En este contexto, resulta urgente mitigar la demanda sanitaria a través de acciones dirigidas a mantener la calidad de aire. En busca de antecedentes que permitan adoptar medidas, este artículo aborda el caso de la ciudad de Valdivia desde el concepto de pobreza energética. Valdivia es la capital de la Región de Los Ríos, y presenta un uso intensivo de leña para calefacción.
Durante más de tres décadas de bonanza en Chile la clase media se hizo grande pero nunca fuerte. Deudas para educarse, cubrir su salud y sus pensiones privadas la hicieron tan frágil que en tres meses de pandemia a muchos dejará en la pobreza. Ciencia y Salud es un medio de comunicación en línea e independiente que tiene como objetivo entregar información y análisis para comprender los desafíos que afectan a la ciencia, al sector de la salud y que tienen impacto en la sociedad. El análisis realizado permite visualizar algunos aspectos que evidencian la necesidad de continuar pensando sobre los sistemas de protección en América Latina.
La precariedad del ambiente intradomiciliario, que afecta a gran parte de la población del centro-sur de Chile, tiene consecuencias negativas para la salud física y mental de las personas, y aumenta su vulnerabilidad frente a enfermedades que atacan al sistema respiratorio. La contaminación atmosférica generada a partir del uso de leña requiere un abordaje integrado para entender las condiciones que favorecen su uso intensivo, y las causas que han impedido lograr controlarla. El concepto de pobreza energética posibilita comprender mejor el uso de leña como flamable, considerando su asequibilidad (precio relativo en comparación a otras fuentes de energía), su accesibilidad (posibilidad de autoabastecerse a través de recolección) y su capacidad calorífica.
Además, en 2020, más de 23 millones de niños no pudieron recibir las vacunas esenciales, un aumento de casi cuatro millones con respecto a 2019 y la cifra más alta en eleven años. Tras la entrega de los resultados, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, se refirió a este diagnóstico señalando que “la pandemia que estamos viviendo, es la más grande de los últimos a hundred años. Y hemos visto que esta crisis sanitaria golpeó a los hogares de todos los quintiles, pero cuando golpea de una forma tan fuerte y brusca en la caída de empleos, el impacto sobre los hogares más vulnerables es muy difícil de atenuar”.
La tercera consideración es que la política pública en general -las transferencias monetarias, en este caso concreto- no deben ser nunca analizadas desde su sola existencia, debiendo también considerarse su cantidad, calidad protectora y legitimidad. Que exista un programa social, instala una diferencia con el punto de partida, pero no supone acceder a niveles mínimos de bienestar. Finalmente, se considera que es preciso salir de la thought de la inevitabilidad de las consecuencias generadas por el COVID, y destacar la existencia -siempre- de margen para la política. Pasada la crisis desigualdad 2022, se producirían modificaciones en el rol del Estado, que estaría centrado en los aspectos que se entiende permiten la salida de la pobreza. De acuerdo con el exministro (2020) se trata de generar verdadera ciudadanía, lo que no se logra solo con transferencias monetarias, sino con cambios profundos en las personas.
Esto es un problema, considerando la responsabilidad de los gobiernos, de dar cuenta de las políticas públicas implementadas. Si esto debe ser siempre parte de la acción gubernamental, se vuelve particularmente relevante en el contexto de crisis agudizada por la pandemia. Esto lleva a la segunda consideración y es que sigue siendo necesario mirar lo ocurrido durante la emergencia sanitaria, dado que no puede entenderse la realidad actual, por fuera de la misma. La emergencia ha finalizado en algunos aspectos, pero permanecen y se han profundizado sus consecuencias sociales y económicas. Las valoraciones del gobierno también son distantes de la suficiencia de las transferencias monetarias de emergencia, planteada por la CEPAL (2021), que surge de compararlas con las líneas de pobreza y pobreza extrema.
Tomando esto en consideración, es posible avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos, y hacia un diseño de políticas públicas que permitan llegar de mejor manera a la población objetivo. Los últimos datos de registros administrativos indican que la caída de ingresos laborales líquidos de los hogares se encuentra en torno a los 28,6 mil millones de dólares al mes de octubre 2021. Estos datos son obtenidos de los registros administrativos del seguro de cesantía y de estimaciones de los empleos perdidos y no recuperados de los trabajadores informales, en base a la información de la encuesta nacional de empleo del INE. Por su parte, la caída de ingresos laborales de los trabajadores formales es cercana a 21,three derechos de los pobres mil millones de dólares a octubre 2021. Tal como ya se ha indicado anteriormente, desde el inicio de la pandemia (marzo de 2020), aproximadamente 2 millones de trabajadores perdieron sus fuentes laborales.
