Sin olvidar, que la institución forma parte de un contexto cultural donde la diversidad es aún mayor y que, en definitiva, será el mundo al cual está llamado a servir como profesional. Esta falta de igualdad y equidad en el acceso a la educación superior se explican en razón de las desigualdades multisistémicas circulares, a las divergencias educativas y las diferencias culturales que se viven en el país. Cabe recordar que, según la ocde (2018a) Chile es uno de los países con más desigualdad en el mundo, alcanzando un coeficiente de Gini de 0,forty seven, por tanto, las políticas públicas sociales impulsados por los gobiernos de transición submit dictadura, aunque se han hecho algunos avances, no han podido crear condiciones de igualdad (Urzúa, 2018). El acceso a recursos naturales es un pilar elementary para garantizar el bienestar y el desarrollo sostenible de las comunidades. Sin embargo, este acceso no se distribuye de manera equitativa, lo que agrava la exclusión social de ciertos grupos. La disponibilidad de agua potable, tierras fértiles para la agricultura, y energías renovables son esenciales para la supervivencia y el crecimiento económico.
Por tanto, los discursos, los lenguajes, como las metodologías y didácticas reproducen desviaciones y efectos paradójicos. A su vez, los conceptos de igualdad y equidad resultan fundamentales para caracterizar la inclusión, pues la educación es un derecho humano, de allí los esfuerzos de las unesco (1990) por instalar el concepto de una educación para todos. A su vez, la equidad, representa la igualdad en casos especiales, es por eso que “las políticas educativas deberán tener en cuenta las diferencias individuales y las distintas situaciones” (unesco, 1994, p. 21). En definitiva, la inclusión es justicia social que, como sostiene Rawls (2004) abre oportunidades para todos y que se caracteriza, según (Sen, 2000), por ser una experiencia social que busca la igualdad de posibilidades, con el propósito de lograr un nivel de bienestar elemental para todos los ciudadanos y ciudadanas. De esta manera, si se revisa la bibliografía existente sobre el tema, la inclusión educativa es concebida por la unesco (2005), como “un proceso orientado a responder a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos incrementando su participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en y desde la educación” (p. 13). Desde el enfoque de Booth y Ainscow (2002), significa “crear culturas inclusivas, elaborar políticas inclusivas y desarrollar prácticas inclusivas” (p. 16).
La sesión inaugural de la actividad estuvo a cargo del presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien aprovechó la instancia para agradecer a las delegaciones participantes. Lo acompañaron Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, y Héctor Cárdenas, Ministro de la Secretaría de Acción Social del Paraguay. Desde el Palacio de La Moneda y sus balcones hemos logrado reconstruir nuestra democracia, y desde ellos miramos a nuestro país y trabajamos por lograr un mejor futuro para sus personas.
“En resumen, alcanzar la verdadera diversidad en las organizaciones requiere de un enfoque más profundo que verdaderamente lleve al cambio; que sea notable y percibido por los colaboradores y la sociedad en su totalidad. Los errores destacados anteriormente dan cuenta de que como país estamos avanzando, pero el camino por recorrer aún es largo y debemos pensar más allá de solo “superar objetivos y metas numéricas”. De esta manera las empresas podrán avanzar hacia una diversidad, equidad e inclusión realmente genuinas y duraderas”, concluye Jaques. Hoy no basta con tener una distribución justa por género para asegurar la diversidad ya que hay otros factores que influyen en la falta de representación de ciertos grupos. Para enfrentar las desigualdades de género, etnia u orientación sexual, hay que mirar hacia adentro y ver cómo los altos niveles de liderazgo afectan la permanencia y el progreso de los talentos diversos.
Diversas iniciativas han tendido a revertir las políticas de mercado en educación, estableciendo un rol más preponderante del Estado en la regulación del sistema, para así enfrentar desigualdades de acceso, inclusión, permanencia, apoyo y mejora de la calidad de la educación de los sectores con menos recursos económicos, cuestiones que no resuelve el mercado por sí solo. Detrás de estas iniciativas existe un modelo de intervención que supone el déficit de estos estudiantes y una estrategia compensatoria de nivelación en competencias académicas básicas. Como señala Johnson (2015) “el currículum entonces es aquel dispositivo que permite y controla la transmisión de la herencia cultural (…) el currículum nace como un dispositivo homogeneizador y estandarizador de la diversidad cultural presente dentro de los límites nacionales” (Johnson, 2015, p. 2). El desarrollo de la teoría de justicia social ha ampliado el concepto de desigualdad, entregando categorías útiles de análisis para discutirla en el campo educativo. Como plantea Fraser (2008), hasta la década de los ninety ensayo sobre la pobreza, predomina un paradigma redistributivo de la justicia social; según este, las desigualdades consisten básicamente en el acceso disímil a recursos y riqueza.
Entonces, una reforma de pensiones inclusiva debe comenzar por reconocer y valorar adecuadamente el trabajo no remunerado, especialmente el realizado en roles de cuidado. Este reconocimiento no solo es un acto de justicia, sino que también tiene implicaciones directas en los beneficios previsionales. Acreditar estos periodos como contribuciones válidas al sistema de pensiones es basic para corregir las disparidades históricas. La brecha de género en las pensiones no es simplemente una discrepancia numérica; es un reflejo de la desigualdad estructural y sistemática que permea a lo largo de toda la vida laboral de las mujeres.
En este artículo, nos adentramos en las complejidades de las disparidades sociales en la sociedad chilena y exploramos la transición de un enfoque centrado en la igualdad a la adopción de la equidad como medio para reducir la brecha. Para lograrlo, es necesario implementar estrategias que fomenten el reclutamiento inclusivo, la formación en sensibilización, la accesibilidad, la equidad, el diálogo y la celebración de la diversidad. Así se crea un ambiente laboral donde todos los empleados se sienten aceptados, respetados y valorados.
