Está demostrado que la educación influye en el bienestar common, la productividad, el capital social, la ciudadanía responsable y el comportamiento sostenible. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recoge el Objetivo de Desarrollo Sostenible four, que pretende garantizar «una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos». El proceso de recorrer juntos este camino ha comenzado y requiere un impulso para continuar, especialmente ahora que debemos afrontar las devastadoras consecuencias de una pandemia de larga duración. Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan.
Su insatisfacción no produce daño en el resto de equilibrio de las necesidades básicas o en la calidad de vida o vida de las personas, no resulta insoslayable; pero claramente su no satisfacción produce menor bienestar o malestar. Pero son, objetivamente valorados, sacrificios triviales que las personas pueden permitirse realizar sin poner en riesgo su vida ni el desarrollo de sus capacidades básicas, sino en el mayor de los casos algún nivel de calidad de vida; ya que, si así no lo fueran, estaríamos frente a necesidades derivadas de satisfactor adecuado. Desde este núcleo esencialmente biológico-antropológico de lo necesario para los seres humanos, es posible avanzar a lo que es necesario para ser humano como ser social, completando el esquema de las necesidades básicas con las necesidades sociales o relacionales, que se vinculan de manera directa y dependiente al escenario social, político, cultural, histórico y geográfico en que se sitúan las personas. Necesidades dinámicas y abiertas que están definidas y condicionadas por el propio escenario social heterogéneo que habitamos, y desde donde las formas de satisfacción y los satisfactores, incluso los niveles o grados de satisfacción, son también históricos, culturales y situados. Necesidades que incluyen a otras que puedan ser constituidas -al menos parcialmente- por requerimientos culturales y por las oportunidades socioeconómicas que presenta la concreta sociedad en que viva la persona y los recursos económicos de las sociedades próximas; lo que explica el carácter expandible, dinámico y modificable de estas necesidades en common y, fundamentalmente, la forma y los grados en que se satisfacen y la manera o los recursos utilizados. Son necesidades de personas situadas y, por lo tanto, todos los satisfactores están también situados, histórica y culturalmente y son relativos al entorno de desarrollo social de cada ser humano, expresando la necesidad misma de recibir, practicar y desarrollar los aspectos de la socialización que implican las relaciones humanas, la construcción individual y colectiva de lo humano y el desarrollo del yo social en las diferentes esferas de relaciones humanas.
Luego de experimentar una tendencia a la baja durante el denominado periodo de industrialización orientado a la sustitución de importaciones (gráficos 1 y 2), consignada para el corte 1958 y acrecentada hacia principios de la década de 1970, la estratificación material extrema experimentó en Chile transformaciones dramáticas entre la segunda mitad de la década de 1970 y fines de la de 1980. El índice de poder material (en adelante IPM) consiste en estimar el poder material relativo de dichas fortunas en comparación con el de la población promedio. De esto se obtiene un valor que señala a cuántas veces el PIB per cápita equivale el valor consignado en la escala oligárquica. La desigualdad authorized involucra un reconocimiento desigual de las personas ante la ley, lo que puede dar pie a otras situaciones de desigualdad.
El acceso de los ciudadanos a recursos económicos adecuados es un componente esencial de su bienestar actual. El flujo de ingresos y el saldo de patrimonio al cual pueden recurrir las personas y los hogares determina su capacidad para satisfacer sus necesidades y deseos, así como su libertad para elegir cómo vivir su vida, lo cual incluye los bienes y servicios que desean consumir y a los cuales quieren tener acceso. Para poder elaborar un panorama completo de estas condiciones materiales a nivel particular person o acquainted es necesario tener en cuenta los ingresos, el consumo y el patrimonio.2 No obstante, la falta de datos comparables sobre saldos de patrimonio en países de América Latina imposibilita actualmente la evaluación en este capítulo de esta última característica de los recursos económicos. Las necesidades han tenido, desde los distintos acercamientos de la filosofía jurídica y política, una historia compleja y polémica que las han llevado a ocupar un inmerecido lugar marginal en las teorías de la justicia y en la fundamentación de derechos. Pero es posible y deseable, y es el objetivo de la concepción de necesidades que defiendo a continuación, reivindicar el rol de las necesidades como prerrequisitos de la autonomía private, como afirma Nino.