“Hay que hacerse cargo de las brechas, y los recursos tienen que estar enfocados en los más afectados”, señala. Dado que este es un problema complejo, su abordaje requiere de una mirada interdisciplinaria y multisectorial, que vaya más allá de prohibir lo que parece ser la causa del problema, combinando estrategias de corto, mediano y largo plazo. Identificar los factores que inciden en la precariedad del ambiente intradomiciliario es clave para enfrentar esta emergencia y focalizar acciones para proteger a los grupos más vulnerables. A fines de 2019, la Plaza Italia de Santiago era el epicentro de un masivo levantamiento social que decía que la dignidad depende de mucho más que de poder llevarse algo de comer a la boca.
De exitoso empresario de exposiciones, primero el estallido social le echó abajo varios proyectos y después la pandemia terminó por destruir sus últimos trabajos. Estos aspectos no pueden ser problematizados sin hacerlo de la legitimidad otorgada al trabajo y a la asistencia como fuentes de acceso al bienestar. Hacerlo exclusivamente en el trabajo, sin otra consideración a su existencia plantea problemas múltiples. Además del señalado anteriormente en relación con la calidad, se contribuye a la concept que alcanza con trabajar para no ser pobre, o que estos no trabajaran, lo que se sabe que no ocurre. Por otra parte, un discurso sobre la asistencia centrado en la preocupación por la dependencia al Estado, y en oposición al trabajo como fuente de autonomía y dignidad, condena a un conjunto muy importante de la población, a una mirada culpabilizadora sobre ella y que desresponsabiliza al conjunto de la sociedad. Esto se contrapone con la perspectiva de necesidad de soportes públicos para hacerla posible.
A esta conclusión llegó la investigación desarrollada por investigadores chilenos y estadounidenses centrado en la Región Metropolitana. Del análisis realizado también surgen aspectos problemáticos en relación a la protección social no contributiva. Claramente es preciso superar la sola constatación de su existencia y problematizar su capacidad protectora. Esta es muy baja dado el monto de estas, lo que no supone que no sean relevantes para las personas que las reciben.
La siguiente Rendición de Cuentas, reitera estos términos y agrega que la prudencia fiscal permitió contar con los recursos para atender las necesidades de toda la población, y también para enfocarse en las personas más vulnerables (Poder Ejecutivo, 2022). Pradip Roy trabaja ahora como conductor con su furgoneta, transportando pasajeros por el equivalente a unos US$ 6 al día. Dijo que la familia no tiene planes de regresar a la ciudad, y que ahora está ahorrando para comprar una vaca y algo de tierra para labrar. Aunque los dos han salido técnicamente de la pobreza, las dificultades de la crisis del coronavirus han dejado su huella. “Tenemos que asegurarnos de que todo el mundo tenga acceso a las vacunas o a algún tipo de tratamiento para la pandemia, porque hasta que no se consiga controlar el shock sanitario, es muy difícil pensar en la recuperación económica, ¿verdad?
No obstante, pese a este avance, la tasa de disminución de la pobreza se redujo a menos de medio punto porcentual al año entre 2015 y 2017. La pobreza mundial había retrocedido a un ritmo anual de aproximadamente 1 punto porcentual entre 1990 y 2015. El desahorro vinculado a los retiros de los fondos de pensiones, aunque han contribuido a mitigar los efectos de la pandemia en el corto plazo, no han hecho más que desplazarlo al futuro”. La no consolidación de estos sectores trabajadores como una clase media mejor preparada para resistir el shock de la pandemia, piensa Barozet, está relacionada con que “la política de superación de la pobreza y de aumento del bienestar de la población estaba centrada en la integración al mercado laboral y el crecimiento económico”. Precisamente, dos de los elementos que están “en pausa o con cifras negativas” por la disaster actual.
Entonces, las prestaciones monetarias, además de insuficiencia en los montos, también tuvieron problemas en su desarrollo. Señalan Filgueira et al (2021) que esto “no permite a los hogares una mínima perspectiva de certezas en materia de apoyos en un contexto de alta incertidumbre” (p. 35). Pese a esto, y dada la pandemia, las prestaciones monetarias, fueron el principal instrumento dirigido a los sectores vulnerados económica y socialmente.
Lo mismo ocurre con el índice 10/10, donde el valor obtenido con beneficios Covid-19 se encuentra muy por debajo del ratio de 16 obtenido en la CASEN del año 2015, periodo en el cual fue su mejor desempeño. Cobertura de las medidas de mitigación implementadas durante el primer semestre del año 2020, según tramo de ingresos. La Tabla 5 muestra el resumen de los beneficiaros, aportes promedio y gasto whole desplegado durante los años 2020 y 2021 del IFE y ayudas asociadas, como el Bono Navidad y el Bono Covid. Tanto el aumento en el número de casos activos, como en el número de hospitalizaciones durante los meses de marzo a junio, incentivaron a relajar ciertos criterios de focalización. Lo anterior quedó evidenciado en el porcentaje de la población que se encontraba en cuarentena (o fase 1 del Plan Paso a Paso anteriormente descrito).