Finalmente, en noviembre de 2005 se firmó un acuerdo con China que entró en vigencia en octubre de 2006. Debido a la firma de estos tratados, en agosto de 2003 el ministro Eyzaguirre decidió aumentar en un punto el IVA, es decir, de un 18% a un 19%, en compensación por los menores tributos que dejó de percibir el fisco por las bajas arancelarias que implicaron los acuerdos comerciales. Esta reforma tuvo tres elementos fundamentales, que no produjeron alteraciones significativas a la estructura impositiva originada con las reformas de 1975 y 1984.
Con gráficos y mapas satelitales dio evidencias acerca de cómo la contaminación ambiental se encajona en las zonas donde vive la población de menores ingresos, que, en contraste, son quienes producen la menos cantidad de partículas nocivas. Afirmó que el crecimiento urbano implica perdida de importantes recursos naturales, lo que afectaría el clima y las condiciones ambientales. Criticó la poca preocupación que las políticas sociales otorgan al factor ambiental aun siendo tan determinante en cuanto a la salud y calidad de vida de la población.
En julio de 1997 se produjo la devaluación de la moneda de Tailandia, y como un efecto dominó, se produjeron numerosas devaluaciones en países como Indonesia y Filipinas. Progresivamente se fue trasladando de una disaster regional a una disaster global, que afectó principalmente a las exportaciones de los países subdesarrollados, como lo fue el caso de Chile. Los efectos más importantes en la economía fueron el aumento del desempleo, que volvió a superar la cifra de los dos dígitos, y una caída del PIB. Sin embargo, al año siguiente la economía mostró importantes signos de recuperación, por lo que los efectos resultaron pasajeros.
Esta política se basó en la búsqueda de un regionalismo abierto, es decir, que, a pesar de la clara prioridad en América, esto no impidió establecer relaciones con otras regiones, precisamente a través de acuerdos bilaterales y regionales. Por otro lado, se fue produciendo progresivamente una creciente actividad de empresas chilenas en el extranjero, especialmente en países vecinos como Argentina y Perú, lo que planteó una nueva dimensión de la inserción internacional del país[89]. A pesar de los argumentos del ministro, en 1981 comenzaron a evidenciarse los primeros síntomas de la crisis. En mayo de ese año, la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV) informó sobre la paralización de sus actividades debido a la crisis del sector externo.
Sólo en 1978 el Gobierno gastó en los sectores sociales US$1.074,7 millones, distribuidos en vivienda, salud, educación y desarrollo regional, entre otros. Además, entregó subsidios de cesantía, capacitación a trabajadores, reajuste de las remuneraciones y una eliminación progresiva de formas regresivas de tributación[29]. De esta manera, las políticas económicas y sociales se caracterizaron por la coherencia y continuidad, dando estabilidad macroeconómica al país, superando la mayoría de los déficit y normalizando los índices y variables más importantes de la economía. Por lo tanto, hacia 1979 la economía chilena no sólo se había estabilizado, sino que entró en una fase de modernización, ya que el Gobierno Militar decidió cambiar el énfasis desde la estabilidad al desarrollo[30].
Por una parte las autoridades no sólo buscaron un fortalecimiento del sector privado y una reducción del sector público, debido al gasto fiscal que significaba, sino que también los traspasos de las empresas públicas debían fomentar la difusión de la propiedad y evitar el endeudamiento, es decir, no cometer los errores de la primera etapa[63]. Debido a la crisis un número importante de empresas tuvo que ser intervenida por parte del Estado, ya sea porque estaban técnicamente en bancarrota, porque se les consideraba muy importantes para dejarlas quebrar o porque estaban relacionadas con instituciones financieras en dificultades. De este modo, el Estado intervino el 60% del patrimonio de la banca privada, aproximadamente el 70% de los fondos de pensiones de las AFP y un sinnúmero de empresas relacionadas con los bancos. Superados los efectos más graves de la crisis, estas empresas fueron reprivatizadas, licitándolas a los interesados nacionales y extranjeros, siendo el llamado “capitalismo popular” uno de los métodos escogidos para reprivatizar las grandes instituciones financieras con el objetivo de esparcir lo más ampliamente posible la propiedad[64]. El “capitalismo popular” fue una estrategia de las autoridades económicas para apoyar el nuevo proceso de privatización, ya que el Estado creó incentivos especiales para que las personas y los trabajadores pudieran adquirir y mantener acciones, dándoles preferencias de compra y avances de futuras compensaciones. Si bien la estabilización macroeconómica permitió revertir el déficit fiscal y el de la balanza de pagos, transformándolos en superávit, la inflación se mantuvo como un problema persistente dentro de la economía, debido a las diversas presiones inflacionarias que existían.
