Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Con esta publicación, el PNUD reitera su compromiso con la generación y difusión de conocimiento que sirva como base de discusiones informadas para la construcción de consensos respecto de los cambios que el país requiere.
Esto hizo que las solicitudes aprobadas para mujeres fueran significativamente más altas que para los hombres. En junio de 2022, las proporciones de cotizantes respecto del complete de afiliados al seguro de cesantía por sexo fueron 42,1% en mujeres y 48,8% en hombres, siendo un 1,3% mayor respecto de junio 2021 en el caso de mujeres y manteniéndose sin variación en el caso de hombres. Por su parte, los indicadores de cobertura y pagos de los beneficios de la PGU muestran una importante contribución a la disminución de las brechas de género. El reporte indica que la evolución de los indicadores por sexo muestra un mayor dinamismo relativo de las cotizantes mujeres respecto de los hombres, un deterioro de la brecha de remuneración promedio y un mayor aumento relativo de los períodos sin cotizaciones en mujeres. El economista británico Paul Collier, en El futuro del capitalismo, señala que el deterioro de las identidades nacionales también contribuyó al crecimiento de la desigualdad. Para el autor, el éxito de la socialdemocracia de posguerra —que estima como un modelo best desigualdad en el mundo 2022 de Estado ético e igualitarista— se debió a un extraordinario alcance en las obligaciones mutuas asumidas por los ciudadanos.
Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos. La desigualdad perjudica al desarrollo, dificulta el progreso económico, debilita la vida democrática, afecta la convivencia y amenaza la cohesión social. Reducirla no es solo un imperativo ético, es también una exigencia para la sostenibilidad del desarrollo de los países.
Aunque este indicador es comúnmente usado para dar cuenta de la desigualdad de ingresos existente en diversas sociedades, la comparación requiere precauciones metodológicas. Los estudios sobre desigualdad raramente indican cual sería un grado de desigualdad socialmente aceptable. La discusión acerca de la desigualdad, por otro lado, se ha centrado en la desigualdad de ingreso y solo muy recientemente han surgido trabajos académicos sobre otras dimensiones en las cuales se expresa la desigualdad. Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. El informe económico de la OCDE (2013) concluye que el fuerte crecimiento de Chile ha traído consecuencias para el ecosistema, uno de ellos es el mayor gasto energético.
En este texto sostengo que, por un lado, la desigual exposición a la incertidumbre es un problema relevante, que impacta fuertemente en la calidad de vida de quienes viven en Chile. Por otro lado, que la desigualdad de poder podría explicar por qué se requiere un estallido social para que se aborde políticamente la inseguridad con que vive una parte relevante de la población. Aunque no conozco evidencia que ligue causalmente tales desigualdades con el estallido, conjeturo que bajo el supuesto de que el pueblo actúa con racionalidad política, la probabilidad de un estallido social debería aumentar cuando las dos desigualdades descritas se juntan con la intensidad del caso chileno. Afortunadamente, evidencia reciente provista por Bernardo Candia y Eduardo Engel nos permite responder esta pregunta. Los autores muestran que el coeficiente de Gini de mercado calculado con los datos de la encuesta CASEN y registros tributarios es 0,fifty nine.
Sin embargo, ni las desigualdades ni los estallidos sociales son nuevos en la historia de la humanidad. Este trabajo, luego de dar cuenta de algunos estudios sociales recientes en torno a las desigualdades que dañan a las personas y a las sociedades, realiza una aproximación teológica y magisterial a este drama, se hace cargo nuevamente de los valores evangélicos como la justicia y equidad. Termina ofreciendo algunas conclusiones o reflexiones finales que contribuyan al debate y al curso de la acción transformadora que demanda el presente. El trabajo del PNUD destaca que un punto de partida en esta desigualdad, en cierta forma fue la asignación de tierras realizada en la colonia a españoles y sus descendientes blancos, el inicio de la clase alta chilena. En Chile, si consideramos las contribuciones para la seguridad social como parte de los impuestos al ingreso, este grupo de impuestos representa un 36,9% de la recaudación complete del año 2016. El promedio de la OCDE para el mismo periodo fue de un 59%.[13] Por lo tanto, el sistema tributario chileno no solo recauda poco en términos comparados, sino que además le da mucha importancia a los impuestos al consumo y una menor importancia relativa a los impuestos al ingreso.
