La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. Estos Derechos se crean para buscar el adecuado desarrollo de la infancia, la cooperación internacional en esta materia y que los derechos se apliquen de manera global. Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de disaster a través de recursos descargables. Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje. En adición, es igualmente importante responsabilizar a las escuelas por sus resultados académicos.
Tampoco prevé la negociación colectiva en las empresas donde está prohibido que los empleados se declaren en huelga, como es el caso del sector de atención a la salud, las fuerzas del orden y los servicios públicos. El listado incluye elementos estructurales que deberían ser incluidos en la nueva Constitución, como el principio de igualdad sustantiva y no discriminación entre hombres y mujeres; reconocer y distribuir las labores de cuidado; y fortalecer los servicios públicos con enfoque de género. También plantea que la carta elementary debe reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres. Finalmente, el checklist plantea elementos que reconozcan las distintas realidades de las mujeres a lo largo de Chile, como la protección de las defensoras ambientales; reconocer el aporte de las mujeres indígenas y combatir diversas formas de discriminación por razones étnicas, de edad o discapacidad. Brechas digitales también se basa en el trabajo previo de Amnistía para ayudar a mostrar cómo las violaciones de derechos humanos tienen una naturaleza cada vez más interseccional, y cómo factores de marginación como el género, la sexualidad, la situación económica, la raza y la discapacidad están esencialmente entrelazados. Otro indicador de desigualdad es el índice10/10, que expresa el ingreso del 10% más rico en función del 10% más pobre de la población.
“Durante la pandemia, la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa de las familias. Es el refugio para cuidar la salud y evitar la propagación del virus en las comunidades”, declaró la directora de Operaciones de Hábitat para la Humanidad de América Latina y el Caribe, María Teresa Morales. El acceso a la vivienda digna es esencial y la sociedad, especialmente en Chile, debe avanzar en garantizar este desigualdad en pandemia derecho. Así, es posible visualizar las inspiraciones de la política y sus respectivas transformaciones en procesos de política pública (PPP). El objetivo formativo general del curso, es iniciar a los estudiantes en la comprensión de las teorías y conceptos de la justicia social y como esta puede contribuir a la promoción de cambios normativo-institucionales en sociedades cada vez más complejas e inciertas.
Al seminario asistirá el Ministro Marcos Barraza y los Subsecretarios, Heidi Berner y Juan Eduardo Faúndez, así como representantes del ámbito académico, equipos técnicos y organizaciones de la sociedad civil. A través de la transferencia de conocimiento y el desarrollo de destrezas, se logrará abordar de manera integral los conceptos, fundamentos y principios de Justicia Social en las sociedades contemporáneas, prestando especial atención a la realidad latinoamericana. El informe Xenophobic Machines, publicado en 2021, exponía cómo la elaboración de perfiles raciales estaba integrada en el diseño del sistema algorítmico utilizado para determinar si las solicitudes de prestaciones por cuidado infantil en Países Bajos eran potencialmente fraudulentas. Se produce cuando una persona o grupo tiene desventaja para hacer efectivos sus derechos y libertades. Educarchile, el portal de la educación chilena, es producto de un convenio de colaboración mutua entre Fundación Chile y el Ministerio de Educación de Chile.
La legislación, en muchos casos, no sólo ha sido ineficaz a la hora de proteger la expresión de las mujeres y las personas LGBTQIA+, sino que además las pone en peligro. Se comprobó la existencia de convergencia absoluta en términos de PIB per cápita y desigualdad del ingreso. De igual forma, las regiones con mayor desigualdad inicial, son las que tienden a reducir más rápido este indicador.
En este episodio queremos invitarles a conversar sobre el fallo de filiación lesbomaternal dictado el 8 de junio de 2020 sobre reclamación de maternidad, en virtud de la cual reconoce los derechos filiativos de dos mujeres sobre su hijo, concebido con técnicas de reproducción humana asistida. La sentencia fue ganadora del primer lugar del concurso de sentencias con perspectiva de género 2021. En lo que respecta a participación en organizaciones sociales, llama la atención la mayor participación de mujeres en Chile en organizaciones religiosas, vecinales y de centros de padres, actividades que se han vinculado tradicionalmente a una cierta prevalencia de género, al igual que ocurre con las áreas de conocimiento.
