La Pobreza Es Una Grave Vulneración De Los Derechos De Los Niños, Niñas Y Adolescentes

Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más susceptible como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros. Debido a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos. El crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, sin embargo, no suficiente. En el libro de March (2013) se cita a Sunkel & Paz (1986), quienes definen desarrollo como un desigualdades socio territoriales proceso de cambio social, cuyo objetivo es igualar las oportunidades sociales, económicas y políticas, refiriéndose a un nivel nacional y a las sociedades que alcanzan mayores niveles de bienestar. Todaro y Smith (2012) por su lado, adopta la definición desarrollada por Amartya Sen15, donde se relacionan el proceso de desarrollo con la calidad de vida y con la capacidad de las personas de elevar su estatus, adicionando los conceptos de autoestima y libertad. En este último sentido, el Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo (PNUD) en 2016, hace referencia a las libertades humanas como “la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana -no solo el de unas pocas ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta- ahora y en el futuro” (pp. 30).

Esto es importante porque las habilidades cognitivas y no cognitivas son importantes para el éxito en la escuela y en otros aspectos. Sin estos éxitos, no habrá buenas perspectivas económicas en el futuro lo que conduciría a una falta de movilidad social. Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza material es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud psychological, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas.

Es reconocer que son seres humanos y titulares de sus propios derechos, al igual que los adultos. Estos Derechos se crean para buscar el adecuado desarrollo de la infancia, la cooperación internacional en esta materia y que los derechos se apliquen de manera global. Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo.

Es muy possible que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Se comprobó la existencia de convergencia absoluta en términos de PIB per cápita y desigualdad del ingreso. De igual forma, las regiones con mayor desigualdad inicial, son las que tienden a reducir más rápido este indicador.

Muchos trabajos de investigación han tratado de identificar cuán importante es la relación entre desigualdad y desarrollo, y los mecanismos para explicar dicha relación. Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico.

desigualdad social y derechos humanos

Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. La vida en una sociedad con una perspectiva planetaria requiere abordar temas que inicien la convivencia social y reúnan a sujetos de diferentes orígenes étnicos y raciales, lo cual merece una apreciación filosófica, histórica y socio-antropológica. En la metodología, se utiliza la producción referenciada en concepts y principios de teóricos del campo del conocimiento histórico-filosófico al analizar recortes de hechos condicionantes que tipifican la desigualdad social y que están sujetos a superarse con el pensamiento decolonial.

Dentro de esta categoría los únicos países latinoamericanos representados son Chile y Argentina en el puesto forty five (con valores de 0,847 y zero,827 respectivamente, siendo el promedio de América Latina y el Caribe de zero,751). Sin embargo, Chile retrocede 12 puestos si se considera la desigualdad17, quedando al nivel de países como Rumania, Kuwait o Rusia. Los primeros puestos son ocupados por Noruega, Australia y Suiza, mientras que en los peores lugares están la República Centroafricana, Nigeria y Chad, con niveles de desarrollo humano muy bajo. Si bien el crecimiento es un fenómeno relativo al mercado y al aumento del PIB, como se ha mencionado, el desarrollo suma a esto el bienestar social, el cual se observa en la calidad de vida de la población, en el desarrollo de competitividad y capital humano, en la mayor calidad y acceso a educación y salud, entre otros factores. En esta oportunidad se estudiaran el índice de desarrollo humano (IDH) y el índice de desarrollo regional (IDERE).

El segundo tipo de desafíos es expresión de los problemas del primer tipo en sociedades complejas. Se trata de situaciones sociales (p. ej., pobreza, desigualdad, distribución de la riqueza, acceso a servicios públicos de educación y salud, resguardo del medio ambiente y otros semejantes) que son tratados por el derecho y por el conjunto de políticas sociales impulsadas por el Estado. En este conjunto de procesos públicos la justicia social está presente como criterio de toma de decisiones y como concepto que tensiona los mecanismos distributivos existentes. No se puede negar que Chile ha experimentado un desarrollo sin precedentes desde el retorno a la democracia (1990). Se ha logrado en un escenario de estabilidad política y social, preservando equilibrios macroeconómicos a pesar de los shocks internacionales (Sunkel e Infante, 2009).

Además, funcionarios que se desempeñen en (o deseen colaborar con) instituciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que tienen por objeto promover cambios institucionales en entornos complejos e inciertos. Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter universal, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. Conocer los derechos de las niñas y niños nos sensibiliza y nos hace responsable de su cumplimiento.

consigo la automatización del empleo y la revolución digital. Es tarea de todos contribuir a superar los obstáculos y aspirar a un país más justo, próspero y solidario.

En Chile se han emprendido importantes reformas para la construcción de una sociedad más respetuosa de la diversidad. Si bien se ha avanzado, la institucionalidad vigente no logra promover la igualdad y la no discriminación de manera efectiva. Espacio Público está trabajando en proponer alternativas institucionales que llenen los actuales vacíos. Nuestros proyectos se enfocan tanto hacia la problemática basic de la desigualdad como al estudio de casos específicos. El objetivo es hacer de la igualdad y la no discriminación una orientación transversal a la sociedad y la administración del Estado.

Pasamos de un estallido social y una efervescencia por salir a la calle, conectarse, conversar y reencontrarnos (aparejado de una reacción estatal que produjo una gravísima disaster de derechos humanos) a enfrentar una pandemia que nos obligó a replegarnos y alejarnos físicamente. De grandes aglomeraciones y abrazos, soportando el temor a la violencia, los perdigones y los gases lacrimógenos, pasamos a encerrarnos en nuestras casas todo lo que podemos, soportando el temor a un virus del que nadie sabe tanto todavía. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos.

Al ser la pobreza reconocida como mal social, no es de extrañar que sea un concepto ampliamente estudiado y que sea propósito de cada Gobierno reducirla al máximo. Asimismo, el hecho de obtener un ingreso insuficiente es consecuencia de las desigualdades estructurales de un sistema económico (Macías, 2014). La desigualdad es un tema que aflora en cada uno de los informes económicos que la OCDE realiza para Chile. En 2015, el país ocupa el puesto número dos en desigualdad entre los miembros de la OCDE (medida a través del índice de Gini antes desigualdad y exclusion social y después de impuestos y transferencias), después de México. Lo siguen Turquía, Estados Unidos y Lituania, siendo los países con menor desigualdad Islandia, Eslovaquia y Eslovenia (OCDE, 2018). La desigualdad de Chile es intra e interregional, los ingresos del 10% de la población más rica del país son 27 veces mayores que el decil más pobre (OCDE, 2015)6, por sobre el promedio de los países de la OCDE, donde el 10% más rico gana 9,6 veces más que el 10% más pobre (siendo esta la mayor diferencia de los últimos 30 años) (Keeley, 2015).