La desigualdad en términos de ingreso también lo pone en los primeros lugares del ranking latinoamericano5. Es este apartado, de manera muy somera, recogeremos algunos análisis sobre el fenómeno de las desigualdades, consideradas sobre todo desde la economía, de la historia y las ciencias sociales, tanto en estudios globales como locales. En principio hay que aclarar que la desigualdad es distinta a la pobreza, es la comparación entre la pobreza y la riqueza. Latinoamérica como región, con excepciones de algunos países, desde el 2000 estuvo reduciendo la desigualdad durante un largo período de tiempo, con gobiernos que aplicaron medidas de redistribución de riqueza. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”. La justicia es un derecho, y todos tenemos derecho a vivir en una sociedad que sea gobernada justamente.
Pero ello no es razón suficiente para descartarlas como causas relevantes del estallido social. Es posible, por ejemplo, que la acumulación de una desigualdad no creciente, pero presente por mucho tiempo, junte un malestar que en algún momento explote. Ya sea porque la no resolución de un problema por mucho tiempo genere rabia, o bien porque el progreso ethical de un país haga insupportable un problema que antes se aceptaba. En otras palabras, cuando se trata de niveles de desigualdad como los que vivimos en Chile, la ausencia de novedad bien puede ser una razón profunda para querer cambiarlo todo.
Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la crisis. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia. Obviamente depende de los datos que uno esté mirando, pero Chile se ubica en el podio a nivel mundial de los países más desiguales, que es un récord bastante triste.
Además, se sumó recientemente al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) ubicado en Chile, uno de los principales centros de América Latina dedicado al tema de conflictividad social y desde donde analiza la desigualdad que atraviesa al continente. Los sectores más pudientes habitan en zonas determinadas, comunidades cerradas donde no puedes entrar. A veces están alejadas y cuentan con servicios exclusivos, así no tienen necesidad de entrar en contacto con otros sectores de la población. Nos convertimos en la región más desigual, porque el modelo de acumulación tenía la concept de despojar todos los recursos posibles y enviar esas riquezas a otros países. Dada la profunda transformación económica, social y política por la que atraviesa nuestro país, es urgente generar una pausa en el clima de polarización para revisar cómo queremos vivir el presente y cómo queremos proyectar el futuro. A través de mi experiencia en el sector privado, puedo afirmar que la sostenibilidad empresarial está ligada intrínsecamente al bienestar social.
En definitiva, para que sea posible la sociedad democrática justa se requieren instituciones y prácticas sociales que hagan posible la igualdad básica de acceso a los recursos y de las oportunidades para desarrollar las capacidades de los ciudadanos. La justicia distributiva es elementary para garantizar y fortalecer la democracia en América Latina y el Caribe. Una sociedad democrática, en nuestra opinión, busca una igualdad de acceso a los recursos fundamentales y también una igualdad básica de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos, pero hasta ahora no se ha dado la necesaria atención al tema de la justicia distributiva en nuestra región.
“El índice que se ocupa es el de déficit habitacional, que cube poco del criterio de calidad que se utiliza y que está construido en base a datos de hace 50 años o más, entonces, que te digan si la vivienda tiene piso de tierra o no, son criterios muy básicos. La capacidad de ventilación o los niveles de humedad de una vivienda no se toman en cuenta y son justamente los que hoy, en medio de una pandemia, ponen en juego la rapidez del contagio”, dice el sociólogo. Claro que estas serían ayudas de emergencia y, en ese sentido, el ministro asegura que lo que se busca es dar soluciones más permanentes. La ‘vivienda asequible’ suele oponerse a la ‘vivienda a precio de mercado’, desarrollada y comercializada o arrendada –ostensiblemente– sin regulación gubernamental ni subsidios.
Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género y el origen étnico. El rol de nosotros como bases de datos es entregar este tipo de informaciones a la población para que luego este tipo de debate se den de manera informada. En ese sentido, uno puede tener cierta opinión; hay gente que políticamente va a preferir hacer redistribución de tal tipo, se van a concentrar en la dimensión racial de la desigualdad. Por ejemplo, de la desigualdad, se van a concentrar en hacer inversiones en hospitales, escuelas, hay muchas maneras de redistribuir. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, algo que nos parece bastante simple desigualdad y exclusion y poco arriesgado, es que compararse con países de la OECD, ver el tipo de sistema que tienen, el tipo de impuestos que tienen.
Durante la dictadura, en tanto, la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) a cargo de Miguel Kast elaboró los primeros mecanismos para diseñar, aplicar y evaluar su política social, entre los que se cuentan el Mapa de Extrema Pobreza (1974), la Ficha CAS (1977) y la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional o CASEN (1985). Con ellas se proponía una política social que tuviera como objetivo erradicar la pobreza extrema mediante el crecimiento económico y la entrega directa, desde el Estado, de subsidios a los más pobres, pero para ello se debía identificar a los beneficiarios. A esto se suma el hecho de que la vivienda no está contemplada como un derecho garantizado dentro de la Constitución. Hoy, el modelo considera la vivienda como un bien más dentro del mercado que promueve la libre competencia entre empresas constructoras, y ese es uno de los puntos clave que se debería reformar para construir una ciudad más igualitaria. En los países en desarrollo en common, casi el 25% de mujeres no pueden encontrar un empleo, frente al 16,6% de hombres, a lo que contribuye las mayores responsabilidades familiares que asumen las primeras, incluido el trabajo que supone el cuidado de niños y ancianos.