Los igualitaristas deontológicos, en cambio, entienden que la gente es injustamente tratada en sentido comparativo si son consideradas de forma diferente, por lo que la desigualdad es injusta y mala porque implica necesariamente un mal hacer, por la forma en que ésta se ha producido; aunque otros apelan a la justicia no comparativa y remiten a la valoración de las personas según los méritos. Así, ambas formas de igualitarismo se diferencian en el análisis de una desigualdad que no puede evitarse; ya que para los deontológicos no puede haber injusticia si no hay nada que pueda ser hecho, mientras que algunos igualitaristas teleológicos entienden que también son en sí mismas malas las desigualdades estimadas como inevitables, porque es éste estado de cosas lo que es malo o injusto, y no sólo lo que se debe hacer o lo que se ha hecho mal13. Resulta imprescindible, entonces, comenzar por exponer qué entendemos por igualdad, explicitando lo que late detrás de la exigencia igualitaria de la autonomía; ya que, aunque la igualdad es un valor comúnmente defendido por todxs (casi) lxs autorxs3 de la filosofía jurídica y política y en todas las áreas del pensamiento, también presenta una seria dispersión tanto teórica como política. Como afirma Dworkin, referirse a la igualdad sin matices no es sólo un valor político débil o que puede ser anulado fácilmente por otros valores, sino que no es un valor en absoluto; ya que la igualdad es un concepto altamente controvertido y todxs se refieren a ella en alguna de sus muchas acepciones4. Los principios subyacentes al desarrollo inmobiliario juegan un papel central en el establecimiento de estas relaciones.
Se trata de un descenso mucho más pronunciado que el del conjunto de la región, donde la tasa de pobreza absoluta pasó del forty five,2% al 30,5%, y la de pobreza extrema se redujo del 12,2% al 11,4%. La reducción de la pobreza absoluta fue particularmente importante en Uruguay (del forty three,7% al 3%), Chile (del 42,8% al 10,7%) y Perú (del forty three,7% al 15,4%). El trabajo y la vivienda siguen siendo los principales retos que afronta la región, en especial en el contexto de la pandemia, durante la cual las precarias condiciones laborales y habitacionales han sido importantes factores impulsores de la expansión del virus. Aunque hasta 2019 los niveles de desempleo fueron relativamente elevados en la región, también en los países analizados, datos recientes muestran que la crisis desigualdad y pobreza en el mundo del COVID-19 ha tenido efectos claramente negativos sobre los niveles de empleo y desempleo. Asimismo, más allá de la cantidad de empleo, su baja calidad y, en specific, la prevalencia de la informalidad, han redundado en un aumento de la precariedad laboral. En consecuencia, durante la pandemia, muchos trabajadores tuvieron que elegir entre obedecer la orden de quedarse en casa y ganar un sustento.
Pero resulta muy complejo establecer esa prioridad e identificar quiénes están peor, si los que están económicamente peor, considerando en basic todos los aspectos de su vida, los que actualmente están económicamente peor o los que tienen necesidades que son moralmente más urgentes. Parfit señala que las consideraciones segunda y tercera generalmente coinciden, a diferencia de la primera y la segunda; ya que alguien podría estar actualmente mal en términos económicos y haber estado antes mucho mejor o poder estarlo en el futuro, mientras que, con algunas excepciones, si algunas personas tienen necesidades más urgentes es que actualmente están peor15. Aunque tendemos a pensar que la desigualdad depende de disparidades en los ingresos, este texto –parte de un extenso proyecto de investigación realizado por el Buell Center de Columbia University– muestra que la vivienda es uno de sus más poderosos motores. Si bien la tecnología puede ser un gran elemento igualador —por ejemplo, al mejorar la conectividad, la inclusión financiera y el acceso al comercio y a los servicios públicos—, las personas que aún no están conectadas pueden quedar aún más marginadas, sobre todo si se tiene en cuenta que el progreso se está ralentizando, e incluso invirtiendo, en algunos grupos. La publicación reconoce que en Chile se han visto avances en numerosos ámbitos durante las últimas décadas, como la reducción de la pobreza, el mayor acceso a la educación superior y la consolidación democrática.
Por acción o por inacción, son las personas, y no las máquinas, quienes determinarán cómo será la sociedad del mañana. El gobierno chileno intentó implementar un subsidio por estudiante (voucher), pero según investigaciones de expertos chilenos e internacionales, esto no tuvo éxito porque reforzaba la segregación escolar, ya que las escuelas privadas podrán admitir estudiantes desigualdad social y pobreza en el mundo por preferencia y ganancias, mientras que las escuelas públicas no podían hacer lo mismo y estaban sujetas al estatuto más rígido. Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae consigo la automatización del empleo y la revolución digital.
