Añadió que “me alegro que finalmente estemos realizando este encuentro un día 14 de diciembre, porque al menos desde mi punto de vista, ésta es una fecha de significación especial en nuestro país. Ello, debido que un 14 de diciembre de 1989 fue electo Patricio Aylwin como Presidente de la República y se restableció en nuestro país el imperio de la autoridad civil y en consecuencia, desde el punto de vista del Estado del Derecho que es en definitiva el auténtico garante del ejercicio de los DD.HH.,; la nación chilena logró dar un paso fundamental”. La Fundación Luisa Hairabedian es una ONG argentina que trabaja por los Derechos Humanos; es una institución horizontal y abierta a partir del desarrollo de programas de trabajo que actúan de forma conjunta e interdisciplinaria. La Universidad Abierta de Recoleta, en conjunto con el Observatorio de Derechos Humanos y la Fundación Luisa Hairabedian, presenta el curso Desigualdad y diferencia, tercero de los cuatro cursos que conforman el Diplomado de educación en Derechos Humanos. El concepto de TFGBV va más allá de la thought de violencia en línea, en tanto se manifesta no sólo en espacios digitales, sino también a través de diferentes tecnologías.
Las dinámicas de poder históricamente desequilibradas, unidas a la discriminación sistémica por razón de género, han generado cada vez más atención a nivel global. Sin embargo, a pesar de que la igualdad de género está reconocida en muchos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, la violencia de género sigue siendo uno de los problemas estructurales más persistentes que afecta a todas las culturas y países. Es lamentable ver que a nivel de desigualdad del ingreso, medido a través del índice de Gini, índice 10/10 o índice 20/20, las regiones del sur suelen encontrarse en una posición desfavorecida versus las regiones nortinas. Por su parte, la Región Metropolitana, tiene el segundo mayor índice de Gini del país, posición casi invariante a lo largo del período estudiado. Se observa que las regiones más desiguales, son igualmente aquellas con menor PIB per cápita y menores índices de desarrollo.
Asimismo, contamos con jóvenes chilenas en las distintas ramas de la Defensa Nacional, en ámbitos que, en mi generación si iban a la Educación Básica o Media eran insospechadas. Por ejemplo, tanto en la Cámara como el Senado recibimos en este año y aplaudimos a la institución de Carabineros de Chile, porque conmemoró el 50 aniversario desde que se incorporó la mujer a tareas institucionales de nuestra policía uniformada; teniendo responsabilidades significativas en el ámbito de la Dirección de dicha institución”. En relación a los diversos avances en materia de Derechos Humanos en nuestro país el senador Escalona sostuvo que “ellos no son irreversibles; sufren retrocesos. Además, en ciertos ámbitos se han dado un paso en una determinada dirección, pero se han retrocedidos en otros”. Al respecto, el senador Escalona expresó que “el ejercicio de los Derechos Humanos también es desigual en Chile. La desigualdad es un ámbito en que se hace presente con mayor intensidad que en otros aspectos de la convivencia de nuestro país”.
Es un programa que busca orientar y guiar a las mujeres en el desarrollo de sus negocios, entregándoles información personalizada y adecuada a cada etapa de su emprendimiento. La plataforma contempla acceso gratuito a tutoriales, capacitaciones, talleres, materials informativo en distintas temáticas como modelos de negocios, advertising digital, temas legales y tributarios, empoderamiento y liderazgo and so forth. Iniciativa país que integra a las empresas, instituciones de formación y gobierno para desarrollar nuevas capacidades en las personas, en sintonía con las demandas de la economía digital, generando más oportunidades para acceder a empleos de calidad. El Bono al Trabajo a la Mujer o #BTM es un beneficio en dinero que entrega el Estado para mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras que tengan entre 25 años y fifty desigualdad entre paises desarrollados y subdesarrollados nine años, eleven meses de edad, que trabajen de manera dependiente o independiente y que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población. Eso incluye avanzar efectivamente hacia la superación de brechas de género más allá de lo digital, pero también es necesario establecer políticas serias de inclusión y participación transversales y con perspectiva de género, reconociendo los avances y acuerdos relacionados a la gobernanza digital desde múltiples partes interesadas. En América Latina, la violencia que se manifiesta en el entorno en línea es un duro reflejo de sociedades marcadas por el patriarcado, la misoginia y la homofobia y una extensión de múltiples violencias de género vividas en el ámbito doméstico y los espacios públicos.