En este sentido, parece haber un alto grado de consenso en que la gratuidad alcance, en el plazo más breve posible, a los estudiantes del 70% de la población de menores ingresos. Esto significa eliminar las diferencias que existen actualmente en relación con beneficios provistos por el Estado a jóvenes con similar condición socioeconómica, que estudian en diferentes instituciones de educación superior. En specific, urge mejorar las condiciones de financiamiento a los estudiantes vulnerables en la educación técnica de nivel superior, caracterizada por muy elevados porcentajes de jóvenes de los segmentos de menores ingresos.
La unesco (2007), en este sentido, confirma que “es necesario revisar los esquemas actuales de financiamiento de la educación para desarrollar los cambios necesarios para que el Estado cumpla su rol de garante del derecho de todos a una educación de calidad” (p. 11). En el entendido que los recursos estatales no responden eficientemente a los requerimientos de la nación en materia de educación, máxime cuando se exige que ésta incorpore dimensiones como calidad, equidad, en contextos de diversidad cultural y social. Es por este motivo que el artículo propone abordar el tema de la inclusión en la educación superior desde el desarrollo del binomio social y educativo. De esta manera, la educación terciaria no puede considera la inclusión sólo desde lo educativo, es decir, abordar temas como el ingreso, la permanencia, currículum, metodologías y evaluaciones, sin considerar la dimensión social, como el contexto cultural, lenguaje, familia, necesidades especiales, situación socioeconómica, perspectiva de género, entre otros. El propósito de la educación inclusiva es velar por un acceso common de niños, niñas y jóvenes, a este sistema, potenciando lo estatal, pero también significa incorporar el componente de diversidad que agrega valor a las relaciones e intercambio y encuentro entre realidades y contextos.
El no reconocimiento de las diferencias sociales las vuelve inexistentes, centradas en los individuos, desconociendo las condiciones de producción de la desigualdad social. Como señalan estos autores, el nuevo profesional cuando egresa ha superado una barrera, sin embargo, ahora debe afrontar la desigualdad social a la hora de buscar un espacio en el mundo laboral donde el capital cultural y social de los egresados es un factor determinante. De hecho, la ocde (2018b) ha realizado un estudio donde afirma que los niños de familia con ingresos más bajos en Chile demoran seis generaciones para alcanzar un ingreso medio.
Las deficiencias (físicas, intelectuales, sensoriales o psicosociales) son una característica o diversidad funcional de la persona y no corresponden a las causantes de la discapacidad como un fenómeno en sí. El promedio de escolaridad de las PcD es de 10 años, dos años menos que las personas sin discapacidad. Sin embargo, muchas veces, las instituciones o servicios (ya sea públicos o privados) no están adaptados para todas las personas, por lo que su acceso y uso suele generar múltiples exclusiones que pueden pasar desapercibidas. Buscando conocer las experiencias en temas sociales de los gobiernos de la región, así como también dar a conocer el trabajo que se realiza en Chile, fue que el Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez participó este thirteen y 14 de julio en la III Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social. El evento se realizó en la ciudad de Asunción, Paraguay y reunió a representantes de Argentina, Brasil, Belize, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Paraguay.
Posteriormente, gatillados por los asuntos y luchas de identidad (Taylor, 2009), la desigualdad y justicia social incorpora las demandas de individuos y grupos a ser reconocidos con igualdad de trato, debido a las exclusiones que viven por causa de sus identidades culturales. Se refuerza la importancia de superar una concepción restringida de la desigualdad, propia del análisis en la sociedad industrial, donde la clase social es el issue aglutinante de otras desigualdades. Dubet (2020) propone el concepto de desigualdades múltiples, haciendo ver la multiplicidad de criterios de desigualdad que afectan a los sujetos -incluso a los de una misma clase social-, en función de los bienes económicos y culturales que disponen, pero también de acuerdo a las diversas esferas de la vida social a las cuales pertenecen. La atención y el apoyo a grupos vulnerables constituyen uno de los mayores retos y responsabilidades para el Estado en su esfuerzo por erradicar la exclusión social. Estos grupos, que incluyen personas de avanzada edad, con discapacidad, minorías étnicas, y comunidades empobrecidas, a menudo enfrentan barreras sustanciales que limitan su participación plena en la sociedad. Para superar estas barreras, es esencial adoptar estrategias específicas que vayan desde programas de asistencia económica y acceso a servicios de salud personalizados hasta campañas de sensibilización que promuevan la inclusión y la igualdad.
Es por este motivo que la fisonomía tanto de la educación terciaria como de los estudiantes ha ido mutando progresivamente desde los años 50, donde el ingreso a la universidad era privativo para las elites que detentaban un determinado capital cultural y social. En la actualidad, el estudiantado es más diverso y complejo, puesto que proviene de diversos sectores sociales y culturales. La educación inclusiva, es considerada un movimiento cuyo propósito es ampliar la mirada respecto del sistema educativo, reconociendo el derecho innegable a la educación y el valor de la diversidad de los estudiantes. Este derecho humano universal ensayo pobreza, lo recoge la Declaración de Salamanca (unesco, 1994), quien a principio de la década de los noventa manifiesta la necesidad de levantar políticas integradoras para jóvenes y adultos, en enseñanza secundaria y superior.
Si bien, la incorporación de las personas cuidadoras en el Registro Social de Hogares es un gran avance, este no deja de ser insuficiente. La Reforma de Pensiones entre otras medidas, debe garantizar la implementación de mecanismos que valoren el trabajo no remunerado. Esto no solo compensaría económicamente el trabajo invisible, sino que también aseguraría que las mujeres no vean disminuidos sus beneficios previsionales debido a estas contribuciones cruciales.