A pesar de los buenos resultados expuestos y la pequeña diferencia promedio en la esperanza de vida, existen otras inequidades en el ámbito de la salud, como son el acceso al sistema de salud, los tiempos de espera hospitalarios y la cantidad de centros médicos o de profesionales de la salud disponibles por habitante, en cada una de las regiones. A través de un análisis de convergencia, se concluye que en Chile, las regiones más pobres y desiguales, tienden a crecer más que aquellas más ricas y equitativas. Es decir, las regiones más perjudicadas convergen buscando alcanzar a los territorios más favorecidos del país. Lo que marca la desigualdad en Chile, es el aún elevado nivel de desigualdad y su persistencia, a pesar de la mencionada convergencia.
Si bien existe la conciencia a nivel público y privado del costo medioambiental, los esfuerzos para cubrir las externalidades negativas, a través de nuevas tecnologías e impuestos energéticos, no han sido suficientes (OCDE, 2013). Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy probable que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen.
La literatura académica sugiere que los impuestos óptimos al ingreso de los individuos en la parte más alta de la distribución deberían ser altos (estimaciones sugieren que podrían llegar a 73%, e incluso sobre el 80% si existe apropiación de rentas no productivas). Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva. Diremos que una política es progresiva si es que ésta mejora la distribución de ingresos, es decir, si los impuestos y transferencias conllevan a distribuciones más igualitarias que las que se observan en el mercado. Por el contrario, una política que empeora la distribución del ingreso se outline como regresiva. 10Esto ya que en el país conviven empresas transnacionales exportadoras, con altas rentabilidades, junto con la pequeña y mediana empresa y microempresas informales de baja productividad, que se concentran en el mercado local y con escasos vínculos con la gran empresa.
En contraste, el 73% de los estudiantes en el grupo socioeconómico más bajo está bajo el nivel esperado. Para los autores, esto llama a priorizar con urgencia a los establecimientos de bajo desempeño que educan a los niños y niñas más vulnerables. En la ocasión, Scuro, quien es oficial de la División de Asuntos de Género del organismo internacional, dio a conocer los principales contenidos del libro Las mujeres en los sistemas de pensiones de América Latina, del que fue coautora. Se conocen como micromachismos aquellas conductas y prácticas cotidianas que ponen a la mujer en una situación de inferioridad respecto del hombre de forma sutil y que están tan naturalizadas socialmente que no las identificamos con facilidad. Por lo mismo, el levantamiento de información desde los propios funcionarios y funcionarias cumple el doble propósito de ayudarles a tomar conciencia de aquellos comportamentos y, al mismo tiempo, orientar el trabajo del comité para ayudar a erradicarlos. La incorporación de DASU al comité tiene especial relevancia, ya que sus analistas son la cara seen de la Superintendencia de Pensiones ante la ciudadanía y, además, recogen de primera fuente la realidad de usuarias y usuarios del sistema de pensiones y el seguro de cesantía.
En cada una de las regiones, en 2015, las diferencias van de los cuatro años (Arica y Parinacota) a los casi seis años de diferencia en Los Lagos, a favor de las mujeres. A continuación esta sección analiza la pobreza en Chile, un fenómeno complejo de definir y medir, entendido como una condición privativa, en la cual las personas carecen de recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas como vivienda, alimentación, vestuario o salud. Además, es un término asociado a otros fenómenos negativos, como la desigualdad y la falta de oportunidades, afectando el bienestar de la población (Ministerio de Desarrollo Social, 2011). En la literatura económica, desde hace décadas, existe consenso en que un país o territorio no debe ser evaluado únicamente por sus indicadores económicos de productividad, sino que también por su capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad, ambos conceptos entendidos como males para una sociedad (Gasparini et al., 2014). Al ser la pobreza reconocida como mal social, no es de extrañar que sea un concepto ampliamente estudiado y que sea propósito de cada Gobierno reducirla al máximo.
Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia. Las personas de mayores ingresos ahorran más, y por lo tanto el consumo representa una menor proporción de sus ingresos comparado con las personas de menores ingresos. Algunos columnistas han especulado que esto se debe a la ineficiencia del Estado en las transferencias.