Para reducir la pobreza que aún afecta a Chile, así como la desigualdad, se requiere de buenos instrumentos que puedan identificar, cuantificar y caracterizar, de una forma precisa, a la población más vulnerable del país, de manera de poder aplicar la política pública eficientemente. Bajo este criterio, el Ministerio de Desarrollo Social, encargado de la Encuesta CASEN, a partir del año 2013 utiliza una nueva metodología de medición de Pobreza por Ingresos, tomando en cuenta los nuevos patrones de consumo chilenos e imponiendo estándares más altos que se adapten al actual nivel de desarrollo del país. Asimismo, incorpora la medición de la Pobreza Multidimensional, siguiendo el ejemplo de países más desarrollados. El PIB per cápita ha sido ampliamente estudiado en la literatura que relaciona el crecimiento económico con la desigualdad de un territorio.
Hacer frente a la desigualdad requiere de una respuesta sistémica y colaborativa, y por eso, además de los gobiernos, se requiere de la participación de las empresas, los inversores y la sociedad civil. Esa es la convicción que motivó en septiembre de 2021 la creación de la Comisión Empresarial para la Lucha contra la Desigualdad (BCTI, en inglés), instancia conformada por 60 empresas y organizaciones a nivel global, y que acaba de lanzar en Chile una guía práctica en español con 10 acciones concretas que una empresa puede impulsar para aportar a este desafío. Puntualizó que “hemos tenido a lo largo de los años del restablecimiento de la democracia, diferentes momentos en que el Congreso Nacional ha legislado en relación a la violencia intrafamiliar.
Esta institución recoge la trayectoria de las chilenas en sus esfuerzos por conquistar el derecho a voto, el acceso a la educación, al trabajo remunerado y a una relación de equidad al interior de la familia y la pareja. La institución procura el reconocimiento social de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en cuanto a educación, trabajo, formación de núcleos familiares y participación en las decisiones políticas y económicas. Hace casi dos décadas, las Naciones Unidas establecieron el Día Mundial de la Justicia Social, reconociendo la necesidad continua de erradicar la pobreza, fomentar el empleo pleno y trabajo decente, promover la igualdad de género y asegurar el acceso equitativo al bienestar y la justicia social para todos. Se entendió entonces que el desarrollo social y la justicia son pilares fundamentales para la paz y la seguridad a nivel global, y que estos ideales solo pueden alcanzarse si se respetan plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En una primera sección, el documento analiza la respuesta de diversas instituciones del Estado de Chile al estallido social. Sobre el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, señalan que enfrentó fuertes limitaciones frente al aumento de la carga de trabajo, además de tensiones internas que complicaron su labor. Respecto de las Fuerzas Armadas y policiales, manifiestan que incumplieron gravemente los principios básicos de utilización de la fuerza sobre los ciudadanos, mostrando la dificultad del Estado para garantizar el derecho de reunión y controlar el orden público. En tanto, el informe señala que el Poder Judicial fue capaz de asegurar algunas condiciones mínimas, pero no logró garantizar los estándares de protección de DDHH. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa. “La investigación realizada da cuenta, por una parte, de la contundente evidencia respecto de las consecuencias dañinas y duraderas que tiene la pobreza y la vulnerabilidad en la etapa de desarrollo en que se encuentran niños, niñas y adolescentes”.
La misma cobró forma en la mayoría de los países del denominado Sur Global a partir de las últimas reformas constitucionales. Allí se vio emerger un cuerpo de litigios orientados por el Interés Público y tendentes a dar vigencia a los derechos sociales prometidos en las constituciones, pero vulnerados en la práctica. Sin embargo, el fenómeno no es privativo de dichos países y comenzamos a ver indicios de esto en el denominado litigio por el cambio climático.
Es imperativo que la distribución de la riqueza en Chile sea más equitativa; que el crecimiento económico sea más inclusivo y que se facilite la movilidad económica y social de la población chilena. Para alcanzar este mayor nivel de desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la población, es necesario que el proceso hacia la equidad considere las diferencias territoriales del país. Está demostrado y altamente documentado que las mujeres sufren fuertemente la desigualdad en términos de derechos políticos, inclusión social y situación económica.
Para 2015 se observa un buen progreso en las personas del área rural, ya que un menor 7,8% no sabe leer ni escribir, así como un 3% de las personas de la ciudad; este año, hay un three,3% de mujeres analfabetas, seguidas muy de cerca por un 3% de los hombres. Mientras en regiones como Tarapacá y Magallanes, el analfabetismo no alcanzó al 1% de la población, en Los Ríos, La Araucanía y el Maule, superó el 4%, develando desigualdad en la distribución del ingreso una tarea pendiente en estas regiones, principalmente con su población rural. Para la mayoría de las regiones, hay un mayor porcentaje de mujeres analfabetas que de hombres, a excepción de las regiones de Tarapacá y O’Higgins. A nivel de territorio chileno18, resulta interesante evaluar el IDH por regiones, lamentablemente, estos datos solo se encuentran disponibles para el año 2003 gracias al PNUD y Mideplan (2005).