Así, Daron Acemoglu y James Robinson argumentan que las brechas socioeconómicas afectan negativamente el desarrollo de los países cuando se traduce en un acceso, también desigual, al poder político; este mecanismo se relaciona con la potencial captura de rentas por parte de la élite y el bloqueo de oportunidades de desarrollo para el resto de la población. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–.
Esto señala el uso de este mecanismo por parte de algunos oligarcas para intentar estrechar sus lazos con estos partidos, con el presumible propósito de asegurar la representación de sus intereses y posición ideológica tanto en el parlamento como en la Convención Constitucional. Como un caso explicit, destaca en este plano la figura de Hernán Büchi Buc (Ministro de Economía y Hacienda entre 1985 y 1989), quien a lo largo de todo el periodo estudiado es consignado como parte de los directorios de Soquimich (grupo Ponce-Lerou), Falabella S.A. Esta distinción no busca obviar que grupos de más larga data, como Luksic y Angelini, tuvieron la oportunidad de consolidar su encumbramiento definitivo adquiriendo corporaciones y entidades bancarias en el marco de la segunda ronda de privatizaciones, sino más bien, identificar qué grupos encumbraron exclusivamente a partir de este controvertido proceso (ver González et al., 2020, para profundizar en la concept de privatizaciones controvertidas). La intensidad oligárquica consiste en medir el peso del poder de riqueza de los oligarcas superiores en la economía common, a través del cálculo del porcentaje del PIB que representan las principales fortunas combinadas (la suma del patrimonio neto).
En cuanto al acceso preferente a los medios de comunicación, cabe señalar la concentración de la propiedad de algunos medios como Canal 13 y Mega,28 por parte de los grupos Luksic y Solari, respectivamente, y de Chilevisión, por parte del grupo Piñera, al menos hasta antes del inicio de la carrera presidencial de Sebastián Piñera camino a las elecciones de 2009. En esta arista sin duda destaca el grupo Saieh, como principal controlador del Grupo Dial y el holding Copesa que, entre otros, dirige el influyente medio de prensa económica LT Pulso, tribuna desde la cual hablan permanentemente reputados empresarios y líderes gremiales del sector. Este antecedente resulta significativo si consideramos que el PIB registrado el 2016 fue un 21% mayor que el de 2011, siendo estimados en 424 y 349 mil millones de dólares, respectivamente. Esto sugiere que los incrementos o decrecimientos de la riqueza de las principales fortunas del país no ha ido necesariamente en línea con los rendimientos de la economía nacional. La intensidad oligárquica, es decir, el peso de la riqueza de las principales fortunas en el conjunto de la economía posiciona a Chile en el primer lugar, con una cifra que duplica el porcentaje de sus homólogos que le siguen en la región.
Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa. La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno felony e incluso en casos extremos, al tráfico de personas. Cuando nos referimos a los seres humanos, se habla de desigualdad cuando falta un equilibrio entre dos o más personas. La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. NOGUERA FERNÁNDEZ, A., Los derechos sociales en las nuevas constituciones latinoamericanas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010.
El incremento medio del INB per cápita en ALC eleven también fue superior al aumento del promedio regional desde el año 2000, reflejo de las mejoras sustanciales en las dos últimas décadas en un número reducido de los países analizados, en particular en Chile, Costa Rica, la República Dominicana y Uruguay. Como suele ser ordinary, el promedio enmascara las amplias divergencias entre países; por ejemplo, el INB per cápita de Ecuador (11.044 USD) no llega a la mitad del de Chile (23.261 USD) en 2019. Por otra parte, la brecha de ingreso nacional per cápita entre la OCDE y el conjunto de la región de ALC, así como en relación con el grupo analizado, viene ampliándose desde el año 2000. La desigualdad social es la situación en que una persona o grupo se encuentra en desventaja respecto a otro grupo, siendo esta desventaja resultado de condiciones estructurales de la sociedad en que ambos grupos conviven. La desigualdad social condiciona las oportunidades de los desfavorecidos y afecta su calidad de vida, pero también incide negativamente en el desarrollo del país. Lo cual implica, obviamente, modelos de Estado y de derecho que lo posibiliten, que se tomen en serio las políticas fiscales para garantizar políticas sociales igualitarias y eficaces con crecimiento económico sostenible social y ecológicamente, estructurados con economías sociales y fortalecidos con un sistema de derecho con mayor justicia social.