En las grandes y medianas empresas (con más de 50 personas ocupadas) trabajan 12.2 millones, la cuarta parte de la fuerza laboral en el país, la gran mayoría, 93%, tienen empleo formal. Sin embargo, en ellas 5.7 millones carecen de salario suficiente para superar el umbral de pobreza. Casi la mitad, 46%, de quienes trabajan en grandes y medianas empresas ganan menos de 8,600 pesos al mes, que es el costo de dos canastas básicas. En pocas palabras, el segundo cambio estructural, en lo social, consiste en crear un auténtico sistema de bienestar, con un piso garantizado de ejercicio de derechos sociales, universal, sin discriminación y sin condicionamientos. Y por supuesto, alejado de todas las formas de clientelismo electoral y lucro político con la pobreza.
Este tipo de participación todavía necesita de una adecuada regularización y management por parte del sector público, que sigue teniendo un rol fundamental y clave en la gestión de las políticas habitacionales y urbanas (Simioni y Szalachman, 2006). A partir de 1990, el empleo en las áreas urbanas mostró una mayor expansión en los sectores de baja productividad. En cambio, se redujo la participación del empleo tanto en las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas como en el sector público (CEPAL, 2005). Durante la última década ha habido un traslado de recursos y responsabilidades para el desarrollo de los programas de empleo a los municipios, o a otro tipo de jurisdicción menor. Aunque los municipios intervienen en forma incipiente respecto a la demanda del empleo (el fomento productivo municipal), se encuentran fuertemente limitadas sus finanzas y capacidad de inversión. El desarrollo de un apoyo hacia la oferta (a los recursos y capacidades de trabajo con que cuentan personas y hogares pobres) ha sido más esporádico, y sin articulación con los esfuerzos sobre la demanda.
Por ejemplo, la brecha de género persiste tanto en las empresas consolidadas (32%) como en las que intentan dar sus primeros pasos (20%). La desigualdad de oportunidades en la economía se agrava de generación en generación, atrapando a las mujeres en la pobreza e impidiendo que se beneficien por igual del crecimiento económico. Desde la perspectiva territorial, la población que vive en localizaciones más periféricas está en situación de mayor exclusión social, lo cual se puede identificar por la ausencia de servicios o su inadecuada provisión, y por los bajos ingresos percibidos.
Sus ingresos por ocupado en general son bajos e inferiores a los que se obtienen en el sector formal (aunque en el sector formal los pobres generalmente también tienen empleos inseguros de rentabilidad baja (Banco Mundial, 2004)). Ello refleja, en parte, diferencias de capital humano pero, principalmente, de las características productivas de las unidades que componen el sector (escasos requerimientos de capital y tecnología, y por ende, resultan en baja productividad e ingresos por persona ocupada) y de los mercados a los que tienen acceso. La construcción social del habitat por los habitantes de los asentamientos precarios y de los barrios consolidados debe ser considerada como un recurso y una inversión de los sectores de bajos ingresos que debe activarse, mejorarse o capitalizarse, es una de las principales oportunidades de desarrollo del habitat en la región.
Sin embargo, sabemos que las mujeres contribuyen a la economía directamente a través de su participación en actividades económicas como el trabajo formal y el emprendimiento, pero también de manera indirecta a través de otras contribuciones como la asunción de una parte desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado. Los datos demuestran que si se redujeran las brechas de género, el PIB per cápita podría aumentar un 20%. Pero mientras los países ricos experimentaron un desarrollo sin precedentes, la mitad de las naciones más pobres del mundo siguen languideciendo por debajo de sus niveles anteriores a la crisis de la COVID. Es por ello que nos es imperativo abordar la pobreza del tiempo de las mujeres en diversas perspectivas.
Standing sugiere que éstas emociones son comunes a los grinners y groaners, pero no es del todo claro cómo subyacen ellas a dos clases de relatos y autocomprensiones tan diferentes. Esta experiencia individual y colectiva de la precariedad puede ser concebida como una especia de síndrome de la precariedad. Incluye a migrantes, mujeres, jóvenes, discapacitados, individuos criminalizados, trabajadores maduros dados tempranamente de baja, y trabajadores mayores con pensiones insuficientes que los obligan a volver al mercado laboral en condiciones de mayor inseguridad. Otro signo de su heterogeneidad es que incluye tanto a personas con baja calificación como también a trabajadores altamente calificados. 5 Los países de la región carecen de políticas nacionales de fomento a la pequeña producción que incorpore una perspectiva de desarrollo económico native. Esta situación, combinada con la heterogeneidad del territorio urbano y sus procesos y actividades económicas, hace difícil y complejo anticiparse a los efectos de los shocks externos en los distintos sectores sociales.
No lo abandonaron hasta 1943, aunque para entonces habían logrado cambiar leyes para permitir, por ejemplo, la compra de terrenos por parte de extranjeros, algo que estaba prohibido hasta entonces, y que acentuó la influencia de las empresas estadounidenses en la economía y política del país. 7 La medición de la capacidad de compra de la canasta básica integral consistió en sumar los ingresos percibidos al mes por familia, y el total se dividió entre los integrantes de la familia. 6 El costo de la CBI para el año 2013 fue de 2.415,45 pesos mensuales per cápita para zonas urbanas; el salario mínimo para el año 2013 fue de 1.942,80 pesos mensuales y de 64,seventy six pesos diarios. A continuación nos referimos al nivel de ingresos de la población encuestada, a su capacidad de compra y al tipo de ocupaciones que desempeña. Para contribuir a los bienes públicos y mantenerlos, se necesita una amplia cooperación y coordinación.
Las tasas de pobreza e indigencia indicadas significan descensos respecto a sus niveles de 1990, tanto a nivel nacional como urbano. Mientras Latinoamérica la mayoría de los pobres se concentran en las ciudades, en China, Europa Oriental y Asia Central sucede una ruralización de la pobreza. El alto nivel de pobreza urbana se debe a la migración de las personas de las áreas rurales hacia las áreas urbanas (búsqueda de un empleo mejor remunerado, mejor calidad de servicios sanitarios y educativos). Unos sistemas sólidos de protección social son esenciales para mitigar los efectos y evitar que muchas personas caigan en la pobreza. La pandemia de la COVID-19 tuvo consecuencias económicas tanto inmediatas como a largo plazo para personas de todo el mundo y, a pesar de la expansión de la protección social durante la disaster de la COVID-19, el 55 % de la población mundial (alrededor de 4000 millones de personas) está completamente desprotegida.
“Queremos experimentar”, dice Isa, “la jornada laboral reducida es un experimento que estamos probando para ver si ayuda a aumentar la productividad. El ministro de Economía, Nicolás Grau, se sumó al debate expresó su apoyo a la ministra Jara, instando a los empresarios a mejorar los salarios al igual que su par de Trabajo. Durante los debates sobre la situación actual del mercado laboral en Chile, Grau afirmó que “los bajos salarios en Chile son un hecho y una realidad estadística, no una opinión”. Por su parte, Larraín Matte, precise presidente de Pivotes, definido como «centro de incidencia pública», representa una visión privada que a menudo choca con las políticas gubernamentales orientadas a la redistribución, y aboga por una agenda marcada por la flexibilidad laboral. “Hay una cosa media establecida de que cualquier cosa que libremente pacten trabajadores y empleadores es definición de precariedad o un abuso, cuando son las personas las que optan por no tener jornada, o que optan por no estar sindicalizados, aseguró en el mismo espacio de conversación. Aun antes del terremoto de 2010, un eighty % de los servicios públicos en Haití era controlado por actores privados.