Los trabajadores del sector privado y de empresas públicas tienen la libertad de formar sindicatos sin previa autorización. Se prohíbe la afiliación sindical al private policial y militar, así como a los empleados civiles que pertenecen a la judicatura. Los dirigentes sindicales no pueden presentarse como candidatos al Congreso ni ser miembros de este. La Dirección del Trabajo, autoridad pública independiente adscrita al Ministerio del Trabajo, goza de amplias facultades para vigilar las cuentas y operaciones financieras de los sindicatos. Por ejemplo, los sindicatos deben actualizar los registros financieros a diario y los funcionarios del ministerio pueden inspeccionarlos en cualquier momento. El 18 de agosto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció que había llegado a un acuerdo con Celestino Córdova, líder espiritual del pueblo mapuche, que estaba encarcelado, para deponer la huelga de hambre que llevaba desde hacía 107 días.
La TFGBV debe reconocerse como una violación de los derechos humanos enraizada en el género, que requiere una protección integral de todos los derechos dentro de un marco authorized. No hacerlo podría suponer un riesgo significativo de socavar el potencial de expresión libre y segura de los mismos grupos que la legislación pretende proteger. Las iniciativas legislativas en materia de violencia sexual y por motivos de género deben integrarse en los marcos y las políticas establecidos sobre la violencia de género.
Si bien la ley anterior a la reforma laboral de 2017 contemplaba los derechos de negociación colectiva únicamente en la empresa, la reforma amplió esos derechos a los sindicatos interempresa, siempre y cuando representen a los trabajadores de empresas con al menos 50 empleados y que pertenezcan al mismo rubro o actividad económicos. Una mayoría absoluta de todos los empleados alcanzados deben indicar por voto secreto que están de acuerdo con ser representados por un sindicato interempresa en las negociaciones colectivas. Los sindicatos interempresa para los trabajadores de micro o pequeñas empresas (es decir, con menos de 50 empleados) tienen permitido negociar colectivamente solo cuando todos los empleadores individuales están de acuerdo en negociar en esos términos. La ley no estipula el derecho de negociación colectiva de los trabajadores de instituciones públicas ni de instituciones privadas en las que más del 50% de los fondos hayan provenido del Estado cualquiera de los dos años anteriores o cuyo presupuesto dependa del Ministerio de Defensa.
Las autoridades de la época declaraban que “la multitudinaria, alegre y pacífica marcha hoy, donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario, abre grandes caminos de futuro y esperanza”. La violencia de género facilitada por las tecnologías digitales está arraigada profundamente en sistemas patriarcales. No es un fenómeno aislado sino un continuo de la violencia de género en la sociedad, donde las manifestaciones en línea y fuera de línea se complementan y reflejan mutuamente. La generación de políticas integrales con una perspectiva de derechos humanos es urgente para generar cambios sistémicos. 12Los cambios metodológicos de la Encuesta CASEN aplicados a partir del año 2013 tuvieron también un impacto en el cálculo de los indicadores de desigualdad de ingresos.
El trabajo en materia de empresas y derechos humanos es, en gran medida, un trabajo sobre derechos sociales, a causa de la priorización de la privatización de todos los servicios que debieran garantizar estos derechos. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma.
Finalmente, la TFGBV debe dar prioridad a las necesidades y perspectivas específicas de las mujeres y las personas LGTBIQA+, evitando enfoques que pueden reproducir dinámicas de poder desiguales. Esto exige una perspectiva interseccional, centrada en las víctimas y que ofrezca medidas y enfoques variados. La creación de mecanismos participativos significativos a lo largo de todo el proceso de elaboración de políticas es elementary.
Siguiendo la tendencia de los años anteriores, La Araucanía y la Región Metropolitana ocupan el primer y segundo lugar, con un índice de Gini de 0,444 y 0,434 respectivamente en 2015 y de 0,453 y 0,452 en 2013. Las regiones con menor desigualdad por ingreso en ambos períodos son Arica y Parinacota y Atacama (intercambiando de lugar entre un período y otro). Sin embargo, las regiones que han logrado reducir más sus niveles de desigualdad en el último período son las regiones de Los Lagos y Valparaíso, y en tercer lugar la Región Metropolitana, con un menor four,01%. Utilizando esta metodología de cálculo de datos agrupados, el índice de Gini para el país es de 0,445 en 2013 y 0,432 en 2015. Bajo este concepto, solo las dos regiones más desiguales estarían sobre el promedio nacional en ambos años. Al considerar los ingresos autónomos per cápita, observamos algunas diferencias, principalmente en la variación del Gini.
