Gran parte de esta problemática deriva de una regulación insuficiente en el ámbito de los aseguradores privados que ha restringido la competencia y dificultado el control del gasto. En la práctica, esto ha permitido que el sistema actual seleccione preferentemente a usuarios de menor desigualdad en los derechos humanos riesgo, limitando la competencia en términos de calidad, precio y prevención (Daniel 2023). Asimismo, si bien se han logrado avances en la contención del gasto, se necesitan medidas adicionales que reestructuren la relación entre las aseguradoras y los proveedores de salud (Velasco et al. 2018).
La reducción de la desigualdad es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) a los que Chile adhirió en el marco de la Agenda 2030 acordada por los países reunidos en las Naciones Unidas. Esto implica el compromiso de lograr un crecimiento económico inclusivo y la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, de modo de cumplir con el mandato de “no dejar a nadie atrás”. Abordar el desafío de reducir las desigualdades y la exclusión requiere, en primer lugar, entender sus causas, sus raíces históricas, sus formas de reproducción y sus consecuencias sobre la vida de las personas. Como se puede ver, el desafío actual en la crisis de las ISAPREs en Chile se vincula en gran medida con la falta de un diseño regulatorio robusto luego de la reinterpretación judicial del derecho a la salud.
La desigualdad económica conduce a un deterioro en las relaciones sociales, en el capital humano y en la salud de sus ciudadanos (Wilkinson, 2011). Según profesionales de la Universidad de California y la escuela de Salud Pública de Harvard (Berkman, Kawachi, & Glymour, 2014), señalan que es una sociedad con inequidad viven personas con poco acceso a la salud y malas condiciones de vida, lo que genera un aumento en los indicadores de salud mental y física del país. Lo informado por este estudio debe ser considerado en las discusiones actuales, ya que posiciona a Chile entre los países con peores indicadores relativos a desigualdades de la región. Esto contrasta con la imagen país de un elevado crecimiento económico y (aparente) estabilidad social durante los últimos años.
En cuanto a la salud, la académica del Departamento de Salud Pública, Marcela Marín, señaló que las desigualdades en esta área que afectan a las mujeres y las dejan en desventaja frente a los hombres, se relacionan -por ejemplo- con recibir menos beneficios que los hombres inscritos en las Isapres, “ya que este tipo de seguro cataloga a las personas por riesgo. Y las mujeres para ellos son más riesgosas por tener útero, ya que podemos enfermarnos o embarazarnos”, por lo que pagan más que un hombre de la misma edad por un seguro o plan de salud. «Las actividades de extensión nos han permitido mostrar a la sociedad civil y al mundo académico que en Temuco estamos trabajando en el ámbito de las inequidades en salud y proyectamos el trabajo del 2014 con prosperidad para el Centro», opinó Carlos Mena, académico de Salud Pública y del CEES. Sin embargo, países como Paraguay y Bolivia tienen deficiencias en los programas de tamizaje y en asegurar tratamientos, advierte Maza. En general, “la mayor inequidad es la cobertura efectiva de los tratamientos, ya sea porque la gente de menos recursos no accede al diagnóstico precoz y llega con cánceres fuera del alcance terapéutico, o porque llegan a tiempo pero no logran acceso oportuno al tratamiento”, plantea Ferreccio. “Para poder obtener mejores resultados en relación al autocuidado que deberían tener las personas en su salud bucal tendrían que ser medidas a nivel de salud comunitaria”, sostiene.
Esta columna pretende recorrer parte de la investigación existente sobre la relación entre la desigualdad de ingresos y la salud psychological, examinando los mecanismos a través de los cuales la desigualdad de ingresos puede afectar al bienestar psicológico y las implicaciones para la práctica clínica. Éste es un tema muy presente en las clases de prevención que enseño a mis estudiantes en Berlín, y creo que es muy relevante a los colegas en Latinoamérica. Pero más allá de las implicancias económicas y sociales, también marca a fuego el estatus sanitario de la población implicada. Por lo tanto, las personas más pobres son las más enfermas, ya que la pobreza no tiene implicancias solo a nivel socioeconómico, sino también a nivel sanitario.
Como se puede ver en la Figura N° 1, los montos finales de los planes de salud se determinan mediante un precio base multiplicado por la suma de los valores obtenido de una tabla de factores que considera las características de cada uno de los beneficiarios del plan. A este monto se le adiciona, para cada beneficiario, la prima GES (Garantías Explícitas de Salud) para financiar la cobertura de las enfermedades que incluye este sistema. Mientras que en el precio base y la prima GES se ha cuestionado el reajuste que pueden experimentar, en el caso de la tabla de factores se plantea si es viable aplicar dicho factor y en qué contextos específicos se podría. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo.
