Al considerar los ingresos autónomos per cápita, observamos algunas diferencias, principalmente en la variación del Gini. Se aprecia que bajo esta metodología la disminución promedio es menor que bajo la nueva metodología, sin embargo, el comportamiento en ambos casos es similar. A mediados de 2001 había en la región aproximadamente 128 millones de personas que vivían en tugurios, es decir, el 32% de la población urbana. Se prevé que el número de habitantes en asentamientos precarios continuará en aumento si no se toman medidas preventivas y de regularización de la situación actual, complementadas con políticas que den acceso ordenado a la tierra urbana. Los shocks macroeconómicos se transmiten a los hogares pobres urbanos a través del mercado laboral, siendo el desempleo en América Latina particularmente urbano (15% promedio en áreas urbanas versus 3% en zonas rurales). Es importante destacar que las áreas urbanas de la región se caracterizan por una heterogeneidad de situaciones en el nivel de ocupación y de desempleo de los sectores de escasos recursos, por país, y por género (Banco Mundial, 2004).
La dimensión sustentabilidad y medio ambiente es de gran relevancia para el crecimiento económico sostenible. Es lamentable que no se tengan datos históricos respecto a la inversión pública en el área medioambiental, sin embargo, contamos con los datos de los últimos años, los cuales develan que en 2015 la inversión ascendió a más de 27 mil millones de pesos. A nivel regional las regiones con mayor presupuesto medioambiental ejecutado fueron La Araucanía, Biobío y Aysén, tres regiones del sur del país. Para reducir la pobreza que aún afecta a Chile, así como la desigualdad, se requiere de buenos instrumentos que puedan identificar, cuantificar y caracterizar, de una forma precisa, a la población más susceptible del país, de manera de poder aplicar la política pública eficientemente. Bajo este criterio, el Ministerio de Desarrollo Social, encargado de la Encuesta CASEN, a partir del año 2013 utiliza una nueva metodología de medición de Pobreza por Ingresos, tomando en cuenta los nuevos patrones de consumo chilenos e imponiendo estándares más altos que se adapten al actual nivel de desarrollo del país. Asimismo, incorpora la medición de la Pobreza Multidimensional, siguiendo el ejemplo de países más desarrollados.
Se parte de una hipótesis de trabajo de que la vulnerabilidad económica en los sectores de pobreza urbana no ha sido plenamente integrada en las políticas del habitat, limitando la contribución de éstas a la mejora en el acceso de los pobres urbanos al empleo e ingresos estables. Asimismo, estudios del Banco Mundial muestran que desigualdades pdf la productividad de empresas localizadas en áreas urbanas aumenta con el tamaño de ciudad (Vidler, 1999). Para explotar los beneficios de aglomeración, las ciudades pueden (Vidler, 1999) aumentar la inversión en capitales (infraestructura, vivienda, social) a través de un financiamiento tanto público (multi-nivel) como privado.
Este «casillero vacío» parece indicar que de alguna forma, los pobres urbanos están formalizando su habitat, pero siguen teniendo serias barreras para lograr una inserción laboral adecuada en esta región. Cabe comentar en este caso la acelerada adopción por parte de las políticas de vivienda de los países latinoamericanos, cuyos esquemas de acceso a la vivienda y a otros bienes urbanos presuponen que los postulantes tengan ingresos regulares para hacer frente a compromisos de ahorro y crédito. Considerando que los pobres urbanos informales, que deberían ser los sujetos preferentes de estas políticas, subsisten en la mayoría de los países gracias a la economía casual. En cuanto a la magnitud del problema de la pobreza en América Latina, las más recientes estimaciones de la CEPAL (2007) indican que en el año 2006, el 37% de la población de la región se hallaba en situación de pobreza (31,1% para las áreas urbanas). Esto significa que casi 200 millones de personas en la región son pobres (127,6 millones en áreas urbanas) y un poco más de 70 millones de personas son extremadamente pobres (35,2 millones en áreas urbanas).
Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”. Se plantea la relación entre desigualdad, empobrecimiento y tiempo como un vı́nculo fundamental para leer de forma multidimensional las distintas discriminaciones que viven especialmente las mujeres dentro del entramado social. De estas incertidumbres sólo se salva un grupo que –dependiendo de la dimensión que se considere– oscila entre el 20% y el 5% de más altos ingresos.
