En esta misma línea, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo32 ha demostrado para nueve países de la región que aquellos trabajadores que no perciben los beneficios de estar incluidos en el mercado laboral formal (negociación colectiva, vacaciones, aguinaldo, seguro médico) tienen una imagen negativa no solo de sus empleadores sino del Estado en su conjunto. Esos mismos empleados consideran que este último no ha protegido sus derechos, y por ende sienten menos obligaciones de respetar sus obligaciones ciudadanas (obedecer la ley, pagar impuestos, y votar) (Ronconi & Zarazaga, 2015). Por último, en el sector salud también se han venido considerando opciones de política pública que han mejorado, aunque levemente en comparación con la necesidad y el carácter humano de este derecho, el acceso a la salud.
En Septiembre de 2014, el Banco Mundial publicó un informe que muestra como una distribución del ingreso más inequitativa ha contribuido a aumentar la violencia y las tasas de crimen en dos mil municipalidades mexicanas. [27] Por un lado, la desigualdad genera una sensación de injusticia entre las personas en desventaja que les lleva a buscar una compensación por otros medios, incluyendo actividades criminales. Por otro lado, la actividad felony también se puede explicar por un análisis costobeneficio. En este sentido, cuanto más escasas sean las oportunidades económicas para los sectores pobres y mayor sea la brecha de ingreso entre clases, los beneficios económicos de crímenes como robos o secuestros –que muchas veces terminan en homicidios- tienden a ser mayores.
Esto puede agravar la desigualdad económica y generar un círculo vicioso de pobreza y exclusión. En la vida de las personas, la exclusión puede tener un impacto negativo en su autoestima y en su bienestar emocional. Las personas que se sienten excluidas pueden experimentar sentimientos de soledad, tristeza y depresión. en la pobreza y en la riqueza Además, la exclusión puede limitar las oportunidades de las personas en diferentes ámbitos, como el acceso a la educación, la salud, el empleo y la participación en la vida social y política. Muchas personas y familias españolas no son capaces de repartir sus escasos recursos y poder vivir en condiciones dignas.
Lo lógico sería pensar que los que tienen capitales más grandes sean los que más aportes realicen a los sistemas tributarios o de tipo fiscal. Pues no siempre es así, lo cual permite que las clases más favorecidas aumenten sus beneficios y los grupos sociales marginados lo tengan más difícil para ascender en la escala social. Al mismo tiempo existen más mujeres pobres que hombres pobres y aunque hay avances, por ejemplo, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios en la región bajó de 42% en 2002 a 32% en 2011, los logros siguen siendo frágiles e insuficientes y las brechas son aún intolerables[16]. Según la CEPAL, en el año 2015, la tasa de desempleo para las mujeres era del eight,6% en comparación con el 6,6% de los hombres. Al mismo tiempo, mientras que la proporción de mujeres sin ingresos propios en el año 2016 era de un 26,7%, para los hombres esta proporción alcanzaba un 10,6%. Lo cual indica que casi un tercio de las mujeres de la región dependen de otras personas para su subsistencia[17].
Así por ejemplo, quienes migran hacia los municipios más pobres (como Chimalhuacán) desde los municipios vecinos (Iztapalapa, Nezahualcóyotl, La Paz, Iztacalco) cuentan con menos años promedio de educación que los no migrantes, mientras los que emigran de Chimalhuacán son precisamente quienes poseen en promedio mayores niveles educativos (idem). Si los ricos van a escuelas de ricos, la clase media va a escuelas de clase media y los pobres van a escuelas de pobres, las contribuciones del sistema educativo para promover la integración social y evitar la marginalidad son escasas, pese a sus esfuerzos por ampliar el acceso a la educación de los sectores de menores recursos. Tanto la segregación residencial como la segmentación de los servicios reducen los espacios de encuentro socialmente heterogéneos y con ello debilita la base estructural que sustenta la capacidad de empatía y obligación moral y aumentan los niveles de tolerancia a la desigualdad (idem). En cuanto a la primera consecuencia, la no asignación eficiente del mercado de trabajo, daba lugar a postular la existencia de un excedente laboral.
Para contribuir a lograr un cambio duradero, nos movilizamos para transformar los sistemas, políticas y prácticas que tienen mayor impacto en la vida de las personas. Respecto al nivel educativo, al finalizar la década pasada aproximadamente eight de cada 10 miembros de la PEA en el C.B.4 no habían logrado completar el nivel secundario, equivalente a 12 años de educación formal, considerado el capital educativo básico necesario para “aspirar” a obtener un trabajo que les permitirá superar los umbrales de la pobreza (CEPAL, 2004). Este dato es particularmente relevante si tenemos en cuenta que en el nuevo escenario laboral la educación secundaria se ha constituido en una verdadera barrera de entrada para acceder a un empleo protegido y estable, aunque dista de ser una condición suficiente.
