El estudio identificó varios tipos de marginalidad habitacional; entre ellos, los campamentos, que son definidos como “conjunto de familias instaladas con o sin autorización en terrenos de terceros. Sus viviendas son provisorias y no tienen urbanización completa” (Minvu, 1985). Los indicadores utilizados para medir pobreza informaron y contribuyeron al diseño y evaluación de los programas de intervención. Así, “las campañas de construcción de viviendas sociales emprendidas por el gobierno militar estuvieron encaminadas a reducir la extrema pobreza, cuya definición operativa estaba basada en indicadores de vivienda (Ramos, 2016, p. 29). Uno de los tipos de vivienda identificados en el Mapa de la Extrema Pobreza fue la “vivienda marginal o callampa” (Odeplan-ieuc, 1974, p. 13).
En 1990, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó un estudio que estimaba que, para el año 1987, la magnitud y características de la pobreza en Chile se habrían agravado. El estudio era parte de una investigación más amplia sobre pobreza en la región latinoamericana. El capítulo chileno comparaba las mediciones realizadas por Cepal en 1970 y 1987 e indicaba que la proporción de familias que se encontraba bajo la línea de la pobreza5 había aumentado desde un 17% en 1970 a 38,1% en 1987, equivalente a un 44,4% de la población del país (Cepal, 1990). La coalición que lideró la transición política a la democracia temía que la apertura democrática traería consigo un aumento en las tomas de terrenos. Este temor respondía en parte a la acumulación de la demanda habitacional durante la dictadura, y a la fuerza desplegada por las organizaciones de pobladores durante el ciclo de protestas de mediados de los años ochenta.
Esto, en un contexto en el cual el primer gobierno democrático posdictadura requería asegurar la estabilidad política y gobernabilidad del país. A fin de lograr el crecimiento económico urbano a favor de los pobres, es necesario reconocer la contribución del sector casual al desarrollo económico y al empleo. Pese a que las empresas informales tienen un estatus no reconocido y no están sujetas a regulaciones adecuadas en materia de producción y empleo, producen y distribuyen bienes en los mercados y tienen numerosas interdependencias con la economía formal. Existen pocas experiencias en la región que logran integrar las metas de mejorar la habitabilidad y las oportunidades productivas de los habitantes de barrios precarios. En common, los acercamientos son parciales, sin la instalación de modelos de desarrollo sostenible local.
Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Lo que ocurrió con el retorno a la democracia fue la consolidación de la pobreza, en base a su segregación espacial. Con el tiempo se hicieron visibles los guetos, mientras la educación y la salud se hacían inalcanzables para gran parte de la población chilena, pasando a ser bienes de consumo. La expansión económica de los 90´ no llegó a todos los habitantes, pareciendo un tema más de allá de las voluntades de quienes han administrado el país desde tiempos atávicos. Debemos tomar en cuenta que las expresiones propias de la segregación económica y social en Chile son preexistentes a la instalación del modelo económico neoliberal.
Al nivel regional, se detecta algunas experiencias de potenciar las posibilidades existentes en las ciudades y los barrios precarios, para que los hogares de escasos recursos tengan acceso a espacios e instalaciones adecuadas para el fomento productivo local y la generación de oportunidades de ingreso. El Cuadro 2 presenta una serie de iniciativas en la región que ejemplifican estrategias multipropósitos en el campo del empleo, el habitat y los ingresos. Las políticas del habitat están incorporando, de manera aún incipiente, una preocupación por facilitar el acceso de los pobres urbanos al empleo y a ingresos estables. Inicialmente, esta inquietud ha sido más bien common, y se ha expresado en reflexiones e iniciativas tendientes a lograr que las ciudades sean más competitivas y que aumente la productividad urbana. La informalidad se mantiene alta a inicios de esta década y cada vez hay mayor concentración del empleo en el sector de los servicios, en una tendencia persistente desde los años noventa en América Latina y el Caribe.
Ellas son impulsadas por el principio neoliberal orientado a reducir el gasto social, y a focalizar los recursos del Estado en la población “más necesitada”. Durante este periodo, el concepto pobreza se vuelve relevante para el objetivo gubernamental de focalizar los recursos. El progreso es alentador, pero no alcanza para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya que transcurrió más del 50 por ciento del período que se estableció para alcanzar las metas correspondientes a la pobreza. El crecimiento del ingreso promedio en la mayoría de los países de la región ha sido insuficiente para superar los problemas de la pobreza. Las bajas tasas de crecimiento económico han tenido efectos negativos en el empleo y en la creación de nuevos puestos de trabajo, en especial en las áreas urbanas.
Respecto a la perspectiva del desarrollo económico local, en basic, los países de la región carecen de políticas nacionales para la promoción de la producción en pequeña escala. Las experiencias municipales en este sentido han tenido poco éxito, aunque reflejan una creciente demanda (Llorens, Alburquerque y Castillo, 2002). El Cuadro 1 demuestra la interdependencia tanto entre niveles como estabilidad de ingresos de los pobres urbanos, y sus situaciones de carencias y su capacidad de superar dichas circunstancias. Esta situación, combinada con la heterogeneidad del territorio urbano y sus procesos y actividades económicas, hace difícil y complejo anticiparse a los efectos de los shocks externos en los distintos sectores sociales. La temática del capital social refiere a las relaciones de reciprocidad y confianza entre las personas y grupos, la densidad y características del tejido social, y la naturaleza de los lazos que unen con otros.
Impulsar la creación de zonas empresariales cercanas a sectores de pobreza. Favorecer en las licitaciones públicas los servicios de los pequeños y medianos emprendimientos de propietarios de sectores de vulnerables. Programa Mini distritos industriales y de servicios, Sao José do Río Preto, Sao Paolo, Brasil. En conjunto con loteos habitacionales, designación e incentivos para instalación de empresas, en sectores de favelas. Vivienda insegura y de calidad inadecuada exhibe riesgos de pérdida de activo; mayores costos de manutención por uso de materiales ligeros.
5La línea de la pobreza es un indicador del porcentaje de los hogares que no cuentan con el ingreso mínimo necesario para asegurar sus necesidades básicas, aquellas definidas como adecuadas según condiciones del país. Pese a la ausencia de indicadores de pobreza en los mencionados documentos y a que el indicador de pobreza utilizado en ese entonces caracterizaba solo a un 26% de la población residente en campamentos, el programa Chile Barrio aplica el concepto pobreza para describir el fenómeno del poblamiento casual. Actualmente el Hogar de Cristo cuenta con nueve líneas de acción a través de las cuales busca hacerse cargo -en parte- de la pobreza, exclusión y vulneración de derechos que afecta de diversas formas a este millón de personas más excluidas en el país. Erradicar la pobreza infantil es un imperativo, porque la pobreza es una grave vulneración de derechos.
Más del 40% de la población urbana en América Latina está empleada en sectores de baja productividad en los mercados de trabajo (CEPAL, 2007). Esta es una característica relativamente constante de los mercados laborales urbanos de la región durante los últimos 15 años. Asimismo, los índices nacionales de desigualdad continúan siendo elevados o han sufrido un deterioro absoluto. Los análisis de la CEPAL demuestran que los factores vinculados al bienestar económico tienen efecto tanto sobre la inequidad como sobre la pobreza.