Hasta este punto, nos hemos referido principalmente a la riqueza individual de los principales oligarcas chilenos y al poder material que ella potencialmente reporta. En lo que sigue, se propone una vía de aproximación a la potencia política de esa riqueza mediante la indagación en los recursos de poder -distintos al poder material- de que disponen los oligarcas que en la actualidad encabezan algunos de los más importantes grupos empresariales del país, así como en los mecanismos asociados de acción política. Como complemento a esta segunda ola de privatizaciones, y a la redefinición de la propiedad de los grandes bancos y empresas que conformaban la llamada área rara de la economía12, las autoridades económicas de la época encabezadas por Hernán Büchi Buc -designado como Ministro de Economía y Hacienda en febrero de impulsaron la creación de nuevos mercados privados en torno a pensiones, aseguradoras de salud y, posteriormente, educación superior. Todas ellas operaron como transformaciones claves para el desarrollo de la dinámica de concentración del poder material desde la década de 1990 en adelante (Undurraga, 2011), y permitieron el surgimiento de un grupo de actores fabulosamente ricos y poderosos13.
Si bien este método todavía no ha sido incorporado de forma generalizada a las encuestas nacionales oficiales, su uso en una encuesta global llevada a cabo conjuntamente por la FAO y Gallup deja entrever los primeros resultados. «Llevamos décadas diciendo que Chile en términos de distribución de ingresos, tenemos una alta desigualdad y no mejora incluso después de algunas medidas redistributivas. Del punto de vista de la desigualdad material, está claro que no la hemos logrado podido revertir eso», detalla Méndez. Este argumento, según sugiere el propio autor, recalca la necesidad de complementar este enfoque teórico con las interpretaciones que buscan explicar la capacidad de infuencia política de las elites ecónomicas centradas en los actores, como hace la teoría del poder empresarial. La constatación de la activa participación de algunos oligarcas en el fortalecimiento de las asociaciones empresariales resulta relevante.
Hacerse cargo de esa complejidad de base es lo que sustenta lo que para algunos autores es clave en la discusión constitucional, pasar de una igualdad formal a una igualdad material, más sustantiva, más democrática. Tras dos ediciones del plan de barrios (8 años) el Ayuntamiento asegura que se ha reducido el abandono escolar en los territorios donde se aplicó. La gerente del área económica del Ayuntamiento, Laia Claverol, ha defendido el papel que supone que el plan de barrios ponga el foco en colectivos vulnerables para conseguir “redistribuir la riqueza”. El regidor del Plan de Barrios, Lluís Rabell, considera básico para derribar las desigualdades “abordar el ámbito educativo”. Por ese motivo, el plan aborda diferentes planes para fomentar el estudio entre colectivos vulnerables y “generar pink social”.
La discriminación racial en Estados Unidos ha sido un problema histórico y que es motivo de convulsión social en la actualidad. Entre los ejemplos más recientes y conocidos está la muerte de George Floyd a manos de agentes de desigualdad y clases sociales policía en mayo de 2020, muerte que desató protestas civiles en varias ciudades del mundo a mediados del año. Poner en marcha proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo es una de las vías para reducir la desigualdad.
Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue desigualdad social y pobreza en el mundo captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico.
La cuestión es demasiado amplia, pero podría plantearse, para esclarecer el debate, desde el concepto y las implicancias de la igualdad desde tres análisis. Primero, desde las teorías de la justicia igualitarias contemporáneas, luego, en relación con los procedimientos redistributivos y, finalmente, en relación con la desigualdad. Así, el término ‘vivienda social’, común en Europa y conocido en todo el mundo, rara vez ha sido utilizado en los Estados Unidos.