Sabemos que la violencia de género facilitada por tecnologías es creciente, y genera múltiples y profundos impactos individuales y colectivos al implicar una forma de censura de género. Por otro lado, cabe destacar que en enero de este año al fin se firmó el proyecto de ley que busca modificar el artículo, a pesar de que han pasado 17 años desde que el Estado se comprometió a ratificar la situación en el marco de la demanda realizada por Sonia en 2007. La sostenibilidad es clave para enfrentar las tres disaster que amenazan al mundo -emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la creciente desigualdad- y, en este contexto, las empresas tienen un rol esencial en la detección de riesgos, especialmente de vulneración de Derechos Humanos (DD.HH.), de acuerdo a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos.
Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. Este programa busca promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de la entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación de trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.
Los buenos indicadores a nivel de crecimiento económico de las últimas décadas en Chile, no han podido mitigar la persistente desigualdad del ingreso. Anteriormente, Soto y Torche (2004) concluyen lo mismo, demostrando que, entre desigualdad entre clases sociales 1975 y 2000, el PIB per cápita chileno creció un 5% al año, sin embargo, las regiones no se beneficiaron de igual forma. La pobreza cayó significativamente en todas ellas, pero la desigualdad del ingreso se mantuvo constante.
Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados. El gobierno que habló de perseguir sin descanso y hasta el fin de sus días a quienes hayan cometido hechos de violencia como saqueos e incendios, no hace lo mismo respecto de carabineros –agentes del propio Estado– que habiendo cometido hechos de violencia, se limita a decir que se debe dejar que la justicia actúe.
Las autoridades del orden se mostraron renuentes a aplicar todo el peso de la ley de 2012 contra la discriminación, como acusar a los agresores de víctimas LGBTI de delitos motivados por el odio, lo cual elevaría las sanciones penales según lo permitido por la ley. En noviembre de 2019, Movilh y el INDH presentaron acciones legales para objetar el trato propinado a Alberto Faúndez, a quien la policía había arrestado en octubre de 2019 por sospecha de robo. Una vez en la comisaría, al enterarse la policía de que era gai, lo golpeó, lo obligó a desnudarse en frente a otros detenidos y lo sometió a insultos homofóbicos. En septiembre, Marcelo Delgado, técnico en computación con discapacidad, presentó una denuncia de discriminación y agresión en la empresa para la que trabajaba. Según Delgado, sus compañeros de trabajo lo atacaron y se burlaron de él, tras lo cual sufrió repercusiones discriminatorias por parte del departamento de Recursos Humanos cuando denunció el incidente, lo que derivó en su despido.
La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno legal e incluso en casos extremos, al tráfico de personas. Para reducir la resistente desigualdad, son necesarias más políticas distributivas, junto con las redistributivas, que se preocupen a priori de la generación del ingreso. Las políticas distributivas, en el largo plazo, permitirán reducir el gasto social enfocado en los más pobres, quienes con mayores oportunidades serán capaces, por sí mismos, de guiar su desarrollo. Este apartado concluye que, para los períodos estudiados, los territorios en peores condiciones iniciales (ya sea por ingreso o por desigualdad del ingreso), tienden a mejorar su condición respecto de los territorios más aventajados inicialmente. Aunque era de esperar que las regiones más pobres sean las que más rápido crezcan, no es obvio el comportamiento de la desigualdad.
Esta publicación responde al compromiso de la BCN de seguir profundizando en los contenidos y ser un aporte a la formación cívica nacional. Sobre este punto, la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP advirtió que, de no investigarse las responsabilidades administrativas, podría suceder lo mismo que ocurrió con las víctimas de la dictadura. En una nueva versión de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, la institución analizó la respuesta estatal al estallido social y la pandemia del Covid-19, enfatizando en la oportunidad que abre el proceso constituyente para el país. Haga su solicitud también a través del banner OIRS -Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias- de este sitio net. Durante su discurso la Directora del INDH planteó su preocupación por la baja participación que manifestó la ciudadanía en las recientes elecciones parlamentarias, en este sentido hizo un llamado al Estado a generar las condiciones para mejorar la participación.
En los últimos puestos se encuentran países del continente africano, donde el PIB por persona más bajo corresponde a la República Centroafricana, siendo tan solo 0,03 veces el de Chile. Chile es un país largo y angosto, ubicado al sudoeste de América Latina, limita al norte con Perú, al noreste con Bolivia y al este con Argentina. De acuerdo con la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2015, el país tiene una población de más de 17,5 millones de personas3, de las cuales un 87% vive en zonas urbanas. En Chile, la ley reconoce la existencia de nueve pueblos originarios4 y de acuerdo con la CASEN (2015) solo el 9% de la población chilena declara pertenecer a una etnia, siendo mayormente Mapuches (84% del total). Las regiones con mayor porcentaje de población indígena son la Región Metropolitana y La Araucanía, siendo en esta última donde la mayoría de ellos vive en zonas rurales (59%).