Dos, mejorar la calidad de la política y de la democracia, aumentando los niveles de resiliencia de la misma, es decir su capacidad para afrontar disaster y desafíos complejos, sobrevivir a ellos, innovar y recuperarse. Fortalecer, asimismo, sus principales instituciones –partidos y congresos- y el estado de derecho en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. En materia de países, según el clases sociales y desigualdad Informe, Brasil ha experimentado un proceso de erosión democrática en los últimos cinco años al igual que Bolivia; mientras Haití, Honduras, Guatemala y República Dominicana son los que presentan una mayor debilidad democrática. El protagonismo asignado a la acumulación de capital no constituía un error en sí mismo, sobre todo cuando empezó a adquirir importancia lo que pronto se denominaría ‘capital humano’.
¿Cómo mutaron y se reinventaron las organizaciones criminales en ese contexto altamente restrictivo de la circulación económica y no económica? ; ¿a qué ámbito desplazaron sus actividades y capitales los delincuentes? ; ¿aumentó la violencia al estrecharse las posibilidades del mercado criminal? En todo caso, hay toda una economía criminal cuyas huellas son poco estudiadas, de gran escala y dinámica adaptada a la de la sociedad, y que entra y sale de la economía formal. Cabe esperar que, como efecto de la pandemia, mucha actividad delictual se haya desplazado al terreno de los fraudes online de todo tipo (ciberdelincuencia), terreno ya pavimentado por la poca conciencia del riesgo digital asociada a la exposición de datos.
En cuanto a la desigualdad económica, el 20% de los hogares chilenos con mayores ingresos percibe ingresos eight,2 veces mayores que los del 20% de hogares con menores ingresos, mientras que el coeficiente de Gini se sitúa en 0,47. Ambos indicadores muestran una mejora en comparación con mediciones anteriores. El presidente de la instancia, Osvaldo Larrañaga, enfatizó que la pobreza “es un fenómeno social que cambia en el tiempo, que muta a medida que la sociedad evoluciona.
Ese año la pobreza llegó al 45%, mostrando una estadística dura, pero necesaria de ser conocida y con la cual se podría trabajar hacia adelante, cualquiera fuera el gobierno de turno. Para 1990, año de la restauración de la democracia, la pobreza ya había disminuido a 38%, y el proceso continuaría en la misma dirección en los años siguientes, que se caracterizaron por una constante disminución de la cantidad y el porcentaje de personas viviendo en esas condiciones, hasta bordear el 10%. La razón principal para este éxito social fue el crecimiento económico que acompañó sistemáticamente a Chile desde 1984 en adelante, pero también las políticas públicas dirigidas específicamente a los sectores más vulnerables. Con el paso de los años la situación se ralentizó, en parte porque hay un sector de pobreza dura más difícil de superar, pero también porque el histórico crecimiento económico dio paso a la mediocridad que nos ha acompañado en los últimos lustros.
En la figura three, se muestra que frente al uso del gasto público como instrumento contracíclico, destaca el caso chileno, en donde claramente se ve las variaciones del gasto que aumenta en los períodos recesivos para contenerse en los de auge. Frente a esto, la política fiscal de los vecinos es menos activa como instrumento de política pública, manteniéndose más estable en el tiempo, para casi converger al ultimate del período estudiado. La Toma de La Victoria es considerada la primera ocupación de terrenos “organizada” (Cortés, 2013; Dubet, Tironi, Espinoza & Valenzuela, 2016; Espinoza, 1988). Se la describe como la acción colectiva de un grupo de pobladores sin casa que, en respuesta a su falta de vivienda, decidieron tomarse un terreno. Su acción es entendida como una demanda ante la falta de vivienda, pero también como una reivindicación ante el Estado por reconocimiento. Pese a que esta experiencia surgió de la organización autónoma de los pobladores, la negociación entre ellos y Estado estuvo mediada por partidos políticos y otras organizaciones —por ejemplo, la Iglesia católica—, que apoyaron la ocupación e intercedieron a favor de sus residentes (Cortés, 2013; Dubet et al., 2016).
Por lo mismo, la tarea principal vuelve a ser la creación de trabajo, que permita a las personas no solo aportar sus talentos y capacidades a la sociedad, sino también llevar dinero a sus respectivas familias, que les permita salir adelante. La alta segregación territorial de las sociedades latinoamericanas, reforzada por procesos como el «miedo al crimen» y la gentrificación en los últimos tiempos, también contribuyen a la aparición de regímenes de ciudadanía native fuertemente segmentados (Caldeira, 2008). Por lo tanto, también argumentamos tentativamente que la realización desigual de los derechos de ciudadanía social y civil en las sociedades latinoamericanas contemporáneas se asocia a la distribución territorial del estatus socioeconómico y la capacidad estatal local. En otras palabras, afirmamos que la disyuntiva entre los derechos civiles y sociales resulta de la combinación de la desigualdad territorializada que cada país muestra, y de su interacción con la capacidad estatal subnacional. En un estudio clásico sobre la evolución de los derechos de ciudadanía en Inglaterra, T.H. Marshall (1950) propuso que la democracia liberal contemporánea se monta sobre una secuencia histórica de cesión de derechos de ciudadanía.
