Sí ofrecen datos a nivel regional, señalando que se pasó de una tasa de 33% en 2020 a un de 32,1% el año pasado, equivalentes a 201 millones de personas. El Informe conjunto sobre el empleo se centrará en los principios pertinentes del pilar, con un análisis más profundo de su puesta en práctica a nivel nacional y de la UE, en virtud del cuadro de indicadores sociales revisado. Se invitará a los Estados miembros a presentar informes periódicos en sus programas nacionales de reformas sobre la aplicación y sobre las iniciativas políticas previstas para colmar las lagunas. La pandemia de COVID-19 ha arrojado luz sobre las precarias condiciones de trabajo de muchos trabajadores móviles, incluidos los trabajadores de temporada. Para el buen funcionamiento del mercado interior resulta esencial proteger y mejorar sus derechos y condiciones de trabajo, y hacer que la movilidad laboral funcione sin problemas para las empresas y las administraciones. En su plan de acción a largo plazo, la Comisión estableció medidas para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único, en particular en el contexto de la movilidad laboral[44].
Por una parte, la UE actúa dentro de un sistema multilateral basado en normas internacionales a las que se adhieren la UE o sus Estados miembros. Por otra, el pilar es una guía para nuestras relaciones bilaterales con socios externos, incluidos los socios de la ampliación y de la vecindad, definiendo el alto nivel de criterios sociales que defiende la UE. Al planificar la asignación de recursos financieros, los Estados miembros deben realizar un mayor uso de las evaluaciones de impacto distributivo para tener en cuenta de manera óptima las repercusiones de las reformas e inversiones sobre la renta de los distintos grupos, así como potenciar la transparencia del impacto social de los presupuestos y políticas. Las autoridades nacionales pueden simplificar este proceso, que complementa las medidas de la Comisión para favorecer una mejor calidad de las finanzas públicas, una fiscalidad más transparente y justa, e inversiones y financiación más sostenibles desde la perspectiva social.
“La región de América Latina y el Caribe tiene el potencial para superar los desafíos y transformar su sistema alimentario. Sin embargo, esto requiere una acción decidida de cada país para reorientar sus políticas agropecuarias y aumentar la acción colaborativa entre gobiernos, sector privado, organizaciones internacionales y la sociedad civil para garantizar que todos los habitantes tengan acceso a una alimentación adecuada y nutritiva, tanto en el presente como en el futuro”, enfatiza Arias. En el rol de América Latina como productora de alimentos (la región es la principal exportadora mundial de alimentos) y en su capacidad para proveer servicios ecosistémicos (como la regulación del ciclo del agua, el secuestro de carbono, entre otros) también hay oportunidades para la región y para el mundo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó este martes que cerca de 1100 millones personas viven en una situación de pobreza multidimensional aguda en a hundred and ten países del mundo. África subsahariana es hogar de la mayor parte de ellas, con 534 millones, y el sur de Asia alberga a otros 389 millones. El cambio provocado por la pandemia constituye el mayor aumento de la pobreza en más de tres décadas (desde que se realiza una amplia difusión de los datos de las encuestas de hogares). En relación con el número de pobres (gráfico 1), la disaster de la COVID-19 es mayor que el número acumulado de pobres empujados a la pobreza durante la disaster financiera asiática, el único aumento adicional en esas últimas tres décadas.
Una Europa social fuerte es la base no solo de la prosperidad y el bienestar de nuestros ciudadanos, sino también de una economía competitiva. Para ello, será clave contar con una población activa innovadora y cualificada, capaz de dar forma y adaptarse a la doble transición ecológica y digital. En Somalia, por ejemplo, un país afectado por los conflictos, las sequías y las inundaciones, el 63% de los niños y niñas viven en situación de pobreza alimentaria infantil grave y, en las comunidades más vulnerables, más del 80% de los cuidadores declararon que sus hijos no habían podido comer durante un día entero.
Desde la proclamación del pilar social en la Cumbre de Gotemburgo en 2017, ya se han adoptado medidas significativas[19] a escala de la Unión, nacional, regional o local con apoyo de fondos de la Unión, apoyo técnico y la orientación del proceso del Semestre Europeo y recomendaciones para reforzar la dimensión social de la Unión[20]. Ha llegado el momento de hacer un esfuerzo conjunto, con la participación de todos los niveles de gobernanza, los interlocutores sociales y otros actores, para la plena aplicación de los principios del pilar social. Las siguientes secciones se concentran en áreas en las que se necesita más atención, no solo en el contexto actual de recuperación sino también a largo plazo, con el fin de construir una Europa social más fuerte para 2030 en beneficio de todos los europeos. La finalidad de esta información es ofrecer un panorama sobre la situación de la pobreza en la población en cuanto a las barreras para ejercer sus derechos sociales y la adquisición de una variedad de bienes para la satisfacción de sus necesidades esenciales. De esta manera, los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2022 permiten orientar y fortalecer la implementación de programas o acciones de política de desarrollo social, con la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno. Los datos, que abarcan desde información recopilada en encuestas de hogares hasta píxeles captados por imágenes satelitales, pueden orientar las políticas e impulsar la actividad económica, actuando como un arma poderosa en la lucha contra la pobreza.
