Nosotros presentaremos varias antigüedades de la comuna y vamos a mostrar minerales tradicionales de acá. Además, la literatura describe otras alianzas fundamentadas en el incremento de la incidencia al influir de manera positiva en el perfil de la fundación y el intercambio de servicios para la organización (Jang et al., 2015). “El proyecto que se presentó fue la iluminación de la sede a través de paneles solares para así hacerla más segura y evitar los robos.
Especial atención merece en todo caso el modelo del referido Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recoge en buena medida las recomendaciones de Naciones Unidas sobre instituciones autónomas de derechos humanos como issue fundamental que asegura el management sobre la acción de los gobiernos. La analogía que puede establecerse es que la noción de derechos humanos, de modo comparable a la de “sociedad civil”, es irreductible a su absorción, mimetización o manipulación dentro o por el Estado sin que se produzca su inmediata desnaturalización y consecuente deslegitimación. Aunque las concreciones institucionales suelen estar lejos de la perfección, cabe aspirar a que en materia de expresión genuina de la sociedad civil ocurra lo que también se espera, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pueblos indígenas, deportes, ciencia o cultura, esto es, que el Estado no desnaturalice o corrompa su desarrollo autónomo.
Si bien la Región Metropolitana concentra el 40% de la población complete y un 25% de las OSC, el promedio país es 12,2 organizaciones por cada mil habitantes, mientras que en la RM es 7,5. Además, podemos encontrar una buena diversidad de actividades, siendo las categorías con más organizaciones la de deporte y recreación, y la de vivienda, barrio y urbanismo, lo que se explica porque en ellas se concentra la mayoría de organizaciones comunitarias y funcionales. El caso de Fundación Mi Parque contempla un modelo de trabajo de cinco etapas basado en una alianza entre empresas, municipalidades y voluntariado. La acción se inicia desde la organización que, en alianza con la municipalidad, apoya en la selección del terreno y la comunidad y se compromete con el mantenimiento de la futura área verde. Una vez que se encuentra el financiamiento privado, se da inicio al diseño y a la construcción participativa con la comunidad que congrega a voluntarios y vecinos en una jornada de trabajo conjunta. Una vez terminado el proyecto se incluye acompañamiento comunitario, contemplando, por ejemplo, la formación de un comité vecinal para asegurar el cuidado del área verde.
Se trata de diversas experiencias que en los últimos años han buscado romper la lógica fragmentada de la acción comunitaria y que se intensificaron a partir del estallido social de octubre de 2019. Hablamos de experiencias comunitarias más reticulares, más sociocéntricas y territorialmente politizadas. Las organizaciones sin fines de lucro, al igual que las empresas, tienen ciertas obligaciones que cumplir según lo establecido por la ley. Las dos últimas funciones son las menos desarrolladas de manera innovadora debido al predominio del gobierno como productor de bienes y servicios sociales (Salamanca, 2002). Es importante resaltar que la colaboración con el gobierno no es una condición adoptada por todas las organizaciones, a pesar de sus beneficios. Cuidado del medio ambiente, educación y el fomento a la empleabilidad fueron los principales focos de los proyectos presentados, donde 26 organizaciones sociales fueron beneficiadas.
Sin embargo, el rol intermediario se despliega más allá del sentido de urgencia y del producto como un fin en sí mismo. De esta forma, la implementación de proyectos de vivienda y del espacio público se complementa con actividades que buscan catalizar nuevas relaciones entre la comunidad y su entorno construido en el mediano y óptimamente, en el largo plazo. Analizando el rol durante la intermediación la mayoría de las organizaciones son implementadores y catalizadores a la vez. Organizaciones en las que predomina un rol implementador realizan actividades como la construcción de vivienda de emergencia o vivienda social (Techo, Fundación Vivienda), la recuperación de áreas verdes (Mi Parque), el mejoramiento de vivienda en condiciones de precariedad (Hábitat para la Humanidad, Fundación Vivienda), o la autoconstrucción colaborativa (ONG Vivienda Social). Estas organizaciones se centran en el sentido de urgencia de la intervención, ya sea diseñando y/o construyendo proyectos que son necesarios para mejorar la calidad de vida de una familia o una comunidad.
Estas organizaciones son sistemas abiertos que tienden a la variabilidad y en ellas se introducen elementos de gestión para mantenerlas bajo management. En este artículo se mencionan la función y las características de la organización social aplicada a las organizaciones de salud. La Delegada Regional Giovanna Moreira, destacó la participación de las organizaciones ciudadanas en este concurso, “Es muy relevante estar pnud pobreza en Chonchi, con Alcaldes y Alcaldesas, con organizaciones sociales de todo el archipiélago de Chiloé, de todas las comunas, que han postulado proyectos. Las OSC actúan en primer lugar desde el sentido de urgencia, mediante la implementación de proyectos de mejoramiento liderados principalmente por fundaciones, y mediante el activismo como medio de protesta liderado principalmente por organizaciones comunitarias funcionales.