E incluso si la mortalidad fuera mucho mayor, como podría ser en una futura epidemia, la inteligencia synthetic y la automatización podrían absorber parte de la escasez de mano de obra resultante y mantener bajo el valor del trabajo humano. Para finalizar, desigualdad en américa latina 2022 Matías Cociña agradeció el estudio y mencionó que es un tesoro tener los datos antes y posterior al estallido social. “Ahora da para preguntarse cuáles son los cambios, pero en realidad la anomalía parece ser respecto de los datos un poco más largos”.
Pero si bien la lucha de las mujeres ha tenido varios episodios anónimos e incluso ignorados a lo largo de la historia, se considera el sábado 25 de marzo de 1911 como la fecha que marca la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer. Los archivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que ese día 146 trabajadoras de la Fábrica Triangle Shirtwaist de la ciudad de Nueva York, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes europeas, murieron calcinadas intentando escapar de un incendio en los talleres donde cocían blusas. En tan solo 20 minutos las operarias fallecían encerradas en los talleres, atrapadas detrás de puertas cerradas con llave y fuera del alcance de las escaleras de bomberos. «Apenas un año antes se había organizado una huelga sin éxito en todo el sector textil -incluyendo la fábrica Triangle- en un intento por obtener el reconocimiento de los sindicatos y mejores salarios y condiciones de trabajo. Los propietarios de Triangle se rehusaron a concederlos», cita la OIT. Los montos promedio de pensiones de vejez autofinanciadas en pago dieron cuenta de una brecha promedio de -50,9% en perjuicio de las mujeres. Esta brecha se acentúa en la modalidad de pensión de retiro programado (-57,0%) y es menor en el caso de la renta vitalicia (-29,9%).
Como aporte a este llamado a imaginar alternativas, propone un “socialismo participativo”, no centralizado, donde los trabajadores tomen parte en la gestión de sus empresas y compartan el poder con los accionistas privados. Se espera, además, que las ponencias contengan una reflexión crítica en torno a cuestiones éticas en investigación o bien, respecto a la posicionalidad de los/as investigadores/as al momento de recoger y/o analizar la información. Las ponencias deben ser una síntesis de avances o resultados de investigación (parciales o completos), ya sean estos teóricos o aplicados.
En easy, estos son impuestos que se cobran sobre activos, como por ejemplo activos financieros o propiedades. A diferencia de los impuestos al ingreso que se calculan en base a flujos (es decir, a cuánto se gana en un año), estos impuestos se calculan en base a inventory (es decir, a la cantidad acumulada a través de los años). Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza. Por cierto, estos cálculos se basan en premisas normativas que exigen definir cuánto se pondera el bienestar de cada individuo de acuerdo a su nivel de ingresos. Los esquemas óptimos se caracterizan por tasas más altas cuando los contratos sociales favorecen en mayor medida la redistribución. Por ejemplo, en el año 2016, entre los países de la OCDE, el IVA y otros impuestos al consumo representaron en promedio un 32,7% de la recaudación.
Actualmente, en Chile el gasto complete en salud representa el 7,2% de su PIB, por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, 9,3% (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2016), por lo que en materia de salud aún quedan muchos desafíos para el país y para la equidad en el territorio. En Chile, el analfabetismo es cada vez menor (ver Gráfico 9), pasando de un 5,2% de la población de 15 años o más que no sabía leer ni escribir en 1990, a un 3,1% en 2015. En 1990 un 14,2% de la población rural era analfabeta y un 3,4% de la población urbana; asimismo, el 5,4% de las mujeres lo era, seguidas de cerca por un four,9% de los hombres.
Y no sólo apoyo económico, sino también de salud, de educación, de apoyo a la primera infancia, que sean aún más robustos. Chile tiene una infraestructura de programas muy avanzada y muy admirable a nivel latinoamericano, pero si queremos hacerla más robusta, una estrategia que han usado otros países, además de optimizar el uso de recursos, es recibir más fondos de los sectores de ingresos más altos. Las desigualdades sociales contribuyen a las desigualdades educativas porque restringen la habilidad cognitiva y no cognitiva.
Así, Daron Acemoglu y James Robinson argumentan que las brechas socioeconómicas afectan negativamente el desarrollo de los países cuando se traduce en un acceso, también desigual, al poder político; este mecanismo se relaciona con la potencial captura de rentas por parte de la élite y el bloqueo de oportunidades de desarrollo para el resto de la población. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1).