Los enfoques existentes se han basado con demasiada frecuencia en la ilusión de que las consideraciones de recursos no son relevantes para evaluar el cumplimiento gubernamental de las obligaciones internacionales pertinentes. En consecuencia, las cuestiones sobre la disponibilidad de recursos y la igualdad de acceso a dichos recursos se han excluido en su gran mayoría de las partes más vibrantes del sistema internacional de derechos humanos, y han sido relegadas, en cambio, a los debates de menor categoría sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Irónicamente, en este último contexto se les dio una importancia abrumadora, de manera que la reserva incluida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que las obligaciones de un Estado se extienden solamente hasta el máximo de los recursos de que disponga, se invoca con frecuencia para justificar casos abusivos de incumplimiento. En tercer lugar, las normas de derechos humanos contienen una gran cantidad de disposiciones relativas a los factores determinantes de la desigualdad económica, es decir, las intervenciones en materia de políticas que la producen o contienen de manera más directa.
Sin considerar tales transferencias, la desigualdad es aún mayor, pues se ubica en .511, indicador comparable igualmente al registrado en 2012, pero superior al del año 2010, en el que se ubicó en .500; más aún, comparado con el de 2008 es apenas inferior, pues en ese año se ubicó en .519. Estamos ante un panorama que se hace cada vez más complejo, frente al cual el sistema institucional está reaccionando de manera casi siempre tardía e insuficiente. Tenemos prácticamente tres décadas de reproducción sistémica de la pobreza y la desigualdad, sin ser capaces todavía de generar un proceso sostenido de crecimiento con equidad. “Los gobiernos deben actuar ahora antes de que otra generación se vea condenada al mismo destino que sus padres», concluye el relator.
“Los avances tecnológicos pueden exacerbar las desigualdades dando una ventaja a quienes tienen un acceso a ellas antes y creando una diferencias mayores en educación si ayudan de manera desproporcionada a los niños más ricos”, señala el informe. Un ejemplo de cómo la inequidad inclina la balanza política en beneficio de los más ricos se refleja en cómo han decaído los impuestos a las clases más altas tanto en los países desarrollados como en los en desarrollo. En estos últimos, las tasas de ingresos por impuestos a los estratos sociales más altos cayeron del 66% en 1981 al 43% en 2018. Para ese país, llamó a evitar la militarización de la seguridad pública y consideró essential que el Estado adopte medidas efectivas e integrales para la prevención de los ataques contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
“La creciente influencia política de los más afortunados erosiona la confianza y la habilidad en los Gobiernos para abordar las necesidades de la mayoría”, asegura el documento. Para estar informado de la actualidad internacional, descarga nuestra aplicación Noticias ONU para IOS o Android O subscríbete a nuestro boletín. Explicó que la mayoría de estas personas pertenecían a comunidades rurales y pueblos étnicos y que fueron asesinadas por promover la implementación del Acuerdo de Paz en materia de restitución de tierras y substitución de cultivos ilícitos. “Reitero mi llamado a reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes”, puntualizó.
La DUDH es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de setenta tratados de derechos humanos, que se aplican hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional (todos contienen referencias a ella en sus preámbulos). Marta Roig explicó que aunque cada país tiene unas condiciones particulares, el informe expone una serie de medidas generales y de áreas concretas en las que hay que actuar para tratar de revertir la desigualdad. Entre esas medidas destacó “la promoción de la igualdad de oportunidades”, a través de la inversión en educación, en sistemas de salud, y en el paso del sistema educativo al mercado de trabajo.
Por otra parte, campañas como Iguales de Oxfam indican que existe una oleada de gente común de todo el mundo que cree que la desigualdad extrema es moralmente insostenible y que puede movilizarse para hacer algo al respecto. Los derechos humanos contribuyen al poder discursivo de estas campañas al transformar la percepción de la desigualdad extrema para que se le conciba como algo que no es ni pure ni inevitable, sino una injusticia que resulta de decisiones políticas deliberadas que obedecen a los intereses de unos cuantos. Las disparidades económicas cada vez mayores son una característica definitoria del régimen económico imperante, y no un subproducto fortuito o unintended causas de la desigualdad economica de éste. Como en épocas anteriores, será posible establecer políticas diseñadas para lograr una distribución de recursos más justa cuando existan el consenso social y la voluntad política suficientes para hacerlo. Para que los derechos humanos sean un contrapeso a la polarización que causa el paradigma económico neoliberal dominante, en vez de un espectador impotente ante ella, es necesario aprovechar plenamente su potencial igualitario.
La desigualdad puede manifestarse de diferentes maneras, por ejemplo, en la falta de acceso a la educación, la atención médica, la vivienda, el empleo, entre otros. Cuando las personas no tienen acceso a estos recursos, se ven limitadas en su capacidad para ejercer sus derechos y para mejorar su calidad de vida. La igualdad es un principio elementary para asegurar el respeto y la protección de los derechos humanos. Cuando hay desigualdad en la sociedad, algunos grupos pueden ser discriminados y excluidos, lo que puede llevar a la violación de sus derechos. La igualdad implica tratar a todas las personas con el mismo respeto y consideración, sin importar sus diferencias.
