De esta forma, en vez de tratarse de una anomalía o un problema residual, la aparición de nuevos campamentos y la persistencia de otras modalidades de informalidad responden a un problema estructural respecto a la provisión de vivienda accesible para los sectores populares por la vía formal. La nueva pobreza de los conjuntos de vivienda social convive de manera creciente con la nueva-vieja pobreza de la informalidad. A nivel de política de habitat, y en especial en lo que se refiere a la vivienda, la tenencia, los servicios colectivos, la segregación urbano-territorial, y el mejoramiento integral de barrios precarios, se requiere transversalizar las implicaciones de la vulnerabilidad económica de los sectores de pobreza urbana en el diseño de los programas. Al contrario, los programas deben buscar maneras para potenciar y ampliar los activos de los pobres urbanos, como también buscar sinergias entre fortalecer distintos tipos de activos. En la mayor parte de los países de la región la pobreza urbana habita de manera formal y al mismo tiempo subsiste gracias al sector informal.
La clave de esto es la labor que pueden desempeñar las empresas para aliviar las condiciones económicas que conducen a la pobreza, mediante el aumento de la actividad comercial en los países menos adelantados. De acuerdo con las necesidades de las comunidades locales, en explicit garantizando que los beneficios económicos lleguen a los trabajadores locales y proveedores. En São Paulo se implementó hace dos años el uso de cámaras de reconocimiento facial en el sistema de transporte público, con la justificación de que ayudarían a evitar el fraude en el uso de beneficios sociales asociados al transporte, como descuentos a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.
La literatura internacional sobre diversidad social en las escuelas (school mix) plantea que estas son un espacio privilegiado para promover el contacto sostenido y el intercambio cultural, a fin de que los estudiantes aprendan a coexistir con otros y desarrollen actitudes democráticas (De Schaepmeester et al., 2021; Vezzali & Stathi, 2020). Sin embargo, la investigación también advierte que no solo es inconceivable que las familias elijan escuelas socialmente diversas (Bonal et al., 2021) sino también que los beneficios del school mix no están garantizados pues puede darse segregación interna y reforzamiento de estereotipos y prejuicios entre pobreza en 2022 grupos (Allport, 1979). El crecimiento de los campamentos se concentra especialmente en algunas ciudades del norte y en el Gran Valparaíso, y es mucho menos importante en Santiago. De hecho, las comunas de Antofagasta y Viña del Mar tienen por sí solas más familias en campamentos que toda la Región Metropolitana. De esta forma, el diagnóstico de la “nueva pobreza” es mucho más certero para el caso de Santiago (desde donde proviene el diagnóstico), pero no necesariamente para otras ciudades donde la informalidad persiste o incluso aumenta de manera significativa. En la actualidad, la inflación se ha transformado en un peligro y una amenaza para la recuperación socioeconómica pospandemia.
La base de datos con esta información está disponible de manera pública, previa solicitud a través de la página Web de la Agencia de Calidad de la Educación. Dicho cuestionario SIMCE contiene preguntas sobre los ingresos (En un mes regular, ¿en cuál de los siguientes rangos ubicaría la suma de ingresos de todas las personas que contribuyen al hogar donde vive el estudiante?); y sobre el nivel educacional de los apoderados (¿Cuál es el nivel educacional más alto alcanzado por la madre o madrastra del estudiante?), entre otros aspectos. Estas variables suelen ser consideradas como indicadores correlacionados de clase social en tanto un nivel educacional más alto generalmente implica un ingreso superior (INE, 2018). Así, el contexto de política chileno establece condiciones paradojales a los principios de inclusión que contribuyen a que en las escuelas se tomen decisiones muchas veces inconsistentes con dichos principios y que deterioran el clima de convivencia (Manghi et al., 2020).
No está demás reiterar que solamente se someten a esos sistemas a los usuarios de sistemas públicos de salud, asistencia social y transporte que, en basic, no incluyen las élites locales que pueden prescindir de ellos y recurrir a prestadores privados; manteniendo mayor control sobre su información y preservando su privacidad. La implementación de programas que condicionan el acceso a servicios básicos por medio de vigilancia estatal y privada agudizan la inequidad imperante en el continente. El acuerdo firmado entre la FAU y la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal permitirá que estudiantes y académicos realicen intervenciones urbanísticas, desarrollo de proyectos de arquitectura e iniciativas territoriales. Actualmente la Facultad realiza diversas acciones en la comuna mediante los cursos transversales, proyectos de título e iniciativas que emanan de los programas de la Escuela de Postgrado. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento.
Lo que parece una estrategia para desprestigiar a la administración de Bachelet demuestra falta de rigor del mandatario y pone en riesgo su credibilidad. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Reconciliación del derecho al trabajo de la población de escasos recursos (y mejoramiento de su calidad de vida) con el derecho a la disponibilidad y acceso a los espacios públicos, y a su vez, el uso estratégico del recurso patrimonial para el desarrollo urbano.
Este documento fue elaborado, desde agosto de 1972, por los economistas Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zabala Ponce; su propósito fue elaborar un programa económico alternativo al implementado por la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Como consecuencia del pesimista diagnóstico que realizaron de la economía nacional, llegaron a la conclusión de la necesidad de liberalizar la hasta entonces cerrada economía chilena, que adolecía de una férrea regulación del Estado, actuando éste como empresario, promotor de la inversión y pobreza digna la industrialización, y anulando la participación de agentes privados en dichas áreas. Además, durante este período se produjo un desequilibrio en la balanza de pagos y una hiperinflación que por mucho tiempo se ubicó en tres dígitos, situación que persistió por algunos años y que se convirtió en uno de los principales objetivos a regularizar por este nuevo modelo económico. En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media.
