Los países de América Latina y el Caribe generalmente recaudan menos ingresos en concepto de impuestos que otros con niveles de desarrollo semejantes en diferentes partes del mundo. En 2019, la región sólo recaudaba en promedio el 22% de su PIB en impuestos, frente al 33% de la media en los países de la OCDE. Las desigualdades sociales contribuyen a las desigualdades educativas porque restringen la habilidad cognitiva y no cognitiva. Según un estudio del Economic Policy Institute sobre niños y niñas de guardería del año 1998 y 2010, hay un hueco de desempeño entre los niños en el nivel socioeconómico más bajo y más alto que persisten entre ambas clases. Esto es importante porque las habilidades cognitivas y no cognitivas son importantes para el éxito en la escuela y en otros aspectos.
Chile es un país que ha crecido económicamente, pero ese crecimiento se ha concentrado en las manos de unos pocos. Solo el 1% de la población en Chile acumula el 26,5% de la riqueza generada en todo el país, mientras que, en contraste, el 50% de los hogares de menores ingresos concentra solo el 2,1% de la riqueza neta del país. En cuanto a salarios, el 75% de los trabajadores del país percibe ingresos por trabajo inferiores a los 500 mil pesos mensuales. Hay quienes discrepan sobre cuál es la forma correcta de medirla y cuáles han sido las últimas tendencias, pero nadie puede negar que es un problema real en nuestro país. Y, si bien hay diferentes visiones de cómo lograr el objetivo de reducirla, hay un cierto consenso de que es un tema del que hay que hacerse cargo. Las sociedades capitalistas producen, como resultado de su lógica interna, diversas formas de desigualdad de poder.
Chile ha sido tremendamente exitoso en disminuir los niveles de pobreza en las últimas décadas, y es importante que la nueva Constitución protect y potencie la instituciones que han sido efectivas en ese propósito y que permitan implementar los cambios necesarios para seguir avanzando en esa dirección. Políticas que reduzcan la desigualdad también son importantes, e idealmente complementarias a las que están enfocadas en reducir la pobreza, pero el sentido de urgencia de las últimas parece ser mayor. En el 2013, un año antes del discurso de Lagarde, Thomas Piketty publicó su libro Capital en el siglo XX, en el cual promueve la idea de que la concentración de la riqueza y su distribución desigual son fuentes de inestabilidad económica y social. La discusión sobre desigualdad llegó para quedarse, y ha sido protagonista en las exigencias del movimiento social. Y, como ya se empieza a vislumbrar, lo más possible es que también esté en el centro de la discusión para la nueva Constitución.
No hay que olvidar que para que esta Reforma sea exitosa, se requiere fortalecer la profesión docente. Tal como señaló el Informe McKinsey de 2007, en ninguna parte del mundo la calidad de un sistema escolar supera la calidad de sus profesores. “Los sistemas escolares de alto nivel prestan atención a cómo se selecciona y capacita a su private docente. Observan cómo mejorar el desempeño de aquellos que tienen dificultades y cómo estructurar sus remuneraciones.
Esta es ineludible si no queremos, por una parte, caer en un idealismo ineficaz o, por otra, en la violencia que solo trae más violencia. Como se puede apreciar, la matriz opone primariamente a las desigualdades injustas con la paz, y no con la violencia en cualquiera de sus expresiones, ya sea subversiva o represiva. Éstas encuentran su explicación en las desigualdades, así como el desarrollo integral permite entender cómo se entiende la paz en este escenario.
La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Relacionado con el rol del Estado en disminuir la desigualdad, en Chile existe el mito de que hemos priorizado la billetera fiscal y la responsabilidad del gasto público por sobre la ayuda social y por sobre las necesidades de la gente. De hecho, en los últimos treinta años el gasto social en el país ha crecido de forma acelerada, con una tasa real de expansión anual promedio de un 8,3%, mientras que nuestro PIB ha crecido a la mitad de dicha velocidad (4,6% promedio).
Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros. En 1959, la Asamblea de la ONU aprueba la declaración de los Derechos del Niño y en 1989 aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional vinculante ratificado por 196 países. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. Además, esta desigualdad también conduce a la pobreza, creando un ciclo en la relación. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”.
Con el propósito de brindar a Chile protección financiera para mitigar posibles impactos económicos negativos de terremotos y los tsunamis que ocasionen, el BM apoyó a Chile para emitir un bono catastrófico y swap de USD 630 millones, la cual es la mayor operación en un solo país. Con ello, Chile contará con fondos de rápida disposición en caso de desastre, lo que le permitirá proteger su presupuesto fiscal y reducir la necesidad potencial de movilizar deuda después de un evento. Desde que Chile recibió en 1948 el primer préstamo para el desarrollo del Banco Mundial a un país fuera de Europa, ha continuado un proceso de aprendizaje conjunto para abordar los mayores desafíos del desarrollo. La apertura de la primera oficina en Santiago, en diciembre del 2017, ha permitido continuar fortaleciendo la colaboración con el país. En este modelo, argumenta Solimano, el escenario resulta muy favorable para los dueños de los grupos económicos y muy desfavorable para la inmensa mayoría del país.
