Lo anterior no es de extrañar, ya que como se señaló en la Sección 2, Chile es el segundo país más desigual de entre los países miembros de la OCDE. En el período 1990 y 2013, la desigualdad del ingreso en Chile12, medida a través del índice de Gini, evolucionó de una forma similar a una U invertida (ver Gráfico 6), crece a partir de 1992 para luego descender desde 2003 y de manera constante desde 2009. La nueva metodología13 da como resultado un índice menor, posiblemente porque las familias más vulnerables suelen ser más numerosas, luego al evaluar la distribución del ingreso complete de los hogares, es esperable que sea más igualitario que al medirlo a nivel per cápita. En los últimos años la reducción de la desigualdad ha sido mínima, llegando a ser el índice de 0,495 en 2015. Pero no solo existe una concentración económica en Chile, sino también política, poblacional, de los recursos y del sector industrial. En consecuencia, el país se encuentra en una época de constantes protestas sociales de diversa índole y es cada vez más frecuente que las regiones se manifiesten en contra de un Gobierno central, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de un territorio tan heterogéneo como Chile (Mieres, 2015).
Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. 17El IDH-D considera las mismas tres dimensiones del IDH, pero considerando cómo se distribuyen los logros a lo largo de la población, penalizando el valor promedio para cada dimensión en función de lo desigual que sea. Si los países se encontraran en una situación perfect desigualdad social y medio ambiente de perfecta igualdad, ambos indicadores coincidirían. Mientras mayor desigualdad, el IDH-D se ubicará más por debajo del IDH, siendo este el caso de Chile.
Es decir, que el éxito o fracaso escolar, está fuertemente determinado por los orígenes de las personas, marcando una desigualdad desde los inicios. Como se mencionó al comienzo de la sección, familias más ricas tienen acceso a mejores colegios, actividades extracurriculares, posibilidad de aprender idiomas con profesores particulares, participar de más actividades deportivas e incluso ampliar redes, todo aquello que le abrirá puertas para un futuro de mayores ingresos. Por tanto, las condiciones iniciales cumplen un rol importante para marcar las desigualdades futuras. Mejorar sustancialmente la oportunidad educacional en todas las regiones juega un rol esencial para disminuir las brechas que separan a los chilenos.
Nos encontramos en un contexto de profundas trasformaciones sociales, lo que no asegura mayor desarrollo a escala humana. La población acusa descontento por una democracia regular, instituciones escasamente valoradas y una violenta desigualdad social que reproduce prácticas discriminatorias en todos los sectores de la estructura social. Es que el discurso de los Derechos Humanos en este contexto de demandas sociales, ha dejado de ser tema exclusivo de las víctimas de violencia política por parte del Estado en el período de dictadura, aunque aún son muchos los asuntos pendientes por reparar. Hemos observado en democracia el impacto segregador de políticas públicas, como la construcción de barrios en las periferias de las ciudades, interrumpiendo relaciones entre las personas y sus redes de apoyo favoreciendo la exclusión. Comprendemos, entonces, que las prácticas abusivas no se producen solamente en algunos períodos históricos o hacia grupos sociales estigmatizados con vulneraciones sistemáticas a través de la historia como lo son los pueblos originarios. Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas.
La buena salud es esencial para todas las personas, pero especialmente para niñas, niños y adolescentes. Enfermarse puede ser muy costoso, sobre todo en un sistema que privilegia los servicios privados de salud y no invierte lo suficiente en la salud pública. La crisis iniciada en marzo de este año, con la pandemia del coronavirus, mostró hasta qué punto estas exigencias no exageraban ni un ápice y reveló nuestras falencias en la protección de los llamados desigualdad social y medio ambiente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Junto con establecer un estado de situación de los derechos humanos en el país, en el informe se señalan recomendaciones al Estado para dar solución a las problemáticas que el documento consigna en la materia. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad.
A nivel país se utiliza principalmente, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social y datos de productividad del Banco Central de Chile. Asimismo, se contacta con diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Estadísticas, al que se solicita datos antiguos poblacionales y vitales no disponibles en la web1. Paula Pacheco destaca que los niños y niñas que nacen y crecen en pobreza no están condenados a vivir en esta situación y que el Estado tiene el deber de protegerlos y entregarles las condiciones para que puedan tener una vida digna. La crisis política, social y de derechos humanos que empezó en octubre del año pasado reveló hasta qué punto nuestro sistema falla gravemente al asegurar el derecho de reunión, la igualdad ante la ley, la protección frente a la violencia estatal. La violencia policial que habíamos denunciado reiteradamente, se volvió generalizada, dejando personas muertas, torturadas y mutiladas en el camino.
