“Nosotros tuvimos que luchar por instalar un hospital, un cementerio, un registro civil”, explica. Solo en su comuna, pasaron de tener una población de 3 mil personas, a 130 mil habitantes en diez años. No hay restaurantes de cadena en la comuna, ni mall y solo cuatro supermercados. En regiones, la situación es igual o más crítica que en la Región Metropolitana. Según el último Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), 39% de las comunas del país medidas, tienen una calidad de vida baja, otro 18% alcanza un indicador de medio bajo.
Por tanto, la sociedad tiene responsabilidad en que todos tengan una vida digna. Paradojalmente, entonces, el déficit de coordinación entre una densa oferta pública y privada provoca la saturación de los procesos e intervenciones que operan sobre un territorio, resultando en el solapamiento de funciones y tareas, conflictos de interés y alta competitividad entre los actores interventores, obstaculizando la adecuada consecución de sus propósitos (Fixari y Pallez, 2016). Finalmente, las políticas públicas pueden adolecer de un tercer déficit, el déficit de complejidad de la oferta. En este sentido, si se sigue la definición de Matus (2007), una intervención de calidad es aquella que es capaz de reconocer la complejidad del fenómeno que aborda y que, por lo tanto, una política pública no puede ser efectiva si su oferta es de una complejidad menor a la del fenómeno que espera transformar. En el marco de las políticas sociales formuladas desde esta perspectiva, la coordinación de sistemas de intervención busca favorecer que estos sean capaces de integrar en su operar información de sus entornos.
En el siglo XIX, las élites nacionales construyeron el Estado nacional. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados.
El steadiness de efectividad en este sentido es negativo pues, en palabras de sus propios ejecutores “las familias egresan sólo por el hecho de cumplir la ruta de acompañamiento integral, o sea puede que una familia no cumpla con el objetivo del programa, pero una vez que pasa por los 24 meses de acompañamiento, egresa del programa en su conjunto” (citado en Fuentes, 2020). El caso de Lissette muestra entonces, una vez más, la importancia del diseño e implementación de políticas públicas informadas por la reflexión del Trabajo Social. Como hemos examinado aquí, una política pública ciega a sus propios déficits es incapaz de enfrentarlos e inadecuada para producir las transformaciones sociales que se ha propuesto, pudiendo incluso llegar a empeorar la situación de los sujetos cuyas vidas aspira a mejorar. En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres.
La historia muestra que algunas epidemias “se apagan” independientemente de la acción humana y otras se quedan, como el SIDA, que se ha transformado en una enfermedad crónica. “Puede que estén en el horizonte, pero cuando lleguen presentarán problemas de logística y accesibilidad, y con ello inequidades entre naciones pobres y ricas”, resume. Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile precise. A su vez, afirmó que en la mayor parte del mundo “estamos viendo una disminución de la pobreza extrema, pero la clase media se está empobreciendo y la brecha entre los más pobres y los más ricos está aumentando. Las políticas neoliberales han acelerado las desigualdades sociales; hemos logrado establecer políticas sociales básicas y a cambio hemos reducido las ambiciones de redistribución de la riqueza.
Difícil explicar por qué después de 32 años de recuperada la democracia (1990), no hemos sido capaces de darle una vuelta de tuerca a un sistema que, con mínima regulación en áreas de la economía, salud y educación, enquistó la inequidad. Hasta que la olla a presión estalló el 18 de octubre de 2019. La multitud se tomó las calles de muchas ciudades en protesta por la desigualdad que mastican, huelen e indigna a los millones que viven hacinados en poblaciones periféricas. Esta realidad tiene altos impactos y costos para la estabilidad de la sociedad en su conjunto y debilita, directamente, el ingreso de las personas a las oportunidades de progreso que ofrecen las ciudades. «El tema de este ensayo es la humillación y su presencia en el mapa de la sociedad contemporánea. El libro analiza las circunstancias actuales de pobreza, falta de educación, marginación, hacinamiento e invisibilidad, que dan como resultado una desigualdad social de proporciones apremiantes.
Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Y afirma la necesidad de una distribución que garantice la independencia y la voz de todos. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.
