En conjunto, más de la mitad de los trabajadores (57%) estaban empleados en el sector casual en los países analizados en 2019, un nivel que se acerca al registrado en 2010 (58%) (Gráfico 2.13, panel A). La prevalencia de la informalidad disminuyó en la última década en la mitad de los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, un descenso que fue especialmente importante en Perú, Paraguay y Colombia (9, eight y 6 puntos porcentuales, respectivamente). Como hemos visto en el caso de otros indicadores del empleo examinados en esta sección, se aprecian importantes diferencias en cuanto a prevalencia de la informalidad en los países analizados, que oscila entre el 24% de Uruguay y desigualdades entre paises en un mundo globalizado el 69% de Ecuador. Cabe señalar aquí que las comparaciones entre países, así como entre el grupo destacado de ALC o la región y los promedios de la OCDE, deben manejarse con cierta prudencia, puesto que el cálculo de los ingresos no está armonizado en ALC. En la mayoría de países de la región, los ingresos de los trabajadores asalariados se registran después de impuestos, mientras que los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y los procedentes de otras fuentes se declaran antes de impuestos. Por su parte, los datos correspondientes al promedio de la OCDE se extraen de la base de datos armonizada Income Distribution Database de la OCDE y se refieren únicamente a ingresos después de impuestos y equivalentes.
La seguridad en el mercado laboral —que captura los principales riesgos que enfrentan los trabajadores en el mercado de trabajo, así como sus repercusiones económicas— es uno de los tres aspectos principales de la calidad laboral en el marco de calidad del empleo de la OCDE, junto a la remuneración y el ambiente de trabajo (Cazes, Hijzen and Saint-Martin, 2015[19]). En este sentido, el grado de inseguridad laboral percibida por los trabajadores, o el nivel de preocupación de los ciudadanos por la posibilidad de perder el trabajo, son indicadores importantes.14 El Gráfico 2.15 muestra que, si bien la inseguridad laboral percibida en los países analizados se ha reducido respecto de la del año 2000, esta sigue siendo generalizada, incluso antes de la pandemia. En 2018, en los países analizados, en promedio, 3 de cada 5 personas (60%) tenían miedo a perder su trabajo en los 12 meses siguientes. Pese a no existir datos del todo comparables sobre los países de la OCDE, los datos de Eurofound sobre 2015 indican que solo 1 de cada 5 europeos (16,6%) consideraba probable perder su trabajo en los 6 meses siguientes. El país con mayor inseguridad laboral percibida es Brasil, donde el 70% de los encuestados declararon haber tenido miedo de perder su trabajo en 2018, una proporción que prácticamente no ha variado respecto al nivel del año 2000 (71%).
Se consideran en sentido estricto, como aquellas necesidades que las personas experimentan por su naturaleza humana y social, pero que no se relacionan con ningún plan de vida en explicit. Dentro de éstas encontramos las necesidades absolutas o estrictamente humanas, las relacionales o sociales y las necesidades derivadas del satisfactor adecuado. Estas precondiciones pueden reconducirse al escenario socio-ecológicamente equilibrado que implica la común vivencia (convivencia pacífica) de seres humanos en un determinado espacio natural desigualdades e inequidades en salud y socio-político, tanto en criterio sincrónico como diacrónico, incluida, obviamente, la misma pervivencia de lo humano37.
Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido. Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos. Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de crisis a través de recursos descargables. Más estratégicamente, se ha utilizado activamente la tecnología de la información y las comunicaciones (TICs) para desarrollar contenidos y aplicaciones, ampliando la oferta educativa a través de los medios de comunicación, apoyando a niñas y niños para que sean capaces de continuar y disfrutar su proceso de aprendizaje.
