Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. Si en medio de la pandemia “el Estado no interviniera de manera excepcional y se dejara operar al sistema tal como está establecido, el resultado sería desastroso”. “La necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas”, dice. Si la gente salió a la calle en octubre, sostiene, fue “para exigir dignidad, igualdad y protección de sus derechos” y la emergencia del coronavirus “mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice”.
Esa conceptualización, dice Méndez, es relevante porque no es solo que los recursos estén distribuidos desigualmente, sino que establece brechas imposibles de ser remontadas, «entonces nuestro principio de igualdad entre los seres humanos es violado». Entonces, ejemplifica, las probabilidades que un niño o niña que vive en la comuna de La Pintana pueda desarrollar todos sus talentos, está estructurado en este arreglo institucional y espacial. «Teniendo los talentos, va a un colegio de mala calidad, con un estigma territorial, convive con pobreza. Entonces esa brecha nunca la podría remontar. Esa diferencia, esa brecha, se considera injusta porque viola su principio de igualdad, porque no es lo mismo que puede lograr esa niña que otra que vive en un barrio privilegiado». Begoña Ayarza, abordó en su presentación los puntos mínimos y urgentes que el sistema de salud necesita que no necesariamente dependan de una reforma completa a la salud. El uso de la vacunación en humanos y animales, es una forma muy efectiva de evitar que se infecten y por consiguiente, evita la necesidad de utilizar antibióticos.
En consecuencia, la red hospitalaria pública donde existen camas UCI o UTI está compuesta solo por forty one establecimientos a lo largo del país, que tienen el equipamiento y el private especializado para tratar los requerimientos pediátricos de mayor complejidad. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. La implementación del aborto por plazos, que establezca una edad gestacional límite como ocurre en otros países, sería una oportunidad de hacernos cargo del aborto inseguro, que representa una carga desproporcionada para las mujeres y para el sistema de salud. Texto escrito por Andrea Alvarez Carimoney, Académica de la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. La OMS calcula que los gobiernos podrían esperar un retorno de unos 10 dólares por cada dólar invertido en la prevención y atención de enfermedades no transmisibles que incluyan a las personas con discapacidad.
Esta plataforma, en la que también colaboran ONU Mujeres y la consultora Mercer, busca contribuir a la sensibilización y capacitación de la población respecto de la brecha salarial de género en Chile. En ese contexto es que el pasado 16 de noviembre se presentó en nuestro servicio la evaluación de la brecha salarial de género en nuestra institución, tomando como referencia los años 2015 y 2019. Calcular la brecha salarial de género es lo que permite la plataforma interactiva NiMásNiMenos, iniciativa creada por la Universidad de Talca (U. de Talca) en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y en la que nuestra Superintendencia es una de las instituciones asociadas. Además, según el estudio, el saldo también se vio afectado en mayor medida para las mujeres que para los hombres producto de los retiros de fondos.
Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más susceptible como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros. Debido a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos. Y es entonces que se hace urgente la implementación de un Piso de Protección Social smart a los derechos de la niñez, que permita hacer frente a las brechas y desigualdades que existen en Chile, estableciendo condiciones para que todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno, que permita el desarrollo de sus potencialidades. Sin embargo desde la década de los años 80, el Estado ha sido reducido en su rol y financiamiento respecto al ámbito de protección social, dado los cambios del modelo neoliberal y de menores ingresos vía impuestos. Ello cual repercute en forma crónica en el financiamiento de programas en relación a su cobertura legal.
Esta realidad tiene altos impactos y costos para la estabilidad de la sociedad en su conjunto y debilita, directamente, el ingreso de las personas a las oportunidades de progreso que ofrecen las ciudades. Si bien estas mediciones son independientes entre sí (estar en situación de pobreza por ingresos no supone, necesariamente, encontrarse en situación de pobreza multidimensional y viceversa), en conjunto, ayudan a construir un diagnóstico global en torno a la magnitud y características de los hogares y personas que se encuentran en situación de pobreza en el país. La medición de pobreza por ingresos identifica al conjunto de hogares cuyo ingreso complete mensual no supera el valor de la línea de pobreza y que, por tanto, no cuentan con ingresos suficientes para satisfacer el consumo de un conjunto básico de bienes alimentarios y no alimentarios.
Los académicos de la Universidad de Chile Mariela Muñoz, Guillermo Zepeda y Cristián Rebolledo destacan la medida, comparten algunas recomendaciones y reiteran el llamado a vacunarse. La Escuela de Salud Pública tiene un quehacer diverso, teniendo como desafío integrar los temas de la sociedad en su conjunto, actualizando el conocimiento en torno a los distintos procesos que afectan la salud y proponiendo una reflexión crítica. Estos riesgos son producto de “factores evitables, injustos y poco equitativos” y no por las condiciones de discapacidad de cada persona, dice el informe. La suma de estos financiamientos representa aproximadamente el 7% del PIB de Chile, y el informe concluye que la principal fuente de financiamiento de la salud proviene del gasto de las familias. Otra fuente de financiamiento del gasto en salud en Chile son los aportes directos que hace el Estado tomando recursos recaudados por impuestos generales. Para atacar específicamente la falta de especialistas el gobierno actual está desarrollando un programa que pretende formar 4.000 médicos especialistas, aumentando el aporte a las universidades para que puedan ampliar sus cupos.
