmente desde octubre de 2019. A más de treinta años desde el inicio de la transición el país experimenta una irrupción pública de sus conflictos, entre ellos, el de la desigualdad y sus múltiples manifestaciones, incluyendo al área de la política social. Elementos críticos de nuestro sistema de política social que en el marco de los procesos de politización y movilización social que atraviesan a la sociedad chilena han implicado el surgimiento de demandas por políticas sociales de mayor universalidad e impacto distributivo. Un tipo de desigualdad basic –que, además, es acumulativa de generación en generación– se relaciona con la propiedad diferenciada de bienes y recursos para la producción o para la obtención de rentas, tales como tierras, recursos naturales, de capital (inmuebles, equipo y maquinaria) y recursos financieros.
Sin embargo, en la actualidad esos avances se han detenido o incluso hay retrocesos, en el marco de la disaster hegemónica que vive el mundo. 72Por estas razones, enfrentar desigualdad un análisis de la in felicidad colectiva la desigualdad debiera colocarse en el centro de las preocupaciones políticas. Este contrato exige mayores recursos para atender las necesidades de los sectores postergados.
Todo esto en un contexto económico difícil y menos posibilidades de movilidad social a través de la educación. 3El nuevo discurso económico instalado en la cátedra, en la opinión pública y en los partidos políticos, junto a las políticas conservadoras (o neoliberales) que de él se desprenden, se extendió rápidamente a los países subdesarrollados. Desde comienzos de los ochenta, el Banco Mundial, el FMI, los Estados Unidos y la OCDE exigieron a los países de la periferia radicales ajustes estructurales en sus economías –pro-mercado y pro-em-presariales–, como condición necesaria para el acceso a financiamiento externo. América Latina, que en esos años vivía una grave disaster desigualdad y pobreza en el mundo de endeudamiento externo, se vio obligada a impulsar esas reformas, las que transformarían profundamente el modelo de desarrollo que inspiró sus políticas públicas por más de cuatro décadas. La apertura comercial, una economía de mercado con Estado mínimo, el término de las políticas sociales universales y una macroeconómica de riguroso equilibrio fiscal, se convierten en los ejes que caracterizarán la estructura económica e institucionalidad en los países de la región.
Estas disposiciones constitucionales fueron recién eliminadas por el Parlamento a fines de 2004. Sin embargo, no se abolió el sistema electoral binominal, que es, en mi opinión, la base de la desigualdad política y de la desafección ciudadana en las elecciones, especialmente parlamentarias. En efecto, dicho sistema cierra totalmente las puertas a la representación parlamentaria de la tercera fuerza y le entrega a la segunda fuerza un grado de representación que no le corresponde. 22El pacto político entre la derecha y la Concertación, que permitió el retorno a la democracia, se realizó sobre la base de la aceptación de la Constitución de 1980, aprobada bajo el régimen de dictadura.
El primero consiste en calcular la relación que guarda el ingreso medio del decil más rico de la población respecto del correspondiente al decil más pobre. El ingreso monetario promedio por hogar en 2000 del 10% más rico era 35 veces el correspondiente al del decil más pobre. Esta distancia se redujo a 30 veces en 2006, lo que de todos modos sigue siendo una diferencia notable. El segundo indicador es el Coeficiente de Gini, que pasó de 0,501 en 2000 a 0,473 en 2006, lo que muestra una mejora en la distribución del ingreso.Paralelamente, la pobreza también bajó.
El informe revela que el extraordinario crecimiento económico registrado en las últimas décadas ha fracasado en cerrar las divisiones entre los países y dentro de ellos. El 1% más rico de la población tiene cada vez más dinero, mientras que el 40% más pobre obtiene menos de un 25% de los ingresos. En el prólogo al informe, el Secretario General destaca la oportunidad de su publicación cuando “tanto en el norte como en el sur, han surgido protestas masivas, alimentadas por una combinación de problemas económicos, crecientes desigualdades e inseguridad laboral”. Los salarios de la zona sur del país son más bajos que los que se perciben en el norte o en las grandes ciudades. Del mismo modo, los salarios de los trabajadores rurales son inferiores a los de los trabajadores urbanos. Esta disparidad incluso adquirió carácter oficial, ya que durante años los salarios mínimos legales se fijaron según regiones y según si el trabajo period urbano o rural.