Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. Verónica Fuentes, integrante del CER-UACh, señaló que “queremos hacer llegar una invitación para el Segundo Congreso del Sur, el cual es organizado por el Centro de Estudios Regionales, la Dirección de Vinculación con el Medio y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
«Impulsaremos todas las transformaciones que sean necesarias para avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva tanto en nuestra institución como en el país, como lo demanda nuestro compromiso con el derecho a la educación», expresó luego de obtener la victoria en la elección. Rosa Devés llega a la rectoría en un momento especial del país en que más mujeres están situándose en posiciones de liderazgo y donde se está reconociendo su mérito. Por un lado, nos permite interpretar la realidad y, al mismo tiempo, refleja cómo es nuestra sociedad. En 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En entrevista con CNN Chile, Jeanne Lafortune, doctora en Economía del MIT y profesora de la PUC, detalla la llamada «multa por hijo o hija» y critica políticas como la ley de sala cuna. En la ocasión, Scuro, quien es oficial de la División de Asuntos de Género del organismo internacional, dio a conocer los principales contenidos del libro Las mujeres en los sistemas de pensiones de América Latina, del que fue coautora. Al amparo de la noción tradicional que considera que hombre y mujer nacen con desafíos y objetivos diferentes, la historia, la educación y los propios productos culturales han permeado a tal nivel, que incluso quienes abogan por una sociedad sin discriminaciones son proclives a caer en ciertas trampas que sutilmente van en desmedro de las mujeres.
Es lamentable que no se tengan datos históricos respecto a la inversión pública en el área medioambiental, sin embargo, contamos con los datos de los últimos años, los cuales develan que en 2015 la inversión ascendió a más de 27 mil millones de pesos. A nivel regional las regiones con mayor presupuesto medioambiental ejecutado fueron La Araucanía, Biobío y Aysén, tres regiones del sur del país. En el informe del PNUD (2016)16, se observa que Chile está dentro de los países con un nivel muy alto de desarrollo humano, ubicándose en el puesto número 38, bajo Lituania y sobre Arabia Saudita, con una expectativa de vida promedio de 82 años, y una media de años de escolarización de 9,9 (de los 16,3 años esperados para el país). Dentro de esta categoría los únicos países latinoamericanos representados son Chile y Argentina en el puesto forty five (con valores de zero,847 y zero,827 respectivamente, siendo el promedio de América Latina y el Caribe de zero,751).
La crisis política, social y de derechos humanos que empezó en octubre del año pasado reveló hasta qué punto nuestro sistema falla gravemente al asegurar el derecho de reunión, la igualdad ante la ley, la protección frente a la violencia estatal. La violencia policial que habíamos denunciado reiteradamente, se volvió generalizada, dejando personas muertas, torturadas y mutiladas en el camino. En cambio, podemos señalar brevemente que, en el contexto latinoamericano, de modo sinodal y colegiado, la Iglesia de la región puso gran atención en las “desigualdades”, en specific, en aquellas que calificaba de “injustas” o “excesivas”. Más aún, podemos decir que hace más de cincuenta años dichas desigualdades fueron consideradas como el factor que más atentaba contra la paz y el desarrollo integral de América Latina.
El aumento del desempleo, la flexibilización del trabajo, la promoción del emprendimiento y la consolidación del neoliberalismo afectan significativamente a los y las jóvenes. Si bien la problemática del desempleo juvenil tradicionalmente ha registrado sus índices más altos en los países del sur global, durante la última década se ha presenciado cómo este fenómeno también afecta fuertemente a las economías más avanzadas del planeta. Desde una perspectiva mundial, los datos oficiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señalan que 70,9 millones de jóvenes entre 15 y 24 años se encuentran desempleados actualmente, siendo su mayoría mujeres (OIT, 2017). La construcción de una amplia base de datos regional permitió dar una mirada a la dinámica de la desigualdad en Chile, retratando las diferencias regionales. La tabla del Anexo D resume los resultados de los indicadores evaluados en este trabajo, revelando la vulnerable desigualdad y pobreza en el mundo posición de la región de La Araucanía, la peor catalogada en cada uno de los indicadores económicos y algunos sociales. A nivel de desarrollo económico, la Región Metropolitana logra los mejores resultados, mientras las regiones del sur del país, los peores, destacando nuevamente La Araucanía, única región catalogada con un bajo nivel de desarrollo, de acuerdo al IDERE.
En simple, estos son impuestos que se cobran sobre activos, como por ejemplo activos financieros o propiedades. A diferencia de los impuestos al ingreso que se calculan en base a flujos (es decir, a cuánto se gana en un año), estos impuestos se calculan en base a inventory (es decir, a la cantidad acumulada a través de los años). Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza. Por cierto, estos cálculos se basan en premisas normativas que exigen definir cuánto se pondera el bienestar de cada individuo de acuerdo a su nivel de ingresos. Los esquemas óptimos se caracterizan por tasas más altas cuando los contratos sociales favorecen en mayor medida la redistribución.
