Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Entre 1990 y 2017 Chile fue reconocido a nivel mundial tras avanzar significativamente en la reducción de la pobreza, desde un sixty eight,5% de la población a un 8,6%.
Sachs (2015) concluye firmemente que el rol de estos mismos es basic a la hora de fomentar o mermar la desigualdad. Se observa en el (Gráfico 8) que en 1955, en promedio, los chilenos no alcanzaban a completar la enseñanza primaria (8 años), llegando a este nivel solo a partir de 1990. En 2014 el promedio fue de 9,8 años, por debajo de la educación obligatoria en el país (12 años) y de los años de escolaridad esperada de acuerdo con el PNUD (15,2 años para 2014). El país busca facilitar cada vez más el acceso a estudios superiores, de hecho la política pública pretende que a través de becas y créditos la educación esté al alcance de la población económicamente más susceptible. Agostini y Brown (2007; 2010) realizaron un estudio a nivel desagregado de las desigualdades chilenas, logrando obtener un índice de Gini comunal11. Los resultados confirmaron la mencionada heterogeneidad del territorio chileno, obteniendo Ginis que van de 0,forty one a 0,63.
Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy probable que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero.
Además, el indicador no hace referencia a la desigualdad de ingresos tampoco, dejando este aspecto abandonado al momento de evaluar sus avances. Por consiguiente, si bien la hipótesis propuesta sobre que esta estrategia se basa principalmente en la reducción de ingresos, no está equivocada, pero sí estaría incompleta, de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos, sí se encuentra presente en las políticas analizadas, sin embargo, no es la única dimensión que se considera en ellas. Ya se estudió uno de sus componentes, el ingreso, por tanto, en esta sección se estudiarán otros dos, la educación y la salud. En este apartado se examina el desarrollo económico del país, evaluado a través de índices de desarrollo humano (PNUD) y el índice de desarrollo regional (Vial, 2017) y a continuación se evalúa la desigualdad social en dos aspectos muy controversiales actualmente en el país, educación y salud.
Si bien esta operación aritmética no se acerca a ser una aproximación exhaustiva para comprender los determinantes del conflicto social, logra dejar ver una tendencia clara que puede entregar luces respecto a alguno de los orígenes del descontento del país. A modo de ejemplo, el Gini de la Región Metropolitana para el año 2017 es de zero,50, levemente por sobre el de Chile (0,49), pero muy por sobre el de otras regiones, tales como la de O’Higgins (0,40), Arica y Parinacota (0,41), Tarapacá (0,42) y Antofagasta (0,43). De hecho, el segundo lugar del rating de desigualdad en Chile lo ocupan La Araucanía, Aysén y Los Ríos, todas con coeficientes de Gini de 0,forty seven, lo que constituye una diferencia no menor respecto de la Región Metropolitana y del promedio nacional. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública.
En este sentido, Oestreich (2018 ) propone que, si bien hay una meta para las oportunidades y los resultados de esta misma, en ninguna parte se mencionan los factores que dan origen a estas disparidades en primer lugar. Así, se corre el riesgo de seguir perpetuando las estructuras internacionales y nacionales que promueven de una u otra forma las desigualdades en y entre los países. Por otro lado, se critica la mala relación que existe entre sus metas y los indicadores propuestos (Donald & Lusiani, 2016). Como se ve en la Tabla 2, no todas las metas son cuantificables y, por consiguiente, de difícil monitoreo sin los indicadores adecuados. Por ejemplo, la meta 10.2 sobre promover la inclusión, tiene como indicador “Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad”.
Los resultados 2017 (seis dimensiones) muestran que las regiones con mayor IDERE son La Metropolitana y Magallanes, mientras que los peores resultados los presenta La Araucanía y el Maule, sin embargo, son de las regiones con mayor progreso durante el período evaluado. Al parecer se cumple el principio de convergencia, ya que algunas de las regiones con menor índice, son de las que más mejoran, mientras que las de mayor desarrollo tienen un progreso más lento (Metropolitana, Antofagasta, Valparaíso y Magallanes). La excepción a este comportamiento ha sido Arica y Parinacota, que a pesar de su relativamente bajo IDERE, ha experimentado menor evolución en el período analizado. [18] La evidencia disponible sugiere que considerando la suma de los impuestos corporativos y el impuesto a la renta, el 2009 el 1% más rico pagaba en promedio una tasa efectiva de 15%. [17] Por ejemplo, en Estados Unidos, los actuales precandidatos presidenciales del partido demócrata Bernie Sanders y Elizabeth Warren han propuesto impuestos a la riqueza con tasas máximas de hasta 8% y 6%, respectivamente para fortunas del orden de 1 billón de dólares (es decir, fortunas con una cantidad importante de ceros).
Acorde con la CASEN, los años de escolaridad promedio del país son 11, con una leve diferencia por género, eleven,2 años para los hombres y 10,9 en el caso de las mujeres. Esta diferencia, aunque pequeña, se ha mantenido en el tiempo y es el mismo comportamiento presentado por Barro y Lee (2010). Otros datos interesantes que nos entrega la CASEN en materia de educación, es la diferencia de escolaridad por lugar de nacimiento y pertenencia a una etnia. En Chile, en el año 2015, el promedio de escolaridad para una persona nacida en el país era de eleven años, y para un inmigrante (cuya madre residía en otro país al momento del nacimiento) de 12,5 años. Asimismo, hay una diferencia promedio de un año de escolaridad dependiendo de si pertenece o no a una etnia, siendo el promedio de 10,1 años para la población indígena y eleven,1 para la no indígena. El país está conformado por sixteen regiones5, siendo la capital nacional la ciudad de Santiago en la Región Metropolitana.
Mientras que las tasas de educación y alfabetización están aumentando en todo el mundo, no queda claro si se está disminuyendo la desigualdad educativa. Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”. Rodríguez, quien es physician en historia económica, cree que la desigualdad fue uno d elos factores que hizo estallar al páis el 18 de octubre de 2019 y que seguirá siendo un issue importante en el devenir del país.
Sin embargo, la evidencia empírica concluye que estos desincentivos son bajos.[12] El segundo efecto se refiere al incremento en el bienestar whole que proviene de transferir recursos de una familia rica a una pobre. Por ejemplo, 100 mil pesos adicionales para un hogar que se sostiene con el salario mínimo son significativos, mientras que para un hogar de altos ingresos son poco relevantes. El impuesto óptimo balancea estos dos efectos y, para sorpresa de muchos, aun considerando sus potenciales efectos distorsionadores, la literatura ha concluido que debe ser bastante altos. El motivo es que el Gini reportado periódicamente por los organismos internacionales no captura correctamente los ingresos de los individuos de más altos ingresos.