En las grandes ciudades, además de concentrarse el poder económico, financiero y político, se encuentra el capital humano mejor calificado y las mejores universidades, por lo que las empresas, además de contar con el mercado para sus productos, cuentan con la mano de obra calificada para su producción. Esos grandes mercados siguen atrayendo inversiones, por lo que se acentúan las desigualdades regionales que se ven reflejadas en desigualdades de rentabilidad y de opciones de inversión. Quizás es buen momento para cuestionar la situación de las ciudades de la región hacia nuevos rumbos y reflexionar sobre la importancia de implementar políticas integradoras que favorezcan la desfragmentación, o al menos, contribuyan a implementar acciones que nos desigualdad globalizacion lleven hacia una tolerancia cero con la discriminación. Para acatar este fenómeno es importante medir y comprender las múltiples capas que conforman una ciudad. Una de las razones de estas estadísticas en las ciudades costeras puede estar relacionada con la alta afectación del turismo, que estuvo entre los sectores que prácticamente perdieron el año completo (2020), debido a la inactividad de esa rama de la economía. De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino (en adelante, EOD), cerca del 51% de la población en la ZMVM utiliza el transporte público (esencialmente el colectivo, arriba del 76%, seguido del Metro, 30%), aunque un alto porcentaje de usuarios utiliza dos transportes públicos para llegar a su destino (arriba del 65%) (INEGI, 2017).
Se da el caso en que los gobiernos, en perspectiva de atraer inversiones toman medidas contra los habitantes de ciertas regiones, sea para desarrollos productivos, turísticos, o inmobiliarios, sin considerar los hábitos, costumbres, historia e idiosincrasia de las regiones y pueblos. Las políticas de libre movimiento de mercancías y capitales, y las políticas macroeconómicas de ‘estabilidad’ -alta tasa de interés, apreciación cambiaria y austeridad fiscal-, han frenado el crecimiento económico y acentuado las desigualdades regionales y salariales. Tales políticas han empeorado la vida de la población más desfavorecida de las diferentes regiones en nuestros países. Las ciudades de Latinoamericana y del Caribe son conocidas por ser espacios llenos de contrastes, donde la extrema pobreza se codea a diario con la riqueza extrema. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cerca de 184 millones –equivalente al 30 % de la población whole de la región– vive en situación de pobreza, lo que implica que la desigualdad es un problema recurrente en estos territorios.
Primero, ¿cómo se refuerzan y adquieren persistencia los regímenes de desigualdad como parte de los procesos de urbanización? Responder esta pregunta requiere discutir a la ciudad como parte central de los procesos de acumulación capitalista, entender cómo las formas de producción y gestión de servicios e infraestructura reproducen lógicas de desposesión y pueden reforzar la exclusión social. En el contexto de múltiples disaster interconectadas en el que nos encontramos actualmente, las desigualdades en el mundo se han disparado. El ritmo de reducción de la pobreza se ha estancado como una de las principales consecuencias de la pandemia. Según el Banco Mundial, ninety millones de personas más de lo previsto cayeron en situación de pobreza extrema (es decir, vivieron con menos de 1,7 euros al día) en 2020. Los pronósticos de 2022 no son más optimistas, debido a las repercusiones de la guerra en Ucrania y a la crisis del coste de la vida a nivel global.
Finalmente, desde la experiencia de la resistencia vecinal en Santiago de Chile, discutiremos cómo y con qué matices se puede aplicar el término para teorizar las reivindicaciones vecinales, a la vez que se procura la politización de los estudios urbanos. Ante los problemas de falta de recursos financieros que ocasiona la austeridad fiscal y los recortes de las partidas presupuestales a los Estados y municipios, y sus bajos recursos desigualdad en america latina internos, los gobiernos locales pasan a promover entrada de inversión extranjera, como proyectos de exportación, o proyectos turísticos, o de minería, o de fraking. Tratan a través de la mayor privatización y extranjerización de sus regiones, salir de los problemas que enfrentan, siendo que ello las convierte en enclaves del capital internacional, sin que ello se traduzca en mayor desarrollo y bienestar de sus pueblos y población.
