Se observa una pendiente negativa en ambos períodos, demostrando que las regiones que son más desiguales al comienzo, han sido capaces de reducir en mayor cuantía sus niveles de desigualdad (Gráfico thirteen, a y b). En ambos períodos de tiempo el Β es negativo y significativo al 95 y 99% respectivamente (siendo los Β -4,256 y -24,851). La región de La Araucanía, siendo la más desigual en el año 2009, no es la que más ha reducido sus niveles de desigualdad, pero se encuentra dentro de las tres mejores. Las tres regiones del norte, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, efectivamente fueron las regiones que iniciaron con los índices de Gini más bajos, logrando menores reducciones de desigualdad en el tiempo. El PNUD, cada año, desde 1990, presenta un informe sobre desarrollo humano, donde se analizan importantes temas, tendencias y políticas sobre desarrollo.
Para este estudio se utiliza el factor de expansión regional, puesto a disposición por el Ministerio de Desarrollo Social, responsable de la Encuesta CASEN. Se debe, por un lado, alcanzar el mejor nivel posible, es decir un sistema de calidad, y por el otro lado, este sistema debe ser equitativo, “en este sentido, un sistema de salud es bueno si responde bien a lo que la gente espera de él; y es equitativo si responde igualmente bien a todos, sin discriminación”(OMS, 2000. Citado en INDH, 2016, pp. 194). La (Tabla 7) muestra, por una parte, la evolución de este índice considerando solo las seis dimensiones originales, lo que permite hacer una correcta comparación en el tiempo, y a continuación, expone los resultados 2017 al incorporar la variable de medio ambiente y sustentabilidad.
La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. El Centro de Derechos Humanos UDP en conjunto con Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights organizan el Seminario Internacional “Desigualdad socioeconómica y (des)privatización de servicios sociales en Chile”.
Entre las temáticas abordadas se encuentran la democracia y los movimientos sociales; los derechos humanos y la violencia; el trabajo y las tecnologías; la formación profesional y su incidencia en las políticas públicas; entre otras. En este artículo se abordará la relación existente entre el acceso al ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (en adelante DESCA) de las personas LGBTIQA+ que se traducen en pobreza y desigualdad social y los actos discriminatorios y de violencia de los que son víctimas. Se analizará al grupo de las personas LGBTIQA+ en situación de vulnerabilidad y se examinará la relación existente entre el ejercicio de los DESCA de este grupo con la pobreza y la vulnerabilidad, teniendo en cuenta los contextos de violencia y discriminación que forman parte de sus vivencias.
No podemos permitir que el lugar de nacimiento, la residencia, el género o el grupo étnico de una persona determinen su acceso a educación de calidad, atención médica básica, empleo digno, protección social adecuada, vivienda decente, agua potable, participación política o el derecho a vivir sin miedo a la violencia. Reflexionando sobre la justicia social hoy, evoco la marcha masiva del 25 de octubre de 2019, un momento en el que la ciudadanía expresó las profundas preocupaciones derivadas de las persistentes deudas sociales en nuestra población. Las autoridades de la época declaraban que “la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza”. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros.
A pesar que es claro que las regiones tienen sus diferencias entre sí, estas son menores a las que se encontrarían al comparar distintos países. “Esta relativa homogeneidad significa que es más possible que exista convergencia absoluta entre regiones de un mismo país que entre países” (Barro y Sala-i-Martin, 2009, pp. 468). Respecto a la tasa de crecimiento, en 2016, La Araucanía es la región con mayor crecimiento a nivel actual, a pesar de los bajos indicadores socioeconómicos que se darán a conocer más adelante. Mientras tanto, la menor variación se observó en el norte, en la región de Antofagasta, cuyo PIB disminuyó un 2,9% respecto al año anterior, sin embargo, sigue siendo una de las regiones que más aporta al PIB nacional (9,7%), gracias al producto minero de esta zona.
En general, las regiones con menores años de escolaridad al comienzo del período, son aquellas que han tendido a mejorar más este indicador. De acuerdo con la Encuesta CASEN, los años de escolaridad promedio en Chile son superiores a los presentados anteriormente por Barro y Lee y el PNUD. A pesar de estas diferencias, son muy informativos y nos permiten hacer comparaciones entre los distintos territorios del país y su evolución en el tiempo.
Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.
Por su lado, Sunkel e Infante (2009), atribuyen la persistente desigualdad a la permanencia de la asimetría y falta de vínculos estrechos entre los diferentes estratos de la economía. Otros determinantes de la resistente desigualdad son “la concentración de la propiedad y el poder económico, el acceso diferenciado según los ingresos a la educación de calidad, la diferencia de remuneraciones en los empleos, la debilidad de los sindicatos, entre otros factores…” (Sunkel e Infante, 2009, pp. 89). Por su lado, la Región Metropolitana, como no es de extrañar, ostenta los mejores resultados junto con regiones del norte como Antofagasta y Tarapacá. Las regiones que más han mejorado su nivel de escolaridad promedio son Los Ríos, Aysén y Coquimbo, mientras que las regiones de menor avance han sido Atacama, la Región Metropolitana y Antofagasta.
En este sentido que el estudio propone que Chile avance de forma urgente en el establecimiento de un Piso de Protección Social sensible a los Derechos de la Niñez, que garantice las condiciones de bienestar para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades. desigualdades en salud ejemplos La justicia social completa una visión integral del ser humano y no sólo resguarda sus derechos fundamentales, sino que promueve su desarrollo integral. En este sentido, la justicia social contribuye a reducir las desigualdades económicas y sociales. Los niveles más altos de educación, salud y vivienda son ventajas para lograr una vida digna y feliz. Es lamentable ver que a nivel de desigualdad del ingreso, medido a través del índice de Gini, índice 10/10 o índice 20/20, las regiones del sur suelen encontrarse en una posición desfavorecida versus las regiones nortinas.
Los resultados confirmaron la mencionada heterogeneidad del territorio chileno, obteniendo Ginis que van de zero,41 a 0,sixty three. Asimismo, se expone que las regiones del sur, así como la Metropolitana, tienden a tener comunas con mayor desigualdad y clases sociales nivel de desigualdad del ingreso (similares resultados obtuvieron Ramírez et al. [2009] en su estudio comunal). Este compromiso, esta obligación, es la que el Estado de Chile asumió al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) hace más de 30 años.
De acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2015, el país tiene una población de más de 17,5 millones de personas3, de las cuales un 87% vive en zonas urbanas. En Chile, la ley reconoce la existencia de nueve pueblos originarios4 y de acuerdo con la CASEN (2015) solo el 9% de la población chilena declara pertenecer a una etnia, siendo mayormente Mapuches (84% del total). Las regiones con mayor porcentaje de población indígena son la Región Metropolitana y La Araucanía, siendo en esta última donde la mayoría de ellos vive en zonas rurales (59%). La pandemia de Covid-19 pone en peligro no solo estos avances sino muestra, con mayor crudeza, la discriminación estructural, en la afectación de derechos laborales, a la alimentación, vivienda, educación de calidad, pensiones dignas y salud. En primer lugar, es importante destacar la necesidad de incorporar siempre la voz de niños, niñas y adolescentes en este tipo de estudios.
Para lograr estos objetivos, adoptamos cuatro enfoques en la ejecución de nuestros programas educativos. Entre los dolores de la sociedad chilena están las alzas de los precios de las viviendas, la dificultad para acceder a créditos que no sobre endeuden a las familias, las esperas de postulantes a subsidios habitacionales del Estado y la percepción de que el acceso a la casa propia no es igual para todas las personas. Mientras, las personas adscritas al sistema público de salud (Fonasa), en su mayoría de menores recursos, quedan limitadas a recurrir a hospitales públicos, con menor dotación, recursos e insumos. El sistema colapsa todos los inviernos debido a las enfermedades respiratorias y no queremos imaginarnos lo que será agregando a esto el coronavirus. Los primeros debates se vincularon con la posibilidad de asegurar la exigibilidad judicial de estos derechos y con el rol de las cortes en este nuevo escenario. La dialéctica se orientó hacia la demostración de las analogías que existen entre los derechos civiles y políticos, de un lado, y los sociales, de otro.