Según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Alerta Niñez es un instrumento preventivo que “identifica el conjunto de condiciones individuales, familiares, del entorno y de los pares de los niños y niñas y adolescentes, que tienden a presentarse cuando existe un riesgo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes”. El sistema se basa en el procesamiento estadístico de grandes cantidades de datos provenientes de organismos públicos para calificar a la población menor de 18 años, ordenando a las personas según su probabilidad de sufrir vulneraciones. Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza material es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud psychological, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas. También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones».
Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Las desigualdades sociales contribuyen a las desigualdades educativas porque restringen la habilidad cognitiva y no cognitiva. Según un estudio del Economic Policy Institute sobre niños y niñas de guardería del año 1998 y 2010, hay un hueco de desempeño entre los niños en el nivel socioeconómico más bajo y más alto que persisten entre ambas clases.
Esa promesa debería ser transversal a toda la sociedad y no estar reservada para aquellas personas que puedan costear las mejoras, o que puedan pagar el precio de no tener que someterse a aplicaciones abusivas de la tecnología. Estos desarrollos y despliegues tecnológicos no deberían resultar en una nueva forma de discriminación que profundice otras desigualdades como un daño colateral que debemos asumir en favor de un supuesto bien mayoritario. Aprovechándose de las deficiencias de nuestros sistemas legales y explotando sus áreas grises, la industria ha impulsado agresivamente un tecnosolucionismo chauvinista, abrazado irresponsablemente por una clase política con ganas de figurar a la sombra de una idea desigualdades entre paises en un mundo globalizado tristemente reducida de progreso. Así, el negocio se transforma en la promesa de un beneficio acotado, que se consigue a costa de los derechos de quienes no tienen más opción que someterse al escrutinio constante, a la vigilancia, al management, a la discriminación. Hablar de desigualdad en América Latina es hablar de la ponderación que se hace entre los derechos de quienes pueden acceder a otras posibilidades y quienes no.
El Informe Mundial sobre la Equidad Sanitaria para las Personas con Discapacidad asegura, también, que existe un mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas, con hasta el doble de riesgo de tener asma, depresión, diabetes, obesidad, enfermedades bucodentales, de transmisión sexual y los accidentes cerebrovasculares. En efecto, y solo como ejemplo, en marzo 2021 solamente algunos Servicios de Salud cuentan con oncólogos médicos, especialistas en medicina nuclear o geriatras como parte de su dotación efectiva. Si en los hospitales públicos de Santiago trabaja el 40% de los especialistas, en los de la Región de Tarapacá sólo lo hace el 1.5%, en Aysén el 1.4% y en Magallanes, el 1.6%. Este fenómeno se conoce como inmunidad colectiva, de grupo o solidaria y es posible cuando se mantienen tasas altas de vacunación cercanas al ninety – 95%.
Planteamos que surge, a lo menos, una duda razonable ante la afirmación de que los sistemas de salud no tienen capacidad de incidencia sobre los factores estructurales. Existe un rol relevante de los sistemas de salud relacionado con su ámbito de influencia en las agendas políticas nacionales, al ser los representantes institucionales de un sector de alta estima para la ciudadanía y que es un riesgo desconocer. Esto se puede comprender en la lógica de salud como poder blando desde la perspectiva de Nye [23], en tanto su influencia se da a través de la cooperación o persuasión con otros sectores, mas no por coerción ni por el potencial uso de la fuerza.
En un esfuerzo inédito por acercar la evidencia científica al debate público, un grupo de investigadores crearon una base de datos de acceso abierto que permite un análisis más sistemático de la desigualdad a nivel global. Tal como lo fue en la dictadura de Pinochet, reemergen memorias de resistencia y de autoorganización social (Gatica, 2017). Así es como en poblaciones de las comunas del Gran Santiago, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, entre otras, se instala la olla común, que en algún momento fue una respuesta frente a un problema de salud pública como la desnutrición infantil, y que hoy resurgen como experiencias de autogobernanza native frente al hambre. En este sentido, la respuesta organizativa a nivel territorial ha sido fundamental en responder a las necesidades alimentarias y paliar las desigualdades socioeconómicas (imagen 2).
Salud Un Derecho señala que los afiliados a los seguros privados de salud aportan montos adicionales de su sueldo para cubrir los planes de salud privados que son más caros. El consultor de la Oficina Panamericana de la Salud, César Gattini, señaló, entrevistado para el informe, que “el punto de la formación, si lo concentramos sólo en las especialidades médicas, es una brecha que no se puede resolver, aunque gastemos lo que gastemos en PIB nacional, porque no es una discusión de recursos, es una discusión de modelo”. Para atacar específicamente la falta de especialistas el gobierno actual está desarrollando un programa que pretende formar four.000 médicos especialistas, aumentando el aporte a las universidades para que puedan ampliar sus cupos. Sin embargo, señala el informe que “este esfuerzo se encuentra con la realidad de que una vez realizada la beca, muchos de ellos/ellas migran al sector privado”. Según los datos reportados en el informe, más de un millón y medio de personas se encuentran en espera de atención médica y 240 mil aguardan una cirugía para patologías no AUGE, al mes de agosto de 2016. Al finalizar sus palabras, remarcó que “solo si actuamos unidos, hombres y mujeres de todas las etnias, culturas y procedencias, lograremos alcanzar el desarrollo integral de nuestros pueblos, y construir un mundo justo, libre, igualitario y fraterno”.