Así, la mezcla social aparece como una estrategia para incluir a las y los estudiantes de NSE bajo en los modos de ser de aquellos y aquellas de NSE alto, modos considerados como más valiosos. Este aspecto del habitus institucional escolar puede estar dificultando la convivencia democrática, en tanto pese al interés de las escuelas por fomentar la práctica cotidiana del diálogo en la diferencia, no se observa el reconocimiento en simetría de valor de estudiantes de distinta proveniencia social. Para comprometerse directamente con la mitigación de la pobreza y aprovechar su posición como empleadores y productores, las empresas líderes pueden participar en la generación de empleo expandiéndose a nuevas áreas no exploradas, e invirtiendo en empresas en crecimiento, centrándose en los países menos desarrollados y en las poblaciones vulnerables. También pueden implementar programas para empoderar económicamente a los grupos desfavorecidos; y garantizar condiciones de trabajo decentes para todos los empleados en toda la empresa y en la cadena de suministro, con asociaciones para desarrollar la capacidad de los proveedores para hacer lo mismo. De igual forma, las compañías pueden ser líderes mediante la creación y comercialización de bienes y servicios que se dirigen específicamente a grupos vulnerables.
La integración a la economía del mercado significa que los pobres urbanos son mucho más vulnerables a shocks económicos que sus contrapartes rurales, situación que realza la importancia de los mecanismos de sobrevivencia y de adaptación de los hogares, y la comprensión de estos para el desarrollo de estrategias de intervención. Estos hallazgos sugieren que ambas escuelas tienen habitus institucionales que dan valor a las diferencias socioeconómicas y mixtura entre estudiantes para promover una mayor reflexividad en torno a la propia posición social y la de otros, como vía para desarrollar disposiciones igualitarias. Esto se alinea con el concepto Bourdiano de habitus reflexivo (Sweetman, 2003), el cual refiere a la posibilidad de que los individuos autoobserven sus posiciones y disposiciones en diferentes campos. El resultado es que el habitus propio deja de darse por sentado, abriéndose a la posibilidad de cambio subjetivo.
Este artículo busca profundizar nuestra comprensión de la dimensión económica de la pobreza y precariedad urbana en las vidas de los pobres urbanos, y averiguar sobre sus implicancias en el diseño de estrategias de política. El trabajo se basa en los enfoques conceptuales del desarrollo sostenible, y de la generación de capacidades y oportunidades en las personas. Se parte de una hipótesis de trabajo de que la vulnerabilidad económica en los sectores de pobreza urbana no ha sido plenamente integrada en las políticas del habitat, limitando la contribución de éstas a la mejora en el acceso de los pobres urbanos al empleo e ingresos estables.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existen marcados desequilibrios entre los distintos niveles socioeconómicos en aspectos como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la tasa de analfabetismo y el acceso a agua al inside de las viviendas. Así, la altísima inequidad que asola al continente influye directamente en el bienestar de sus habitantes, sus posibilidades de desarrollo y en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Claro que estas serían ayudas de emergencia y, en ese sentido, el ministro asegura que lo que se busca es dar soluciones más permanentes. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional.
Así, la convivencia democrática busca promover la justicia social mediante prácticas que sean equitativas, inclusivas y que aborden de manera dialógica y constructiva el conflicto (Fierro-Evans & Carbajal-Padilla, 2019), lo cual supone el reconocimiento en simetría de valor de estudiantes de distinta proveniencia social. La discusión sobre el concepto anglosajón de conviviality (Gilroy, 2015), es decir, el encuentro de culturas previamente desconectadas, es útil pues nos recuerda que la convivencia entre personas distintas no debe ser idealizada. Conviviality “no es el producto de una virtud cívica o del reconocimiento interpersonal, sino el hábito de negociar la multiplicidad y la compañía de otros desconocidos, como un tipo de entrenamiento corporal” (Amin, 2003, p. 4, traducción propia). De este modo, conviviality es la capacidad incorporada de vivir juntos, la cual no es necesariamente aproblemática sino el resultado de negociación, esfuerzo e incluso conflicto en una comunidad (Wise & Noble, 2016). Con el fin de analizar los enfoques institucionales de las escuelas respecto a la diferencia y la mezcla social, se utilizó un marco teórico basado en los conceptos de Pierre Bourdieu para abordar aquellos aspectos del habitus institucional que refieren al school mix y al school mixing en el campo escolar. Conviene indicar, a partir de los postulados del magistrado italiano antimafia Giovanni Tartaglia, que la política de «mano dura» pudiendo conseguir resultados muy buenos a mediano plazo, no puede sostenerse a largo plazo.
En basic, los acercamientos son parciales, sin la instalación de modelos de desarrollo sostenible local. Al nivel regional, se detecta algunas experiencias de potenciar las posibilidades existentes en las ciudades y los barrios precarios, para que los hogares de escasos recursos tengan acceso a espacios e instalaciones adecuadas para el fomento productivo local y la generación de oportunidades de ingreso. El Cuadro 2 presenta una serie de iniciativas en la región que ejemplifican estrategias multipropósitos en el campo del empleo, el habitat y los ingresos. Bajo esta comprensión de la problemática, la ciudad es entendida en su potencialidad productiva, y no solamente vista en términos de consumo. Se postula que ciudades dinámicas y «sanas» son una parte integral de un crecimiento económico sostenido. Al desarrollarse un país, las ciudades contribuyen en una mayor proporción, y en forma creciente, al ingreso nacional.