Las diferencias han disminuido en algunas partes de Oriente Medio, pero han aumentado en determinados grupos. Quienes diseñen e implantes estas políticas necesitan investigar otras maneras de mitigar el impacto de las desigualdades sobre los resultados del aprendizaje, incluyendo las intervenciones sanitarias, el apoyo acquainted y comunitario y las políticas de empleo. Dirigirse a las familias y a las comunidades es algo especialmente importante en la medida en que los resultados educativos están mucho más determinados por la familia que por la escuela. Las familias son responsables de la socialización inicial de sus hijos e hijas, y trabajar tanto fuera como dentro de las escuelas es la mejor manera de garantizar que todos los niños y las niñas cumplan con su potencial de aprendizaje (Suárez-Orozco, Yoshikawa y Tseng, 2015).
El Gráfico 2.4 presenta mediciones de la pobreza absoluta y extrema basadas en los ingresos, con arreglo a las medidas calculadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (véase en el Recuadro 2.1 una explicación de los distintos umbrales de pobreza). Desde el año 2000, se han registrado importantísimos avances en cuanto a reducción de la pobreza tanto absoluta como extrema en la región, especialmente en los países analizados. En promedio, en 7 de los eleven países analizados sobre los cuales se dispone de los datos más tempranos y tardíos, la proporción de la población que vive en condiciones de pobreza absoluta se redujo a menos de la mitad entre 2000 y 2019, pasando del 44% al 20,4%, mientras que la proporción de ciudadanos que viven en condiciones de pobreza extrema se redujo del 11,6% al four,7% (Gráfico 2.four, paneles A y B).
El valor medio del gasto de consumo ultimate de los hogares en los países analizados sobre los cuales hay datos disponibles registró un incremento, pasando de los 7.340 USD de 2000 a los 9.996 USD en 2019 (Gráfico 2.1). El promedio regional de ALC de estos niveles en ambos años fue solo ligeramente inferior (7.269 USD en 2000 y 9.930 USD en 2019). El ingreso nacional y el gasto de consumo ultimate de los hogares per cápita en los países analizados se mantienen muy por debajo de los niveles de la OCDE, a pesar del incremento appreciable registrado en las dos últimas décadas. En líneas generales, la variación entre países y las tasas de incremento son parecidas en los dos indicadores; Chile, Costa Rica, la República Dominicana y Uruguay son los que registran mejoras más significativas a partir del año 2000, tanto en gasto de consumo de los hogares como en INB per cápita (Gráfico 2.1, panel B). Carencias de autonomía, en síntesis, que imposibilitan a la persona satisfacer sus necesidades básicas y desarrollar sus capacidades y funcionamientos humanos y ejercitar, por lo tanto, su libertad actual desigualdad socioeconómica ejemplos. Esto obliga a entender que aunque la explicación causal de la pobreza es compleja, se relaciona de manera directa con la injusticia estructural vinculada a la distribución de recursos mundiales y en el seno de cada uno de los Estados, lo que se materializa en la existencia de graves desigualdades económicas que predisponen empíricamente a la pobreza.
Y, por último, países con nulo reconocimiento normativo de derechos sociales o con escasa eficiencia del marco existente y debilitadas o inexistentes políticas públicas que desembocan en desarrollo humano bajo y sociedades endémicamente pobres51. Ello obliga, ineludiblemente, a reconsiderar y reivindicar el rol que los derechos sociales cumplen en la estructura jurídica en relación con otros derechos, a exigir una mayor visibilización de la estrecha condicionalidad entre la eficacia de aquellos y el disfrute de mayores niveles de autonomía y, obviamente, a destacar el rol de la voluntad política (imprescindible) para garantizar la exigibilidad de las normas y su plasmación actual en políticas públicas. Finalmente, las necesidades derivadas de satisfactor preferido desigualdad y exclusion ocupan un lugar secundario respecto de las necesidades básicas, tanto en grado de exigibilidad como de urgencia en su satisfacción. Al igual que las necesidades de satisfactor adecuado, se configuran cuando para una determinada necesidad resulta imprescindible un satisfactor específico, pero en éstas la relación que transforma al satisfactor en necesidad responde a un imperativo que involucra en mayor o menor medida la voluntad, aunque en muchos casos se deba a fenómenos de socialización o de aprendizajes culturales. La ligazón entre necesidad y satisfactor es elegida por la misma persona de manera más o menos consciente o a través de procesos de socialización, pero siempre respondiendo a una opción voluntaria; aunque puede incluir condicionamientos culturales.
La desigualdad económica se configura, entonces, como una de las más importantes causas de la pobreza y la opositora más relevante para su desaparición, ya que es la prueba fáctica de la existencia de recursos y bienes suficientes para eliminar o, al menos, disminuir los grados de pobreza. Por consiguiente, siempre que haya desigualdad económica habrá, indiscutiblemente, algún grado de pobreza, al menos relativa entre unos que poseen más y otros menos28. La reducción de la pobreza sigue siendo uno de los principales objetivos de política de todos los países de la región. Aunque la pobreza es una cuestión multidimensional que va más allá de las condiciones materiales (véase en el Capítulo 6 un análisis sobre el uso de las medidas de pobreza multidimensionales en la región), los bajos ingresos son todavía uno de los principales determinantes de la privación que sufren millones de habitantes de América Latina.
Oxfam Intermón alertaba, en una nota de prensa en 2016, de la gravedad en materia de desigualdad social debido a la disparidad de ingresos entre unos grupos privilegiados de la población y la gran mayoría de esta. Las causas de la desigualdad social son variadas y pueden incluir factores económicos, políticos, culturales y estructurales. La primera declaración sobre los derechos del niño data de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946.