Y es precisamente eso lo que nuestra Superintendencia está recordando esta semana a través de los contenidos que el Departamento de Desarrollo de las Personas ha elaborado y compartido para concientizar entre quienes formamos parte de la SP sobre la importancia de un trato no discriminatorio y, por sobre todo, no violento, en ningún ámbito de la vida. Cada 25 de noviembre se busca concientizar a la población mundial sobre la importancia de erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas. Tanto sus cuentas de redes sociales como el sitio web de NiMásNiMenos incluyen diversos cursos de e-learning con información relevante para la ciudadanía en esta materia y pretende también ser una guía para que las empresas puedan en el mediano plazo evaluar su propia brecha salarial. Además, según el estudio, el saldo también se vio afectado en mayor medida para las mujeres que para los hombres producto de los retiros de fondos. Al comparar los saldos acumulados entre julio de 2020 y julio de 2021, se observa una disminución en términos reales de 21,1% para el caso de los hombres y 24,7% para las mujeres, lo que evidencia que la medida de retirar los fondos de pensiones impactó más en las afiliadas que en los afiliados. Respecto del seguro de cesantía, se flexibilizó su acceso entre 2020 y 2021 con el fin de hacer frente a la pandemia por el COVID-19.
Además de crear limitaciones al acceso a servicios públicos para grupos históricamente marginados de la población, los sistemas de identificación obligatoria y biométricos implican una “sobrevigilancia” hacia esos grupos. No se sabe cómo son utilizados, agregados y compartidos los datos recolectados de esos grupos, ni parece proporcional exigir un nivel tan alto de información para la entrega de beneficios limitados o condicionados. En el caso venezolano las bases de datos biométricas provienen del sistema electoral, para ser utilizadas tanto por operadores estatales -incluyendo funcionarios de migración y policías- como por cajeros de supermercados y farmacias, sin ningún tipo de requisito authorized previo.
En la versión 2021 del reporte del Banco Mundial, países como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Suecia lograron una puntuación de 100 en el índice, lo que los sitúa muy por sobre Chile, que con 80 puntos se ubica en el lugar 91 de los one hundred ninety que componen el rating. Cabe señalar que desde el año 2019 sólo 27 economías de todo el mundo han promulgado reformas que apuntan a avanzar hacia la equidad de género, siendo Chile una de ellas. El grupo también está compuesto por Portugal, Nueva Zelandia, Austria, Eslovenia y Brasil, entre otros países. De acuerdo con el informe, lograr la igualdad jurídica de género requiere un esfuerzo establecido por parte de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Las reformas jurídicas y regulatorias pueden servir como un acelerador importante para mejorar las vidas de las mujeres, sus familias y comunidades. La directora gerenta de Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial, Mari Pangestu, advierte que «si bien es alentador que muchos países hayan tomado medidas proactivas para ayudar a las mujeres a atravesar la pandemia, está claro que queda mucho por hacer, especialmente en materia de licencia parental e igualdad salarial».
Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud mental, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas desigualdad en el acceso a la salud punitivas. También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». La desigualdad, sobre todo aquella que hiere la convivencia humana, no es un problema que inquieta solo a la sociedad chilena.
Por su parte, las regiones con mayor desarrollo humano, como era de esperar, fueron la Región Metropolitana y la región de Magallanes, con resultados comparables actualmente con México y Santa Lucía respectivamente, países con alto nivel de desarrollo humano. Respecto del año 1994 las regiones que mejoran son Magallanes, Aysén, desigualdad en la pobreza Coquimbo y Antofagasta. Por su lado, mantienen su posición relativa, las regiones Metropolitana, de Los Lagos, de La Araucanía, del Biobío y del Maule. Mientras que bajan de posición relativa las regiones de Tarapacá (aunque continúa dentro de las con mayores logros de desarrollo humano), Atacama, O’Higgins y Valparaíso.
Por modesto que sea este ejercicio de discernimiento en medio de los turbulentos acontecimientos del presente, nos anima la esperanza formulada por el Concilio Vaticano II (1965) en la constitución Gaudium et spes, de que “la fe […] orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas” (n° 11). El 1% más rico de Chile, durante los últimos 50 años, ha recibido entre el 17 y 26% de los ingresos del país. ¿De qué manera esta concentración de ingreso determina la posibilidad de acceder a espacio… «Hay un reduccionismo conceptual terrible en eso. Es impresionante y la falta de profundidad del tema, es decir, tener una sociedad más igualitaria contribuye a la paz social, contribuye al crecimiento económico, contribuye al desarrollo económico». «Llevamos décadas diciendo que Chile en términos de distribución de ingresos, tenemos una alta desigualdad y no mejora incluso después de algunas medidas redistributivas. Del punto de vista de la desigualdad materials, está claro que no la hemos logrado podido revertir eso», detalla Méndez. Estos hallazgos subrayan la importancia de entender cómo las políticas y las estructuras sociales influyen en la biología, donde la desigualdad estructural y la estructura cerebral están íntimamente relacionadas.