“Reducir el número de personas que intentan entrar al país no debería implicar pasar por alto las protecciones de asilo y migración”, enfatizó Bachelet, y añadió que la situación de los niños migrantes detenidos es una causa especial de preocupación. Un mundo en el que el 1 % más rico posee el 48 % de la riqueza mundial, y en el que este desequilibrio continúa acelerándose, es indecente. La desigualdad radical sostiene inevitablemente a la pobreza extrema, del mismo modo en que sostiene a la riqueza extrema.
Y añade que «la pobreza infantil no sólo es moralmente inaceptable y una violación de los derechos humanos, sino que también es cara. En Estados Unidos, la pobreza infantil cuesta más de un billón de dólares al año, es decir, el 5,4% de su PIB, pero por cada dólar invertido en reducirla se ahorrarían siete dólares». Los niños de entornos desfavorecidos encuentran obstáculos en su acceso a una educación de calidad. En los países de renta baja y media-baja, la probabilidad de matricularse en la escuela primaria, en la secundaria inferior y en la secundaria superior sigue dependiendo en gran medida de los ingresos de los padres y de su nivel educativo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
La titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Carola García Calderón, alertó que aún no se registran todos los casos de trata, por lo que consideró necesario poner el tema como asunto prioritario en la agenda pública nacional e internacional. En ese contexto, los egresados del diplomado serán “agentes de sensibilización de la sociedad, que fomenten la cultura de denuncia”. María Elena Medina-Mora, directora de la Facultad de Psicología, resaltó la labor de la Cátedra y del Diplomado, así como del mayor número de personas interesadas en trabajar para mejorar la situación y contribuir a que no se repita ese fenómeno. El objetivo de esta Guía es contar con una herramienta metodológica, operativa y práctica que pueda ser utilizada y aplicada por las oficinas de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, particularmente del PNUD, del UNFPA, de UNICEF y de ONU Mujeres en sus programas de apoyo a los países de la región. Destaca que únicamente 722 mil hogares obtienen ingresos por arriba de los ocho salarios mínimos, y en promedio obtienen alrededor de 9 mil pesos mensuales. Sin embargo, criarse en una familia desfavorecida tiene un impacto significativo en el acceso a la educación y en el rendimiento escolar.
Con el esbozo de estos temas, es mi intención enumerar muchas de las problemáticas que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el acceso a la seguridad social y sus consecuencias. Pero también es mi interés generar una reflexión del papel que la seguridad social juega en la garantía de todos los derechos humanos. Finalmente, estoy desarrollo sobre la pobreza convencido de que cerrar las brechas de desigualdad que enfrentan las personas LGBTIQ+, también ayuda a cerrar dichas brechas para otras poblaciones. Pero sólo abriendo todas las puertas, garantizaremos que el gran motor que dió origen a la seguridad social, que es el bienestar y la justicia social, se materialicen.
Estos fundamentos normativos se pueden reforzar con un cuarto grupo de normas de derechos humanos (por ejemplo, en relación con el derecho al desarrollo) que tratan de combatir las disparidades de riqueza entre los Estados y promover el respeto de los derechos humanos en las relaciones económicas transfronterizas. En la práctica, estas normas tienen que competir con regímenes normativos encontrados que rigen la tributación, el comercio y las finanzas internacionales, los cuales han demostrado reforzar la desigualdad económica entre y dentro de los países. Por lo tanto, promover el respeto de las obligaciones extraterritoriales de derechos humanos en los acuerdos económicos, tributarios y comerciales sería una medida basic para enfrentar las desigualdades estructurales a nivel mundial. Aunque a cualquiera de estos cuatro grupos de normas le vendría bien un mayor desarrollo normativo más exhaustivo y su aplicación por parte de los tribunales y otros mecanismos de rendición de cuentas, en conjunto, constituyen la base de un marco normativo sólido para fundamentar un posicionamiento de derechos humanos sobre la desigualdad económica extrema. Las desigualdades repercuten en la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos, como la atención sanitaria, la educación, el agua y el saneamiento, y pueden coartar los derechos humanos, por ejemplo, debido a la discriminación, el abuso y la falta de acceso a la justicia.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Otra medida es “trabajar sobre los sistemas impositivos” para hacerlos más progresivos. “No hay otra”, señala, ya que “si se quieren tener recursos públicos para invertir en educación y salud no hay que otra que tener ingresos públicos que se colectan a través de los impuestos”. La experta también propone invertir “en una seguridad social que pueda proteger a los individuos cuando haya una situación de desempleo, cuando se jubila o cuando hay una discapacidad”.