Tanto Colombia como Ecuador rebasan ligeramente el promedio, aunque se sitúan por detrás de Costa Rica y Chile, con una diferencia mínima de 20 puntos. Al analizar las tendencias del grupo analizado, la proporción de la población que tiene acceso a agua potable segura ha aumentado el doble en Paraguay (15 puntos) que en el promedio de ALC 7 (7 puntos), mientras que Paraguay sigue situado por debajo de los promedios, tanto del regional como del de los países analizados. En common, la proporción de informalidad suele capturarse mediante preguntas incluidas en las encuestas a los hogares, aunque, por su propia índole, el trabajo informal cuesta más de medir, debido a su fluidez y falta de visibilidad. La OIT define la economía casual como “todas las actividades económicas realizadas por los trabajadores y unidades económicas que no están cubiertos o que están insuficientemente cubiertos —en la legislación o en la práctica— por acuerdos formales”. Asimismo, define el empleo informal como “el número complete de empleos informales (…), ya se ocupen estos en empresas del sector formal, empresas del sector casual, o en hogares, durante un período de referencia determinado” (OIT, 2012[24]).
La razón basic de ello es que, más allá de satisfacer sus necesidades básicas para la supervivencia, los seres humanos necesitan poder participar, en una medida razonable, en la sociedad en la que viven, de la cual se verían excluidos si subsisten con ingresos muy inferiores a la media (Townsend, 1979[6]). Este informe no incluye ninguna medida de la pobreza relativa, puesto que en la región de ALC los ingresos medios (conforme a las encuestas) son tan reducidos que las medidas relativas generan un recuento de pobreza inferior al de las medidas absolutas. Por ejemplo, mientras que en 2019 el 30,5% de la población de ALC vivía en condiciones de pobreza absoluta, según la medida de pobreza regional de la CEPAL solo el 19,1% lo hacía en pobreza relativa (valor obtenido a partir del 50% del umbral de ingresos medios)3. En términos generales, la noción de pobreza remite a “una situación en que las personas no alcanzan un estándar, norma social o estado de situación deseable” (CEPAL, 2019[4]).
En 1989, tras 10 años de negociaciones, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que vincula a los Estados Partes a cumplir las normas de este tratado Internacional. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”.
Dicha propuesta acentúa lo importante que es para los miembros de una sociedad el acceso a la educación y a la vivienda, servicios públicos estables, y espacios de recreación y formación laboral. Esta propuesta requiere, entre otras cosas, cierto grado de desprivatización de modo que los sectores menos favorecidos puedan acceder más fácilmente. La falta de los procesos de aprendizaje en la vida de un niño incidirá directamente en sus habilidades para enfrentar la realidad social y especialmente el mercado laboral, que goza de niveles de competitividad muy altos hoy en día, lo que puede llevarlo a escenarios de desempleo o subempleo. Otra causa social es el crecimiento demográfico, específicamente cuando la tasa de fecundidad en los sectores pobres supera el número de nacimientos de los sectores más acaudalados. Como se ve, este fenómeno incrementa el número de personas en situación de pobreza, y complejiza aún más la situación de los padres.
Es decir, está enquistada en los sistemas políticos y económicos que determinan el rumbo de nuestras sociedades, y quizá de ahí provenga la dificultad para combatirlos definitivamente. Hoy día, pese a que los Derechos Humanos constituyen un concepto general al cual se han adherido casi todas las naciones del mundo, la situación de desigualdad social no está del todo erradicada. La lucha contra la desigualdad social ha transcurrido paralelamente a la aparición de los derechos fundamentales.
Sería bueno elaborar esta clase de medidas de forma que pudiesen compararse entre los países de la región. Ante la amplitud y la heterogeneidad de los sistemas de protección social, se requieren varios indicadores para evaluar al detalle la cobertura. Por ejemplo, la base de datos de los ODS consta de 12 indicadores distintos para la medición de los avances en relación con la meta 1.3 de poner en práctica a nivel nacional sistemas de protección social para todos. Los datos más recientes no están disponibles en todos estos indicadores, pero sí que la medida de la proporción de la población incluida en por lo menos un programa de protección social incluye datos recientes y comparables sobre la mayoría de los países analizados (aunque, por lo basic, las collection temporales largas que permiten la comparación en el tiempo no están disponibles).
La reducción de la brecha digital entre hogares y países es uno de los principales retos que enfrenta América Latina y el Caribe (Gráfico 2.22). Disponer de acceso a Internet fiable y de alta velocidad en el hogar es esencial para el teletrabajo y la enseñanza a distancia a gran escala. Entre el primer y el segundo trimestre de 2020, el uso de aplicaciones de teletrabajo se triplicó en América Latina, y la educación a distancia aumentó más de un 60% (CEPAL, 2020[43]). Asimismo, el acceso a Internet de alta velocidad constituye una fuente importante de información pública y es un recurso vital para conectar a las personas vulnerables o aisladas socialmente, y que podrían necesitar asistencia médica remota o el apoyo de la comunidad (p. ej., entrega a domicilio de alimentos y medicamentos). Pese a que el 67% de la población de la región ya tenía conexión a Internet, el tercio restante tenía acceso limitado o no tenía acceso a las tecnologías digitales debido a su estatus social y económico; en explicit, por motivos de ubicación y edad (CEPAL, 2020[43]).
La desigualdad social es una situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato desfavorable con respecto al resto de miembros del entorno al que pertenecen. La desigualdad social es una circunstancia socioeconómica en la que un colectivo o comunidad son tratados de manera diferente por los demás sujetos o grupos de su entorno. La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”. En los años sucesivos, la ONU exhorta a los Estados a velar por los niños en las situaciones de vulnerabilidad por emergencias y conflictos.