La radiografía de la desigualdad debe llevarnos a hacer una reflexión urgente sobre el modelo de sociedad que está dejando la crisis de 2008. Tan importante como salir de ella es preservar unos estándares de cohesión social que garanticen su progreso y la igualdad de oportunidades, ya que, a largo plazo, la desigualdad merma las posibilidades de desarrollo económico de un país. A partir de determinados niveles, la brecha social aparece también como uno de los más serios obstáculos para la propia recuperación económica. Entre más se amplíe la brecha entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, la democracia corre peligro puesto que las instituciones pueden debilitarse en la medida en que sean cooptadas por quienes concentran el mayor ingreso y busquen seguridad a su capital.
«Sólo será posible mejorar la situación de seguridad de nuestros países con más y mejor Estado, con más y mejor política, con más y mejor gestión», enfatizó. Es urgente que, más allá de la retórica, se apuntalen políticas públicas efectivas para enfrentar la desigualdad, la pobreza y los déficits de inclusión, más allá de tintes ideológicos, intereses políticos, ambiciones personales y decisiones coyunturales que suelen permear el debate y el accionar político. El 8 de noviembre de 2007, la Asamblea General proclamó el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia, invitando a los Estados Miembros, el Sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones regionales, intergubernamentales y no gubernamentales a examinar el estado de la democracia en el mundo. La democracia es tanto un proceso como una meta, y sólo con la plena participación y el apoyo de toda la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno, la sociedad civil y los individuos puede el ideal de democracia tornarse en realidad para ser disfrutado por todos viva donde viva. Nombró al primer Enviado del Secretario General para la Juventud, encargado de la tarea de desarrollar una Estrategia de la ONU para la Juventud. En 2015 la Asamblea General adoptó la resolución Educación para la democracia, con el fin de animar a todas las entidades de la ONU a usar la educación para promover la paz, los derechos humanos y la democracia.
Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han dirigido los destinos del país sudamericano. Y si bien en esos treinta años muchas cosas cambiaron, hay algunos elementos constitutivos de la sociedad que no se movieron ni un ápice. Aparte de la desigualdad, Wehr menciona el hecho de que «la economía chilena es rentista, en la cual una casta se reparte los ingresos, y es la misma casta que cerró la cancha y el camino democrático para realizar muchas reformas”. El sondeo, uno de los más importantes del país y el principal considerado para el desarrollo de políticas públicas en Chile, fue realizado -por primera vez en el marco de la disaster sanitaria- entre el 31 de octubre del 2020 y el 4 de febrero del 2021, en el cual se encuestaron a cerca de 185 mil personas.
11En ese sentido, se estandarizaron las variables mencionadas anteriormente, para comparar la importancia relativa en la predicción de las variables independientes (Montero, 2014). Analizar los valores de los coeficientes de regresión estandarizados para cada una de las variables independientes del modelo, pues la estandarización elimina el efecto de las diferentes unidades de medida de las variables y, por tanto, los hace comparables. Un conjunto de distritos conforma cantones y un conjunto de cantones conforma las distintas provincias de dicho país.
Los análisis demuestran que la desigualdad económica deprime poderosamente el interés político, la discusión de la política y la participación en elecciones, excepto en los países más ricos, y que este efecto negativo se agudiza con la disminución de los ingresos relativos. En consecuencia, no han sido los partidos políticos los que han puesto el tema de la desigualdad en la agenda pública. Su politización obedece más bien al surgimiento de nuevos actores colectivos y de movimientos sociales que han sabido canalizar un malestar transversal en contra de la ceguera de gran parte de las elites establecidas en el poder.
Una primera explicación es que las demandas de los votantes por políticas que reduzcan la desigualdad siguen siendo relativamente débiles. A pesar de la práctica generalizada del voto obligatorio, la participación de los votantes en la región se ha mantenido por debajo del 70%, en promedio. Aún más importante, la participación está sesgada de una manera que resulta ser perjudicial para los pobres, dado que es menos recurring votar entre los que tienen un menor nivel de educación y menor riqueza. Esta nueva pobreza tiende a debilitar la democracia y a profundizar la fractura social, aumentando con ello la desigualdad y afianzando a las élites excluidas de este grave problema social. De este modo, se pone en riesgo la gobernabilidad y, por ende, tiende a aumentar el déficit democrático, atentando con ello las libertades y en consecuencia el Estado de derecho.
