La Política Social se tiene que construir, definitivamente, con una participación y una actoría de los grupos de atención prioritaria, de los niños, niñas, de las mujeres, de las diversidades sexo genéricas, y para el Alcalde eso ha sido fundamental, la participación y la movilización social para la construcción de la Política Pública. La política pública necesariamente tiene que ser construida de manera participativa, salir de esta lógica que desde el escritorio podemos resolver, desde el alto pensamiento, las necesidades que tienen las personas de manera general. La SIS es la rectora del Sistema de Protección Integral en el Distrito, y su naturaleza radica especialmente en la articulación con todos los organismos del sistema. Una articulación, evidentemente siempre será importante con las unidades desconcentradas del gobierno Nacional porque, si bien es cierto unas competencias son del Estado, existen otras que están siendo asumidas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Lo que buscamos es articular de manera conjunta para responder a las necesidades que tiene la población. “Si no se hace así podría ser que las familias pobres más motivadas fueran las que se trasladaran y entonces no quedaría claro si mejoran por el cambio de residencia o por otros factores”.
Los impuestos locales son mínimos en relación con las participaciones federales que reciben, por lo que su capacidad de gasto e inversión está determinada por la política fiscal federal. Si ésta es restrictiva, los estados, municipios y regiones, pasan a estar en el peor de los mundos posibles. Ello ha llevado a tratar de aumentar impuestos locales para encarar sus problemas financieros. El problema es que, en un contexto de bajo crecimiento económico, no hay viabilidad de incrementar impuestos y la recaudación.
Están orientados a las personas vulnerables, que se encuentran en situación de pobreza y de pobreza extrema, con servicios de calidad, con calidez y que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas. La desigualdad espacial se entiende como la manifestación en el espacio de las disparidades sociales generalmente vinculadas a los ingresos económicos, la religión o la raza de las personas. En este caso, la diferencia está dada por los importantes esfuerzos de los municipios locales por lograr garantizar un acceso equitativo a las áreas verdes públicas, y en donde la planificación urbana heredada de la era socialista china ha sido clave para que ello suceda. El liderazgo, coordinación y autoridad del estado en la asignación, distribución de recursos y regulación de acciones entre el sector privado, instituciones y organizaciones ciudadanas en el espacio físico es elementary desigualdad historica.
En la tabla de resultados ( Tabla four ) se puede observar que, para el año 1990, la mayoría de las ciudades (diez), presentaron una condición de baja desigualdad y, el resto de ellas, se clasificaron con una desigualdad media. Para el año 2000, se visualiza un aumento del nivel de desigualdad, ya que el número de ciudades que presentaron una distribución equitativa se redujo a nueve y aquellas clasificadas con una desigualdad media aumentaron a ocho. Las dimensiones espaciales, sociales y económicas de la inclusión urbana están estrechamente vinculadas y tienden a reforzarse entre sí. Cuando estos factores interactúan de una manera negativa, atrapan a las personas en la pobreza y la marginalidad. Por el contrario, si la interrelación es positiva, pueden mejorar la vida de las personas y disminuir la exclusión. Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y esta proporción alcanzará el 70% en 2050.
A pesar de sus devastadores impactos, el COVID-19 ha demostrado que un futuro urbano verde es posible debido a los cambios de conducta; Los bloqueos inducidos por el COVID-19 han resultado en una caída en las emisiones de carbono y una mejora a corto plazo en la calidad del aire en las ciudades. La planificación urbana y territorial respaldada por estructuras de gobernanza adecuadas aumentará el valor económico de la urbanización. La Nueva Agenda Urbana hace hincapié en la implementación efectiva a nivel native y en el papel de los gobiernos locales. Después de décadas de ambivalencia por parte de los formuladores de políticas, la urbanización se ha convertido en una agenda clave en la política de desarrollo internacional.
El día de hoy damos comienzo a una serie de blogs que busca explorar cómo la desigualdad urbana y la pobreza multidimensional se expresan en nuestras ciudades. En el primer weblog de esta serie analizamos cuál es el estado de América Latina y el Caribe (ALC) en términos de pobreza multidimensional y desigualdad urbana. El día de hoy ahondaremos en aspectos concretos que ponen de manifiesto el carácter multidimensional de la pobreza y la desigualdad en nuestras ciudades. La urbanización ha sido una de las fuerzas impulsoras más importantes del desarrollo en el mundo en el último tiempo. Más de la mitad de la población mundial vive ahora en una ciudad y esa proporción seguirá aumentando rápidamente hasta alcanzar el 70 % en 2050.
Así, aunque México es uno de los países más desiguales del mundo, las personas rara vez experimentan esta desigualdad. El experto ecuatoriano aseguró que existe un «desafío político y programático» y agregó que «un mundo más justo no solo pasa por transformar un orden mundial sino que debe transformar las condiciones de vida concretas de las sociedades». Sobre Silvana Haro
El valor de la urbanización es socialmente inclusivo cuando mejora la igualdad de género, protege los derechos de las minorías y los grupos vulnerables y asegura la inclusión social. El valor medioambiental de la urbanización sostenible no se puede realizar sin priorizar las necesidades de los grupos desfavorecidos. Las iniciativas de ecologización urbana aumentan el valor ambiental de la urbanización, pero se necesitan medidas adecuadas para garantizar que no agraven la desigualdad y la vulnerabilidad social.