En materia de derechos de los pueblos indígenas, Fries afirmó que “los pueblos, las comunidades indígenas, requieren participar a través de los distintos canales institucionales existentes para hacer oír su voz. A la vez tienen derecho también a pronunciarse, por medio de mecanismos de consulta, sobre todos aquellos aspectos que los pueden afectar directamente en su supervivencia. Durante su discurso, la Directora del INDH –Lorena Fries- sostuvo que “existe un malestar con la sociedad, con sus instituciones, con la capacidad que tenemos como personas de influir en ella y hacernos parte de un proyecto colectivo. También impotencia frente a las situaciones de injusticia que afectan a amplios sectores de la población”.
Empleadores pueden despedir a sus trabajadores/as, incluso sin indemnización aduciendo fuerza mayor. Sin una cuarentena complete en todas las comunas, trabajadores/as deberán optar entre cuidar su salud y la de los suyos quedándose en casa, o asistir al trabajo, al que siguen obligados a presentarse, y cuidar su sustento. Muchas personas deben viajar largas distancias dentro de Santiago, en transporte público aglomerado, para poder llegar a sus trabajos, corriendo mayor riesgo de contagiar y ser contagiadas. Sobre el derecho a la igualdad, celebró la promulgación de la Ley Antidiscriminación, expresando que “esta ley, como dijéramos el año pasado, refleja que el cambio cultural que se está produciendo en Chile, requiere ser acompañado de instituciones y mecanismos, entre ellos medidas de acción afirmativa, que aseguren dicho cambio”.
A nivel regional las regiones con mayor presupuesto medioambiental ejecutado fueron La Araucanía, Biobío y Aysén, tres regiones del sur del país. Mientras que a nivel nacional no hay un gran cambio en la desigualdad en el último período, Tarapacá incrementó su desigualdad en más de un 6%, y por su parte Los Lagos la redujo en casi un 11% (metodología nueva). Estas diferencias son de gran relevancia para la política pública y de acuerdo con Contreras (1999), también para el proceso de descentralización. El autor argumenta que dentro de las posibles causas de las diferencias regionales en el Gini, está que las regiones crecen a ritmos distintos, además concentran sus actividades productivas en diferentes sectores de la economía. Agostini y Brown (2007; 2010) realizaron un estudio a nivel desagregado de las desigualdades chilenas, logrando obtener un índice de Gini comunal11.
El trabajo en materia de empresas y derechos humanos es, en gran medida, un trabajo sobre derechos sociales, a causa de la priorización de la privatización de todos los servicios que debieran garantizar estos derechos. La tercera entrega del Informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvo marcada por la constatación de que las garantías sociales son un factor basic a la hora de hablar de los derechos fundamentales de las personas. Es así como las inequidades en educación, en género o en el trato ante la justicia contribuirían a profundizar lo que la directora de la entidad, Lorena Fries, describió como una “ruptura del vínculo social”. El acceso a la educación es uno de los factores más importantes para determinar el futuro de las personas. La justicia social define una visión integral del ser humano que no sólo resguarda sus derechos fundamentales, sino que promueve su desarrollo integral. Para Chile, los seis meses entre octubre de 2019 y abril de 2020 han sido extraños, por decir lo menos.
Acorde con la CASEN, los años de escolaridad promedio del país son 11, con una leve diferencia por género, 11,2 años para los hombres y 10,9 en el caso de las mujeres. Esta diferencia, aunque pequeña, se ha mantenido en el tiempo y es el mismo comportamiento presentado por Barro y Lee (2010). Otros datos interesantes que nos entrega la CASEN en materia de educación, es la diferencia de escolaridad por lugar de nacimiento y pertenencia a una etnia. En Chile, en el año 2015, el promedio de escolaridad para una persona nacida en el país era de eleven años, y para un inmigrante (cuya madre residía en otro país al momento del nacimiento) de 12,5 años.
Se observa en el (Gráfico 8) que en 1955, en promedio, los chilenos no alcanzaban a completar la enseñanza primaria (8 años), llegando a este nivel solo a partir de 1990. En 2014 el promedio fue de 9,8 años, por debajo de la educación obligatoria en el país (12 años) y de los años de escolaridad esperada de acuerdo con el PNUD (15,2 años para 2014). El país busca facilitar cada vez más el acceso a estudios superiores, de hecho la política pública pretende que a través de becas y créditos la educación esté al alcance de la población económicamente más susceptible.
La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país.