Pues no siempre es así, lo cual permite que las clases más favorecidas aumenten sus beneficios y los grupos sociales marginados lo tengan más difícil para ascender en la escala social. La desigualdad social puede tener un impacto perjudicial en la cohesión social, la movilidad económica, la salud, la educación y la seguridad. Son el resultado de la falta de políticas que consideren la equidad en la educación como vehículo principal para lograr sociedades más justas. La pandemia ha exacerbado estas diferencias principalmente debido a que la tecnología, que es el medio de acceso a la escolarización a distancia, presenta una capa más de desigualdad, entre otras muchas. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma.
Desde la teoría de las necesidades es posible mejorar el concepto y las vaguedades de la igualdad de capacidades básicas, lo cual, sumado a la pretensión de corrección distributiva para no permitir desigualdades económicas que impidan el igual desarrollo de las capacidades, puede configurarse como una más eficaz fundamentación y defensa de la real autonomía de los sujetos situados30. Lo que, a la vez, les reconozca algún valor en términos de fundamentación de derechos vinculada con los valores centrales de libertad e igualdad. Nino explica que las necesidades básicas son prerrequisitos de la autonomía personal, y que ésta presenta dos manifestaciones, la elección de los planes de vida, que incluye la libertad de creación, y la materialización de dichos planes; ya que no tiene sentido elegir planes de vida que no puedan materializarse ni materializar planes de vida que uno no ha elegido libremente21. Y esta tensión, entre la creación/elección y la materialización, se encuentra atravesada por la disponibilidad (o no) de los recursos para desarrollar las libertades escogidas y por lo finito de los recursos que disponemos para hacerlo.
La OCDE está trabajando en la elaboración de datos armonizados sobre acceso a servicios y comodidades (como transporte, centros médicos, escuelas, and so on.), pero estos todavía no están disponibles. Como se ha mencionado antes, tampoco existen datos comparables a nivel internacional sobre sinhogarismo (una medida de la privación extrema relacionada con la vivienda) y sobre la percepción de las propias condiciones de vivienda (OCDE, 2020[1]). Los gobiernos pueden ofrecer apoyo inmediato en caso de pérdida de empleo e ingreso, ofrecer prestaciones por enfermedad a trabajadores excluidos y dar cobijo inmediato a la población sin hogar (OCDE, 2020[40]). Sin embargo, resolver a corto plazo el problema del hacinamiento y dar acceso a servicios básicos de saneamiento y digitales resulta mucho más difícil. En este sentido, las malas condiciones de la vivienda suponen un riesgo sistémico para los efectos de las crisis sanitarias y requieren una respuesta pública a más largo plazo para generar resiliencia. En el corto plazo, la hospitalización y otras formas de atención sanitaria fuera del hogar para personas que viven hacinadas y/o en condiciones insalubres deben ser prioritarias, para poder proteger a otros miembros vulnerables del hogar.
La Estrategia de Empleo de la OCDE de 2018 considera prioritario centrar las políticas en la cantidad y la calidad del empleo, así como en la inclusividad del mercado laboral (OCDE, 2018[26]) En este sentido, trabajar muchas horas (ya sea de forma remunerada o no remunerada) puede resultar perjudicial para el bienestar de las personas. Asimismo, el desarrollo de indicadores comparable sobre tenencia de vivienda y tierras ayudaría a conocer mejor la situación en cuanto a seguridad. La seguridad en la tenencia garantiza el acceso y disfrute del hogar sin miedo al desahucio forzoso y permite a las personas mejorar sus condiciones habitacionales y de vida.
Por consiguiente, en el ámbito de la vivienda, las discusiones sobre la desigualdad en los Estados Unidos ya no se refieren solamente a factores físicos –tamaño inadecuado o falta de servicios básicos como agua potable o electricidad– sino a aspectos financieros como asequibilidad y desigualdades en la distribución de la riqueza de acuerdo a la propiedad de la vivienda. Desde 2009, también se han logrado grandes avances en el acceso de los hogares a Internet, por bien que sigue habiendo enormes desigualdades entre los países del grupo analizado. El acceso a Internet en el hogar permite respaldar las relaciones sociales y ofrece acceso a oportunidades tanto laborales como de aprendizaje, así como a bienes y servicios públicos y privados (OCDE, 2020[1]). En 2019, el 50% de los hogares del grupo de países analizados tenía, en promedio, acceso a Internet en el hogar, si bien el nivel period tres veces más alto en Costa Rica que en la República Dominicana (Gráfico 2.22). La tendencia common del grupo analizado es indicativa de un progreso gradual en cuanto al acceso de los hogares a Internet, y se observa un salto considerable (16 puntos porcentuales) en 10 años.