Esto queda de manifiesto en las experiencias de autoorganización territorial que han emergido como respuesta a las necesidades en salud de la población frente a las deficiencias de la política pública (Borde y Torres-Tovar, 2017). En este contexto, Juan Carlos Arellano, director del departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la UC Temuco, valoró la ocasión. En la citada publicación del INDH, la Región del Maule observó la tasa de cesáreas más altas en el sistema público de salud (54,5%). Según datos extraídos por la Corporación Matria Fecunda desde el sitio internet del Servicio de Salud del Maule, en el periodo comprendido entre los años 2018 y 2021, cuatro de siete hospitales públicos tienen tasas de cesáreas de 60% ó más.
Para ello, y por mayor claridad, se llevará a cabo un estudio de cada componente que conforma el precio de los planes de salud, los cuales han atravesado su propio proceso de evolución normativa y jurisprudencial. La duración y la calidad del sueño pueden predecir los niveles de hemoglobina A1c de una persona, con un consiguiente daño en los órganos blanco como riñones, corazón, nervios periféricos, retina, cerebro, entre otros. Por supuesto que sí, los cambios sociales los hacen los pueblos, y el nuestro es uno forjado en el rigor, que recientemente ha mostrado su voluntad de justicia, de libertad total, de dignidad y de equidad.
Nuestros resultados revelan que la distribución de las instalaciones hospitalarias en Chile está desequilibrada, lo que crea desigualdades territoriales en la atención médica. Las comunidades ubicadas en zonas densamente pobladas suelen tener un mejor acceso a la atención hospitalaria en comparación con las áreas urbanas marginales y las localidades rurales. La distancia al hospital y las barreras de movilidad son factores desigualdad en paises cruciales para considerar, ya que cuanto más lejos se encuentran las instalaciones hospitalarias públicas, menor será la frecuencia de uso de las camas hospitalarias en esas áreas periféricas o rurales. Este fue un estudio que condujo Usama Bilal, un investigador de la Universidad de Drexel, en Filadelfia, y que forma parte de un proyecto de investigación que se llama Salud urbana en América Latina (SALURBAL)1.
Este artículo tiene por objetivo describir algunas de las principales líneas de investigación y reflexión en torno a la relación entre desigualdad y salud mental. En el caso de Chile, el análisis territorial fue a través de sus comunas, pues representan las unidades administrativas para las cuales existen datos de mortalidad y natalidad, entre otros. Lo que se hizo, fue realizar una comparación entre las comunas que tenían la esperanza de vida más corta y larga en cada ciudad para ver cuál era la brecha. Esto va a definir cuestiones como la calidad de la vivienda, ropa, alimentación, así como la seguridad o inseguridad del entorno, la presencia de áreas verdes o la calidad de la escuela.
“La acumulación de grasa y el consumo de alcohol se relacionan a 15 lugares del cuerpo en donde se puede tener cáncer. El código hace énfasis, por otra parte, en la necesidad de llevar un estilo de vida saludable, incluyendo dieta y actividad física. Por eso propone prohibir el consumo de alimentos ultraprocesados o bebidas azucaradas en escuelas y edificios públicos, y fomentar la creación de espacios para hacer ejercicio. “El tabaco es uno de los cancerígenos más potentes y también se vincula a enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de contaminar el aire intradomiciliario”, explica Catterina Ferreccio, una de las investigadoras a cargo del documento.
El avance acelerado de las ciencias, en particular de aquellas cuyos resultados impactan directamente en diferentes ámbitos y niveles de acción de la salud humana, nos ha hecho transitar en forma muy rápida desde la “revolución científica”, a la “revolución tecnológica”. El representante de la OMS en Chile también se refirió a la grave situación de inequidad sanitaria que se vive en “el continente más desigual del mundo”, proyectando que la pandemia por Covid-19 solo empeoraría la situación actual. Por lo mismo, subrayó la importancia de que las y los participantes del curso adquirieran conocimientos en la materia, debido además a “lo difícil que es encontrar profesionales para medir las desigualdades de un país”. Este curso sirvió como instancia preparatoria para el VI Congreso Chileno de Salud Pública y VIII Congreso Chileno de Epidemiología, el cual se está desarrollando durante los días 6, 7 y 8 de mayo, bajo el lema “La equidad en salud para una sociedad en creciente complejidad”.