La hipótesis de que la pobreza y la desigualdad impactan negativamente sobre la democracia son expuestas por diversas tradiciones de investigación; sin embargo, no existe mucha evidencia empírica que la respalde en Costa Rica. La teoría de la transición sostenía que la democratización de los regímenes políticos conduciría a la prosperidad económica, lo cual a su vez contribuiría a consolidar las instituciones democráticas. Pero este círculo virtuoso, elaborado sobre la base de la experiencia de los países desarrollados, no se concretó en la práctica. América Latina es una región plenamente democratizada que, sin embargo, mantiene niveles críticos de pobreza y desigualdad. Es necesario, por lo tanto, repensar la teoría de la democracia –y su elaboración más reciente a través de la thought de ciudadanía– para incorporar las dimensiones sociales y económicas. Esto implica reformular la relación entre democracia e igualdad, entendida no en el sentido de creación de oportunidades para los individuos, sino como operaciones activas de inclusión de los grupos sociales subalternos.
La desigualdad continúa siendo, lamentablemente, una característica indeleble de las sociedades de la región. El promedio de los índices de Gini de 18 países bajó sólo de zero.543 en el 2002 a zero.466 en el 2017, según las cifras del estudio. Denunciar falsedades y operaciones políticas es necesario, en tanto las elites políticas cargan con enorme responsabilidad. Demandar que las plataformas digitales tomen partido por la verdad (más que por la “expresión” o el “negocio”), debiera ser una prioridad, dado que la desinformación es producto de la complicidad de diversos actores. Finalmente, es elementary fortalecer políticas públicas para apuntalar la producción y circulación de información veraz. Para la demagogia, la información solamente es válida cuando confirma sospechas y prejuicios, y no cuando sirve como insumo para entender situaciones y realidades.
Esta última, corre con ventajas para atraer la atención de ciertos grupos, puesto que apunta a confirmar y legitimar concepts falsas, prejuicios y otras convicciones tóxicas. En esta oportunidad el sondeo se centró en la situación en medio de la pandemia y sus efectos en los ingresos de la población y la distribución a nivel de país, con datos obtenidos entre octubre de 2020 y febrero pasado. En ese sentido, el director Valdés llamó a reflexionar sobre formas para convocar a la «participación social de una sociedad que está dividida por la desconfianza, y en el que deberemos procesar los resultados de las consultas ciudadanas, y ahí las universidades podemos cumplir un papel interesante para apoyar al proceso». Equipo de investigadoras de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile presentó los preocupantes resultados de un estudio de caracterización que evidencia la falta de coordinación y formación en el sistema de salud para brindar una adecuada atención a las mujeres víctimas de violencia sexual en el país. En esta línea, el proyecto enfatiza la necesidad de un trabajo conjunto para mejorar la cobertura y calidad de la atención a estas víctimas.
Según esta concepción, el hecho de que los derechos ciudadanos se encuentren seriamente limitados dificulta la consolidación más o menos eficiente de la poliarquía en América Latina. Esta «ciudadanía de baja intensidad» se corresponde con una pobreza extendida, disparidades extremas en los ingresos y otras formas de discriminación, ya que desde este punto de vista desigualdad y pobreza propician relaciones sociales autoritarias. Al mismo tiempo, la restricción de los derechos les permite a las elites ejercer una dominación que excluye a algunos sectores de la población de la participación política, lo que explica la existencia de «democracias de baja calidad» (O’Donnell 1998a y 1998b). Los resultados obtenidos en el modelo mixto confirman que distintas variables que operacionalizan desde diversas dimensiones la pobreza y la desigualdad están relacionadas de manera importante con el porcentaje de participación electoral ciudadana.