La diferencia entre las comunas con mayor y menor número de conexiones a internet (Providencia, 99,5% y La Pintana, 15%, en promedio) muestra realidades que parecen pertenecer a países distintos y que, sin embargo, conviven en una misma ciudad. Las disputas por la ciudad se sitúan en un complejo entramado de relaciones institucionales y cambios estructurales que requieren especial atención. Los conflictos, en sus distintas escalas y manifestaciones, son un elemento central de los procesos urbanos (Cravino, 2017) y pueden tener distintos efectos en dimensiones territoriales, jurídicas y políticas (Melé, 2016). Sin embargo, es plausible considerar que el impacto diferencial que tienen las ayudas en la reducción de la desigualdad esté relacionado con la proporción de hogares que, contando con las condiciones para acceder al programa, fueron efectivamente elegidos. La Figura 10 muestra cómo, a nivel general, Cartagena es la ciudad donde es más alta la proporción de hogares elegibles que realmente hicieron parte del programa, con entre el 50 y el sixty nine %; seguido de Pereira, que se mantuvo la mayor parte del tiempo entre el fifty five y el forty five %; mientras que Bucaramanga, hasta 2017, era la de menor grado de elegibilidad efectivo. Las del impacto más grande de las ayudas en la reducción de la desigualdad, y al observar estas diferencias tanto del número de beneficiarios como del grado de elegibilidad, es posible inferir que el efecto de las ayudas en Cartagena es resultado de las ayudas provenientes de instituciones; mientras que, en Pereira, es por efecto de ayudas de otros hogares.
Esto es particularmente el caso en la literatura sobre la «gentrificación» en Santiago de Chile, que muestra una multiplicidad de interpretaciones, muchas veces contradictorias, de lo que se entiende por gentrificación. Para aclarar la noción cabe señalar, en primer lugar, que desde su aparición —hace casi medio siglo— el término «gentrificación» ha sido uno de los más polémicos de los estudios sobre la ciudad. La disputa viene tanto de la manera de caracterizar el proceso, y de definir con claridad sus consecuencias, como de la toma de una postura normativa frente al fenómeno. No obstante, es importante recordar que muchos de los conceptos utilizados en desigualdad en los ingresos el seno de los estudios urbanos suelen ser mecanismos elementales para brindar legitimidad al conjunto de las políticas neoliberales (Janoschka, 2011). Para dar algunos ejemplos, diferentes términos como la rehabilitación urbana, la revitalización urbana o la renovación urbana esconden, detrás de un discurso eufemístico, la creciente mercantilización de las ciudades y la perpetuación de las diferencias sociales a escala territorial. Diferentes académicos provenientes del mundo anglosajón han afirmado recientemente que la gentrificación se ha transformado en un fenómeno global (Smith, 2002; Atkinson y Bridge, 2005; Lees et al., 2008; Porter y Shaw, 2008).
El tema se vuelve en principio de carácter institucional en relación con las capacidades presupuestales acordes a una supuesta autonomía municipal para la dotación y mantenimiento de los RISP, en este caso la de abastecimiento de agua potable. Ante ello las llamadas políticas sociales urbanas (Bodemer, Coraggio, y Ziccardi, 1999) adquieren centralidad dado que su principal objetivo debe ser crear condiciones de equidad social, promoviendo y garantizando el ejercicio de los derechos de los ciudadanos (DESCA). De igual forma, en la capital de la República, cuyo territorio forma parte de la la gran región de la ZMVM, rige la Carta de Derechos contenidos en la Constitución de la Ciudad de México, aprobada en 2017, y un robusto marco legal que reconoce ampliamente los derechos ciudadanos (Ziccardi, 2018 a y b).
Desde el retorno a la democracia, pese a que ningún gobierno ha cambiado las bases del modelo económico de la dictadura militar, principal issue de la desigualdad socioeconómica del país,[9] se han creado entidades gubernamentales, políticas públicas y mecanismos de medición con el fin de examinar e intentar solucionar en parte los problemas de desigualdad existentes. Como parte del Programa Global de Espacio Público, la ONU busca promover calles y espacios públicos conectados, integrados y seguros en las ciudades, especialmente para los más vulnerables. Concretamente recomienda un radio caminable de four hundred metros como distancia máxima para acceder a los espacios públicos en entornos urbanos. Sin embargo, las ciudades son focos de desigualdad y esto puede afectar al acceso caminable a los espacios públicos. Bajo esa premisa, la ciudadanía y las comunidades deben exigir a sus municipios y autoridades la creación de políticas públicas serias del verde urbano, procurando que éstas aborden las inequidades territoriales existentes, tanto a nivel normativo, de planificación y con una apuesta clara a una mayor inversión.