A pesar de contar con múltiples e importantes recursos de poder individual que les hacían depender menos de la cohesión, las redes y la organización que cualquier otro actor de la sociedad para incidir en la política gubernamental del país, de todas formas, Bernardo Matte Larraín, Jean Paul Luksic y Luis Enrique Yarur apostaron por contribuir al fortalecimiento de un frente unido del mundo empresarial encabezando algunas de sus principales entidades gremiales. Dado el consenso que concita la thought de que las disparidades materiales tienen implicaciones políticas (Crouch, 2004; Stiglitz, 2012; Atkinson, 2015; Milanovic, 2016) y que la concentración extrema de la riqueza material se constituye como la base del poder de la pequeña minoría que la detenta (Lindblom, 1977; Winters, 2011), estudiar el comportamiento del poder material a lo largo del tiempo es clave para el análisis de la distribución del poder al inside de una sociedad. Existe cierto consenso respecto a que la riqueza concentrada puede contribuir significativamente a forjar un desequilibrio de poder social y político en los sistemas democráticos en los que el voto de cada ciudadano cuenta por igual. Pueden y deben darse convergencias entre la sociedad civil y las instituciones del gobierno para la sensibilización sobre la desigualdad social para la posterior inclusión de los afectados. Al mismo tiempo, es recomendable el diseño de políticas y estrategias para abordar las distintas dimensiones de la desigualdad con el fin de disminuir la distancia entre sectores. La cifra arrojada por el Coeficiente de GINI permite realizar comparaciones entre países en torno a su desigualdad o igualdad salarial.
Aunque el mundo ha avanzado en las cifras absolutas y relativas de estudiantes matriculados, no han disminuido las diferencias entre los más ricos y los más pobres, así como entre los que viven en zonas rurales y urbanas1. La desigualdad educativa es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida a futuro. La segunda precisión altamente relevante exige distinguir entre la necesidad en sí misma y el/los objeto/s material/les o inmaterial/les que se utilizan para saciar esa necesidad, los satisfactores, que, en principio y para todas las necesidades, son siempre dinámicos, abiertos, situados, históricos y diversos, vinculados a los heterogéneos escenarios sociales y naturales que habitan los sujetos34. Por ello, siempre, la interpretación de las necesidades en relación con los satisfactores tiene que ser contextualizada, así como la conceptualización, identificación e interpretación de los propios satisfactores.
Dentro de este tipo de necesidades derivadas de satisfactor preferido, o simplemente conocidas como preferencias, se pueden diferenciar los reclamos de recursos de manifestaciones ideológicas y de manifestaciones religiosas, los gustos caros y las preferencias extravagantes. Y, aunque la diferencia entre éstas no es tajante y pueden ser vistas todas como manifestaciones de preferencias extravagantes o de gustos caros, considero conveniente hacer una pequeña diferencia clasificatoria, que implica también una jerarquía interna relevante entre ellas a los fines de su fuerza reinvindicadora y de la posible prelación a los fines distributivos, vinculado a criterios de justicia. Son consecuencias del ejercicio de la libertad, y ocupan una posición intermedia entre los gustos caros y las preferencias extravagantes, por un lado, y los reclamos de necesidades básicas, por otro. Donde lo que se considera como una preferencia es (nada más ni nada menos) el reclamo de recursos en nombre de manifestaciones ideológicas o religiosas; ya que si se consideraran como reclamos de necesidades, implicaría priorizar planes de vida y concepciones del bien.