Dentro de sus operaciones, estructuras corporativas y cadenas de suministro; estándares de transparencia y acceso a la información teniendo como pauta mínima los principios rectores. La justicia social outline una visión integral del ser humano que no sólo resguarda sus derechos fundamentales, sino que promueve desigualdad internacional su desarrollo integral. En este sentido, Frei señaló que la desigualdad se manifiesta, de acuerdo con el estudio, en términos de una narrativa de lo cotidiano expresada no sólo en la educación y salud, sino también en la dignidad en el trato que exigen las personas en su vida cotidiana y en cualquier escenario.
Las regiones que más han mejorado su nivel de escolaridad promedio son Los Ríos, Aysén y Coquimbo, mientras que las regiones de menor avance han sido Atacama, la Región Metropolitana y Antofagasta. En general, las regiones con menores años de escolaridad al comienzo del período, son aquellas que han tendido a mejorar más este indicador. La Dirección del Trabajo no contó con suficientes inspectores laborales para hacer cumplir las leyes laborales de manera eficaz en todo el país, en especial en zonas remotas. Las ONG comentaron que los inspectores y los jueces de los tribunales laborales necesitaban más capacitación y que la falta de información y medios económicos generaba una desigualdad entre las partes en los casos presentados ante los tribunales. Las multas no fueron suficientes para prevenir las infracciones, en especial en los grandes empleadores. La Dirección del Trabajo colaboró de manera preventiva con las pequeñas y medianas empresas para ayudarlas a cumplir las leyes laborales.
Los trabajadores inmigrantes del sector agrícola fueron el grupo con mayor probabilidad de ser sometidos a condiciones de explotación en el trabajo. La ley establece normas de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son aplicables a todos los sectores. Existen normas de seguridad y salud especiales para sectores particulares, como la minería y el buceo. El Servicio Nacional de Geología y Minería se encarga de common e inspeccionar la industria minera.
Así, se ha conseguido que las mujeres participen activamente de los planos sociales y políticos de la sociedad española desde el empoderamiento y, en muchos casos, la igualdad. El trabajo del Instituto de la Mujer se ha centrado en la realización de campañas de información sobre los derechos de las mujeres para difundir los cambios desigualdad ejemplos en la vida cotidiana que se habían producido en el ordenamiento jurídico, fundamentales para que las mujeres pudieran ejercer y reivindicar esos derechos que muchas todavía no conocían. Además, releva el problema de los malos tratos y realiza estudios sobre la situación de las mujeres en España, cuyos resultados fueron difundidos en la sociedad.
Los primeros puestos son ocupados por Noruega, Australia y Suiza, mientras que en los peores lugares están la República Centroafricana, Nigeria y Chad, con niveles de desarrollo humano muy bajo. Si bien el crecimiento es un fenómeno relativo al mercado y al aumento del PIB, como se ha mencionado, el desarrollo suma a esto el bienestar social, el cual se observa en la calidad de vida de la población, en el desarrollo de competitividad y capital humano, en la mayor calidad y acceso a educación y salud, entre otros factores. En esta oportunidad se estudiaran el índice de desarrollo humano (IDH) y el índice de desarrollo regional (IDERE). En el período 1990 y 2013, la desigualdad del ingreso en Chile12, medida a través del índice de Gini, evolucionó de una forma comparable a una U invertida (ver Gráfico 6), crece a partir de 1992 para luego descender desde 2003 y de manera constante desde 2009. La nueva metodología13 da como resultado un índice menor, posiblemente porque las familias más vulnerables suelen ser más numerosas, luego al evaluar la distribución del ingreso complete de los hogares, es esperable que sea más igualitario que al medirlo a nivel per cápita.
Sin embargo, más allá del reconocimiento de la igualdad formal recogida en la legislación, es preciso un grado mayor de avance en pos de la efectividad de las políticas públicas en términos de igualdad de derechos en este ámbito. Políticas públicas desequilibradas en este sentido, pueden tener graves consecuencias en la garantía de los derechos de mujeres y personas LGBTQIA+ y la lucha por la equidad de género. Las tecnologías digitales han contribuido a contrarrestar la exclusión histórica de mujeres y personas LGBTQIA+ dentro del espacio público. Han sido ampliamente utilizadas por mujeres y activistas por los derechos LGBTQIA+ para incidir en el debate público y visibilizar demandas sociales. Los resultados han sido significativos en el reconocimiento de derechos y el desarrollo de políticas públicas. Con la nueva metodología, se aprecia que en ambos años se repiten tanto las regiones más desiguales como aquellas con menor nivel de inequidad.
La metodología de investigación consiste en un análisis descriptivo y comparativo de las regiones del país, así como de un análisis de convergencia regional. La información recopilada para el desarrollo de este trabajo, se ha obtenido de fuentes secundarias, desde distintas bases de datos mundiales y nacionales. A nivel país se utiliza principalmente, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social y datos de productividad del Banco Central de Chile.