Es fácil ver en Chile con los casos de corrupción que se han develado, hay una concentración de riqueza tal que permite cierta impunidad o que exista gente que pase por encima de la ley, que no sean ciudadanos iguales al resto, y eso encuentro que es bastante peligroso para la democracia. Que haya un nivel de concentración tal que se pierda la dimensión democrática de un voto una persona y lo que empieza a votar es la plata. Según el trabajo, que toma en el caso nacional datos de la encuesta Casen, pero también del Servicio de Impuestos Internos y de Cuentas Nacionales, la concentración de la riqueza en el país prácticamente no se ha movido en los últimos 20 años. El último registro arroja que el 1% más rico de Chile concentró el 27,8% de los ingresos del país en 2019.
Digo “desgraciadamente”, porque parece que hemos avanzado poco; digo, “pertinente”, porque este discurso teológico-pastoral inculturado nos muestra un camino e itinerario aún por recorrer. Los caminos de Juan Diego lo llevaron hasta Andalucía, la segunda zona más pobre de España (después de Extremadura), y a trabajar en el Laboratorio de Psicología Social de la Desigualdad de la Universidad de Granada. En ese grupo, se involucró en una línea de investigación que buscaba indagar por qué las personas más afectadas por la desigualdad justifican el sistema, y trabajó con personas que viven en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. También hubo un reconocimiento social al personal de salud en la población common, aun cuando después no se viera reflejado en aumentos salariales por parte de los gobiernos. A pesar de que las burbujas sanitarias y el distanciamiento social dificultan los lazos sociales, sigue habiendo manifestaciones de solidaridad en medio de la crudeza. Hasta el COVID 19, se estaba reduciendo la desigualdad, pero el empobrecimiento de grandes sectores de la población hizo que la desigualdad creciera, porque los que eran ricos no dejaron de serlo, mientras que las clases medias y bajas se empobrecieron con la pandemia.
De acuerdo con las investigaciones recientes sobre la educación mundial, Chile tiene uno de los porcentajes más bajos de educación universitaria y tasas de graduación en los países de la OCDE. Esto puede ser en parte por las pobres condiciones de educabilidad y los altos costos de acceder y obtener una educación universitaria. “Comencé mis palabras señalando el compromiso de Chile con los desafíos expresados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Porque tenemos la motivación y la determinación para seguir profundizando esta mirada, discutiendo y perfeccionando los instrumentos de diagnóstico. Y, especialmente, tenemos la disposición para contribuir en la generación de políticas públicas que permitan abordar la superación de la pobreza y la reducción de la desigualdad en todas sus formas”, señaló. “Es el camino que hemos adoptado en Chile para dar cumplimiento al propósito ineludible de mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Pero este no es un esfuerzo que pueda aislarse de los objetivos de nuestra región y del conjunto de la comunidad internacional. Un mundo sin pobreza no puede ser una quimera, debe ser un propósito actual; y ello solo es posible si avanzamos en cooperación y si todos ponemos de nuestra parte”, subrayó. Sin embargo, en las últimas décadas la falta de planificación y la especulación del valor del suelo por parte del mercado no sólo ha perjudicado a los grupos más pobres, sino también a la clase media a través de la construcción de grandes torres con cientos de departamentos, poco metraje y sobreprecios que han formado una burbuja inmobiliaria.
La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline desigualdades actuales la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”.
En este texto sostengo que, por un lado, la desigual exposición a la incertidumbre es un problema relevante, que impacta fuertemente en la calidad de vida de quienes viven en Chile. Por otro lado, que la desigualdad de poder podría explicar por qué se requiere un estallido social para que se aborde políticamente la inseguridad con que vive una parte relevante de la población. Aunque no conozco evidencia que ligue causalmente tales desigualdades con el estallido, conjeturo que bajo el supuesto de que el pueblo actúa con racionalidad política, la probabilidad de un estallido social debería aumentar cuando las dos desigualdades descritas se juntan con la intensidad del caso chileno. Existen diversas razones por las que podríamos argumentar a favor de reducciones en los niveles de desigualdad que exhibe el país, desde juicios morales y éticos, hasta elementos puramente prácticos como son los efectos que produce sobre el crecimiento, el tejido social, y la concentración del poder político (además del económico). Parece existir una relación bastante directa entre los niveles de desigualdad sobre la ocurrencia de conflictos, que tiene que ser estudiada con mayor profundidad.