Dicho lo anterior, es posible que las políticas redistributivas aún no sean desarrolladas con la eficacia que el país necesita para reducir más rápido las brechas económicas que le aquejan. De acuerdo con Donoso (2014), los gobiernos de la Concertación, principalmente desde la vuelta a la democracia, han tomado la inequidad como “espíritu de lucha”, por lo que se han implementado una serie de políticas redistributivas (tales como la reforma educativa y tributaria), sin embargo, acorde con el autor, los gobiernos han fallado en este objetivo. Además de los indicadores de desigualdad conocidos, recalca que la sociedad, actualmente, valida más la desigualdad que hace 30 años. Asimismo, la percepción de este autor es que las políticas redistributivas, más que abogar por una verdadera equidad, buscan beneficios adicionales, como la perpetuación del poder político-económico.
Respecto de la primera pensión definitiva autofinanciada de los nuevos pensionados, la brecha del monto promedio fue de 62,3%. Los datos muestran que a junio de 2021 las mujeres representaron el 46,8% del total de personas afiliadas al sistema de pensiones y el 42,1% del complete de cotizantes, mostrando en el segundo indicador un avance de 7,1% en 12 meses. Este desempeño, sin embargo, se explicó principalmente por la baja base de comparación, desigualdad y pobreza en américa latina ya que a junio de 2020 las mujeres cotizantes retrocedieron 6,2%. Además de los tipos de violencia más conocidos, en los últimos años ha cobrado bastante fuerza la violencia en línea o digital contra las mujeres. Esto se refiere a cualquier acto de violencia contra una mujer cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, Internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, redes sociales, entre otras).
Para reducir la resistente desigualdad, son necesarias más políticas distributivas, junto con las redistributivas, que se preocupen a priori de la generación del ingreso. Las políticas distributivas, en el largo plazo, permitirán reducir el gasto social enfocado en los más pobres, quienes con mayores oportunidades serán capaces, por sí mismos, de guiar su desarrollo. A nivel Latinoamericano, Chile lidera en el territorio, con un PIB per cápita que es 12 veces mayor al país con el peor resultado, Haití. Panamá, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2017), es una economía emergente con gran posibilidad de mantenerse a la cabeza de este grupo en los próximos años.
[18] La evidencia disponible sugiere que considerando la suma de los impuestos corporativos y el impuesto a la renta, el 2009 el 1% más rico pagaba en promedio una tasa efectiva de 15%. [17] Por ejemplo, en Estados Unidos, los actuales precandidatos presidenciales del partido demócrata Bernie Sanders y Elizabeth Warren han propuesto impuestos a la riqueza con tasas máximas de hasta 8% y 6%, respectivamente para fortunas del orden de 1 billón de dólares (es decir, fortunas con una cantidad importante de ceros). [13] Es importante mencionar que esta gran diferencia se explica principalmente por las contribuciones a la seguridad social ya que, a diferencia de Chile, en common los países financian programas de seguridad social con componentes solidarios con estas contribuciones.
E incluso si la mortalidad fuera mucho mayor, como podría ser en una futura epidemia, la inteligencia artificial y la automatización podrían absorber parte de la escasez de mano de obra resultante y mantener bajo el valor del trabajo humano. 19Para ver las variables que componen las distintas dimensiones, revisar el informe de Vial (2017). 14En Chile, el sistema público de educación, sobre todo educación básica y media, debe mejorar en calidad para ser competitivo con el sector privado. “Obtener una imagen más clara de la pobreza y la privación es un primer paso basic para elaborar y aplicar políticas e intervenciones más eficaces y para orientar mejor los escasos recursos hacia donde tengan una mayor repercusión” (Melinda Gates, Copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates). Es con esa motivación que se ha reactivado el interés político y académico por el impuesto a la riqueza complete (también conocido en Chile como el impuesto a los “súper ricos”).[17] Hoy la evidencia académica es más optimista que antes respecto a la aplicación de estos impuestos en términos de factibilidad e impacto esperado (ver aquí). Evidencia reciente en Colombia sugiere que incluso en países con instituciones fiscalizadoras más débiles que las de un país desarrollado, estos impuestos pueden ser ejecutados de manera efectiva.
Todaro y Smith (2012) por su lado, adopta la definición desarrollada por Amartya Sen15, donde se relacionan el proceso de desarrollo con la calidad de vida y con la capacidad de las personas de elevar su estatus, adicionando los conceptos de autoestima y libertad. En este último sentido, el Programa para las Naciones Unidas y el Desarrollo (PNUD) en 2016, hace referencia a las libertades humanas como “la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana -no solo el de unas pocas ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta- ahora y en el futuro” (pp. 30). De acuerdo con los datos para 2015 del Banco Mundial, en Chile la esperanza de vida al nacer es de seventy nine años en promedio, siendo de 77 para los hombres y eighty one en el caso de las mujeres, encontrándose sobre el promedio mundial (72 años, 70 para hombres y seventy four para mujeres).