El cambio a un futuro más ecológico, más justo y más integrador conllevará costes y desafíos a corto plazo. Por ello es tan importante acompañar el cambio y ayudar a las comunidades y a los individuos pobreza actual a adaptarse al nuevo mundo. El pilar europeo de derechos sociales debe implantarse a escala de la UE y de los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta los ámbitos de competencia respectivos.
Lograr el ejercicio pleno de los derechos y principios del pilar por parte de los ciudadanos de la Unión requiere, en su mayor parte, actuaciones a nivel nacional, regional y local. Nuestra meta común es invertir en las generaciones presentes y futuras de europeos, permitiéndoles a ellos y a Europa en su conjunto prosperar mediante la innovación y la diversidad, a pesar de los cambios y las adversidades. Por último, también se seguirá mejorando la oportunidad de las estadísticas sociales a la vista del Reglamento sobre las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares[91], de reciente adopción, junto con las primeras estimaciones en materia de pobreza y desigualdad. La Comisión continuará animando a los Estados miembros a mejorar la recogida de datos desagregados por origen racial o étnico, en virtud del Plan de Acción Antirracismo de la UE. En colaboración con las demás instituciones de la UE, la Comisión también seguirá mejorando y desarrollando indicadores fiables y comparables a escala internacional para medir y supervisar el bienestar de la población en la Unión, teniendo en cuenta el contexto específico de cada país y el trabajo realizado por otros agentes internacionales pertinentes. La participación de las autoridades nacionales, regionales y locales, los interlocutores sociales y la sociedad civil es essential para garantizar el compromiso con el pilar.
En su conjunto, han contribuido a elevar el precio de los alimentos y el coste de la vida a niveles sin precedentes. Se trata de la situación en la cual los niños y niñas no pueden obtener ni consumir una alimentación nutritiva y variada para mantener un crecimiento y un desarrollo óptimos en la primera infancia y en etapas posteriores. En enero del año 2015, el Ministerio introdujo un conjunto de modificaciones en la metodología tradicionalmente utilizada para la medición de la pobreza por ingresos, y, además, inició una medición complementaria de pobreza multidimensional. «Y hemos decidido, en segundo lugar, permitir que los vecindarios sean enormemente diferentes para que sirven las organizaciones sociales en la calidad de los servicios públicos (por ejemplo, escuelas, parques, bibliotecas, empleos, redes) que brindan a sus residentes (es decir, “desigualdad espacial”)”, explica Grusky. Para el equipo de Chetty queda claro que el experimento tuvo impactos significativos en los participantes, particularmente en los niños, lo que sugiere que MTO contribuyó a reducir la desigualdad. Al analizar de nuevo los datos, OI descubrió que ofrecer vales para mudarse a vecindarios de menor pobreza a familias con niños pequeños puede reducir la persistencia intergeneracional de la pobreza y, en última instancia, generar retornos positivos para los contribuyentes.
Por lo tanto, la Comisión está recopilando pruebas, en concreto, sobre las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de plataformas. De acuerdo con el artículo 154 del TFUE, la Comisión lanzó en febrero de 2021 una consulta a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de la acción de la Unión[32]. En junio de 2020, la Comisión lanzó también una iniciativa[33] para garantizar que el Derecho de competencia de la Unión no obstaculice la mejora de las condiciones laborales mediante convenios colectivos para los trabajadores autónomos que la necesiten.
Según la base de datos bibliográfica IDEAS (obtenida del repositorio económico Research Papers in Economics), Katz ocupa el puesto 67 entre los académicos de economía más citados de todos los tiempos. La idea era descubrir si ayudar a familias asignadas al azar a mudarse a un vecindario mejor los beneficiaría económicamente. El estudio destaca que las comunas de Independencia, Santiago, Estación Central, Maipú y Macul fueron las más afectadas, representando a uno de cada cuatro habitantes de la capital. Estas comunas concentran el 33% de las estaciones de Metro y el 26% de los servicios públicos y privados, lo que ofrece un potencial significativo para el desarrollo futuro. No bastante este optimismo, el PNUD alertó de que el impacto whole de la pandemia aún está por verse toda vez que no dispone de todos los datos de ese periodo y, por lo mismo, no puede evaluar las perspectivas inmediatas. Desde el Palacio de La Moneda y sus balcones hemos logrado reconstruir nuestra democracia, y desde ellos miramos a nuestro país y trabajamos por lograr un mejor futuro para sus personas.
A medida que nos esforzamos por superar la pandemia, preparamos las reformas necesarias y aceleramos la doble transición ecológica y digital, creo que es hora de adaptar también el código normativo social. En el mundo, alrededor de 181 millones de niños y niñas menores de 5 años –uno de cada cuatro– viven en situación de pobreza alimentaria infantil grave, lo que aumenta en un 50% sus probabilidades de padecer desnutrición aguda que puede ser letal. Entre el 2014 y el 2016, el 27% de la población de la región experimentó inseguridad alimentaria de moderada a severa. Aunque en 2022, el porcentaje disminuyó a 37,5%, la región sigue estando solo por debajo de África (60,9%) y por encima del promedio mundial (30%), de acuerdo con el informe más reciente de Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria en el mundo. Los países no pueden enfrentar adecuadamente este problema sin mejorar también el bienestar de las personas de manera integral, lo que incluye un acceso más equitativo a la salud, la educación, y la infraestructura y los servicios básicos, entre ellos los servicios digitales. La discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual está prohibida en la UE.