La pregunta central de este artículo es cómo, entre todas las categorías posibles, pobreza se constituye en el marco de interpretación predominante para hablar sobre asentamientos informales. Para responder a ella, revisito los conceptos y definiciones utilizados en documentos oficiales de gobierno para hablar de asentamientos informales desde 1940 en adelante, y examino las implicancias de esta forma de problematizar el fenómeno de los asentamientos. Se ha generado un debate respecto de los subsidios que lograron suplir esta caída en los ingresos autónomos.
La mayoría de la población pobre de Santiago se manifestó muy insatisfecha con el nivel de democracia del país, según un estudio de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez. América Latina cuenta con niveles altos en materia de libertad de religión (incluso superior a los de Europa) y de libertad de movimiento. Sobre el bienestar, Sen (1998) no sólo apela cepal panorama social de américa latina 2021 a la responsabilidad ética, «no puede eludirse el gravísimo problema de la pobreza, aun cuando exista la posibilidad de proporcionar mayores beneficios a una generación futura más prospera» (p. 81), sino también a su potencial económico. La incorporación efectiva de la agenda de desarrollo sostenible es una demanda adicional sobre las estrategias de desarrollo productivo en la actualidad.
Para ordenar de manera tentativa los puntajes incluimos un cuarto indicador que refiere al promedio de los tres indicadores por país. Lejos de liderar el rating (cómo suele ocurrir cuando los países de la región se ordenan en función de indicadores de bienestar objetivo para el mismo período), Chile se encuentra entre los puntajes más bajos de la región. Durante el retorno a la democracia, la pobreza se instala como un problema central de gobierno y “los pobres” se constituyen en una población “objeto de gobierno”.
Creo que el incremento de la preferencia por la tecnocracia que The Economist encuentra en los encuestados de Chile responde a las fallas de los políticos por dar soluciones a problemas de larga data en el país, y que esta misma razón está detrás de manifiestas preferencias por regímenes autoritarios bajo ciertas circunstancias [Ibid.]. Ante la falta de respuestas, la sabiduría del experto o el poder del autócrata es un refugio y una esperanza. Existiría la idea de que su razonamiento, inmune a los defectos de una política en degradación, puede dar con aquellas salidas beneficiosas para la población, sin los impedimentos y contrapesos de las democracias liberales. A modo de síntesis, la democracia en Chile no está en riesgo important, pero existen elementos para su degradación.
El estudio era parte de una investigación más amplia sobre pobreza en la región latinoamericana. El capítulo chileno comparaba las mediciones realizadas por Cepal en 1970 y 1987 e indicaba que la proporción de familias que se encontraba bajo la línea de la pobreza5 había aumentado desde un 17% en 1970 a 38,1% en 1987, equivalente a un forty four,4% de la población del país (Cepal, 1990). El Mensaje Presidencial de 1962 señalaba que las autoridades de gobierno mantenían los “programas de erradicación y radicación con el objeto de trasladar al mayor número posible de familias modestas que vivían en conventillos y poblaciones callampas” (Mensaje Presidencial, 1962, p. 272). Sin embargo, las tomas de terreno se constituyeron en una forma distinta de vivienda informal y de resolver la necesidad habitacional, a través de negociaciones con el Estado.
Nuestra tesis es que este deterioro se funda en la interacción de dos tipos de dinámicas. Por un lado, el progreso fue desparejo en términos funcionales (distintas áreas de la realidad social), socioeconómicos y territoriales. En promedio, el país progresó significativamente, pero lo hizo a múltiples velocidades y con profundas heterogeneidades. Más allá del ingreso, más allá del Gini, las múltiples desigualdades que esa heterogeneidad generó se expresaron en un descontento creciente (PNUD, 2017). Por otro lado, distintos segmentos de la población politizaron dichas desigualdades, asociándolas, además, al mal funcionamiento de las instituciones y a los principales actores del sistema político.
Adela Cortina explica la predisposición que tenemos los seres humanos a esta fobia y propone caminos de superación a través de la educación, la eliminación de las desigualdades económicas, la promoción de una democracia que tome en serio la igualdad y el fomento de una hospitalidad cosmopolita. Durante las últimas tres décadas, América Latina ha vivido una era democrática sin precedentes. Además, la pobreza y la desigualdad han disminuido significativamente durante la última década y media (Lustig, 2017). Sin embargo, la democracia y la disminución de la desigualdad coinciden con una mayor politización de la persistente naturaleza desigual de las sociedades latinoamericanas. Dicha politización podría tardar en aparecer en nuestras evaluaciones objetivas respecto a las características de la gobernanza democrática y podría no aparecer en absoluto. Sin embargo, creemos que las evaluaciones subjetivas de cómo la promesa democrática se traduce local e individualmente en las experiencias cotidianas de los derechos básicos de la ciudadanía son cruciales para dar sentido al debate contemporáneo sobre la disaster democrática.