OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Pero, el consumo es un práctica que se vive con cierta ambivalencia en nuestra cultura contemporánea. Es innegable que el poder adquisitivo otorga prestigio, estatus y – quizás, lo más decisivo en nuestro contexto socioeconómico- acceso a una serie de bienes y servicios que se deben pagar.
Así, nuestro gasto social se ha expandido a una velocidad que casi dobla a nuestro crecimiento. Este gasto social en aumento debe evaluarse además junto con la expansión del Estado chileno. Todo lo anterior ha sido confirmado por el análisis histórico de Javier Rodríguez (2017), quien ha construido una base de datos importante respecto a la evolución de la distribución del ingreso en Chile desde 1850 hasta el 2009, ofreciéndonos la más larga y detallada visión respecto al fenómeno. Rodríguez destaca que, aunque con fluctuaciones y ciclos distintos, la desigualdad en la distribución de los ingresos en Chile, desde 1850 hasta ahora, siempre ha sido alta. De hecho, el coeficiente de Gini estimado por Rodríguez siempre supera el valor de 0,45, lo que corresponde a una alta desigualdad según los criterios internacionales. Sin embargo, lamentablemente, esta aparente abundancia económica no ha sido igual para toda la población que habita en nuestro territorio.
Con el propósito de brindar a Chile protección financiera para mitigar posibles impactos económicos negativos de terremotos y los tsunamis que ocasionen, el BM apoyó a Chile para emitir un bono catastrófico y swap de USD 630 millones, la cual es la mayor operación en un solo país. Con ello, Chile contará con fondos de rápida disposición en caso de desastre, lo que le permitirá proteger su presupuesto fiscal y reducir la necesidad potencial de movilizar deuda después de un evento. Chile recibió el primer préstamo del BM a nivel global para promover el hidrógeno verde y apoyar los esfuerzos de mitigación del cambio climático. El proyecto busca incentivar la inversión en proyectos de hidrógeno verde en Chile, lo que permitirá acelerar el crecimiento verde del país, su transición energética y apoyar su compromiso de neutralidad de carbono en 2050. El Grupo del Banco Mundial (GBM) ha respaldado el proceso de desarrollo de Chile durante más de 75 años, con una variedad de instrumentos que incluyen préstamos, seguros, donaciones, asistencia técnica e intercambio de conocimiento. Entonces, ejemplifica, las probabilidades que un niño o niña que vive en la comuna de La Pintana pueda desarrollar todos sus talentos, está estructurado en este arreglo institucional y espacial.
Solo cinco de las 15 regiones se encuentran por debajo del promedio nacional evaluando ambos tipos de pobreza (Magallanes, Aysén, la Región Metropolitana, Antofagasta y Tarapacá). Por su lado, La Araucanía sobrepasa los promedios nacionales en ambos casos, y se observa que la diferencia entre ambos tipos de pobreza no es tan amplio, por lo que se infiere que el ingreso es la mayor causa de pobreza en este territorio, lo que se avala con el resultado del PIB per cápita expuesto anteriormente. El informe económico de la OCDE (2013) concluye que el fuerte crecimiento de Chile ha traído consecuencias para el ecosistema, uno de ellos es el mayor gasto energético. Si bien existe la conciencia a nivel público y privado del costo medioambiental, los esfuerzos para cubrir las externalidades negativas, a través de nuevas tecnologías e impuestos energéticos, no han sido suficientes (OCDE, 2013). En la desigualdad estructural subyacen otras desigualdades, como la desigualdad de género. Sin embargo, en países con indicadores de desigualdad de género más acentuados, las diferencias en la estructura cerebral son más notables, afectando áreas cerebrales relacionadas con procesamiento emocional, resiliencia a la adversidad, y respuestas a la desigualdad, así como con depresión y otros problemas de salud mental.
En junio de 2020 y en medio de la primera ola de pandemia, aun cuando la proporción de afiliadas activas cayó three,5% y en el caso de los hombres bajó four,5%, la brecha fue de 7,9%. Además de los tipos de violencia más conocidos, en los últimos años ha cobrado bastante fuerza la violencia en línea o digital contra las mujeres. Esto se refiere a cualquier acto de violencia contra una mujer cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, Internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, entre otras). En la ocasión, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, valoró la plataforma y su contribución a la entrega de una información clara y transparente acerca de un tema muy relevante en nuestro país y que forma parte de las desigualdades entre hombres y mujeres. Durante la dictadura, en tanto, la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) a cargo de Miguel Kast elaboró los primeros mecanismos para diseñar, aplicar y evaluar su política social, entre los que se cuentan el Mapa de Extrema Pobreza (1974), la Ficha CAS (1977) y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional o CASEN (1985). Con ellas se proponía una política social que tuviera como objetivo erradicar la pobreza extrema mediante el crecimiento económico y la entrega directa, desde el Estado, de subsidios a los más pobres, pero para ello se debía identificar a los beneficiarios.
