Con todo, no hay evidencia de que las desigualdades discutidas hayan aumentado en los últimos 30 años. Es posible, por ejemplo, que la acumulación de una desigualdad no creciente, pero presente por mucho tiempo, junte un malestar que en algún momento explote. Ya sea porque la no resolución de un problema por mucho tiempo genere rabia, o bien porque el progreso moral de un país haga intolerable un problema que antes se aceptaba. En otras palabras, cuando se trata de niveles de desigualdad como los que vivimos en Chile, la ausencia de novedad bien puede ser una razón profunda para querer cambiarlo todo. Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza material es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud psychological, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas.
La expresión “pateando piedras” ha sido adoptada en el contexto político para ilustrar la frustración que se siente al no lograr los resultados esperados y también es usada en estudios que hacen referencias a desigualdades sociales y procesos de construcción de identidad juvenil (Bustos, 2012; Favi, 2019; Fielbaum, & Thielemann, 2010; Quintela, 2016). Hoy en día, sirve como referencia a un campo particular de investigaciones sobre juventudes; jóvenes que ni estudian ni trabajan (Ni-Nis) y, especialmente, cuando se observan las vías diferenciadas que siguen los y las jóvenes entre 15 y 24 años (Cabezas, 2015; Novella, et al., 2018). Este artículo se enfoca en la escuela en tanto aparato educativo que ofrece espacios de interacción y de resistencia entre desiguales (Hall, & Jefferson, 2014 [1976]). Las desigualdades socioeconómicas conviven en el espacio educativo con otras desigualdades como ocurre con las diferencias etarias y de género, y sus entrecruces con las desigualdades territoriales y socioeconómicas (Jencks, 1993). Los productos simbólicos, como las significaciones sobre el trabajo o las mismas experiencias laborales de los y las jóvenes que cursan EMTP se constituyen en un campo en el que diferentes grupos sociales se disputan la hegemonía sobre sus significados.
Reversibilidad ante la posibilidad de hacer “algo distinto a lo esperado” y en ese sentido no predeterminado por la especialidad escogida o las trayectorias seguidas, lo que brinda un principio esperanza a un estudio que se propuso “seguir a los y las jóvenes en el tiempo”. Y que nos permite incluir la noción imprevisibilidad y el potencial de re-significación que tienen los sujetos sobre la propia historia. Los y las jóvenes de EMTP enfrentan una serie de desigualdades que limitan sus trayectorias y transforman experiencias, que debieran ser ordinarias, en situaciones excepcionales. Sus sueños sobre el futuro deben sortear una serie de dificultades en un “tránsito” entre la educación obligatoria, la educación terciaria y la vida laboral.
Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.
Las estimaciones resultantes de Area Median Income (AMI) permiten que los ingresos familiares se expresen como un porcentaje de la media para la zona. Las familias que ganan no más del 80 por ciento del ami son típicamente consideradas como de bajos ingresos y aquellas que ganan no más del 50 por ciento del AMI se consideran de muy bajos ingresos (U.S. Department of Housing and Urban Development, 2015B). A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados. El objetivo era no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas. Una restricción adicional a la vivienda pública se introdujo mediante la Enmienda de Faircloth a las más amplias reformas de asistencia social implementadas en la Acta de Calidad de la Vivienda y Responsabilidad Laboral de 1998.