Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza materials es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud psychological, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas. También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». Durante las últimas dos décadas, el PNUD instaló la desigualdad como un tema central de las políticas públicas en Chile, argumentando que es un determinante clave del malestar ciudadano.
Otros determinantes de la resistente desigualdad son “la concentración de la propiedad y el poder económico, el acceso diferenciado según los ingresos a la educación de calidad, la diferencia de remuneraciones en los empleos, la debilidad de los sindicatos, entre otros factores…” (Sunkel e Infante, 2009, pp. 89). De acuerdo con los datos para 2015 del Banco Mundial, en Chile la esperanza de vida al nacer es de 79 años en promedio, siendo de seventy seven para los hombres y 81 en el caso de las mujeres, encontrándose sobre el promedio mundial (72 años, 70 para hombres y 74 desigualdad entre clases sociales para mujeres). Actualmente, en contraposición del año 1990, no existen grandes brechas entre la esperanza de vida de una u otra región, siendo esta de 2 años en 2015 y 5 años en 1990 (ver Gráfico 11). En 2015, Coquimbo y la Región Metropolitana lideran con casi 80 años en promedio, mientras que la menor esperanza de vida se observa en Antofagasta y la región de Los Lagos, con aproximadamente 78 años. En cada una de las regiones, en 2015, las diferencias van de los cuatro años (Arica y Parinacota) a los casi seis años de diferencia en Los Lagos, a favor de las mujeres.
Para comenzar hoy en día es por lo menos cuestionable que “la base de la matriz de riesgo formulada por el Banco Mundial” sobre la cual se ha construido el modelo de intervención social en Chile y en gran parte de Latinoamérica, esté reducido a la eficacia en la entrega de bienes y servicios, tal como se propone en el artículo sobre “Chile Crece Contigo”. Se puede afirmar que ese modelo ha sido más bien el reflejo de la subordinación a las agencias internacionales y la ignorancia, deliberada o no, del margen con que cuenta cada país para reaccionar frente a sus problemas. Esta mirada está siendo fuertemente cuestionada y abundan los ejemplos donde las políticas sociales se han transformado finalmente en reproductoras de condiciones de pobreza en lugar de aportar a su superación. Mientras que Brasil, Chile y Colombia parten de una desigualdad de ingreso de mercado related, en este último país la desigualdad de ingreso final es mucho más alta.
El ausentismo y deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, que afectan el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, otro issue contribuyente a la desigualdad. Distancia, falta de transporte, enfermedades frecuentes, vestimenta inadecuada, falta de útiles escolares, inadecuadas en las poblaciones vulnerables. La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno legal e incluso en casos extremos, al tráfico de personas. Crear tecnologías de reciclaje usando la ciencia e innovación como herramientas de transformación, proveyendo de valor agregado a los desechos que hoy terminan en su gran mayoría en rellenos sanitarios. De Chile Cristina Acuña, quien en conversó con Alumni Uchile sobre este proyecto sustentable que scale back la huella de carbono.
Debemos tener en cuenta que para combatir la desigualdad en todas sus formas y manifestaciones, seguirá siendo esencial generar mayor conciencia y ampliar el apoyo en materia de políticas públicas, fijar objetivos y replantear las prioridades del gasto público a fin de reducir la desigualdad del acceso y las oportunidades. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. Como lo ilustran los tres ejemplos anteriores, casi todo se puede expresar apelando a la desigualdad. Sin embargo, existe un tema del cual nos fuimos olvidando y que no necesariamente lleva a mayores niveles de igualdad. En el mediano y largo plazo, las diferencias en los niveles de desarrollo de los países se explican en buena medida por diferencias de productividad.
La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Sin embargo, en países con indicadores de desigualdad de género más acentuados, las diferencias en la estructura cerebral son más notables, afectando áreas cerebrales relacionadas con procesamiento emocional, resiliencia a la adversidad, y respuestas a la desigualdad, así como con depresión y otros problemas de salud psychological. En el caso de Chile su realidad proporciona elementos para entender la magnitud de la explosión social producida. Si bien en el rating global del IDH con 0,847 se encuentra en el lugar forty two, siendo el país de América Latina con mejor ubicación, al ajustarlo por desigualdad retrocede fuertemente a 0,696.
Respecto de las primeras tres metas mencionadas, y como se puede observar en el Anexo 1, siete acciones públicas responden, ya sea en su totalidad o en algunos de sus contenidos, a la primera meta. Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.four, una a la 10.5 y una a la 10.7. En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.three, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente desigualdad extrema a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). Ahora bien, estas últimas cuatro metas mencionadas, se enfocan en migración y las desigualdades entre los países. Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún.