La fase de “redemocratización” consistió en la definición de la garantía de los derechos a la libertad de creación y de acción de las OSCs, ocurrida durante las décadas del ‘80 y ‘90. Al efecto, la Constitución Federal de 1988 previó la no interferencia estatal en la creación, funcionamiento y auto-organización de tales entidades. Consolidada la situación anterior, una segunda fase de “participación ciudadana” se inicia con la dinamización del mandato constitucional de participación y management social por representantes de OSCs en el proceso de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, ejercido en ámbitos tales como planificación municipal, usuarios de servicios públicos, seguridad social, salud, educación, protección del patrimonio cultural, entre otros. La acción de las OSCs bajo esta perspectiva se vio reflejada en su integración en consejos de políticas públicas y, por otra parte en su movilización, incidencia y aportes proposititos en diversas leyes, como la Ley de Recursos Hídricos, la Ley Nacional de Telecomunicaciones, el Estatuto del Niño y del Adolescente, la Ley Orgánica de Asistencia Social, la Ley de Incentivos Fiscales para Proyectos Culturales. El derecho a participar se tradujo en esta fase en el deber del Estado de crear y common espacios significativos de participación.
Las JJVV se financian a través del levantamiento de fondos por cuenta propia, o a través de fondos concursables a nivel municipal y central. Esta dependencia económica, especialmente con las municipalidades, tiende a generar condiciones que propician el clientelismo (Rojas, 2014), la supeditación al poder de las autoridades o la competencia por fondos (Troncoso, Barría y Chioino, 2018). Los comités de vivienda asumen un rol de gestores inmobiliarios (Castillo, 2014), desarrollando tareas que originalmente corresponden a la labor de las Entidades Patrocinantes. Como implementadores, una de las principales actividades se centra en la búsqueda y negociación del terreno para poder acceder a una vivienda en la comuna donde residen y evitar así la expulsión hacia la periferia.
También se expuso el caso de Molinos de Arte Colectivo Teatral, que ha trabajado en Ovalle y Monte Patria, pero que están preparando sus fechas en Argentina y Bolivia. «Creo que es una instancia soñada, porque finalmente se pueden encontrar los agentes culturales que vienen desde las comunidades, eso siento que es esencial para el trabajo de descentralización. Hoy se logran varios acuerdos, se llegan a concretar los sueños de muchos, porque cuando se unen en un sueño común se puede lograr y creo que hoy es la instancia», dijo Marcelo Saavedra, Director General de la agrupación. Estos aspectos fundamentan la imperiosa necesidad de administración que presentan las organizaciones de salud. Con tal propósito se utiliza la función administrativa de control que compara los valores obtenidos de una variable determinada con un estándar prefijado.
Son los directores quienes deben manejar los conflictos de intereses, planificar, monitorear y administrar de buena manera el patrimonio, informarse y asistir a las sesiones, manejar riesgos, levantar actas y suscribirlas, entre otras. Si bien la región de inscripción de las organizaciones no implica necesariamente donde operan ni tampoco que no tenga filiales o sucursales en otros lugares del país, el 25% de las OSC se encuentran inscritas en la Región Metropolitana, seguido de las regiones de Valparaíso y la Araucanía, con eleven,6% y 10,4%, respectivamente. “Para nosotros es un sueño, vamos logrando paso a paso los objetivos que tenemos, y ahora son realidad gracias a estos aportes de Codelco División Andina y la Municipalidad”.
Finalmente, las organizaciones gozan de un alto grado de aprobación por parte de la sociedad, destacando su capacidad para entregar resultados de calidad y de forma expedita, siendo flexibles y en sintonía con la realidad para adaptarse a diferentes situaciones, al tiempo que inspiran alta confiabilidad en su actuar mostrando vocación y autonomía (Irarrázabal y Streeter, 2017). En el debate de los años 70 y eighty se reconocía la expansión internacional de las organizaciones sin fines de lucro como proveedores de innovación social (Edwards-Schachter y Wallace, 2017). Estas organizaciones, representadas principalmente por ONGs (organizaciones no gubernamentales) de ayuda humanitaria, eran reconocidas personas pobres en el mundo desde su capacidad de atender demandas sociales emergentes, con una directa relación en la dimensión producto de la innovación social. Sin embargo, en el debate más reciente estas organizaciones han mostrado una naturaleza híbrida en un contexto de alianzas transversales entre sectores y el entendimiento de los usuarios, no solo como consumidores sino como agentes centrales en el desarrollo del servicio (Defourny y Nyssens, 2014; Edwards-Schachter y Wallace, 2017) que inciden en las dimensiones de procesos y empoderamiento. Instalar el desarrollo y la cooperación en la agenda pública, implica también avanzar en los procesos de discusión, implementación y evaluación de las políticas públicas.
En 2020, el proyecto pasó desde la Comisión de Vivienda y Urbanismo a la de Gobierno, Descentralización y Regionalización, donde hoy se encuentra alojado a la espera de que se ponga en tabla. Así como la ley de Organizaciones Comunitarias de 1968 fue un hito en el reconocimiento de la fuerza de lo vecinal para producir una mejor sociedad, una reforma a la ley actual debería ser un reconocimiento a la deuda que el Estado de Chile tiene con la vida asociativa y su papel en el Chile de hoy y una herramienta para fortalecer la democracia. Sus temas se acotan a un territorio muy pequeño (una población o villa) y generalmente a problemas relacionados con equipamiento, infraestructura y servicios municipales urbanos. Las cifras de la Casen 2022 muestran que el 6.5% de las personas participa de su Junta de Vecinos y el 74,8% no forma parte de ninguna organización.