Por eso, una parte importante de la desigual distribución del ingreso en México se explica por discriminación étnica, racial y de género; es decir, un arraigo de tipo cultural que, a su vez, determina las oportunidades de los diferentes grupos de la población para acumular riqueza. Por tanto, basados en el Índice de Movilidad Urbana del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), un habitante de la CDMX destina 19% de su gasto en transporte, mientras que uno de la periferia incrementa este monto hasta 22.4%. El sistema económico capitalista en su etapa neoliberal ha encontrado en las ciudades un espacio estratégico para su supervivencia, y es ahí donde logra mostrar con toda su crudeza las características que lo definen y le permiten su reproducción. En las urbes, este sistema asegura su progreso a través de mecanismos que permiten la ganancia de unos pocos a costa del trabajo, el empobrecimiento y el deterioro de la calidad de vida de la gran mayoría, generando así una enorme desigualdad social que ha alcanzado niveles extremos, además de una inequitativa distribución de la riqueza y una explotación del hombre por el hombre mismo. En este sentido, la segregación residencial de los sectores populares se funda principalmente en la búsqueda de suelo barato en el cual autoproducir precarias viviendas. Pero también se advierte un proceso de autosegregación de los sectores de altos ingresos que eligen vivir en los llamados “barrios cerrados”, buscando no sólo una vivienda y equipamientos de calidad, sino seguridad, un medio ambiente apropiado y el valor simbólico de estar entre iguales que comparten códigos de socialización y de vida.
Una gran parte de la población ha construido sus viviendas fuera de cualquier plan de ordenación, con recursos personales. “En países como Perú, más del 70% de la población accede a la vivienda por la vía informal, es decir, por la autoconstrucción, en suelos ocupados, sin título de propiedad,” explica Eduard Cabré. “En estos casos el urbanismo se limita a delimitar espacio público del espacio privado con el fin de tener calles, para que no se creen barrios muy densos donde no haya calles que garanticen una cierta movilidad y salubridad”. Frente a ello, sólo las organizaciones de la sociedad civil, los representantes de la academia y grupos progresistas de las instituciones del Estado han desarrollado experiencias basadas en la inclusión de la ciudadanía y el ejercicio del derecho a los centros históricos como un componente central del derecho a la ciudad (Ziccardi, 2016a; Cortés, 2016).
Actualmente, esta establece que el Estado “promoverá el desarrollo equitativo y solidario entre regiones, provincias y comunas” (At.3º), “buscará un desarrollo armónico y equitativo… incorporando solidaridad entre las regiones y al interior de ellas” (Art. 115) y que se contemplará “un mecanismo de redistribución solidaria de ingresos” entre los municipios (Art. 122). La realidad es que las políticas públicas hacen un aporte en todos esos ámbitos reduciendo las desigualdades de base, pero esa reducción resulta insuficiente para alcanzar un nivel aceptable de equidad. Pese al amplio reconocimiento y compromiso, construir ciudades inclusivas sigue siendo un desafío. Actualmente, uno de cada tres residentes urbanos en el mundo en desarrollo aún vive en barrios marginales sin acceso a servicios adecuados.
En la Tabla 1 se indica el nombre oficial de las ciudades en estudio, el nombre cotidiano y sus abreviaturas con las que se identificarán a partir de este punto. Con la elección de los gobernadores y gobernadoras regionales se podría avanzar parcialmente en este último punto, pero ello requeriría el traspaso de una serie de atribuciones de las que el gobierno central ha sido reacio a desprenderse. En la ley de descentralización falta un reconocimiento claro de que lo regional y lo metropolitano son ámbitos distintos, que requieren tratamientos, instrumentos y políticas diferenciadas.
Clase alta se utiliza para hacer referencia a los hogares del 10% más rico del país, su ingreso promedio es de 223 mil pesos por hogar (ingreso ajustado por cuentas nacionales con base en la ENIGH 2020 siguiendo metodología de Consejo de Evaluación de la Ciudad de México). La atracción migratoria que ha generado Playa Del Carmen requería de un proyecto de planeación urbana para resolver las necesidades de vivienda de trabajadores, turistas y empresarios. El primer programa de desarrollo urbano fue publicado en 2010, momento en el cual la población del municipio ya se había sextuplicado.