Puedes unirte a Oxfam Intermón y aunar tu voz para que los grupos políticos escuchen que la ciudadanía española quiere poner fin a las desigualdades que se viven en nuestro país y en el mundo. En las pasadas elecciones generales, Oxfam Intermón lanzaba una petición a los partidos políticos para que incluyeran en sus programas medidas para frenar la desigualdad en nuestro país y en los países en desarrollo. Según datos del informe Infancia Pobreza y Crisis Económica, de la colección de estudios sociales de “la Caixa”, que evalúa la huella de esta situación en la calidad de vida de la población infantil…
La demanda de terrenos habilitados para acoger a habitantes urbanos ha sobrepasado la capacidad de la oferta (Gilbert, 2000[31]), y los gobiernos tienen dificultades para crear mecanismos para financiar estos terrenos o viviendas asequibles para los grupos de bajo ingreso. La falta de planificación y políticas territoriales también ha limitado considerablemente la oferta de vivienda de bajo costo. A raíz de ello, los precios inmobiliarios han aumentado hasta el punto de que gran parte de la población no puede permitirse una vivienda, en especial las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes (BID, 2016[29]). Como ya se ha expuesto en esta sección, la pandemia ha tenido efectos pronunciados sobre el empleo y el desempleo en la región, con una caída de 9 puntos porcentuales de la tasa media de empleo de los siete países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, y un incremento de 3,6 puntos del desempleo entre 2019 y 2020. En ambos indicadores, la magnitud de la variación ha sido muy superior en los países de ALC que en el promedio de la OCDE. En conjunto, el aumento del desempleo en la región es inferior a lo que cabría esperar habida cuenta de la magnitud de la contracción del PIB, ya que fueron muchas las personas en edad de trabajar que abandonaron la fuerza laboral (CEPAL/OIT, 2020[21]).
Una de las consecuencias de la desigualdad social de la nueva España es la baja participación política de los sectores pobres. De acuerdo con el VIII Informe FOESSA, en los barrios menos favorecidos pueden encontrarse tasas de abstención de hasta 75%, lo que da cuenta de una falta de integración de estos sectores a las vías regulares de representación política. Otra de las propuestas para combatir la desigualdad social es reducir las brechas salariales, lo que es una causa directa en la marginación social, el empobrecimiento y la explotación laboral. La reducción de las brechas salariales implicaría cambios en la legislación laboral que contemplen la desigualdad de género y la nivelación basic de los salarios de manera que el valor del trabajo realizado sea retribuido equitativamente. Esta disaster surge debido a la destrucción de los servicios públicos, la devaluación de la moneda native y el incremento acelerado de los precios de bienes y servicios, lo que resulta en un deterioro económico, alimentario, educativo y profesional que coloca a la nación en clara desventaja con el resto del continente.
Cada año, el HUD publica el tope de ingresos familiares que se utiliza para determinar la elegibilidad en subsidios de vivienda administrados por los distintos niveles de gobierno. Estos límites se basan en estimaciones, ajustadas por tamaño de familia, de la media del ingreso familiar para las áreas metropolitanas y no metropolitanas designadas. Las estimaciones resultantes de Area Median Income (AMI) permiten que los ingresos familiares se expresen como un porcentaje de la media para la zona. Las familias que ganan no más del eighty por ciento del ami son típicamente consideradas como de bajos ingresos y aquellas que ganan no más del 50 por ciento del AMI se consideran de muy bajos ingresos (U.S. Department of Housing and Urban Development, 2015B). La vivienda es uno de los elementos principales del bienestar actual de las personas, identificado como tal en el derecho internacional (p. ej., la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). La vivienda es basic para tener cobijo y sensación de seguridad, privacidad y espacio personal (OCDE, 2011[14]).
Los valores correspondientes al promedio de la OCDE a los que se refiere esta sección son cálculos de la OIT y no de la OCDE, con el objetivo de asegurar su comparabilidad. En general, los datos sobre empleo de la OCDE se refieren a la población de edad comprendida entre los 25 y los 64 años, mientras que los datos de la OIT corresponden a los mayores de 25 años. Los datos indican que las áreas metropolitanas de América Latina exhiben un patrón de “excesiva concentración” de infecciones y muertes por COVID-19, si bien hay excepciones. En particular, es el caso de los países en los que el 30% o más de la población vive en divisiones administrativas mayores —es decir, territorios en los que están situados las ciudades más pobladas— como en el caso de Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú.
La contracara de esta mirada es la percepción de inseguridad; las bajas pensiones, el futuro laboral incierto, la posibilidad siempre presente del desempleo o los tratamientos médicos que no se pueden costear configuran amenazas que el mérito personal no alcanza a sortear, y que empuja demandas por mayor seguridad. Los ingresos equivalentes se refieren a los ingresos de los hogares calculados tras centralizar los flujos de ingresos de cada miembro del hogar y asignarlos después a cada miembro según un “ajuste” que refleje las distintas necesidades de los hogares según su tamaño y estructura. Por ejemplo, una de las principales recomendaciones del informe de la Comisión sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social (denominado también Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi, (Stiglitz, Sen and Fitoussi, 2009[48])) fue la medición conjunta de los ingresos, el consumo y el patrimonio, para poder entender mejor el bienestar particular person y de los hogares. En el informe de seguimiento publicado en 2018 y titulado For Good Measure se repitió esta recomendación (Stiglitz, Fitoussi and Durand, 2018[11]). La falta de servicios básicos, como agua potable gestionada de manera segura o un lavamanos, es signo claro de mala calidad de la vivienda y puede suponer un gran riesgo para la salud. Pese a que se han logrado avances considerables en la ampliación del acceso a agua potable limpia y saneamiento, millones de ciudadanos de América Latina no disponen aún de estos servicios, sobre todo en zonas rurales (Banco Mundial, 2019[36]).
La desigualdad social en México está atribuida a razones no solamente económicas y políticas, sino también étnicas debido a la población indígena que aún hace vida en el país y que encuentra dificultades para integrarse a la dinámica modernizadora de la nación. La desigualdad social en España no empezó con la disaster de 2008, pero este sí fue un momento que ha fomentado nuevas desigualdades y nutrido diferencias ya existentes. Un ejemplo de ello es que el número de personas en situación de exclusión social aumentó en 1,2 millones en 2019 respecto a 2007, el año previo a la recesión.
A partir de 2014, aproximadamente, los niveles de ingresos y consumo de los hogares se estancaron, y la región comenzó a registrar un descenso de la satisfacción con las condiciones de vida. Asimismo, existen indicios de que, en los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles, la pobreza y la pobreza extrema volvieron a aumentar en torno a 2017. La desigualdad en los ingresos se ha mantenido también en niveles elevados, pese a haberse reducido considerablemente en las dos últimas décadas; además, desde mediados de la década de 2010, la desigualdad disminuye a menor ritmo. Los efectos devastadores de la pandemia de COVID-19 sobre las condiciones económicas están provocando un deterioro del nivel de vida material en la región, lo cual podría echar por tierra años (o décadas) de avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y seguir ralentizando la convergencia con los países con ingresos más altos. Los recursos mundiales son escasos, efectivamente, pero la pobreza se produce porque estos resultan escasos en términos de disposición, ya que en el mundo se dan situaciones de carencia de recursos en determinados contextos sociales y geográficos o vinculada a determinados colectivos sociales, culturales, étnicos, pero no en términos globales de la sociedad mundial.
Por ejemplo, el hacinamiento puede influir en las dificultades de los niños para concentrarse a la hora de hacer deberes o incluso de jugar, lo cual afecta su rendimiento académico y contribuye al fracaso escolar (Santos, 2019[34]). No existe disponibilidad generalizada de collection temporales comparables en la región (como ocurre con muchos otros indicadores de la calidad y asequibilidad de la vivienda), pero las medidas de la densidad de vivienda pueden ofrecer una concept del nivel relativo de hacinamiento y sus tendencias generales (Gráfico 2.20). Sin tener en cuenta barrios marginales y asentamientos informales, la proporción media de hogares en los que más de dos personas comparten habitación es del 21% en los países del grupo analizado. En cambio, en Uruguay, Costa Rica y Chile, es por lo menos tres veces menor y se sitúa en torno al 10%, o en un nivel inferior. Las necesidades absolutas o estrictamente humanas son las ligadas con la supervivencia de los seres humanos, y se refieren a un núcleo muy concreto de necesidades básicas que son universalizables, objetivables, insoslayables e imprescindibles, por lo que se encuentran íntimamente vinculadas (compartiendo exigibilidad y rigor) con los satisfactores universales únicos. Y por ello mismo resultan universalizables, porque son válidas para todo humano en todo tiempo y lugar39.
Los objetivos de este trabajo son presentar un resumen del marco institucional del mercado laboral y las principales políticas de empleo en Guatemala, evaluar … La OCDE mide la inseguridad en el mercado laboral en términos de pérdidas monetarias esperadas en las que una persona empleada incurriría si se quedase y permaneciese sin empleo, expresadas como proporción de la remuneración previa. Estas pérdidas están supeditadas al riesgo de perder el empleo, la duración esperada de dicho desempleo y la mitigación que las prestaciones por desempleo ofrecen frente a tales pérdidas (seguro efectivo) (OCDE, 2020[1]).