Un reto cada vez más documentado tiene que ver con el desencanto de la ciudadanía con la democracia, y vinculado a esto, la erosión de la legitimidad del estado. Azpuruh & Smith (2012, p. 30) señala en un estudio de opinión que en common en las Américas, los ciudadanos están de acuerdo con que el Estado se involucre en la reducción de la desigualdad, y al mismo tiempo la desigualdad persiste teniendo implicancias importantes para el funcionamiento democrático. Otros efectos de la persistencia de sociedades excluyentes se vinculan al aumento de la violencia y otras prácticas antisociales así como el acceso diferenciado a derechos básicos como la justicia o la participación política, en specific para poblaciones indígenas y afrodescendientes. Cada vez son más los que coinciden en que haber adoptado un planteamiento limitado frente al crecimiento económico —en el que se dejaron de lado las consecuencias en términos de distribución— ha dado lugar a una gran desigualdad de los ingresos y la riqueza en muchas regiones del mundo. Los datos presentados en el índice de pobreza multidimensional de 2019 revelaron una escasa relación entre la pobreza y el grado de desigualdad económica, y que dos tercios de los pobres del mundo viven en países de ingreso mediano. Según Oxfam, si se mantiene el grado precise de desigualdad, la economía mundial tendría que crecer one hundred seventy five veces para que todos ganaran más de 5 dólares al día.
Por otro lado, nos encontramos que la apropiación de los recursos naturales por parte de potencias de otros países o su privatización imposibilita que muchas personas puedan llevar una vida digna. Es función de los gobiernos promover un acceso igualitario a los recursos básicos así como garantizar su calidad. Un ejemplo lo encontramos en Ecuador, donde Oxfam Intermón ha estado trabajando para fortalecer la producción y capacidad de autosubsistencia de las familias campesinas.
Junto a los menores niveles de asalarización, los ingresos y beneficios vinculados al empleo formal no fueron tan significativos como en los países de desarrollo temprano (Bayón, 2006). Una visión de la década de los noventa en su conjunto muestra la transferencia de ingresos de los hogares más pobres a los más ricos, en tanto que la posición relativa de los hogares con ingresos intermedios no experimentó variaciones notables. A partir de la entrada en el TLCAN, y como producto de la disaster de 1995 y sus secuelas, no sólo se redujo el dinamismo del crecimiento del poder adquisitivo de los mexicanos, sino que sólo favoreció a 10%, los más ricos, a costa del deterioro de las percepciones reales del resto de los hogares, especialmente del 30% más pobre de la población.
La profundización de la inequidad en el acceso y la creciente diferenciación de la calidad de los servicios de salud y educación contribuyeron a ahondar de manera dramática las distancias sociales entre los sectores más y menos favorecidos. La creciente polarización social fue adquiriendo su expresión espacial en procesos de segregación residencial que rediseñaron y complicaron la geografía social de las ciudades latinoamericanas. Los profundos cambios socioeconómicos que experimentaron las sociedades latinoamericanas en las últimas décadas marcaron el agotamiento del modelo de desarrollo hasta entonces vigente. Esto acarreó una fuerte erosión de los pilares que alimentaban las expectativas de mejoramiento futuro para amplios sectores sociales y afectó con explicit crudeza a los sectores más desfavorecidos.
Después de una contracción del PIB regional, la mejora de la demanda interna y el crecimiento de las exportaciones en América Latina y el Caribe produjeron que el crecimiento económico fuera positivo en 2017 (1,3%). Además, la inflación, en América del Sur, disminuyó de 10,6% en el 2016 a four,9% en el 2017 y en el Caribe de 7,2% a three,7%, fuera del caso extremo de Venezuela que sufre una hiperinflación. A pesar de estos resultados, en Centroamérica y México, la inflación incrementó 2,6% puntos porcentuales pasando de 3 en la pobreza,four en el 2016 a 6% en el 2017[12]. En las cinco elecciones presidenciales que hasta la fecha se han celebrado en Latinoamérica (Costa Rica, Paraguay, Venezuela, Colombia, México), las Misiones Electorales de la OEA (MOEs) han reportado importantes avances en la garantía del voto para los adultos mayores, y para las personas con discapacidad en Costa Rica y Paraguay.
Hoy la concentración de la riqueza y la propiedad de activos productivos no sólo se ha ensanchado, sino que ha venido a ser permeada por capitales de naturaleza ilegal. Se estima que el 1,1% de los propietarios de la tierra en el país tienen más del 55% del territorio cultivable y explotable; con el agravante que, en las zonas ampliamente ricas del agro, cerca de un 30 a 35% de ese territorio sería de propiedad de capitales de dudosa procedencia, ligados al narcotráfico.