Ya sea porque la no resolución de un problema por mucho tiempo genere rabia, o bien porque el progreso ethical de un país haga insupportable un problema que antes se aceptaba. En otras palabras, cuando se trata de niveles de desigualdad como los que vivimos en Chile, la ausencia de novedad bien puede ser una razón profunda para querer cambiarlo todo. Dicho lo anterior, no creo que la de ingreso sea la desigualdad más relevante para explicar el estallido social. En cambio, en este texto sostengo –como hipótesis– que hay dos tipos de desigualdades que están relacionadas con la desigualdad de ingreso y que tienen una relación más directa con el estallido social, a saber, la desigualdad de exposición a la incertidumbre y la desigualdad de poder. 3 desigualdad social y educativa en américa latina En explicit, mientras la primera podría explicar por qué amplios sectores de la población están tan “descontentos con el modelo”, la segunda desigualdad explicaría por qué este descontento no se canalizó de forma gradual a través de la institucionalidad política y tuvo que explotar de esta manera.
También esa diferencia se considera injusta cuando va en una dirección equivocada. Eso quiere decir, detalla Méndez, en que una sociedad ve que esas diferencias van configurando asimetrías que no consideramos legitimas. El conocimiento que hemos obtenido trabajando en conjunto con Chile, ha sido compartido con diversos países del mundo que enfrentan desafíos de desarrollo similares. El Programa para una Cobertura de Salud Primaria Universal y Resiliente mejorará el acceso de la población a servicios sanitarios de calidad, a través de innovadoras medidas orientadas a incrementar la accesibilidad, resiliencia y eficiencia de la atención primaria, que contribuyan a consolidarla como base del sistema de prestación de servicios de salud.
“Estamos en una coyuntura mundial en donde las instituciones están desacopladas de los tiempos de las personas y buscando fórmulas para reformarlo e ir reajustando los regímenes democráticos para enfrentar este desafío y funcionar mejor”, cube la socióloga y doctora en ciencias políticas, en entrevista con REDMAD. El video entrega recomendaciones a la familia para estimular el desarrollo de la lectura y escritura en niños y niñas de 3 a 5 años. Los resultados de esta política económica incluyeron 2 grandes recesiones, la primera el mismo año 1975. Y luego la crisis financiera de 1982 y 1983, que tuvo causas extranjeras, pero muchas más internas, dada la desregulación desmedida de los mercados financieros. Esa conceptualización, dice Méndez, es relevante porque no es solo que los recursos estén distribuidos desigualmente, sino que establece brechas imposibles de ser remontadas, «entonces nuestro principio de igualdad entre los seres humanos es violado».
Termina ofreciendo algunas conclusiones o reflexiones finales que contribuyan al debate y al curso de la acción transformadora que demanda el presente. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos.
Aunque muchos países latinoamericanos efectuaron transferencias monetarias durante la pandemia, ninguno de ellos amplió el seguro médico ni tomó suficientes medidas para implementar mecanismos de seguridad social universal o ampliar las coberturas a fin de garantizar que las personas más desfavorecidas estuvieran atendidas. “Se fue incubando en los más vulnerables y en la clase media una amenaza a su subsistencia. Una rabia con el modelo económico, que daba claras señales de abuso, inequidad y maltrato en su experiencia cotidiana en áreas claves como las relaciones laborales, el acceso a la salud y la educación”, León Guzmán, psicólogo, Máster en Ciencia Política, neurocoach, gerente general desigualdad y globalizacion de la consultora Add-Value y consejero de REDMAD. Se sugiere trabajar con este video durante el desarrollo de la clase, como insumo que permita a los estudiantes identificar los riesgos que implica para la democracia la desigualdad social y en qué aspectos de su vida cotidiana lo ven reflejado. La desigualdad económica, patente desde la formación del Estado, se intentó romper con un proyecto in style y democrático, hasta que el golpe de estado y la dictadura, echaron todo abajo para implementar la cara más dura del neoliberalismo.
Además, en muchos países de la región los sistemas tributarios son regresivos, con impuestos que no exigen lo suficiente a quienes pueden pagar más, con lo que no cuentan con herramientas para reducir la desigualdad y redistribuir la riqueza. Por ejemplo, los países de América Latina tienen una gran dependencia de los impuestos indirectos —que son más regresivos, ya que constituyen una carga mayor para los sectores más pobres de la población— y recaudan muy poco en concepto de impuestos sobre el patrimonio, dirigidos a las élites económicas. En Chile, los ingresos públicos por impuestos y contribuciones a la seguridad social sólo representan la mitad del gasto total en atención de la salud; la otra mitad procede de los pacientes a través de tasas preceptivas de pago anticipado y gastos voluntarios o pagados de su bolsillo. Allí, el gasto público per cápita en salud representa únicamente un tercio de la media en el caso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y dispone de la mitad de camas de hospital por cada 1.000 habitantes en relación con la media en esos países.