En cuanto a la proporción de enfermeras por cada médico, los mayores déficits se muestran en las regiones de Aysén y Valparaíso. Esa exclusión social y diferencia en el trato es una de las «expresiones más sensibles y menos estudiadas de las desigualdades económicas», plantea el informe «Desiguales» sobre brecha social en Chile realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2017. «En Chile las desigualdades cristalizan en modos de interacción, en cómo las personas son tratadas, en cómo el respeto y la dignidad se confieren o deniegan en el espacio social», describe el documento. Chile fue el país del estudio donde más personas (45%) escucharon a un amigo o familiar decir un comentario sexista sobre una mujer, mientras que tres de cada diez personas (30%) vieron ejemplos de discriminación de género en el trabajo. La mayor densidad de cotizaciones para mujeres y hombres en el sistema de pensioned chileno se ubica en los tramos de edad de años, de años y años.
No obstante, es importante precisar que las publicaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (y, antes por el Ministerio de Planificación) con anterioridad al mes de enero de 2013 consideraron la metodología de medición de pobreza por ingresos que estuvo vigente hasta entonces. Por lo mismo, sus resultados no son comparables a los resultados que han sido difundidos a contar de dicha fecha. Los resultados de la medición de pobreza por ingresos, considerando la metodología de medición establecida en enero de 2015 por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se encuentran disponibles de manera retrospectiva desde el año 2006. A su vez, cada una de estas dimensiones está integrada por tres indicadores dicotómicos que permiten observar si el hogar presenta o no algún tipo de carencia. La suma de carencias que enfrenta el hogar determina si el hogar y todos sus integrantes se encuentran o no en situación de pobreza multidimensional. Cuando un hogar acumula un 22,5% ó más de indicadores en carencia sobre el whole de indicadores que conforman la medida, dicho hogar se encuentra en situación de pobreza multidimensional.
La Encuesta Casen es realizada regularmente por Ministerio de Desarrollo Social y Familia (antes Ministerio de Planificación, MIDEPLAN) desde el año 1987, cada 2 ó 3 años. Adicionalmente, desde el año el Ministerio de Desarrollo Social y Familia ha contratado, a través de procesos de licitación pública, a proveedores externos con el objetivo de ejecutar procesos de supervisión asociados al levantamiento de la Encuesta. Su exposición resaltó la importancia de comprender el recorrido desigualdad infantil histórico que llevó a la creación de este sistema, destacando los desafíos y logros alcanzados en el camino hacia una salud más inclusiva y solidaria. La exministra concluyó que «la promesa que el Estado de Chile le hace a la gente» no se está cumpliendo y que hay varios puntos en los que estarían de acuerdo para mejorar, como la descentralización de la inversión pública, planes de formación regional, y tomar decisiones con más fundamento en evaluaciones de tecnología sanitaria.
Destaca el conjunto de factores denominados “determinantes sociales” que influyen en el desarrollo y desigualdad en salud influyendo de modo diferencial en la carga de enfermedad y muerte y la existencia de inequidad injusta y evitable en salud. Un estudio reciente realizó un análisis a nivel mundial, analizando un whole de 7.876 cerebros con resonancia magnética estructural, en 139 sitios de 29 países diferentes del mundo, y señala que, en países con mayor igualdad de género, los cerebros de hombres y mujeres se parecen más, y se observan muy pocas diferencias en la estructura cerebral entre géneros. Sin embargo, en países con indicadores de desigualdad de género más acentuados, las diferencias en la estructura cerebral son más notables, afectando áreas cerebrales relacionadas con procesamiento emocional, resiliencia a la adversidad, y respuestas a la desigualdad, así como con depresión y otros problemas de salud mental. Los efectos de la pandemia de la COVID-19 podrían revertir los escasos logros que se han alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.
A partir de los hallazgos se recomienda tomar medidas inmediatas para avanzar en la consolidación de un Sistema de Protección Integral de la Niñez, e implementar un Piso de Protección Social sensible a los derechos de la niñez. Desde hace más de seis años que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas viene llamando la atención de Chile respecto de la importancia de contar con un Sistema de Protección Integral de la Niñez desigualdad en pandemia que garantice el adecuado ejercicio de sus derechos. Conversamos con Paula Pacheco, Especialista en Políticas Sociales de UNICEF, sobre los principales resultados del estudio y las recomendaciones que emanan de la investigación. Explica que para niños, niñas y adolescentes vivir en contextos de pobreza y vulnerabilidad les impide el acceso oportuno a prestaciones universales, lo que limita fuertemente su trayectoria de vida y su vida adulta.
Scuro también expuso sobre la evidencia internacional en materia de discriminación en los sistemas de pensiones de los distintos países y cómo este fenómeno se relaciona con el funcionamiento del mercado laboral. «La región está avanzando en reconocer que el financiamiento contributivo no tiene que estar asociado únicamente al estatus laboral de las personas», sostuvo. Uno de los puntos destacados por la investigadora en su presentación fue el desarrollo de la agenda regional de género en materias de seguridad social, iniciativa que compromete a los gobiernos de la región a impulsar acciones para disminuir la desigualdad en todas sus expresiones. Las brechas de género en los sistemas de seguridad social de Latinoamérica fue el tema de la charla a cargo de una representante de la división de Asuntos de Género del organismo, Lucía Scuro.
Además, señaló una significativa reducción en el gasto de bolsillo de los chilenos, que ha disminuido del forty two,3% en el año 2000 al 29,7% en 2022, aunque aún está por encima del promedio de la OCDE, que oscila entre el 18% y el 20%. “Tenemos cobertura universal formal, alcanzando un 99,4% de la población, pero nos preocupa que esta cobertura sea efectivamente de calidad en todas sus dimensiones”, enfatizó. De esta manera, resulta esencial la generación de políticas públicas que vengan a entender y abordar eficazmente el contexto actual, con una perspectiva del impacto de estas brechas en las mujeres desde la interseccionalidad, la interculturalidad y la intergeneracionalidad. Pero acotar la solución a las desigualdades de género a la sola generación de políticas públicas es insuficiente.