Fernando Campos comparte ese primer diagnóstico y califica de obsoletos los criterios para medir la calidad de las viviendas. “El índice que se ocupa es el de déficit habitacional, que dice poco del criterio de calidad que se utiliza y que está construido en base a datos de hace 50 años o más, entonces, que te digan si la vivienda tiene piso de tierra o no, son criterios muy básicos. La capacidad de ventilación o los niveles de humedad de una vivienda no se toman en cuenta y son justamente los que hoy, en medio de una pandemia, ponen en juego la rapidez del contagio”, cube el sociólogo. “Ya que con este virus todos podemos infectarnos por igual, el gobierno ha planteado la concept de que también todos podemos acceder por igual a los sistemas de salud, y eso no es así. En otros países, como Portugal, por ejemplo, se les dio permiso y residencia a todos los migrantes para asegurarles la atención médica en los servicios de salud”, cuenta Campos.
Los datos regionales, como años de escolaridad promedio y analfabetismo, se obtienen a partir de la Encuesta CASEN. El crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, sin embargo, no suficiente. En el libro de March (2013) se cita a Sunkel & Paz (1986), quienes definen desarrollo como un proceso de cambio social, cuyo objetivo es igualar las oportunidades sociales, económicas y políticas, refiriéndose a un nivel nacional y a las sociedades que alcanzan mayores niveles de bienestar. Todaro y Smith (2012) por su lado, adopta la definición desarrollada por Amartya Sen15, donde se relacionan el proceso de desarrollo con la calidad de vida y con la capacidad de las personas de elevar su estatus, adicionando los conceptos de autoestima y libertad. En este último sentido, el Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo (PNUD) en 2016, hace referencia a las libertades humanas como “la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana -no solo el de unas pocas ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta- ahora y en el futuro” (pp. 30).
La construcción de una amplia base de datos regional permitió dar una mirada a la dinámica de la desigualdad en Chile, retratando las diferencias regionales. La tabla del Anexo D resume los resultados de los indicadores evaluados en este trabajo, revelando la vulnerable posición de la región de La Araucanía, la peor catalogada en cada uno de los indicadores económicos y algunos sociales. A nivel de desarrollo económico, la Región Metropolitana logra los mejores resultados, mientras las regiones del sur del país, los peores, destacando nuevamente La Araucanía, única región catalogada con un bajo nivel de desarrollo, de acuerdo al IDERE. La desigualdad es un tema que aflora en cada uno de los informes económicos que la OCDE realiza para Chile.
Es decir, que el éxito o fracaso escolar, está fuertemente determinado por los orígenes de las personas, marcando una desigualdad desde los inicios. Como se mencionó al comienzo de la sección, familias más ricas tienen acceso a mejores colegios, actividades extracurriculares, posibilidad desigualdad extrema de aprender idiomas con profesores particulares, participar de más actividades deportivas e incluso ampliar redes, todo aquello que le abrirá puertas para un futuro de mayores ingresos. Por su parte, familias pobres muchas veces deben decidir a qué hijo educar profesionalmente.
Sin embargo, más de cuatro años después de aquella protesta, es legítimo cuestionarnos cuánto hemos progresado en la resolución de estas deudas sociales y en la realización de la justicia social prometida. En concordancia con lo observado en la literatura internacional, la mayor parte de los colegios de élite cuenta con sofisticados mecanismos desigualdad ejemplos en la vida cotidiana de selección, ya sean académicos (exámenes de admisión) o sociales, suponiendo desafíos incluso para las familias de élite. El quiebre de la élite con la educación pública en Chile se comienza a producir con los procesos de masificación del sistema escolar, particularmente durante el gobierno de Frei Montalva a mediados de la década de 1960.
A través de los años, al igual que lo ilustrado por la evolución del Gini, la razón 10/10 muestra un aumento de las disparidades en el año 2009, donde el 10% más rico llega a distanciarse 38,eight veces del ingreso medio del 10% más pobre, para luego descender paulatinamente. El ratio fue de 27,6; 29,eight; 29,1 y 27,2 para 2009, 2011, 2013 y 2015 respectivamente (calculado por Ministerio de Desarrollo Social [2016b], bajo la nueva metodología). “Obtener una imagen más clara de la pobreza y la privación es un primer paso basic para elaborar y aplicar políticas e intervenciones más eficaces y para orientar mejor los escasos recursos hacia donde tengan una mayor repercusión” (Melinda Gates, Copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates). La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas.
En otras palabras, existe una persistencia de enormes disparidades sociales y económicas en América Latina en distintas épocas, con diversos modelos de desarrollo y bajo diferentes regímenes políticos. La desigualdad económica en Latinoamérica pareciera ser una condición de larga knowledge, enraizada en la historia, instituciones y en la cultura del continente, más que en el modelo adoptado en las últimas décadas (Eyzaguirre, 2019; Gootenberg, 2004). Diversos estudios concluyen que la desigualdad educativa está directamente relacionada con la clase socioeconómica y el nivel de acceso a oportunidades (ante condiciones socioeconómicas deprimidas, menores oportunidades y viceversa). Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género y el origen étnico. En el caso chileno, considerado uno de los países con mayor nivel de desigualdad y con una conflictividad creciente en los últimos diez años, se analiza la relación de la desigualdad e impuestos como fuente de conflicto social. En este punto, Jorge Atria, investigador de COES y Doctor en Sociología en la Freie Universität Berlin, plantea que si bien Chile siempre ha destacado y ha sido visto como un país exitoso económicamente, es uno de los más desiguales en términos de la distribución de la riqueza.