Para el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, después de la revolución cubana, un mandatario electo democráticamente con apoyo de socialistas y comunistas no es permitido en América Latina, su patio trasero. Menos si promete nacionalizar el cobre, expropiando a Kennecott Corporation, Anaconda y Cerro Corporation. Lo que aparece en estos territorios segregados –que en la Región Metropolitana se sitúan más allá de Américo Vespucio, en la parte más alta de Playa Ancha en Valparaíso, en Alto Hospicio tras los cerros de Iquique, en La Negra y en la zona norte de Antofagasta…– es algo más profundo que simple pobreza. Se evidencia que la falta de oportunidades económicas, sobre todo de las personas más jóvenes, es un motor de frustraciones que se ve potenciado por la eficacia de una publicidad que endiosa el consumo desbordante.
Lo que domina es un aumento de las desigualdades existentes que alimenta el sentimiento de injusticia. Por lo tanto, es importante observar no sólo la concept de justicia, sino también el sentimiento de injusticia, que se relaciona con una emoción experimentada en reacción a formas de opresión y abuso”. ¿Por qué los microcréditos resultan útiles pero no son el milagro que algunos esperaban? ¿Porqué los pobres dejan pasar las campañas de vacunación gratuita peropagan por medicinas que a menudo no necesitan? ¿Por qué sus hijospueden ir a la escuela año tras año y no aprender nada? ¿Por qué nosiempre invierten en obtener más calorías, sino calorías que sabenmejor?
Desde esta perspectiva la coordinación social es entendida, antes que nada, como una estrategia vertical y horizontal de vinculación entre esferas especializadas de conocimiento que operan con lógicas reflexivas independientes (Willke, 2006). De esta manera, se reconoce el carácter interdependiente de estas esferas y, con ello, la posibilidad de que se influyan y afecten entre sí desde sus propias lógicas reflexivas (Willke, 1993, 2006). El Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte tiene por objetivo principal el construir espacios de diálogo, y generar propuestas de políticas públicas territoriales, para abordar de manera efectiva los problemas actuales de la región. Bajo este marco y a través de su plataforma Sistema de Información Territorial de Antofagasta – SIT, busca desarrollar una mirada regional sobre los últimos datos proporcionados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2022, principalmente en la medición sobre pobreza de ingresos y pobreza multidimensional. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline ensayo sobre la pobreza en el mundo la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”.
Es decir, «Smith añade una base racional y moral al intercambio». El Dr. Sainsaulieu comentó sobre el libro “Où est passée la justice sociale? De l’égalité aux tâtonnements” (¿Dónde está la justicia social? falta de salud en la pobreza De la igualdad al ensayo y error), que editó junto a los/as académicos/as Emmanuelle Barozet, Régis Cortesero y David Mélo en 2019 en Francia y que próximamente será publicado en inglés por la editorial Palgrave.
El ejemplo se puede complicar si asumimos que la línea de la pobreza es de $150 pesos, es decir, en el país “A” ambos individuos estarían en situación de pobreza y en el “B” ninguno. Bueno, independiente de este umbral, es indiscutible que en “B” los individuos tienen un mayor bienestar y existe cierto consenso que siempre es bueno que todos los individuos puedan optar a más y mejores oportunidades de bienestar social. Tras los resultados de la Casen, el presidente de izquierdas, Gabriel Boric, dijo que el hecho de que “hayamos bajado a niveles históricos la pobreza, tanto la por ingresos como la multidimensional, que bajó del 20%, significa que disminuimos pero que también siguen habiendo muchas personas en situación de pobreza en Chile. Y, por lo tanto, es una buena noticia, pero no una noticia para celebrar”. De acuerdo con los resultados dados a conocer este jueves, la baja en la pobreza por ingresos se explica tanto por el aumento de los ingresos laborales y los autónomos (que no tienen que ver con el trabajo), así como por los diversos subsidios que ha entregado el Estado a los hogares de menores ingresos desde la pandemia en adelante. Según señaló el ministro Jackson, respecto a los ingresos de los hogares y su distribución, “podemos ver que el año 2022, por ingresos del trabajo registramos un aumento significativo respecto de 2020, pero son estadísticamente iguales al 2017, por lo que podemos hablar de un efecto de recuperación desde la pandemia, pero no de una superación del nivel de la pandemia”.
Una economía que surja, no de la razón, de los cálculos y de las estadísticas, sino de la pasión, de la compasión y más aún del amor por el otro (Nussbaum, 2014). Chile ha sido un país de muchas diferencias sociales a lo largo de toda su historia. Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. A poco más de cuatro meses de asumir el presidente Gabriel Boric, la promesa de construir un nuevo pacto social sigue en deuda.