Texto escrito por Andrea Alvarez Carimoney, Académica de la Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Una importante dimensión de su aporte ha sido desarrollar centros de investigación y laboratorios que generan conocimientos en los temas prioritarios de salud en cada territorio. Asimismo, las universidades regionales integran sus actividades de formación e investigación con los programas de extensión y vinculación con las comunidades de su entorno. Finalmente -según la OCDE- Chile tiene un gasto privado mayor que el público, y de todos los países de la OCDE, los únicos otros que presentan esta misma estructura son México y Estados Unidos. El informe de Salud Un Derecho también llama la atención sobre el gasto whole en salud en Chile, el que queda por debajo del promedio de los países de la OCDE.
[17] Por ejemplo, en Estados Unidos, los actuales precandidatos presidenciales del partido demócrata Bernie Sanders y Elizabeth Warren han propuesto impuestos a la riqueza con tasas máximas de hasta 8% y 6%, respectivamente para fortunas del orden de 1 billón de dólares (es decir, fortunas con una cantidad importante de ceros). [13] Es importante mencionar que esta gran diferencia se explica principalmente por las contribuciones a la seguridad social ya que, a diferencia de Chile, en common los países financian programas de seguridad social con componentes solidarios con estas contribuciones. El más exhaustivo de estos impuestos es el impuesto a la riqueza, el cual se paga sobre el complete del valor del patrimonio de un individuo. El foco del impuesto a la riqueza son solo los mayores patrimonios, por lo que en basic su diseño exime a la mayor parte de la población de este impuesto.
En la Corporación Matria Fecunda, trabajamos colaborativamente hace cinco años junto a otras 26 organizaciones chilenas por una ley de parto respetado y prevención de la violencia gineco-obstétrica. El corazón de la ley es promover experiencias de parto en las que primen el respeto, buen trato, autonomía, información y garantía a derechos fundamentales para experiencias positivas de parto. El proyecto avanza, aunque hay grupos entre los que no ha sido fácil articular el respaldo, por resistencias gremiales y políticas.
Santiago tenía 227, cifra muy superior a las 132 de Coquimbo, las 153 de O’Higgins o las 154 en Tarapacá. El acceso a los fármacos es important para asegurar la calidad de vida y, en muchos casos, la vida misma de las personas. En Chile su acceso es negado a muchas personas por el elevado precio o por la distribución geográfica de las farmacias, o sea, por discriminación socioeconómica y/o territorial. La Constitución de la República de Chile, artículo 19º, asegura a todas las personas igualdad ante la ley.
La distancia al hospital y las barreras de movilidad son factores cruciales para considerar, ya que cuanto más lejos se encuentran las instalaciones hospitalarias públicas, menor será la frecuencia de uso de las camas hospitalarias en esas áreas periféricas o rurales. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Podemos multiplicar las iniciativas para combatir las discriminaciones y violencias que son víctimas las niñas, jóvenes y mujeres en el sector salud y educación, provocar cambios profundizando la valoración de sus competencias, derechos y capacidades en todos los ámbitos. También resulta elementary tener en cuenta que las desigualdades de género impactan en la población masculina estereotipando y forzando comportamientos nocivos y violentos que no contribuyen a la integración social.
El impuesto óptimo balancea estos dos efectos y, para sorpresa de muchos, aun considerando sus potenciales efectos distorsionadores, la literatura ha concluido que debe ser bastante altos. En simple, éste consiste en que las personas paguen todos los años una proporción determinada de sus ingresos. Considerando que los ingresos totales provienen de distintas fuentes con distintas particularidades (trabajo, empresas, mercado financiero, and so forth.), su diseño es complejo y varía mucho entre países. Si bien estos indicadores aún no alcanzan la relevancia que tiene el coeficiente de Gini en el debate público, en parte porque su disponibilidad es más reciente, hoy son el estándar en el debate académico sobre desigualdad.
Es reconocer que son seres humanos y titulares de sus propios derechos, al igual que los adultos. Estos Derechos se crean para buscar el adecuado desarrollo de la infancia, la cooperación internacional en esta materia y que los derechos se apliquen de manera global. Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa. La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno felony desigualdades en salud ejemplos e incluso en casos extremos, al tráfico de personas.