Precisan, además, que la demanda de una mayor redistribución es impulsada por la percepción de baja movilidad social y por el limitado alcance de la redistribución actual. Una de las principales críticas que se le ha hecho a este ODS se relaciona con la forma en que este fue concebido. Si bien los 193 países resolvieron en conjunto los objetivos que esta Agenda 2030 contemplaría, aún así hay quienes abogaron por no incluir un apartado especialmente dedicado a las desigualdades al momento de las negociaciones, principalmente debido a que este implica, de una forma u otra, un problema redistributivo ( Donald, 2017; Oestreich, 2018 ).
Por lo tanto, es esencial considerar ambas dimensiones de la desigualdad, para entender a cabalidad cómo se compone y discernir qué elementos podrían estar profundizándola (Stiglitz & Doyle, 2015). Con esta publicación, el PNUD reitera su compromiso con la generación y difusión de conocimiento que sirva como base de discusiones informadas para la construcción de consensos respecto de los cambios que el país requiere. Aspiramos a que todos los ciudadanos, especialmente aquellos en los grupos menos aventajados, tengan mayor management sobre sus propias vidas para perseguir los objetivos que ellos mismos consideren valiosos, integrándose de manera efectiva y participativa al proceso de desarrollo humano inclusivo y sostenible. Por último, el cierre de las escuelas introdujo una enorme desigualdad en términos de acceso a escolaridad. Históricamente existen diferencias en la posibilidad de completar la secundaria con padres con alto y bajo nivel educacional, pero “esas diferencias se están incrementando brutalmente con el efecto de las cuarentenas sobre el acceso a educación.
10.1 De aquí a 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional. Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a crisis humanitarias existentes. Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.48 en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a crisis humanitarias existentes.
Por su parte, la Región Metropolitana, tiene el segundo mayor índice de Gini del país, posición casi invariante a lo largo del período estudiado. Se observa que las regiones más desiguales, son igualmente aquellas con menor PIB per cápita y menores índices de desarrollo. Dicho lo anterior, es posible que las políticas redistributivas aún no sean desarrolladas con la eficacia que el país necesita para reducir más rápido las brechas económicas que le aquejan. De acuerdo con Donoso (2014), los gobiernos de la Concertación, principalmente desde la vuelta a la democracia, han tomado la inequidad como “espíritu de lucha”, por lo que se han implementado una serie de políticas redistributivas (tales como la reforma educativa y tributaria), sin embargo, acorde con el autor, los gobiernos han fallado en este objetivo.
Actualmente, el Banco Mundial es quien se ha hecho cargo de promover la “prosperidad compartida”. En este sentido, Sen (2000) subraya la importancia de considerar las heterogeneidades particulares y sociales de los individuos, ya que esto tiene incidencia directamente sobre lo que podrán lograr con las herramientas disponibles. De esta manera, este economista identificó cinco causas responsables de la desigualdad de oportunidades, las cuales se describen a continuación. Si en un país todos los ingresos aumentan en la misma proporción, el coeficiente de Gini de ese país sería el mismo antes y después de dicho crecimiento.
En ese sentido, los altos niveles de desigualdad en Chile no son consecuencia inevitable de la economía internacional. A pesar de la disaster económica, en el mundo hay una gran riqueza acumulada por una minoría de millonarios y empresas transnacionales. En este libro se exponen las principales desigualdades internacionales, se proponen políticas de redistribución mundial de los bienes, y se propugnan modelos de ecodesarrollo para evitar la vuelta a un capitalismo depredador. Idealmente, el esfuerzo por impulsar la movilidad requiere una batería de políticas que incluye estrategias universales y focalizadas. La reducción de la desigualdad es una tarea compleja y de largo plazo, que incluye políticas que afectan los ingresos autónomos de los hogares -laborales, educacionales-, así como políticas redistributivas que permiten que el Estado recaude y use recursos para promover el bienestar económico de la población. Estas políticas generales deben ser complementadas con estrategias más focalizadas y específicas que atiendan las necesidades de sectores pobres, marginados o discriminados.
En consecuencia, el estudio y análisis de la desigualdad económica debe considerar la mayor cantidad de factores posibles, para buscar soluciones que abarquen el problema en su conjunto y que realmente respondan a las dificultades que enfrentan las personas y países en el día a día. En este sentido, si bien ha habido políticas públicas importantes a nivel mundial para resolver temas significativos relacionados a la desigualdad, como la reducción de la pobreza, éstas, por ejemplo, no han tenido grandes consecuencias en términos de desigualdad de ingresos para el resto de la población (Alfonso et al., 2015 ). Esto, por una parte, propone un nuevo cuestionamiento a la estrategia chilena para la reducción de las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030, ya que la disaster actual ha mostrado y ha dejado nuevas disparidades que atender.