El programa de nuestra Casa de Estudios es el único del país que participará en dicha investigación y en efecto el jefe de Programas Académicos de la Facultad, Juan Pablo Faúndez, quien dirige dicho programa, fue invitado a la primera jornada de trabajo que se efectuará en Roma entre los días eleven y 18 de mayo próximos. Algo comparable sucede con el requisito de postular a los programas sociales, aun cuando, gracias al Registro Social de Hogares, el Estado sabe quiénes son las personas con derecho a ellos. En este sentido, es una gran noticia que el MDSF haya comenzado a entregar automáticamente el Subsidio Único Familiar, levantando la exigencia de postulación.
Los agrupamientos de valores altos-altos se localizan en la parte del centro histórico, el centro-norte de la ciudad y el sur-poniente. Por su parte, las áreas con tonos azules (bajo-bajo) representan agrupamientos de AGEB, con bajos niveles de vulnerabilidad social que se ubican en el suroriente de la ciudad. En consecuencia, los indicadores locales pueden auxiliar a las personas que diseñan la política social al identificar zonas de alta o baja concentración de AGEB con vulnerabilidad social, así como la presencia de áreas disímiles. En esta línea, revela, “se suscita una forma de obligación de cuidados recíproca, ya que a medida que aumenta la edad de los adultos mayores en un grupo acquainted pobreza e indigencia, se incrementa el sentimiento de obligación de cuidado de los hijos, al ser conscientes de una mayor dependencia y de la carencia del apoyo estatal para responder a esta necesidad. La internacionalización económica del país continuó durante el gobierno de Bachelet, firmándose importantes acuerdos con socios comerciales tanto de Latinoamérica como del resto del mundo. En 2006 se establecieron acuerdos con Panamá, Perú y Colombia, los que entraron en vigencia en 2008 y 2009, respectivamente.
Por otro lado, la tasa de inversión en capital fijo fue de 16,2% del PIB, siendo el sector privado el principal protagonista. La ocupación laboral aumentó en un 6,5%, llevando a la tasa de desempleo a 7,1% de la fuerza de trabajo. La inflación alcanzó un 12,7%, disminuyendo considerablemente respecto del año anterior que fue de un 21,5%.
Según el ministro “la raíz de la situación actual de la economía chilena está en el deterioro de sus términos de intercambio. El alto endeudamiento externo —acumulado desde 1981— y su elevado costo agravan el problema, porque impiden aliviar el impacto de los desfavorables términos de intercambio, recurriendo al financiamiento externo”. Por lo tanto, “la tarea que se ha propuesto el Gobierno es lograr una vasta reconversión de la estructura productiva nacional, destinada a reconvertir pobreza extrema en el mundo 2022 a las exportaciones en la fuerza motriz de nuestro desarrollo. De este modo, la economía chilena, expandiendo sus actuales exportaciones y desarrollando nuevas áreas de exportación, superará gradualmente los efectos de la depresión de sus términos de intercambio”[58]. Para lograr este objetivo, la economía debía desplazar la producción nacional desde el mercado interno a los mercados externos, además de concentrar los esfuerzos de inversión en los sectores con potencialidad exportadora.
Con la implementación del Programa de Recuperación Económica de 1975 se produjo un cambio sin precedentes en la conducción económica del país basada en la aplicación de una política continua y coherente con el fin de establecer una economía social de mercado. Primero se buscó lograr un reordenamiento económico, donde los esfuerzos se condensaron en 1975 con la Ley de Administración Financieradel Estado “que permitió ordenar las cuentas públicas y definir claramente las responsabilidades respecto del presupuesto de la Nación y su ejecución”[20], produciendo un cambio radical en la institucionalidad fiscal y financiera del país. Ambas estrategias metodológicas pueden ser poderosas herramientas de análisis, cuando se busca focalizar en el territorio las acciones de política pública.
Por otro lado, en noviembre de 1981, la Superintendencia de Bancos debió intervenir una serie de instituciones financieras que no contaban con capacidad de pago de las deudas que habían contraído, evitando así un colapso del sistema bancario. Por último, la cuenta corriente alcanzó en 1981 un déficit de US$4.812[46] que correspondía a un 14.5% del PIB. La delicada situación del sector exportador y financiero aumentó las críticas a la política del cambio fijo, ya no sólo de los economistas, sino de parte de algunas autoridades militares.