La exclusión social es un fenómeno multifacético que priva a ciertos individuos y comunidades del acceso a derechos, recursos, y oportunidades esenciales para su bienestar y desarrollo. Se manifiesta a través de diversas dimensiones como la económica, educativa, de salud, y participación política, afectando desproporcionadamente a grupos vulnerables. Este proceso no solo implica la falta de ingresos, sino también la imposibilidad de integrarse y contribuir plenamente a la sociedad. En el contexto chileno, la exclusión social se observa en la segregación urbana, brechas educativas, y barreras en el acceso a servicios de salud de calidad.
En la Chile actual, la exclusión social adquiere múltiples rostros, reflejando desafíos persistentes y emergentes. Comunidades indígenas, inmigrantes, mujeres, y jóvenes enfrentan barreras significativas que limitan su participación plena en la sociedad. La discriminación étnica y de género sigue siendo un obstáculo para acceder a empleos dignos y a una representación política adecuada.
En nuestro país se han llevado a cabo dos de estos estudios, en 2015 y en 2020, y una comparación de sus resultados nos permite sacar algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, la prevalencia de las necesidades jurídicas es alta en ambos estudios, reportándose entre 43% y 46% en 2015, y en 76% para el 2020. Es decir, la necesidad del sistema de justicia civil es considerablemente alto. Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos.
La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Entendemos la cohesión social como un proceso multidimensional y dinámico, referido a la calidad de las interacciones entre miembros de una comunidad, definida en términos geográficos, basada en relaciones sociales resilientes y en una conexión social positiva a la comunidad y el bien común (Social Cohesion Radar, 2013). Dentro de su estudio, se incluyen variables como vínculos, pertenencia social, respeto y tolerancia, confianza interpersonal e institucional, percepciones de justicia social, orientaciones sociales compartidas, participación cívica, entre otras. La reducción de la desigualdad es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) a los que Chile adhirió en el marco de la Agenda 2030 acordada por los países reunidos en las Naciones Unidas.
Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. Un análisis de la realidad española y europea. Colección Estudios Sociales sixteen desigualdad social y cultural. Además explicó que “nos proponemos terminar con las asimetrías de poder económico, político y social que segregan a nuestra sociedad, que amenazan la calidad de nuestra democracia y frenan nuestra productividad y competitividad”.
Se estudiará como estos fenómenos han cambiado en el tiempo y cuáles son las políticas sociales e intervenciones en éste ámbito. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad. Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional.
VIII Jornadas Argentinas de Estudios de Población. Asociación de Estudios de la Población, Tandil. La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Esto es, si hubiese movilidad social. Pero una de las características de esta problemática es su persistencia.
El nuevo sistema garantizará que la decisión sobre los representantes garantice verdaderamente las determinaciones ciudadanas. Pero además, permitirá una mayor participación de las mujeres en política al establecer un sistema de cuotas”. Añadió que actualmente las sociedades demandan una forma de unidad e integración basada en el reconocimiento de la diversidad y en el diálogo de las diferencias. Las ponencias deben ser una síntesis de avances o resultados de investigación (parciales o completos), ya sean estos teóricos o aplicados.
Frente a los profundos desafíos de la exclusión social en Chile, surgen también oportunidades significativas para fomentar una sociedad más inclusiva. La clave radica en políticas integrales que no sólo aborden las manifestaciones superficiales de la exclusión, sino sus causas estructurales. Invertir en educación de calidad para todos, promover la equidad de género, y garantizar un acceso common desigualdad un análisis de la in felicidad colectiva a servicios de salud son pasos fundamentales. Asimismo, impulsar la inclusión digital y económica puede abrir puertas a nuevas oportunidades para poblaciones tradicionalmente marginadas.
La promoción de la igualdad pasa por revisar y ajustar las políticas y prácticas en educación, empleo, salud y participación ciudadana, eliminando barreras y creando entornos más inclusivos. Al garantizar que cada persona pueda contribuir y beneficiarse equitativamente de los avances de la sociedad, no solo mitigamos la exclusión social, sino que también impulsamos una prosperidad compartida que eleva la calidad de vida de todos. La exclusión social se origina por una variedad de causas interconectadas.
Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados. Estructura social de América Latina.
Este desequilibrio está arraigado en estructuras económicas que favorecen a una minoría, dejando a comunidades enteras en situaciones de vulnerabilidad. En este contexto, creo que la exclusión y la desigualdad que experimentan las personas en el sistema de justicia civil son razones suficientemente fuertes como para reactivar la reforma y hacerlo en serio. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud.
Todo lo anterior sugiere que, si se quiere construir un país más igualitario, la reforma a la justicia civil no puede desatenderse. Por el contrario, contar con mecanismos que sean accesibles y adecuados para la gestión de la conflictividad civil de una sociedad, es algo que cualquier gobierno interesado en preservar un Estado democrático de derecho debiese priorizar. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas. Consideraciones en torno al concepto de exclusión social. Acciones e investigaciones sociales, 11, 9-22.