La importancia del sector informal como fuente de trabajo e ingresos, particularmente para los pobres, es evidente. Sus ingresos por ocupado en basic son bajos e inferiores a los que se obtienen en el sector formal (aunque en el sector formal los pobres generalmente también tienen empleos inseguros de rentabilidad baja (Banco Mundial, 2004)). Ello refleja, en parte, diferencias de capital humano pero, principalmente, de las características productivas de las unidades que componen el sector (escasos requerimientos de capital y tecnología, y por ende, resultan en baja productividad e ingresos por persona ocupada) y de los mercados a los que tienen acceso.
Asimismo, se contacta con diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Estadísticas, al que se solicita datos antiguos poblacionales y vitales no disponibles en la web1. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país.
En marzo del año 2010, bajo el segundo mandato de la presidente Michelle Bachellet, Chile se convirtió en el miembro número 31 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el primero a nivel Sudamericano. En su discurso, Angel Gurría (Secretario General de la OCDE), declara que la experiencia chilena enriquecerá el acervo de la OCDE en cuestiones clave, siendo un ejemplo al combinar crecimiento económico y mayor bienestar social. Gurría comentó que Chile ocuparía un lugar que le pertenece por mérito propio, cuyo objetivo es que comparta sus buenas prácticas y políticas públicas con los demás países de la OCDE.
A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados. Por esto, las propuestas que inciten al odio o discriminación por razones políticas, sexuales, de credo, género, étnicas o raciales, serán rechazadas inmediatamente. En este caso, las familias católicas conservadoras tendieron a preferir colegios ligados a nuevas congregaciones que llegaron durante la dictadura, como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, generándose una diferenciación al interior desigualdades entre paises en un mundo globalizado del segmento particular pagado.
En dos casos brasileños (Toledo y Cambe), los alcaldes lograron impulsar un crecimiento económico local a través de la identificación y capitalización de ventajas existentes, para movilizar y maximizar todos los recursos locales posibles (Fergusen, 1992). En Toledo, el alcalde (previamente Presidente de la Asociación de Comercio e Industria de Toledo) capitalizó el «espíritu colectivo» desarrollado en una iniciativa de industrias comunitarias fomentado por la Alcaldía. Aunque la iniciativa falló, la confianza y voluntad comunitaria generada por la experiencia alimentó un proceso de modernización del sistema de patentes de la administración local en conjunto con un proceso de formalización de empresas locales. Con la generación de estos recursos adicionales, se logró, trabajando en conjunto con las organizaciones comunitarias, una expansión significativa de servicios a barrios pobres.
El quinto número de Revista Sociedad y Equidad viene a alimentar de manera importante los conocimientos sobre los problemas de la pobreza y la desigualdad, precisamente a partir de estudios que ofrecen nuevas dimensiones de análisis. Los artículos invitan, desde distintos sectores de la región, a asumir la problemática de la pobreza y la desigualdad social como un fenómeno complejo, históricamente situado, de interacción entre dimensiones subjetivas, culturales, éticas, económicas y estructurales. Con todo, no hay evidencia de que las desigualdades discutidas hayan aumentado en los últimos 30 años.
Una tercera tendencia, fue la corriente socialista, impulsada por sectores pertenecientes a la clase trabajadora. Cociña comenzó su intervención señalando que “un tema clave en la desigualdad no son tanto los niveles de desigualdad en sí, sino que sobre todo las percepciones de justicia asociadas a esa desigualdad”. En esa línea, indicó que el mayor desafío político y cultural «es avanzar para que las personas desnaturalicen la thought de que la movilidad social y el bienestar se juega de manera individual”.
Adicionalmente, se provee acceso a actividades extracurriculares en áreas de ciencias desde la robótica, artes desde la creación cinematográfica y al desarrollo socioemocional de forma específica y transversal en cada programa. Mientras que las tasas de educación y alfabetización están aumentando en todo el mundo, no queda claro si se está disminuyendo la desigualdad educativa. Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional.