En tercer lugar, están los fundamentos basados en el acceso a la educación, donde se observan bajas tasas de rendimientos en los estudios en el caso de las mujeres. El libro, publicado originalmente en Francia en 2019 (“Où est passée la justice sociale ? De l’égalité aux tâtonnements”, de los editores/as Emmanuelle Barozet, Ivan Sainsaulieu, Régis Cortesero y David Mélo), analiza el alcance de la disaster de los modelos de justicia y, en specific, el principio de igualdad. A partir de actores ordinarios, movimientos sociales y contextos concretos, los autores cuestionan los fundamentos de la democracia social y política en nuestro tiempo, en el marco del aumento de las desigualdades sociales en Europa y en todo el mundo. El panel fue moderado por la asesora de género de la Subsecretaría, Carolina Muñoz Rojas, y también contó con la presencia de la asesora de género del MINEDUC, Camila Arenas. Junto con ello, destacó que la moral y la ética no son solo un asunto teórico de grandes pensadores, “sino que forman parte de la vida social de la gente corriente, como señala el sociólogo François Dubet en el prefacio del libro. Esto se expresa en las redes sociales, donde las personas se conocen, hablan entre ellas e intensifican sus puntos de vista comunes sobre problemas como el medio ambiente, los derechos de las mujeres y de minorías sexuales.
Se trata del cuarto reporte anual de este tipo que realiza la División de Estudios de la entidad, el que en esta ocasión incorporó en el análisis la evolución de distintos indicadores en el contexto de la disaster sanitaria y la crisis económica iniciadas en 2020. Por lo mismo, es motivo de orgullo para la Superintendencia de Pensiones (SP) contar cada día con más herramientas para que las funcionarias y los funcionarios tengamos las mismas oportunidades de crecimiento al inside de la institución, pero también para que a diario como personas nos sintamos valoradas y reconocidas. Este camino también comienza por el uso del lenguaje, el que históricamente ha estado inclinado al uso del «masculino» para referirse a la generalidad, a hombres y mujeres. Este tipo de violencia, también denominada «maltrato en el hogar o violencia de pareja», es cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el control sobre una pareja íntima. Abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico (incluidas las amenazas de tales actos) que influya en otra persona. Esta es una de las formas más comunes de violencia que sufren las mujeres, de todas las edades, a escala mundial.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en tanto, revisó los datos de ingresos y estimó medidas de pobreza y pobreza extrema por ingresos, mientras que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó el índice de pobreza multidimensional. Además, un panel externo de expertos y expertas supervisó todo el proceso para asegurar altos estándares de calidad en toda la encuesta. Luego de haber adoptado la Agenda 2030 en el año 2015, Chile decidió crear el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
En este sentido, de las 27 acciones públicas examinadas, solo nueve son posteriores a esta misma y un contenido de una de ellas, es decir, el Programa de Educación Financiera para Niños que es parte de unas de las acciones llevadas a cabo por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social del año 2017. Además, de las otras que son anteriores a esta agenda, hay algunas como, por ejemplo, la Reforma Previsional del año 2008, o la Ley Nº19.966 del año 2004 que establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud, que son varios años previas al acuerdo, pero que aun así se incluyen en el informe relativo al ODS 10. Es decir, que incorporar la Agenda 2030 a las diferentes reparticiones públicas del país es un proceso que no es inmediato y necesita un trabajo previo como el diagnóstico y planes de implementación. Por otro lado, las acciones públicas incorporadas que son muy anteriores a la Agenda 2030, en términos de temporalidad, son acciones que además de perdurar en el tiempo, son de largo alcance.
Es un referente para el tratamiento de datos en las IES que a su vez puede apoyar diagnósticos y metas, además de hacer dialogar la formación con el mundo académico o laboral. El reporte fue presentado por la Subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, quien relevó la importancia de difundir estos hallazgos y discutir desigualdad en la justicia en torno a las desigualdades de género que hay detrás de estas brechas. Ante la situación, el director solicitó a los países acabar con la desigualdad que estuvo presente durante el año anterior. “Debemos encontrar otra forma de proceder a corto plazo, compartiendo las vacunas que se producen, aunque este no fue el caso de 2021″.
Respecto de los saldos acumulados, a junio de 2020 las mujeres registran un saldo promedio de 663 UF, en tanto que el de los hombres es de 1.842 UF, lo que indica una brecha de -64,0%. En esto incide, además de las densidades de cotizaciones, el período de acumulación de ahorros, a su vez, determinado por las diferencias en las edades legales de jubilación por sexo (60 años para las mujeres y sixty five años para los hombres), lo cual resulta en un menor período de acumulación en el caso de las mujeres. Debido a lo anterior es que, por ejemplo, aunque en junio de 2021 las mujeres representaron un 44,7% del total de personas afiliadas activas del sistema de capitalización particular person obligatoria (es decir, que cotizaron en el mes para su pensión futura), esa proporción es 9,7 % inferior respecto del universo de hombres afiliados que cotizaron en el mes. En junio de 2020 y en medio de la primera ola de pandemia, aun cuando la proporción de afiliadas activas cayó 3,5% y en el caso de los hombres bajó four,5%, la brecha fue de 7,9%. Además de los tipos de violencia más conocidos, en los últimos años ha cobrado bastante fuerza la violencia en línea o digital contra las mujeres. Esto se refiere a cualquier acto de violencia contra una mujer cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, Internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, entre otras).
(CEPAL) se estima que, durante 2022 cerca de 201 millones de personas (32,1% de la población latinoamericana), se encontraba en situación de pobreza. De las cuales, cerca de eighty two millones (el 13,1% de la población) vivían en condiciones de pobreza extrema”. En 2021, el gasto en educación alcanzó 4,1% del PIB (30,5% del gasto social total) en América Latina y el Caribe.
Ambos indicadores, en este sentido, muestran mejoras en comparación con mediciones anteriores y son los mejores resultados de su serie. Ahora bien, respecto de la acción pública que no fue analizada, la número eleven del informe en cuestión, sobre Política Migratoria Internacional, si bien en el reporte se indican algunos Memorándums de Entendimiento Binacional en materia Migratoria y Consular con algunos países de Latinoamérica, estos no son de carácter público. Además, si bien Chile ha demostrado un carácter propositivo en materias migratorias, por ejemplo, a través del Instructivo Presidencial “Lineamientos e Instrucciones para la Política Nacional Migratoria” (Gobierno de Chile, 2015), en este mismo se recalca la necesidad de una política pública y cuáles factores debiese considerar. Así, por la falta de un documento disponible que establezca una política pública en materia migratoria internacional ( De las Heras, 2016 ), y considerando que los documentos propuestos en el informe son de carácter privado, no es posible evaluarlos y, por lo tanto, no serán incluidos en esta investigación. No obstante, del whole de las veintiocho acciones públicas incluidas en el informe, esta es la única cuyos documentos no son de acceso público.
Finalmente, contiene un apéndice por países que resumen la situación de cada nación en materia de desigualdad de riqueza e ingresos. El indicador que se usa habitualmente para realizar comparaciones internacionales es el índice de Gini, un indicador que fluctúa entre 0 y 1. El valor más bajo posible representa a una sociedad en la que los ingresos totales se reparten en forma igualitaria.
Luego de lo ocurrido en los últimos años en el país, está claro que la desigualdad ha erosionado la confianza en las instituciones y ha desgastado el tejido social. Factores como la salud, la educación y el empleo, no están operando de manera adecuada y perjudican especialmente a los grupos prioritarios para la política social. 3“Los objetivos del Grupo del Banco Mundial son los de terminar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Promover la prosperidad compartida significa que trabajaremos para aumentar los ingresos y bienestar del forty desigualdad entre paises ricos y pobres por ciento más pobre de la sociedad donde sea que estén, ya sea en las naciones más pobres, países de renta media o alta” Traducción propia.
De Chile tiene una vasta experiencia en la aplicación de este instrumento, en coordinación con otras instituciones. La Encuesta CASEN permitió contar con una nueva medición de la pobreza multidimensional, que no había sido calculada desde 2017, debido a las restricciones sanitarias que no permitieron aplicar la versión completa del cuestionario en 2020. Los resultados de la encuesta muestran también una importante reducción en la pobreza multidimensional a lo largo de los años. Desde 2017, esta tasa ha disminuido significativamente, pasando del 20,3% al 16,9% en 2022, lo que equivale a una baja de 3,4 puntos porcentuales. Los hombres registraron un 6,1% de pobreza y 1,9% de pobreza extrema, en tanto las mujeres tuvieron una incidencia de pobreza de 6,9% y 2,1% de pobreza extrema. Ahora bien, la desigualdad de resultados, de acuerdo a Atkinson (2015), tiene que ver con aquello que los individuos logran a pesar de sus circunstancias.
[13] Es importante mencionar que esta gran diferencia se explica principalmente por las contribuciones a la seguridad social ya que, a diferencia de Chile, en general los países financian programas de seguridad social con componentes solidarios con estas contribuciones. Es con esa motivación que se ha reactivado el interés político y académico por el impuesto a la riqueza total (también conocido en Chile como el impuesto a los “súper ricos”).[17] Hoy la evidencia académica es más optimista que antes respecto a la aplicación de estos impuestos en términos de factibilidad e impacto esperado (ver aquí). Evidencia reciente en Colombia sugiere que incluso en países con instituciones fiscalizadoras más débiles que las de un país desarrollado, estos impuestos pueden ser ejecutados de manera efectiva. El más exhaustivo de estos impuestos es el impuesto a la riqueza, el cual se paga sobre el whole del valor del patrimonio de un individuo. El foco del impuesto a la riqueza son solo los mayores patrimonios, por lo que en general su diseño exime a la mayor parte de la población de este impuesto.