El valor social de la urbanización sostenible no es una consecuencia pure del crecimiento económico y no reduce automáticamente la pobreza y la desigualdad. Las regiones no podrán desarrollarse si no hay política económica que configure las condiciones de demanda y financieras para ello. En un contexto de austeridad fiscal y altas tasas de interés, no hay condiciones para su crecimiento, ni para aumentar el empleo y reducir los desequilibrios regionales existentes y el mercado, el sector externo, el sector privado y las familias, poco pueden hacer para ello. La pobreza aumenta y se extiende a todas las regiones y con ello crece también la delincuencia. Los gobiernos incrementan el presupuesto a los servicios de seguridad, a costa de seguir recortando los gastos sociales y de desarrollo regional; ahondando así los problemas estructurales que se padecen, por lo que continúa creciendo la delincuencia y criminalidad.
Sin embargo, también es posible de observar en ciudades de países desarrollados como Estados Unidos o en Europa. Esto generará una nueva manera de organizar el espacio colectivo, para lo cual ya existen iniciativas que ha desarrollado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, mediante los llamados Servicios Regionales de Desarrollo Urbano[16], organismos descentralizados encargados de planificar el territorio en busca de propender hacia decisiones urbanísticas que aseguren el bien común. Así, el espacio urbano quedó a disposición del capital inversionista, el cual se mueve sobre el territorio buscando la mejor opción para crecer, siguiendo el código ethical neoliberal[9], fluyendo por el paño urbano hasta encontrar espacios para explotar comercialmente, crecer y luego seguir buscando nuevos espacios de crecimiento. Con los años, estas tendieron a caracterizarse según nivel socioeconómico, marcadas en gran parte por acción directa del Estado, que continuó desplazando pobladores hacia el sur hasta 1989. Como se puede ver en el cuadro 2, las comunas más ricas recibieron 0 pobladores, mientras 28 mil hogares desplazados se repartieron en el resto del gran Santiago, configurando la existencia de comunas para hogares pobres. Es un problema histórico, pero su exacerbación es resultado de un modo de hacer ciudad impuesto en dictadura, que llevó al Estado a dejar de coordinar el desarrollo urbano y entregó esa responsabilidad de forma exclusiva a la empresa privada.
Según estimaciones del Banco Mundial, en el 2050, siete de cada 10 personas vivirán en áreas urbanas. Pero este rápido proceso de urbanización plantea varios retos, como la necesidad de afrontar la demanda acelerada de vivienda asequible, el desarrollo de infraestructuras adecuadas y sistemas de transporte eficientes, así como garantizar servicios básicos y una buena calidad de vida para los habitantes de las ciudades. En este modelo de ciudad es difícil que el centro histórico sea un espacio social y territorial reservado para el desarrollo de actividades económicas, sociales y culturales propias de los sectores populares, es decir, que se les permita a estos sectores hacer efectivo el derecho a la ciudad. Por el contrario, parece claro que más bien se han creado condiciones urbanas que amplifican las desigualdades estructurales y generan conflictividad social. En este dossier se ha incorporado y analizado la dimensión urbana de la desigualdad en el entendido de que, en el territorio, el acceso y la calidad de los bienes y servicios urbanos, más que ser una expresión espacial de las desigualdades sociales, son procesos productores de nuevas desigualdades que amplifican las desigualdades estructurales y responden a una lógica institucional de naturaleza diferente.
Factores como las disputas políticas y de mercado, la historia de cada zona, las sucesivas migraciones, la expansión demográfica y territorial, entre muchos otros que acentúan la posibilidad de justicia urbana, generan ciudades que pueden ser cada vez más desiguales. En América Latina, donde más del 80% de la población vive en áreas urbanas, esta realidad se hace aún más evidente. La intervención de Moreno dejó paso a una mesa redonda moderada por la periodista de EL PAÍS Clara Blanchar, con expertos que pusieron de relieve la complejidad de todas las preguntas y retos formulados.